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Proceso nº 37826
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente:
JAVIER ZAPATA ORTIZ
Aprobado Acta No. 121
Bogotá D. C., once (11) de abril de dos mil doce (2012)
VISTOS:
Surtido el traslado previsto por el artículo 500 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, la Sala de Casación Penal emite concepto relativo a la extradición del ciudadano colombiano MIGUEL ANTONIO MONROY RAMÍREZ, requerido en extradición por el Gobierno de los Estados Unidos de América, para que comparezca a juicio por delitos federales de narcóticos.
ANTECEDENTES:
1. Con Nota Verbal No. 1986 del 18 de agosto de 2011, la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país solicitó la detención provisional con fines de extradición del colombiano MIGUEL ANTONIO MONROY RAMÍREZ alias “Mitchell”, “Barbas”, “Ojón”, “Viejo” identificado con la cédula No. 19´118.606, requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos, de acuerdo con los cargos atribuidos en la Acusación Formal de Reemplazo No. 10-20798-CR-COOKE(s) dictada el 7 de junio de 2011 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida1.
2. Del anterior documento el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió copia al Fiscal General de la Nación, quien con resolución del 29 de agosto de 2011 ordenó la captura, decisión que se hizo efectiva el 1 de septiembre siguiente por miembros de la Policía Nacional.
3. La Embajada de los Estados Unidos de América, con Nota Verbal No. 2677 del 27 de octubre de 2011, formalizó la solicitud de extradición adjuntando la documentación requerida, traducida y legalizada de acuerdo con lo dispuesto en la materia por el Código de Procedimiento Penal Colombiano.
4. Los documentos remitidos por el gobierno de Estados Unidos para sustentar el pedido de extradición son:
4.1 Copia de la Acusación Formal de Reemplazo No. 10-20798-CR-COOKE(s) dictada el 7 de junio de 2011 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida2 donde le formulan los siguientes cargos:
“– Cargo uno: Concierto para fabricar y distribuir una sustancia controlada (cinco kilogramos o más de cocaína) con el conocimiento de que dicha sustancia controlada iba a ser importada ilegalmente a los Estados Unidos, lo cual es en contra del Título 21, Secciones 959(a)(2) del Código de los Estados Unidos, en violación del Título 21, Secciones 963 y 960(b)(1)(B) del código de los Estados Unidos.
“Cargo dos: Fabricar y distribuir una sustancia controlada (cinco kilogramos o más de cocaína), con el conocimiento de que dicha sustancia controlada iba a ser importada ilegalmente a los Estados Unidos, y ayuda y facilitación de dicho delito, en violación del Título 21, Secciones 959(a)(2) y 960(b)(1)(B) del código de los Estados Unidos, y del Título 18, Sección 2 del Código de los Estados Unidos.
“Cargo tres: Concierto para poseer sustancia controlada (cinco kilogramos o más de cocaína) con la intención de distribuirla, mientras se encontraba a bordo de un avión de matrícula de los Estados Unidos, lo cual es en contra del título 21, Sección 959 (b)(2) del Código de los Estados unidos, en violación del título 21, Secciones 963 y 960(b)(1)(B) del código de los Estados Unidos.
4.2. Declaración jurada rendida el 14 de octubre de 2011 por Andrea G. Hoffman, Fiscal Federal Auxiliar en el Distrito Judicial del Sur de la Florida, donde refirió el procedimiento cumplido por el Gran Jurado para dictar la acusación, presentó una síntesis de los hechos que dieron lugar a la solicitud de extradición, concretó los cargos formulados contra MIGUEL ANTONIO MONROY RAMÍREZ alias “Mitchell”, “Barbas”, “Ojón”, “Viejo”, precisó los elementos integrantes de cada delito y aportó los datos allegados a la investigación sobre la identidad del requerido (folio 196 carpeta anexa).
4.3. Declaración jurada rendida el 14 de octubre de 2011 por Jeremy Eric Jones, Agente Especial del Servicio de los EE.UU. para el control de Drogas (DEA), quien proporcionó información adicional sobre la investigación, actividad, manera de operar de la organización criminal e identidad del acusado (folio 263 carpeta anexa).
4.4. Transcripción de las disposiciones penales sustantivas supuestamente vulneradas por el requerido en extradición con las conductas que se le atribuyen (folio 210 a 217carpeta anexa).
4.5. Copia de Consulta Técnica a la Registraduría Nacional del Estado Civil donde se estableció la identificación de MIGUEL ANTONIO MONROY RAMÍREZ, ciudadano colombiano nacido el 13 de junio de 1950, portador de la cédula de ciudadanía No. 19.118.606 (folio 295 carpeta anexa).
4.6. Copia de la orden de arresto emitida el 7 de junio de 2011 por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Sur de Florida (folio 234 carpeta anexa).
5. El Ministerio del Interior y de Justicia estimó que el expediente se encontraba completo y la solicitud de extradición formalizada, disponiendo su envío a la Sala de Casación Penal de la Corte para lo de su competencia. Adjuntó el concepto rendido por el Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores atinente a la aplicación de la legislación penal colombiana, al no existir tratado de extradición en vigor entre Estados Unidos y Colombia.
6. Garantizado por la Corte el derecho a la defensa de MIGUEL ANTONIO MONROY RAMÍREZ, el defensor y el procurador acogieron lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 1453 de 2011 sobre el trámite de “extradición simplificada”, del cual previamente se informó al requerido, quien de manera libre y voluntaria expresó el conocimiento acerca de las consecuencias de su renuncia a la aplicación del artículo 500 de la Ley 906 de 2004.
El Ministerio Público señaló que los delitos atribuidos a MONROY RAMÍREZ fueron cometidos con posterioridad a la expedición del acto legislativo No. 1 de 1997, no tienen la connotación de políticos y también están contemplados en la legislación penal colombiana, por lo cual concluyó como cumplidos los requisitos legales y constitucionales de la extradición simplificada para que la Sala emita concepto de plano.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Cuestiones Previas
Debido a que no existe tratado de extradición aplicable entre los Estados Unidos y Colombia, según lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, y dado que los hechos ocurrieron con posterioridad al 17 de diciembre de 1997, específicamente entre abril de 2009 hasta la fecha de la emisión de la acusación, este trámite se rige por la Ley 906 de 20043.
La Sala emitirá concepto favorable a la extradición del ciudadano MIGUEL ANTONIO MONROY RAMÍREZ, pues se reúnen los requisitos legales exigidos en el artículo 502 ibídem como son: validez formal de la documentación presentada, plena identidad del solicitado, principio de la doble incriminación, equivalencia de la providencia proferida en el extranjero.
2. Validez formal de la documentación presentada
El artículo 495 de la Ley 906 de 2004, dispone que para conceder u ofrecer la extradición de una persona, la solicitud debe ser presentada por vía diplomática o en casos excepcionales por la consular o de gobierno a gobierno, adjuntando: i) copia o transcripción auténtica de la sentencia, de la resolución de acusación o su equivalente; ii) indicación exacta de los actos que determinaron la solicitud, y lugar y fecha en que fueron ejecutados; iii) todos los datos que sirvan para establecer la plena identidad de la persona reclamada; y iv) copia auténtica de las disposiciones penales aplicables al caso.
El Gobierno de los Estados Unidos cumplió adecuadamente tales exigencias, pues, por vía diplomática, presentó la solicitud a través de su Embajada en nuestro país al Ministerio de Relaciones Exteriores; anexó copia de la Acusación Formal de Reemplazo No. 10-20798-CR-COOKE(s) dictada el 7 de junio de 2011 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida4 contra MIGUEL ANTONIO MONROY RAMÍREZ por delitos federales de narcóticos.
Igualmente con notas diplomáticas la Embajada formalizó la reclamación, apoyado en los testimonios rendidos por Andrea G. Hoffman, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida y Jeremy Eric Jones, Agente Especial de la Oficina de control de Drogas DEA, quienes determinaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar de realización de los delitos y su incidencia en el país requirente, cumpliendo de esta manera la exigencia del artículo 35 de la Constitución Política, consistente en que la extradición se concederá por delitos cometidos en el exterior.
Magdalena A. Boyton Directora Asociada de la Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal, Departamento de Justicia de los Estados Unidos, certificó que copias fieles de los testimonios antes mencionados se mantienen en los archivos oficiales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (folio 66 carpeta anexa).
El Procurador de los Estados Unidos, Eric H. Holder Jr., hizo constar que para ese entonces, Magdalena A. Boyton, desempeñaba el cargo de Directora Asociada de la Oficina de Asuntos Internacionales de la División de lo Penal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en Washington D.C., quien con ese propósito estampó el sello del Departamento de Justicia y solicitó al Director Adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal que diera fe de su firma (folio 65 carpeta anexa).
La Secretaria de Estado, Hillary Rodham Clinton a través del Funcionario Auxiliar de Autenticaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, Patrick O. Hatchett, certificó que al documento anexo se le fijó el sello del Departamento de Estado, (folio 64 carpeta anexa).
La Cónsul de Colombia en Washington, Libia Mosquera Viveros, refrendó la autenticidad de la firma de Patrick O. Hatchett, y a su vez la firma de aquella funcionaria fue abonada por el Jefe de Autenticaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (folio 62 carpeta anexa).
Los mencionados documentos fueron traducidos al castellano por la Embajada de los Estados Unidos de América.
De esta manera se cumplió con lo dispuesto en el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º, numeral 118 del Decreto 2282 de 1989 de nuestra legislación que estipula: “Los documentos públicos otorgados en el país extranjero por funcionario de éste o con su intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República, y en su defecto por el de una nación amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron conforme a la ley del respectivo país. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de éste por el Cónsul colombiano.”
Por tanto se satisface el requisito de validez formal de la documentación presentada con la solicitud de extradición.
3. Demostración plena de la identidad del solicitado
De la información aportada para el presente trámite, la Sala concluye que MIGUEL ANTONIO MONROY RAMÍREZ, ciudadano colombiano, nacido el 13 de junio de 1950, portador de la cédula de ciudadanía No. 19.118.606 es la misma persona requerida por el Gobierno de los Estados Unidos de América.
Aseveración soportada en las notas diplomáticas, los testimonios rendidos en apoyo a la solicitud de extradición, el informe de la Fiscalía sobre la notificación que se le hiciera de los propósitos de extradición adelantados, el cotejo dactiloscópico y la actitud asumida consistente en otorgar poder a un abogado para que lo asistiera.
4. Principio de la doble incriminación
El numeral 1° del artículo 493 de la Ley 906 de 2004, establece que para conceder u ofrecer la extradición se requiere que el hecho motivante también esté previsto en Colombia como delito y sea reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años.
Dicho presupuesto se cumple frente a MIGUEL ANTONIO MONROY RAMÍREZ en relación con los cargos por los que es requerido, por cuanto equivale en Colombia a los delitos de concierto para delinquir y narcotráfico..
La Acusación Formal de Reemplazo No. 10-20798-CR-COOKE(s) dictada el 7 de junio de 2011 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida le atribuye:
CARGO 1
“Comenzando en abril de 2009 o alrededor de ese entonces, siendo la fecha exacta desconocida por el Jurado de Acusación, y siguiendo realizando lo aducido hasta la fecha de emisión de la acusación de reemplazo, en el país de Colombia, América del Sur y otras partes, los acusados …. MIGUEL ANTONIO MONROY RAMÍREZ alias “Mitchell”, “Barbas”, “Ojón”, “Viejo”…, a sabiendas e intencionalmente se unieron, conspiraron se confederaron acordaron entre sí y con personas conocidas y desconocidas por el Jurado de Acusación, para fabricar y distribuir una sustancia controlada enumerada en la Lista II, a sabiendas de que dicha sustancia se importaría ilícitamente a los Estados Unidos en violación del artículo 959(a)(2) del Título 21 del Código Federal de ese país; todo lo cual está en violación del articulo 963 del mismo Título y código.
De acuerdo con el artículo 960(b)(1)(B) del título 21 del Código Federal de los Estados Unidos se aduce además que esta violación de la ley se trata de cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína.
CARGO 2
El 25 de junio de 2009 o alrededor de esa fecha, en el país de Colombia, América del Sur y en otras partes, los acusados ….MIGUEL ANTONIO MONROY RAMÍREZ alias “Mitchell”, “Barbas”, “Ojón”, “Viejo”…, a sabiendas e intencionalmente fabricaron y distribuyeron una sustancia controlada enumerada en la Lista II, a sabiendas de que dicha sustancia se importaría ilícitamente a los Estaos Unidos, en violación del artículo 959(a)(2) del título 21 del Código Federal de ese país y del artículo 2 del Título 18 del mismo código.
De acuerdo con el artículo 960(b)(1)(B) del título 21 del Código Federal de los –estados Unidos se aduce además que esta violación de la ley se trata de cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína.
CARGO 3
“Comenzando en abril de 2009 o alrededor de ese entonces, siendo la fecha exacta desconocida por el Jurado de Acusación, y siguiendo realizando lo aducido hasta la fecha de emisión de la acusación de reemplazo, en el país de Colombia, América del Sur y otras partes, los acusados …. MIGUEL ANTONIO MONROY RAMÍREZ alias “Mitchell”, “Barbas”, “Ojón”, “Viejo”…, a sabiendas e intencionalmente se unieron, conspiraron se confederaron acordaron entre sí y con personas conocidas y desconocidas por el Jurado de Acusación, para poseer una sustancia controlada con la intención de distribuir mientras se encontraban a bordo de una aeronave con matrícula de los Estados Unidos, en violación del artículo 959(a)(2) del Título 21 del Código Federal del ese país; todo lo cual está en violación del articulo 963 del mismo Título y código.
De acuerdo con el artículo 960(b)(1)(B) del Título 21 del Código Federal de los Estados Unidos se aduce además que esta violación de la ley se trata de cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína.
PRETENSIONES PARA LAEXTINCIÓN DE DOMINIO
Las pretensiones de los cargos 1 al 4 de la presente acusación formal de Reemplazo se vuelven a aducir y por referencia se incorporan plenamente a la misma para pretender la extinción de dominio a favor de los Estados Unidos de América de propiedad o propiedades en que los acusados tengan participación.
Al declarárseles culpables de cualquier violación de los artículos 959(a), 959(b) o 963 del título 21 del código Federal de los Estados Unidos, los acusados perderán el dominio, el cual pasará a los Estados Unidos, de toda propiedad que constituya o se derive del producto obtenido, directa o indirectamente de tales violaciones y de toda propiedad que los acusados hayan usado o se hayan propuesto usar de cualquier manera o en cualquier proporción para cometer o facilitar la comisión de tales violaciones de la Ley. Todo lo cual de acuerdo con el artículo 853 del titulo 21 del código Federal de los Estados Unidos.
El delito de concierto para infringir las leyes antinarcóticos en los Estados Unidos atribuido a MIGUEL ANTONIO MONROY RAMÍREZ, es también punible en Colombia, pues configura el injusto de concierto para delinquir previsto en el artículo 340 del Código Penal, Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 8º de la Ley 733 de 2002, cuyas penas fueron aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, quedando una sanción de 4 a 9 años de prisión, para quienes se concierten con el fin de cometer delitos.
Así mismo, el inciso segundo de la citada norma fue modificado por el artículo 19 de la Ley 1121 de 2006, en el sentido de establecer una pena de 8 a 18 años de prisión y multa de dos mil setecientos (2.700) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales, cuando el acuerdo se dirija al tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, lavado de activos, entre otros.
De igual manera, el artículo 376 de la Ley 599 de 2000 modificado por la Ley 1453 de 2011 prevé y sanciona el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes con pena de prisión de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta y cuatro (1.334) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En consecuencia, surge evidente que frente a estos comportamientos converge la condición de ser delictivos en Colombia y estar sancionados con prisión no menor de cuatro años, por tanto se cumple con el principio de la doble incriminación.
Respecto de la extinción de dominio planteada en la acusación, la cual busca la incautación de toda ganancia derivada de las actividades de tráfico de estupefacientes, es preciso señalar que esta mención no puede ser entendida en estricto sentido como un cargo.
En efecto, como lo ha expresado esta Corporación respecto de situaciones semejantes5, el señalamiento de la extinción de dominio no comporta imputación alguna, a lo sumo es el anuncio de la consecuencia patrimonial que la declaratoria de responsabilidad acarrea respecto de los bienes involucrados en los delitos de cuya comisión se acusa al requerido, tema ajeno a la solicitud de extradición, razón por la cual no se encuentra comprendido dentro de los aspectos que deba ocuparse el concepto a emitir por la Sala.
5. Equivalencia de la providencia proferida en el extranjero
Esta exigencia que corresponde examinar a la Corporación, señalada en el numeral 2° del artículo 493 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, se orienta a verificar si la pieza procesal ofrecida por el país requirente es equivalente a la acusación prevista en el ordenamiento procesal interno.
Conviene recordar que no se trata de establecer identidad entre ambas actuaciones, pues lo relevante es determinar si la decisión entregada da paso al juicio, además, se debe constatar si brinda un relato sucinto del comportamiento imputado, con especificación de las circunstancias de lugar y tiempo e, igualmente si expresa con claridad la calificación jurídica señalando los preceptos aplicables.
Tal exigencia se cumple frente a la solicitud de extradición de MIGUEL ANTONIO MONROY RAMÍREZ, presentada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, toda vez que la Acusación Formal de Reemplazo No. 10-20798-CR-COOKE(s) dictada el 7 de junio de 2011 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida al igual que ocurre con el documento de la misma índole en el ordenamiento colombiano, marcan el comienzo del juicio, etapa en la cual el procesado tiene la oportunidad de controvertir las pruebas y los cargos a él atribuidos.
De la misma forma, el requerimiento de las autoridades foráneas contiene la información relativa a lugares y épocas de ocurrencia de los hechos, circunstancias bajo las cuales actuaba MONROY RAMÍREZ y las disposiciones violadas con los actos allí definidos.
Por tanto, es indiscutible la equivalencia existente entre la acusación dictada en el extranjero y la señalada en los artículos 336 y 337 de la Ley 906 de 2004.
6. En relación con las exigencias constitucionales para negar la extradición de nacionales, la Sala no observa su presencia toda vez en el caso analizado, los delitos imputados a MIGUEL ANTONIO MONROY RAMÍREZ son de naturaleza común, no política, ocurridos después de 1997 en territorio de los Estados Unidos.
7. Conclusiones
Los anteriores razonamientos permiten establecer a la Sala, que de acuerdo con lo manifestado por el Ministerio Público y la Defensa, están dadas las exigencias legales para conceptuar de manera favorable a la solicitud de extradición formalizada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en nuestro país, respecto del ciudadano colombiano MIGUEL ANTONIO MONROY RAMÍREZ, por los cargos atribuidos en la Acusación Formal de Reemplazo No. 10-20798-CR-COOKE(s) dictada el 7 de junio de 2011 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida6.
Por tanto, y en orden a proteger los derechos fundamentales del requerido, el Estado solicitante deberá garantizarle la permanencia en el país extranjero y el retorno al de origen en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana cuando el extraditado llegare a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable o eventos similares, incluso después de su liberación por haber cumplido la pena impuesta, en razón de la extradición concedida.
Del mismo modo, atendiendo lo dispuesto en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004, se advertirá que el Gobierno Nacional puede subordinar la concesión de la extradición a exigencias tales como: que el solicitado no sea juzgado por hechos anteriores diversos de los que motivaron la solicitud de extradición; ni sometido a sanciones distintas de las impuestas en la eventual condena; ni a penas de muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, por el país solicitante, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 12 y 34 de la Constitución Política de Colombia; y como lo sugiere la Procuraduría General de la Nación a través de su Delegado.
Así mismo, debe condicionar la entrega de MIGUEL ANTONIO MONROY RAMÍREZ al respeto por todas las garantías debidas a su condición de justiciable, en particular: tener acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas; se presuma su inocencia; cuente con un intérprete y un defensor designado por él o por el Estado; se le conceda tiempo y medios adecuados para preparar la defensa, presentar pruebas y controvertir las que se aduzcan en contra; a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas; a que la eventual pena que se le imponga no trascienda de su persona; a que la sentencia pueda ser apelada ante un tribunal superior y la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y readaptación social (Artículos 29 de la Constitución; 9 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 5-3.6, 7-2.5, 8-1.2 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h).3.4.5, 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 9-2.3, 10-1.2.3, 14-1.2.3,5, y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
Igualmente, el Gobierno debe condicionar la entrega del requerido a que el país solicitante, conforme a sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales de contacto regular con sus familiares más cercanos, habida cuenta, la Constitución de 1991, en su artículo 42, reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad y garantiza su protección, amparo también otorgado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 17) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23).
Además, la Sala señala, en virtud de lo dispuesto por el numeral 2º del artículo 189 de la Constitución Política, que corresponde al Presidente de la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, realizar el seguimiento a los condicionamientos impuestos en la concesión de la extradición y determinar las consecuencias que se derivarían de su eventual incumplimiento.
Cabe subrayar que MIGUEL ANTONIO MONROY RAMÍREZ se encuentra privado de la libertad para los efectos del trámite de extradición, desde el primero (1) de septiembre de dos mil once (2011), lapso que deberá tenerse como parte de la pena que llegare a imponerse en el país requirente.
Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la extradición de MIGUEL ANTONIO MONROY RAMÍREZ, de anotaciones conocidas en el curso del trámite, por los cargos atribuidos en la Acusación Formal de Reemplazo No. 10-20798-CR-COOKE(s) dictada el 7 de junio de 2011 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida7.
Comuníquese esta determinación al requerido MIGUEL ANTONIO MONROY RAMÍREZ, a su defensor, al Ministerio Público y al Fiscal General de la Nación, para lo de su cargo.
Devuélvase el expediente al Ministerio del Interior y de Justicia para lo de su competencia.
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
Comisión de servicio
SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ MARIA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑÓZ
Permiso
AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER ZAPATA ORTIZ
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Folio 219 cuaderno anexo.
2 Folio 219 cuaderno anexo.
3 En el presente caso se aplica la Ley 906 de 2004 por cuanto los hechos que sustentan la petición de extradición ocurrieron después del primero de enero de 2005, fecha en la cual entró en vigencia el nuevo Código de Procedimiento Penal. En este sentido, ver autos del 4 de abril y 3 de octubre de 2006, radicados 24187 y 25080, respectivamente, entre otros.
4 Folio 219 cuaderno anexo.
5 Conceptos del 3 de mayo de 2007 y 16 de diciembre de 2008, radicados 26756 y 30626, respectivamente.
6 Folio 219 cuaderno anexo.
7 Folio 219 cuaderno anexo.