39111(16-10-12)

2012

Asistente Jurídico Inteligente

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    CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

SALA DE CASACIÓN PENAL  

Magistrado Ponente  

JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO  

Aprobado acta N° 379  

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de octubre de  dos mil doce (2012)   

V I S T O S  

La  Corte decide sobre la admisibilidad de la  demanda   de   revisión   presentada   por   el   apoderado   de   Delvis  Tobías Farfán Londoño, contra la  sentencia  del  10  de  septiembre  de 2010, dictada por el Tribunal Superior de  Ibagué,  por  medio  de la cual confirmó la proferida por el Juzgado Penal del  Circuito  del  El Guamo (Tolima), el 21 de abril del mismo año, que lo condenó  como   autor   de   la   conducta   punible   de  homicidio  simple.    

.  

HECHOS   Y ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE   

1.  Fueron  sintetizados  por  el juzgador de  segunda instancia de la siguiente manera:   

“Los  hechos  jurídicamente  relevantes  ocurrieron   el 16 de noviembre de 2009, a eso de las 04:20 horas, frente a  las  instalaciones  de  Telecom,  ubicada  en  la  carrera  11  con  calle 7 del  municipio  de El Guamo, Tolima, cuando Alba Luz Guzmán Carrillo, Diana Carolina  Barreto  Otavo,  Edilson  Lozano  Vidal, José Mariano Sánchez y el menor José  Daniel  Morales  Carrillo  se dirigían a pie hacia su casa situada en el barrio  Pablo  Sexto,  e  intempestivamente  apareció  Delvis Tobías Farfán Londoño,  conduciendo  la  motocicleta de placas AWS-50B con la cual atropelló al último  de  los  citados,  causándole fractura en sus piernas. Ocurrido lo anterior, el  referido  conductor  trató  de  huir,  sin embargo, al pretender evitarlo José  Mariano  Sánchez,  aquél sacó una navaja y le propinó una herida en el pecho  que le generó su deceso.   

“Acto  seguido  intervino  con  el  mismo  propósito  Edilson  Lozano  Vidal,  empero,  igualmente  fue  agredido  por  el  motociclista,  quien  le causó dos heridas en diversas partes del cuerpo con la  misma  arma,  momento en el cual hizo su aparición una patrulla policial que de  inmediato     lo     aprehendió     en     el     propio    teatro    de    los  acontecimientos”.   

2. A solicitud del Fiscal 47 Seccional de El  Guamo  (Tolima),  el Juez Primero Promiscuo Municipal con Función de Control de  Garantías  del  mismo  municipio,  en  audiencia  preliminar celebrada el 17 de  noviembre   de   2009,  impartió  legalidad  a  la  captura  en  flagrancia  de  Delvis    Tobías    Farfán    Londoño,  así como a la incautación de elementos materiales probatorios y  evidencia  física; de igual forma, le formuló al indiciado imputación por los  delitos  de  homicidio  simple  en concurso sucesivo y heterogéneo con lesiones  personales  dolosas  y  lesiones  personales culposas (artículos 103, 112, 120,  121  este  último  en  concordancia  con  el  110-1  del  Código Penal, normas  modificadas  por  la  Ley  890  de 2004); a su turno, el imputado no aceptó los  cargos así formulados.   

3.  El escrito de acusación fue radicado el  15  de diciembre de 2009 por el Fiscal Seccional 47 de El Guamo; fue así que el  26  de  enero  de  2010,  ante  el  Juez  Penal  del  Circuito  con  Función de  Conocimiento  del mismo municipio, se llevó a cabo audiencia de formulación de  acusación   en   contra  de  Delvis  Tobías  Farfán  Londoño  por  las  conductas  punibles  de  homicidio  simple,  lesiones  personales dolosas y lesiones personales culposas (artículos  103,  112,  120 y 121 en concordancia con el 110-1 de la Ley 599 de 2000, normas  modificadas  por  la  Ley 890 de 2004), sin que los intervinientes, entre ellos,  las   víctimas   debidamente   reconocidas  en  dicha  diligencia,  presentaran  objeción   alguna  frente  a  esa  pieza  procesal  ni  se  pronunciaran  sobre  nulidades,  impedimentos  o  incompetencia.  Así,  enterado  el  acusado de los  cargos formulados, se abstuvo de aceptarlos.   

4.  El  10  de  marzo  de 2010 tuvo lugar la  audiencia  preparatoria;  en  ella  el  acusado  Delvis  Tobías  Farfán  Londoño  aceptó  el  cargo  por la  conducta  punible  de  homicidio  simple,  manifestación que realizó de manera  libre,  asistida, voluntaria y espontánea, tal como lo confirmó el funcionario  judicial de conocimiento.   

Así mismo, al procesado se le comunicó que  por  la  aceptación de responsabilidad se haría acreedor a una rebaja punitiva  de  hasta  la  tercera  parte  de  la pena fijada en la ley, como también de la  improcedencia  de  retractarse  de lo legalmente aceptado. Enseguida, se dispuso  la  ruptura  de  la  unidad procesal y, en consecuencia, se expidió copia de lo  actuado  con  destino al juez penal municipal con funciones de conocimiento para  que continuara con la actuación.   

5. Así las cosas, en audiencia celebrada el  21  de abril de 2010, el Juez Penal del Circuito con Función de Conocimiento de  El  Guamo  emitió  e  hizo  lectura  del  fallo,  a través del cual condenó a  Delvis   Tobías   Farfán   Londoño   a  la  pena principal de 138 meses y 20 días de prisión, así como  a  la  accesoria  de  inhabilitación  para el ejercicio de derechos y funciones  públicas  por  término  igual al de la pena privativa de la libertad.  De  la  misma  manera,  el  a quo  negó  al  procesado el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución  de la pena y el sustituto de la prisión domiciliaria.   

6.  La sentencia fue apelada por el defensor  del  procesado y confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito  Judicial  de Ibagué, el 10 de septiembre de 2010.        

7. Inconforme con lo resuelto, se interpuesto  el  recurso extraordinario de casación por parte del defensor del procesado, el  cual   fue  inadmitido  por  la  Sala  mediante  auto  del  9  de  diciembre  de  2010.   

LA     DEMANDA  

Luego de hacer una relación de la actuación  procesal,  identificar los despachos que profirieron las decisiones de primera y  segunda  instancia  y  de  precisar la conducta punible por la que fue condenado  Farfán    Londoño,   el  accionante  manifiesta  que  pretende  la  revisión,  según lo previsto por la  causal 3ª consagrada en el artículo 192 de la Ley 906 de 2004.   

Afirma que la prueba nueva es la declaración  extraproceso  del  señor  José William Orjuela Rocha, rendida el 17 de mayo de  2011,  quien  fue  testigo  de  los hechos sucedidos el 16 de noviembre de 2009,  elemento   de   juicio   que   no   fue   allegado  al  proceso  “por      omisión      del      defensor     público”.   

Después   de   transcribir   la   anterior  declaración,  aduce  su  importancia,  dado que “por  desconocimiento  del  fallador  acerca de la existencia de estas pruebas no tuvo  la  oportunidad  de pronunciarse acerca de su grado de validez y de eficacia, en  relación   con   los   acontecimientos  puestos  en  conocimiento,  pese  a  su  existencia   previa  a  la  definición  del  asunto,  por razón de que se  omitió  allegarlas  al  averiguamiento  por  parte del defensor… que de haber  operado,  otro  muy distinto hubiera sido el sentido de la decisión…   prueba   demostrativa   de  que  el  sentenciado…,  actúo  amparado  por  la causal de ausencia de responsabilidad  penal de la legitima defensa”.   

Acota  que  la omisión del abogado colocó a  Farfán      Londoño      en      “estado     de  indefensión”,  llevándolo  al  punto  de  terminar  aceptando su responsabilidad penal en los hechos.   

A continuación pasa a relatar lo sucedido en  las  instancias,  para  seguidamente  concluir  que  la declaración rendida por  Orjuela   Rocha,  sustenta  “la  agresión  injusta,  actual  e inminente que da lugar a que su defendido proteja su vida, proveniente  de  la agresión ilegitima de la que estaba siendo víctima por parte de Edilson  Lozano  Vidal, José Mariano Sánchez, Alba Luz Guzmán Carrillo, Diana Carolina  Barreto  Otavo  y  Nidia Morales Carrillo, quienes son familiares,.. consumieron  licor…no  hicieron  uso de los andenes, venían eufóricos empujándose unos a  otros  de  un  lado  a otro, sin tomar las precauciones que le eran debidas como  peatones,  invadiendo  la carretera por la que venía conduciendo su motocicleta  Delvis Tobías, lo que provoca el accidente de tránsito…”.   

Sostiene  que  después  del  accidente,  su  procurado  fue agredido verbal y físicamente, actuando, por ende, para defender  su  vida del agresor, quien posteriormente murió debido a la herida causada por  arma corto punzante.   

Después  de  insistir  en  lo  anteriormente  expuesto,   anota  que respecto de la “necesidad  razonable  de  la  defensa  empleada para repeler o impedir la agresión…es de  observar  que  quien  portaba  el  arma blanca era José Mariano Sánchez, quien  procede  con ella a agredir y en última a encuellar a Delvis Sánchez, poniendo  en peligro su vida…”.   

Recalca, entre otras cosas, las declaraciones  de  Orjuela  Sánchez  y  la  de  los agentes de la Policía Nacional Jimmy  Rodríguez  y  Edwin  Rivera,  para  concluir  que  su  procurado  no  tuvo otra  alternativa que defender su vida.   

En  el  capitulo  que  llamó  fundamentos de  derecho,  el  accionante  conceptualiza  acerca  de  la  acción  de  revisión,  insistiendo   en   que   Farfán  Londoño actuó en orden a defender su vida.   

Como  medios  de  convicción “nuevos  no  conocidos” al momento de los  debates aporta:   

“1.4.1-  Poder  con  facultades amplias y  suficientes conferido por DELVIS TOBIAS   

FARFÁN LONDOÑO, al suscrito para presentar  y actuar en la presente Acción de Revisión. (1 folio).   

1.4.2- Declaración Extrajuicio rendida ante  Notario  Único  del  Círculo  de  El Guamo – Tolima, por JOSÉ WILLIAM ORJUELA  ROCHA, de fecha 17 de mayo de 2011. (2 folios).   

1.4.3- Entrevista realizada por el Técnico  Investigador  EFRÉN  KENNEDY  CAPERA  RÍOS  al  testigo  JOSÉ WILLIAM ORJUELA  ROCHA. En la fecha 22 de Noviembre de 2009. (3 folios).   

1.4.4-  Copia  autentica certificada por la  Secretaria   del   Centro  de  Servicios  Administrativos  de  los  Juzgados  de  Ejecución  de  Penas  y  Medidas  de  Seguridad  de  Ibagué,  de  la Sentencia  proferida  por  el  Juzgado  Penal  del  Circuito  de El Guamo, Tolima, de fecha  veintiuno (21) de abril de dos mil diez (2010). (19 folios).   

1.4.5-  Copia  autentica certificada por el  Señor  Juez  del  Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad  de  Ibagué,  de  la  Sentencia  proferida por el Tribunal Superior del Distrito  Judicial  de  Ibagué Tolima, en Sala de Decisión Penal, de fecha del día diez  (10)  de  septiembre  de  dos  mil  diez  (2010), aprobada mediante acta número  cuatrocientos  noventa  y  ocho (498) con ponencia del Magistrado IVANOV ARTEAGA  GUZMÁN,  en,  sala  integrada por HÉCTOR HERNÁNDEZ QUINTERO y MARÍA MERCEDES  MEJÍA  BOTERO,  dentro  del  radicado  73319-60-00-465-2009-80127-00  Nl- 12809  Delito:  Homicidio,  mediante la cual se confirmó integralmente la sentencia de  primera  instancia  del  Juzgado  Penal  del  Circuito  de  el  Guamo,  Tolima y  Sentencia  de  Casación de fecha nueve (9) de diciembre de dos mil diez (2010),  de   la   Corte   Suprema   de   Justicia,   Sala   de   Casación   Penal.  (11  folios).   

1.4.6-  CD  audio  Juicio  oral;  Sentencia  Condenatoria y Apelación. (1 folio).   

1.4.7-  Copia  Sentencia  Sala de Casación  Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia. (27 folios).   

Las  pruebas  indicadas  en este acápite y  allegadas  con  el  presente  memorial,  tienen  el mérito de probar que DELVIS  TOBÍAS  FARFÁN  LONDOÑO  actuó  en  Legítima  Defensa  Objetiva y por tanto  merecen   ser   consideradas   positivamente   para  ordenar  la  revisión  del  proceso”.   

Por  lo anterior, solicita la revisión de la  sentencia.      

CONSIDERACIONES    DE    LA   CORTE   

1.  De  conformidad  con lo establecido en el  numeral  2°  del  artículo  32  de la Ley 906 de 2004, la Sala es compete para  conocer  de  la  acción  de  revisión, conforme a la demanda presentada por el  defensor      de     Delvis     Tobías     Farfán  Londoño,  en  consideración a que se promueve contra  sentencia  de  segunda  instancia  dictada  por un Tribunal Superior de Distrito  Judicial.   

2. Como lo ha reiterado la Sala en múltiples  ocasiones,  al  ser  probable que la sentencia condenatoria o absolutoria, o las  providencias  de  preclusión  o  cesación  de  procedimiento que se encuentran  ejecutoriadas  no  contengan  la  verdad  histórica  o que con posterioridad se  cambie  la  línea  jurisprudencial  acerca  de  la  cual  se basó el juicio de  responsabilidad,   originándose   así  una  injusticia,  el  legislador  penal  instituyó  la  acción  de revisión como mecanismo idóneo, en orden a remover  la  cosa juzgada y declarar sin valor el fallo objeto de la acción, dictando la  providencia  que  corresponda o disponiendo tramitar nuevamente el proceso desde  el  momento  en  que  se  indique,  según  la  causal  invocada  y que la Corte  encuentre fundada.   

Como se trata de remover la cosa juzgada, al  demandante  compete  cumplir  unas  precisas  y  rigurosas exigencias, entre las  cuales  está,  de  acuerdo con lo previsto en el artículo 194 de la Ley 906 de  2004,  indicar  la causal que se invoca, junto con los fundamentos de hecho y de  derecho  en  que  se  apoya la solicitud (numeral 3°), así como relacionar las  evidencias que fundamentan la pretensión (numeral 4°).   

En  el  caso  de  no  acatarse los requisitos  previstos  en  la  disposición  que  se  acaba  de  citar,  la  demanda deberá  inadmitirse  de  plano.  Igual  determinación se adoptará, según lo prevé el  inciso  4°  del artículo 195, si “de las evidencias  aportadas    aparece   manifiestamente   improcedente   la   acción”.   

3.  Ahora  bien,  aparte de lo anteriormente  expuesto,  cuando  la  acción  se funda bajo la causal tercera de revisión, es  decir,   la   aparición  de  hechos  o  pruebas   respecto   de   las    cuales    el    sentenciador   no   tuvo   oportunidad  de  pronunciarse  por  no  haberlas conocido, y que de haberlo hecho habría llevado  definitivamente  a  la  absolución  o  a la declaración de inimputabilidad del  procesado  frente  al  acontecer  fáctico  por  el  que fue condenado,  al  demandante  corresponde no solo relacionar e incorporar con el libelo los medios  de  conocimiento  en  que funda su pretensión, sino también demostrar cómo de  haber  sido  oportunamente  conocidos  en el curso de los debates ordinarios del  proceso,  la  solución del asunto habría sido la absolución o la declaración  de  inimputabilidad  del  sentenciado,  dada la contundencia demostrativa de esa  evidencia.   

Al respecto la jurisprudencia ha precisado que  la  situación  ex  novo  debe consistir en un hecho nuevo, o una prueba, siendo  entendido  por  hecho  nuevo  todo  acaecimiento  o suceso fáctico vinculado al  hecho  punible  materia  de  investigación, del cual no se tuvo conocimiento en  ninguna  de  las  etapas  de  la  actuación judicial, de manera que no pudo ser  controvertido.   

Y,   por  prueba  nueva,   todo  mecanismo probatorio (documental, pericial o   

testimonial) no incorporado al proceso, que da  cuenta  de un evento desconocido (se demuestra por ejemplo que fue otro el autor  del  hecho),  o  de  una  variante  sustancial  de  un  hecho  conocido  en  las  instancias,  cuyo  aporte  novedoso  tiene  la  virtualidad de derruir el juicio  positivo   de  responsabilidad  o  de  imputabilidad  que  se  concretó  en  la  decisión.   

Así mismo, la Sala se permite reiterar que  cuando  se  trata  de  esta  causal no se refiere a la  continuación  del  juicio  que  terminó  con  la  ejecutoria  de  la decisión  judicial   que   hizo   tránsito   a   cosa   juzgada,   o  revivir  el  debate  jurídico-probatorio  llevado  a  efecto  en  el  aludido  proceso,  sino  la de  permitir   un   cuestionamiento  serio  y  respaldado  probatoriamente a la declaración de justicia con que  se culminó definitivamente la controversia procesal.   

4. De acuerdo con la actuación surtida en el  proceso  cuya  revisión  se  pretende,  según  así  quedó  consignado en los  antecedentes    de    esta    providencia,    y    teniendo    en    cuenta   la  afirmación del accionante,  según   la   cual,   su   procurado   no   es   responsable   del  delito  por  el     cual     fue  condenado,       en      tanto      actúo  en  legitima defensa de su vida,  aseveración  que  procura  sustentar bajo   el       concepto      de      prueba      nueva;      se     hace     necesario  destacar      que    fue    el   procesado         Delvis       Tobías         Farfán         Londoño    quien    de   manera  libre,     voluntaria     y    asistido  aceptó la comisión de ese cargo en la  audiencia    preparatoria,    constituyéndose   ahora    este   trámite   en   una   inadmisible   retractación   de   los   mismos,  pues,  como lo tiene dicho la  jurisprudencia    de    la    Sala,    en    el    instituto   de   allanamiento  a  cargos  el acusado   renuncia  a  la  controversia  fáctica  y jurídica para  allanarse  expresa,  voluntaria   y   libremente  a  los  cargos  que  le formule la  fiscalía,   aceptando  la  responsabilidad  penal  por  el  hecho  atribuido.   

En esa medida, el  reproche  penal  así  admitido  se  rige por el principio de intangibilidad, es  decir,   que   no   le  es  dado  al  procesado  pretender  su  modificación  o  retractación.   

De  manera que quien decide la finalización  del  proceso  por  la vía abreviada, es consciente de su compromiso delictual y  de  las  consecuencias  jurídicas  que  ello  implica,  como  también  de  los  beneficios  que  son  propios  de  esa  libre determinación, sin olvidar que el  procesado,  frente a dicha determinación de responsabilidad, está protegido en  sus  garantías  fundamentales,  toda  vez  que  lo  asiste  un  profesional del  derecho,  quien  tiene  perfecto conocimiento de los alcances y consecuencias de  esa  admisión  de  responsabilidad  y,  por  lo  mismo, lo asesora, consultando  siempre  el  beneficio  de  su protegido, además de que el funcionario judicial  que  formula  los  cargos  lo  ilustra  con  la  debida  ponderación  sobre las  implicaciones  que  conlleva el allanamiento a los cargos, sin soslayar el deber  constitucional  y  legal  que  le  asiste  de verificar que el procesado obra de  manera  libre, espontánea y suficientemente informado de los aspectos positivos  y negativos del instituto procesal.   

En  el  caso  que  ocupa  la atención de la  Corte,  se  concluye que tales presupuestos fueron satisfactoriamente cumplidos,  habida  cuenta  que en  el desarrollo de la audiencia preparatoria, el juez  de  conocimiento,  según lo reglado en el artículo 356, numeral 5°, de la Ley  906  de  2004, requirió a Farfán Londoño  si aceptaba o no lo cargos, acto en el cual estuvo asistido por su  defensor,  que  en  forma  clara  y  precisa  se  le formularon los cargos y, en  consecuencia, aquél los aceptó.   

En   consecuencia,   pretender  en  este   caso    y   por   la   vía   de   la   acción   de revisión  desconocer  las  consecuencias   jurídicas   de  esa  aceptación  de cargos,  la   cual,    se    repite,    satisfizo   todos   los   requisitos    legales,   afirmando    ahora   que   el   sentenciado   no  es  responsable   del   delito   por   el   cual   fue   condenado, en razón a que su comportamiento no  es  antijurídico,  implica   una   retractación  que, por regla  general,1   resulta   inadmisible  e  improcedente,   máxime   cuando  el  fallo objeto  de  revisión   ha     alcanzado     los     efectos     y     la   materialización    de    la   cosa   juzgada   dentro   del    marco    de    la   constitucionalidad   y   de  la legalidad.   

Además  de  lo  anterior,  vale  nuevamente  reiterar    que     para    derruir    la    sentencia   condenatoria   en   sede   de  revisión  y  bajo   la   causal   tercera,  la  prueba  ex  novo   no    puede    ser    de    cualquier    entidad,   sino    aquella   de   superlativa   connotación   que  permita,  sin  la  más  leve  incertidumbre,  derrumbar la autoridad de la cosa  juzgada,    al   demostrarse   de   manera   inconfutable   la   inocencia   del  sentenciado.   

Por  tanto, el medio de convicción novedoso  traído  por el actor se refiere a la declaración extraproceso de José William  Orjuela  Rocha,  quien  en  su  sentir, evidencia que el comportamiento ilícito  atribuido  a Farfán Londoño,  derivó  de  un  acto de legítima defensa, según lo consagrado en el artículo  32, numeral 6° del Código Penal.   

Es  decir,  lo  que  pretende el actor es la  imposición  y,  por  lo  mismo, el éxito de un enfoque valorativo de la prueba  desde  su  personal  perspectiva, situación que, como se ha dicho, desconoce el  alcance legal y jurisprudencial de la prueba nueva.   

En  otros  términos,  aquí  lo novedoso no  es    el    medio    de   convicción,   sino   la  valoración    que    de   la   prueba   hace  el   intérprete,     asignándole     un     sentido     y   alcance   acorde  con  su personal criterio, aspecto que desborda  los  límites  propios de la revisión para adentrarse a un debate de los medios  de convicción ajeno a esta acción.   

En esas condiciones, deviene concluyente que  el  actor  soslaya  el  hecho  de  que  el  proceso  ya  terminó  con sentencia  ejecutoriada,  que  está  revestida  por  la inmutabilidad de la cosa juzgada y  que,  por  lo  tanto, no se trata de una instancia más donde se puedan discutir  nuevamente  los  aspectos  jurídicos o los elementos de juicio que sirvieron de  fundamento a una decisión que tiene el carácter de definitiva.   

Como corolario de lo anterior, se inadmitirá  la demanda de revisión.   

En  mérito  de lo expuesto, la CORTE  SUPREMA  DE  JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,   

R E S U E L V E  

1.   INADMITIR  la  demanda  de revisión presentada por el defensor de  Delvis    Tobías    Farfán    Londoño,   por   lo   expuesto   en   la  parte  motiva   

2.  Contra  esta  decisión procede el recurso de reposición.   

Notifíquese   y   cúmplase.   

                                             JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO   

                                                                    Magistrado   

FERNANDO      ALBERTO      CASTRO  CABALLERO            LUIS       GUILLERMO       SALAZAR  OTERO   

                                            Magistrado                                                                                      Magistrado   

           

ALFONSO   DAZA   GONZALEZ                                                                           WILLIAM MONROY VICTORIA    

             Conjuez                                                                                                                      Conjuez   

                   

YESID            REYES  ALVARADO                                             YESID VIVERIOS CASTELLANOS   

Conjuez                                                                                                         Conjuez   

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA  

Secretaria  

    

1  Revisión 15250 del 2 de marzo de 1999.     

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