Asistente Jurídico Inteligente
Selecciona un texto en la página o analiza el artículo completo.
Proceso nº 37191
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente:
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
Aprobado Acta No.290
Bogotá D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil once (2011).
VISTOS
Decide la Sala acerca de la admisibilidad de los fundamentos lógicos y de adecuada argumentación de la demanda de casación presentada por la defensora de JAIRO ARISTIZABAL ALZATE, contra el fallo de segundo grado de 15 de abril de 2011 mediante el cual el Tribunal Superior de Cali confirmó el emitido por el Juzgado Doce Penal del Circuito del mismo Distrito Judicial, por cuyo medio lo condenó como autor del delito de homicidio culposo.
HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL
El aspecto fáctico fue presentado por los juzgadores así:
“…el día 29 de julio de 2002, a eso de las ocho y media de la mañana, se presentó un accidente de tránsito a la altura de la calle 10 con carrera 29 del barrio Colseguros en esta ciudad [Cali], entre los vehículos, bus de placas VBB-638, afiliado a la empresa Verde de San Fernando conducido por el señor JAIRO ARISTIZABAL ALZATE, y la motocicleta de placas LRV-40, marca honda C-70, de color azul, guiada por el señor JUAN CARLOS GRISALES TOVAR, falleciendo en este hecho la señora DIANA PAOLA URRIAGO, que iba como parrillera –sic- de la motocicleta”.
La Fiscalía General de la Nación abrió formal investigación penal en contra de ambos conductores y los vinculó a través de indagatoria, no obstante, al momento de calificar el mérito sumarial, el 18 de noviembre de 2004, precluyó la instrucción a favor de Juan Carlos Grisales Tovar, en tanto que profirió resolución de acusación contra JAIRO ARISTIZABAL ALZATE por el delito de homicidio culposo.
En firme el mencionado auto, el 20 de septiembre de 2006 cuando la Unidad de Fiscalía ante el Tribunal lo confirmó, la fase del juicio la adelantó el Juzgado Doce Penal del Circuito de Cali, despacho que una vez surtió el acto público de juzgamiento, mediante sentencia de 29 de julio de 2010 condenó a JAIRO ARISTIZABAL ALZATE como autor del delito objeto de acusación a las penas principales de veinticuatro (24) meses de prisión, multa equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes y privación del derecho de conducir vehículos por tres (3) años, así como a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual lapso de la sanción aflictiva de la libertad, concediéndole la suspensión condicional de la ejecución de la pena.
También lo condenó a pagar solidariamente con los terceros civilmente responsables, Henry Álvarez Realpe y la empresa Buses Verdes San Fernando S.A., el valor equivalente a cien (100) y cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios a favor de Juan Carlos Grisales Tovar y Hernando Urriago Panesso, respectivamente.
En virtud del recurso de apelación formulado por la defensora del enjuiciado, el Tribunal Superior de Cali por decisión de 15 de abril de 2011 confirmó la condena, razón por la cual insiste la misma profesional a través de la impugnación extraordinaria, con la respectiva demanda de casación, de cuya admisibilidad se ocupa la Sala.
LA DEMANDA
Postula un cargo por violación directa de la ley sustancial ante la
aplicación indebida del Código Nacional de Tránsito, Decreto 1344 de 1970 (modificado por el Decreto 1809 de 1990) en lo que tiene que ver con la definición de adelantamiento entendido como maniobra mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro, cuando el Tribunal equivocadamente afirma que la motocicleta transitaba por la vía y atrás lo hacía el bus, pues el mismo conductor de la moto señala que él se movilizaba por el carril derecho y el vehículo de servicio público por el izquierdo.
Explica que la maniobra que realizó su asistido no fue un adelantamiento, pues los rodantes iban por vías diferentes, según el croquis y la declaración del testigo de cargo, aquél iba por el lado izquierdo de la calzada de la calle 10 a más de 6 metros del andén del lado derecho, mientras que el motociclista recorrió sin tomar alguna precaución más de seis metros en diagonal invadiendo el eje del bus.
Por lo tanto, pide a la Corte casar la sentencia a fin de absolver a su defendido.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Teniendo en cuenta lo previsto en el inciso 1º del artículo 205 de la Ley 600 de 2000, el recurso extraordinario de casación es viable contra las sentencias proferidas en segunda instancia por los tribunales superiores de distrito judicial y por el Tribunal Penal Militar cuando se proceda por delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo exceda de ocho (8) años.
Cuando el fallo de segundo grado no es emitido por los citados tribunales o el delito por el que se procede tiene pena privativa de la libertad inferior a dicho quantum punitivo, el inciso 3º del artículo 205 del ordenamiento adjetivo penal faculta a esta Sala para admitir discrecionalmente las demandas de casación que se ajusten a los requisitos legales cuando lo considere necesario para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de los derechos fundamentales.
Lo anterior es dable siempre y cuando el impugnante precise la razón por la cual es imprescindible el pronunciamiento de la Corte, sea que se requiera su criterio de autoridad para la actualización o unificación de la jurisprudencia, así como también, debe indicar el por qué la decisión solicitada tiene la doble utilidad de dar solución al asunto y servir de norte en la actividad judicial.
También cuando la pretensión del actor apunta a asegurar la garantía de derechos fundamentales, ha de acreditar tal pretermisión e indicar las normas constitucionales que protegen el derecho invocado y de manera obvia, la forma como fue desconocido en el fallo recurrido.
Advertido esto, por tratarse del delito de homicidio culposo, previsto en el artículo 109 de la Ley 599 de 2000, que tiene establecida una penalidad de dos (2) a seis (6) años de prisión, como su máximo punitivo no supera los ocho (8) años, se impone plantear el recurso a través de la vía discrecional.
Pero aquí el impugnante no anuncia, ni menos desarrolla alguna de las vertientes que admiten tal vía, sea para la clarificación de la jurisprudencia a fin de emitir un pronunciamiento en relación a un tema jurídico especial, unificar posturas conceptuales o actualizar la doctrina, o para restaurar el agravio de alguna garantía fundamental que le fuera vulnerada de la parte civil que representa, pues sólo marginalmente anota que también hubo infracción al debido proceso sin alguna demostración al respecto.
Si bien opta por la causal primera de casación por violación directa de la ley sustancial, tampoco cumple los parámetros legalmente establecidos para esta clase de embate en cuanto no respeta los hechos y pruebas aceptadas por los juzgadores.
Ciertamente, en estos reparos debe centrarse la discusión exclusivamente en el yerro de juicio acerca del precepto que se ocupa de regular el supuesto fáctico en concreto. Dicho error puede ser de selección normativa al radicar en la existencia de la disposición (falta de aplicación o exclusión evidente), por una equivocada adecuación de los hechos probados a los supuestos que contempla la norma (aplicación indebida), o bien, de carácter hermenéutico al darle a la disposición un sentido que no tiene o errar en su significado (interpretación errónea).
Al recaer la equivocación de los juzgadores de manera directa sobre la legislación, el debate se circunscribe netamente a lo jurídico para de esa manera evidenciar que se dejó de lado el precepto regulador de la situación específica demostrada, que tal hecho se ajusta a otra disposición normativa, o que se desbordó el alcance de la ley aplicada al caso concreto, lo cual exige necesariamente aceptar la apreciación y declaración de los hechos realizada por los juzgadores.
En cambio, cuando la discrepancia versa sobre la actividad probatoria y la valoración por parte de los juzgadores, la vía de ataque legalmente adecuada es la indirecta, ya que a la infracción de la ley sustancial se llega de manera mediata, esto es, a través de la infracción directa de los mandatos que regulan el ámbito probatorio.
La postura de la defensora contraviene la estimación probatoria del Tribunal y cae a no dudarlo en una infracción indirecta de la ley de carácter sustancial, sin que tampoco explique errores de carácter probatorio.
Así, contrario a demostrar el error de selección normativa del juzgador, repara en la secuencia de los hechos considerada judicialmente al destacar que no se trató de una maniobra de adelantamiento, sino que el conductor de la motocicleta invadió el carril en el cual se desplazaba su asistido a bordo del bus, desatendiendo que el Tribunal analizó pormenorizadamente los elementos de juicio para concluir que:
“…las huellas dejadas por la motocicleta en el bus a causa del impacto generado, dejan entrever que efectivamente el primero de los velocípedos mencionados transitaba por la vía y atrás lo hacía el segundo de ellos, siendo este último el que alcanza la motocicleta y lo colisiona con el lado derecho del bus, aún con el hecho que se tenían todas las posibilidades para tener la visión amplia acerca de la presencia de otro vehículo en la vía, no siendo extraño ni alejado de sus posibilidades que se evitara el impacto y por tanto el resultado que se conoce de autos”.
Bajo esta perspectiva, deviene evidente que la demandante asume una simple oposición a las conclusiones judiciales al enfrentar su criterio a la fuerza de convicción del material probatorio, cuando de antaño la Corte tiene establecido el desacuerdo con las pautas de valoración probatoria empleadas por los juzgadores, no es suficiente para motivar el análisis de la legalidad del fallo, en cuanto tal ataque debe sujetarse a las técnicas establecidas para probar la existencia de yerros manifiestos y esenciales, con incidencia en el sentido de la decisión.
En consecuencia, la recurrente no cumple con las exigencias legales dispuestas para que proceda la admisión de su libelo de casación por la vía excepcional, además, la Sala no observa con ocasión del trámite procesal o en el fallo impugnado violación de derechos o garantías de alguno de los sujetos procesales como para que se hiciera necesario el ejercicio de la facultad legal oficiosa que le asiste a fin de asegurar su protección en los términos del artículo 216 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000).
En mérito de lo expuesto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE
NO ADMITIR la demanda de casación interpuesta por la defensora de JAIRO ARISTIZABAL ALZATE, por las razones dadas en la anterior motivación.
Contra esta decisión no procede recurso alguno.
Notifíquese y cúmplase.
JAVIER ZAPATA ORTIZ
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
Comisión de servicios
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS
AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria