39833(05-09-12)

2012

Asistente Jurídico Inteligente

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    CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

SALA DE CASACION PENAL  

                            Magistrado Ponente:   

                                Dr.     JULIO     ENRIQUE    SOCHA  SALAMANCA   

                            Aprobado Acta No. 331.   

          Bogotá, D.C., cinco de septiembre de dos mil doce.   

V    I   S   T   O  S   

Sería  del caso que la Corte se pronunciara  acerca  de  un  supuesto  problema  de definición de competencias surgido en el  trámite  del  proceso  que  se  sigue  en contra de los acusados CARLOS EDUARDO  JIMÉNEZ  BARRERO,  MONICA LILIANA MARTÍNEZ GIRALDO y MAYURI LONDOÑO SUAZA, en  el  Juzgado  Segundo  Adjunto  de  Descongestión del Juzgado Penal del Circuito  Especializado  de  Antioquia,  por  los  delitos  de  concierto  para  delinquir  agravado  y extorsión, sino fuera porque, de entrada, se advierte completamente  improcedente el trámite pretendido.   

ANTECEDENTES PROCESALES  

1.   Ante   el  Juez  Penal  del  Circuito  Especializado  con  Funciones de Conocimiento de Antioquia, la Fiscalía General  de  la  Nación radicó sendos escritos de acusación, el primero de ellos el 18  de  julio  de  2010  contra  MAYURI  LONDOÑO  SUAZA  y MONICA LILIANA MARTÍNEZ  GIRALDO,  y  el segundo el 2 de diciembre de 2011 contra CARLOS EDUARDO JÍMENEZ  BARRERO,  imputando  en  ambos  casos,  los  delitos de concierto para delinquir  agravado  –artículo 340,  inciso     2º,     del     Código    Penal-    y    extorsión    –artículo  244  ibídem-, esta última  en concurso homogéneo.    

2.  Según  los  escritos de acusación, los  hechos  refieren  la ocurrencia de una serie de llamadas extorsivas efectuadas a  diferentes  personas  residentes  en  varios  municipios  de  Antioquia  y otras  ciudades  del país, por parte del sujeto CARLOS EDUARDO JÍMENEZ BARRERO, quien  se  encontraba  recluido  en la Cárcel de la Picaleña, en Ibagué, lugar desde  el  cual se efectuaron las llamadas a las víctimas, identificándose como   miembro  de  las  AUC de Córdoba y solicitando, mediante amenazas de muerte, la  entrega  de  distintas  sumas  de dinero, recogidas y guardadas, en los casos en  que  se  consolidaron,  por  las  coprocesadas  MAYURI  LONDOÑO  SUAZA y MONICA  LILIANA       MARTÍNEZ       GIRALDO.          

3.   Las  audiencias  de  formulación  de  acusación  fueron adelantadas ante el Juzgado Segundo Adjunto de Descongestión  del  Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, tras lo cual  en  audiencia  del  8  de  febrero  de  2012,  se decretó la conexidad de ambos  asuntos, ordenándose, en consecuencia, su tramitación conjunta.   

Se  advierte  que  durante las audiencias de  formulación  de  acusación  ni  las partes ni el juez anunciaron la existencia  de  problemas de competencia, nulidad o impedimentos.   

3.  El  día  8 de junio de 2012, el Juzgado  Segundo  Adjunto  de  Descongestión  del  Juzgado  Primero  Penal  del Circuito  Especializado  de Antioquia instaló la audiencia preparatoria, a cuyo inicio el  Fiscal  Especializado  del  caso  solicita al Juez que se declarare incompetente  para  seguir  conociendo  del  asunto,  toda  vez que los hechos investigados se  originaron  en  las  llamadas  extorsivas  realizadas desde el centro carcelario  “Picaleña”,  ubicado  en la ciudad de Ibagué (Tolima), petición a la cual  se plegaron los defensores de los acusados.   

4.  El  Juzgado,  después de aceptar que el  momento  procesal  para impugnar la competencia está superado, refiere evidente  que  las  llamadas  extorsivas  se  hicieron  desde  la cárcel “Picaleña”,  ubicada  en Ibagué. Pero como es al superior jerárquico a quien le corresponde  resolver  sobre  la competencia, dispuso el envío de la carpeta a la Sala Penal  del  Tribunal  de  Antioquia,  Corporación que en auto del 28 de agosto de 2012  ordenó  la  remisión del caso a esta Corporación, toda vez que la definición  de     competencia    involucra    a    juzgados    de    distintos    distritos  judiciales.   

   

CONSIDERACIONES  DE  LA  CORTE   

Respecto  de  la  discusión acerca del juez  competente  para  adelantar  el trámite del juicio en el sistema acusatorio, el  artículo 54 de la Ley 906 de 2004 consagra:   

“Trámite. Cuando el juez ante el cual se  haya  presentado  la acusación manifiesta su incompetencia, así lo hará saber  a  las  partes  en  la  misma  audiencia y remitirá el asunto inmediatamente al  funcionario  que  deba definirla, quien en el término improrrogable de tres (3)  días  decidirá  de  plano. Igual procedimiento se aplicará cuando se trate de  lo  previsto  en  el  artículo 286 de este código y cuando la incompetencia la  proponga la defensa.”   

En  concordancia  con  ello el artículo 339  ibídem,  dentro  de  los  presupuestos  del  trámite  de  la  audiencia  de  formulación  de  acusación  establece  que el juez, luego de ordenar el traslado del escrito de acusación a  las   partes,   “…concederá  la  palabra  a  la  Fiscalía,  Ministerio  Público  y  defensa  para  que  expresen  oralmente las  causales   de  incompetencia,  impedimentos,  recusaciones,  nulidades,  si  las  hubiere,  y  las observaciones sobre el escrito de acusación, si no reúnen los  requisitos  establecidos  en  el  artículo  337,  para que el fiscal lo aclare,  adicione o corrija de inmediato”.    

De  la lectura contextualizada de las normas  arriba  citadas,  fácil  se  advierte  que  la  legitimidad  de las partes para  discutir  lo  concerniente  a  la  competencia,  o  mejor,  a  la  facultad  del  funcionario  ante quien se presentó el escrito de acusación, para adelantar la  fase  del  juicio,  se  remite  exclusivamente a la audiencia de formulación de  acusación,  pues,  precisamente  esta  diligencia  marca  el  inicio de esa tan  importante etapa del proceso.   

Por   ello,  si  las  partes  no  discuten  oportunamente,  en su escenario natural, el tópico en cuestión, ya después ha  precluído su posibilidad de referirse al tema.   

Sólo así puede entenderse el contenido del  artículo 55 de la Ley 906 de 2004, en cuanto expresamente reseña:   

“Prórroga.  Se  entiende  prorrogada  la  competencia  si  no  se  manifiesta  o  alega  la  competencia en la oportunidad  indicada  en  el artículo anterior, salvo que esta devenga del factor subjetivo  o esté radicada en funcionario de superior jerarquía.   

“En  estos eventos el juez, de oficio o a  solicitud  del  fiscal  o de la defensa, de encontrar la causal de incompetencia  sobreviniente  en  audiencia  preparatoria o de juicio oral, remitirá el asunto  ante  el  funcionario  que  deba  definir  la competencia, para que éste, en el  término  de  tres  (3)  días,  adopte  de  plano  las decisiones a que hubiere  lugar.   

“Parágrafo. Para los efectos indicados en  este  artículo se entenderá que el juez penal del circuito especializado es de  superior jerarquía respecto del juez de circuito”.   

En  conjunción,  la  normatividad estudiada  permite llegar a las siguientes conclusiones:   

1.  El momento expresamente señalado por la  ley  para  que  el  juez manifieste su incompetencia o las partes impugnen esta,  específicamente     remite     a    la    audiencia    de    formulación    de  acusación.   

2. Si las partes no hacen uso de la facultad  en  cuestión  durante  el  momento  procesal en cita, pierden la oportunidad de  postular   la  cuestión  en  audiencias  posteriores,  simplemente  porque  esa  facultad ha precluído, o mejor, se manifiesta extemporánea.   

3.  Cuando  el  juez  en  la  audiencia  de  formulación  de  acusación  no ha manifestado su incompetencia o las partes no  han  hecho  uso  de  su  derecho  a  impugnarla,  se presenta el fenómeno de la  prórroga de competencia por  virtud  del  cual,  independientemente  de que el juez sea o no competente, debe  continuar  con  el  conocimiento  del  asunto,  en  razón  a que el tema no fue  debatido en el momento procesal adecuado.   

4. Por vía excepcional, en los casos en los  cuales  la  discusión  de  competencia  refiera  al  factor  subjetivo  o  a un  funcionario   de   superior   jerarquía,  la  ley  permite  que  en  audiencias  posteriores  a  la  de  formulación  de  acusación se adelante el trámite del  instituto  de  definición de competencia, sea porque el juez así lo manifiesta  o en atención a que las partes lo hagan ver de esa manera.   

5. La prórroga de  competencia     opera  por  ministerio  de  la  ley  y no por consecuencia de  pronunciamiento judicial alguno.   

Conforme  esas  directrices,  para  el  caso  concreto,  resulta  evidente  que  ningún pronunciamiento es dable exigir de la  Corte,  pues  si  en  la  oportunidad  debida  -audiencia de acusación-, ni las  partes   ni  el  Juez  de  conocimiento  advirtieron  la  falta  de  competencia  territorial,  se  operó  automáticamente  el  fenómeno  de  la  prórroga  de  competencia,   dado  que  la  discusión  que  tardíamente  se  pretende  ahora  plantear,  no  estriba  en  el  aspecto  subjetivo  o  la  posibilidad de que un  funcionario de superior categoría deba conocer del asunto.   

En conclusión, para que quede claro, reitera  la  Sala  que si las partes o el juez no abordan el tópico de la competencia en  la  audiencia  de  formulación  de  acusación,  el  funcionario debe continuar  conociendo  del  asunto  en virtud del fenómeno de la prórroga de competencia,  sin  que  sea  posible  abordar  posteriormente  la  discusión,  ni mucho menos  adelantar  trámites  de definición de competencia, con excepción de los casos  en  los  cuales  se  controvierte  el  factor  subjetivo  o  se advierta que esa  facultad  de  conocer  del  asunto radica en funcionario de superior jerarquía,  situaciones  excepcionales  consagradas  en  el  artículo  55  del  Código  de  Procedimiento Penal.   

En idéntico sentido se pronunció la Sala en  el auto del 20 de enero de 2010, radicado No. 33.272.   

Por lo tanto, acorde con lo anotado, la Corte  se  abstendrá  de  conocer  del  trámite  erradamente  propuesto, ordenando el  envió  del  expediente  al Juzgado de primera instancia para que continúe, sin  mas dilaciones, con el trámite del juicio.   

En  mérito  a  lo expuesto, la CORTE  SUPREMA  DE  JUSTICIA,  Sala  de  Casación Penal,   

RESUELVE  

         

          ABSTENERSE   de   conocer  del  trámite  propuesto,  ordenando  la  devolución  inmediata  de  la  carpeta al juzgado de  primera   instancia,   conforme  a  lo  anotado  en  la  parte  motiva  de  esta  decisión.   

          Contra esta decisión no procede recurso alguno.   

          Comuníquese    y  cúmplase   

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ  

JOSÉ       LUIS       BARCELÓ  CAMACHO             FERNANDO A. CASTRO CABALLERO   

MARÍA     DEL     R.     GONZÁLEZ  MUÑOZ           LUIS  GUILLERMO SALAZAR OTERO   

JULIO       ENRIQUE       SOCHA  SALAMANCA           JAVIER     DE     JESÚS     ZAPATA  ORTIZ   

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA  

Secretaria    

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