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Proceso n.º 34787
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente:
ALFREDO GOMEZ QUINTERO Aprobado acta No. 293
Bogotá D. C., quince (15) de septiembre de dos mil diez (2010)
VISTOS
Decide la Sala el recurso de apelación propuesto por la apoderada del señor José María De Vivero Vergara, reconocido como víctima en el proceso, contra el auto del 4 de agosto de 2010 que aprobó el preacuerdo celebrado entre el fiscal y la defensa, proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca en el juicio radicado número 11001 60 00 717 2010 00020 00 que se adelanta contra la doctora MONICA PATRICIA GONZÁLEZ PÉREZ acusada por el delito de prevaricato por acción.
HECHOS
En un proceso ejecutivo que se adelantó en el Juzgado Promiscuo Municipal de Madrid Cundinamarca, el señor Héctor Rodríguez pretendía el pago de un crédito por la suma de treinta y dos millones de pesos, y en el curso de la actuación los demandados aportaron un recibo de pago falso que generó la investigación penal respectiva.
El proceso penal (radicado con el número 16110 – 01) estuvo a cargo de la acusada, Dra. MÓNICA PATRICIA GONZÁLEZ PÉREZ, en su condición de Fiscal Primera Seccional de Funza; en desarrollo de la investigación vinculó mediante indagatoria al señor José María De Vivero Vergara, y por decisión del 20 de agosto de 2009 le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva sin derecho a libertad provisional como presunto cómplice de fraude procesal y falsedad en documento privado.
En el proceso que se adelantó contra la fiscal GONZÁLEZ PÉREZ, la fiscalía encontró que la medida de aseguramiento contra el señor De Vivero fue un acto manifiestamente contrario a la ley, porque impuso la medida de aseguramiento al indagado sin que se satisficieran los presupuestos legales (recuérdese que la medida de aseguramiento requiere –en tema probatorio- cuando menos de dos indicios graves de responsabilidad debidamente acreditados, conc. artículo 356 de la Ley 600 de 2000), al punto de la decisión fue revocada el 16 de septiembre siguiente por el Fiscal que la sucedió en el cargo1.
FILIACIÓN DE LA PROCESADA
MONICA PATRICIA GONZÁLEZ PÉREZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 50 010 295 de Bogotá, hija de Luis Jaime y María Alicia, nacida el 31 de diciembre de 1970, de profesión abogada, con cargo de fiscal delegada ante los Jueces Penales del Circuito, de 1,51 mtrs., color de la piel trigueño, de contextura delgada, residente en la Calle 45 A núm. 57 A – 82 de Bogotá, tel. 8 04 55 81.
IMPUTACIÓN JURÍDICA
El Fiscal 46 Delegado ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá formuló acusación por el delito de prevaricato por acción previsto en el artículo 413 del C.P. en los siguientes términos:
“ARTICULO 413. PREVARICATO POR ACCION. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses”.
ANTECEDENTES
La Fiscalía 46 Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá presentó escrito de acusación contra la fiscal GONZÁLEZ PÉREZ el 9 de marzo de 2010, por tres hechos sucedidos en distintas ciudades del país: uno en Bogotá, otro en Funza (Cund.)2 y otro en Pacho (Cund.)3 (folios 1 – 21 / 1); la procesada fue capturada el 9 de febrero de 2010 (folio 46 / 1).
En el proceso por los hechos sucedidos en Funza4, el escrito de acusación se presentó el 9 de marzo de 2010, con una adición (sin fecha de presentación) que aparece a folios 39 – 47 / 1; la audiencia de formulación de acusación se realizó los días 19 de mayo y 24 de mayo de 2010 (fl. 49 – 54 / 1), sin que a tal diligencia concurrieran los representantes de las víctimas5.
El 9 de julio de 2010, con fundamento en el artículo 352 del Código de Procedimiento Penal, el Fiscal 46 Delegado ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y la acusada (debidamente asistida por su defensor de confianza) suscribieron el acta de preacuerdo en virtud de la cual la sindicada aceptó el cargo de prevaricato por acción6 (folios 58 – 67 / 1).
En el texto del preacuerdo la fiscalía tasó la pena de prisión en el límite inferior del cuarto medio punitivo (72 meses) con una rebaja de la tercera parte por virtud de la aceptación de la acusación, comprometiéndose la procesada a… “(iii) que dentro del proceso radicado con el número 11001600071720100023 que se sigue en su contra ha rendido interrogatorio en el que ha manifestado su voluntad no solo de servir de testigo contra los demás partícipes en los hechos que le han sido imputados sino además de delatar una organización criminal…”, y acordó conceder la sustitución de la prisión intramural por la prisión domiciliaria (artículo 38 del C.P.)7.
De conformidad con los parámetros del artículo 131 del C. de P.P., la audiencia de verificación del preacuerdo se realizó el 4 de agosto de 2010, y en ella el juez del conocimiento de primera instancia (Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca) encontró que ante la aceptación de responsabilidad, la pena acordada… “hace efectivo el valor justicia en cuanto a la verdad, dada la terminación prematura del proceso, que supera la concreción de un juicio oral y público, se revela en un nivel razonable, conforme a los elementos materiales probatorios y evidencias físicas, que son de conocimiento de las partes e intervinientes…. Se consignan los hechos jurídicamente relevantes y la procesada expresa su arrepentimiento…”.
El juez del conocimiento verificó que el preacuerdo fue libre, consciente, voluntario, debidamente asesorado por la defensa, que se celebró con conocimiento debidamente informado, que no hubo vicio de consentimiento alguno, y por ello le impartió aprobación al no advertir afectación de garantías fundamentales (folios 76 – 80 / 1).
LA APELACIÓN
La representante del señor José María De Vivero Vergara apeló la decisión con fundamento en que el preacuerdo vulneró los derechos fundamentales, en la medida que la víctima necesita saber cuáles fueron los motivos que tuvo la fiscal para privarlo de la libertad, y hasta la fecha lo que se ha escudriñado es que se cometió un delito de prevaricato por acción y nada más8.
Recordó que el señor De Vivero Vergara fue indagado durante los días 10, 11, 12 y 13 de agosto, y que al finalizar la diligencia la hoy procesada dictaminó –de manera arbitraria- que previo a resolver situación jurídica tenía que irse a un establecimiento carcelario; recordó que la fiscal impuso a su representado la medida de aseguramiento de detención preventiva sin derecho a libertad provisional y que se privó a su familia del derecho de visitarlo; sin embargo, el preacuerdo esquivó la verdad, siendo carga insoslayable del proceso que la acusada revele con claridad y con certeza los motivos de su conducta, para hacerse acreedora a los beneficios del preacuerdo (rebaja de pena y otorgamiento de la sustitución de la prisión efectiva por prisión domiciliaria).
Alegó que no se puede premiar el actuar ilícito de la funcionaria con un margen de impunidad que no dignifica a la víctima, que requiere saber toda la verdad.
Por considerar que la apelación cumplió con la carga argumentativa suficiente, el Tribunal concedió la apelación en efecto suspensivo ante la Sala Penal de la Corte Suprema, como Juez de segunda instancia.
NO RECURRENTES
El fiscal
Pidió confirmar la decisión porque se ajusta a derecho, en la medida en que la representante de la víctima… “no logra desvirtuar o controvertir en sí las razones que tuvo el Tribunal para aprobar el preacuerdo”, recordó que la fiscalía citó a la representante de las víctimas y quien no compareció a la audiencia de formulación de la acusación, y que no puede alegar ahora que “los hechos se quedan cortos”.
La acusada
Manifestó que la aceptación de la acusación fue honesta, que se ajusta a la legalidad.
La Defensa técnica:
Alegó que el recurso propuesto por la representante de la víctima se limitó a proponer que no estaba de acuerdo con la decisión, sin que ello constituya fundamento válido de impugnación; consideró que debe declararse desierta la apelación. En lo demás, coadyuvó la solicitud del fiscal y de la acusada.
CONSIDERACIONES
Es competente la Sala de Casación Penal de la Corte para resolver la apelación contra el auto del 4 de agosto de 2010 que aprobó el preacuerdo celebrado entre el fiscal y la defensa, de conformidad con los artículos 176 y 178 (modificado por el artículo 90 de la ley 1395 de 2010) de la ley 906 de 2004.
En el proceso en curso se le dio la oportunidad a la apoderarepresentante del señor De Vivero, de intervenir en el proceso penal en su condición de representante legal de quien se alega perjudicado con la conducta de la funcionaria, y con legitimidad para impugnar desde ese punto de vista.
1. El preacuerdo que pone fin a la investigación penal se contrae a la imputación por el delito de prevaricato por acción previsto en el Título XV, Capítulo Séptimo, artículo 413 del C.P., y es claro que en este tipo de conducta el sujeto pasivo (la víctima) es la Administración Pública, porque se trata de un tipo penal de orden funcional, en el que el núcleo de la acción es proferir resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley.
Tal comportamiento se estudia en sí, es decir, sin relación a terceras personas (perjudicados). El análisis de la conducta, del juicio de reproche y de la culpabilidad se circunscribe a apreciar si con la atribuida al funcionario se afectó tanto la credibilidad como la integridad de la administración pública y el funcionamiento del sistema jurídico – administrativo9.
Y si del acto manifiestamente contrario a la ley resultare –por derivación- afectado un particular (en este caso el señor De Vivero), habrá que entender que él es un perjudicado por una conducta que se derivó de la acción prevaricadora que pudo afectar otro bien jurídico, mas no víctima del prevaricato en su más preciso sentido jurídico.
Esa fue la razón por la cual se libraron oficios comunicatorios tanto a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, como a la Doctora Martha Lucía Fajardo Romero (apoderada del señor De Vivero) con la finalidad de que, tanto la víctima como el perjudicado concurrieran a la audiencia de formulación de la acusación (cfr. nota 5).
2. Debe insistir la Sala en que el ideal del proceso penal se contrae a que, tanto la investigación como la imputación se ciñan a “HECHOS COMPLETOS”, esto es, a aquellos que “revistan características de un delito”, es decir, a los hechos jurídicamente relevantes (artículos 114 – 1, 200 inc. 1, 288 – 2 del C. de P.P.)10, en suma, la imputación debe ser tanto fáctica, como jurídica, siendo el contenido de imputación asunto de interés no sólo de la fiscalía que es el órgano constitucionalmente encargado de la función de acusar, sino de todas las partes e intervinientes involucradas en el proceso penal: el Ministerio Público, la defensa, las víctimas, los perjudicados, los terceros, en tanto que el núcleo del proceso penal (que es la determinación de responsabilidad relativa a la imputación) les concierne –en lealtad y por igual- a todos los actores del proceso.
3. La apelante (representante legal del perjudicado, reconocido como tal) alegó que contra la funcionaria acusada… “sólo se habla del delito de prevaricato, pero se deja de lado el de privación ilegal de la libertad y hasta una tentativa de concusión, y más adelante hasta de un concierto para delinquir…” (fl. 77 / 1; ib. nota 8), comportamientos que quizá se derivaron de la conducta prevaricadora objeto del preacuerdo cuya aprobación cuestiona.
Y si ello es así, lo perceptible es que la procesada pudo haber incurrido en un concurso heterogéneo de conductas punibles (jurídico penalmente relevantes), una de ellas contra la administración pública (que fue objeto de preacuerdo), y otras contra diferentes bienes jurídicos.
Si alega la representante del perjudicado (sr. De Vivero) que se omitió investigar y acusar a la procesada por el delito heterogéneo, concurrente de privación ilegal de la libertad derivado de la acción prevaricadora (artículo 174 del C.P.), lo predicable naturalmente es que la conducta contra el bien jurídico de la libertad individual no ha sido objeto de investigación penal como lo dijo –con total claridad- el Juez colectivo del conocimiento:
“En cuanto a que se dejó de investigar el delito de privación ilegal de la libertad (o cualquier otro delito) que se derivó de la acción prevaricadora, no constituye factor que propicie la no aprobación o invalidación del preacuerdo, por cuando dicho delito no fue imputado, como tampoco se incluyó en el escrito de acusación, siendo posible que la fiscalía lo investigue por separado” (fl. 78, segundo párrafo).
Desde esa óptica, lo natural es entender que si la procesada pidió perdón a las víctimas, el destinatario de la indulgencia no es otro que el Estado – Administración Pública porque MONICA PATRICIA GONZÁLEZ PÉREZ…“aceptó su responsabilidad frente al delito de prevaricato por acción, de manera libre, consciente, voluntaria y debidamente asesorada por su defensor, con un conocimiento debidamente informado, descartándose así eventuales vicios del consentimiento” (Acta de aprobación del preacuerdo, página 3, cuarto párrafo).
4. En el proceso penal es incuestionable que dentro de las estrategias defensivas está la de fructificar, capitalizar los errores en los que pueda incurrir la contraparte (la fiscalía) cuando falla en la adecuación típica, y esas falencias eventualmente pueden favorecer al procesado; no obstante, tales posibilidades se ven limitadas cuando existan hechos (jurídicamente relevantes) que no fueron objeto de la investigación; el preacuerdo no es, ni puede ser fuente de impunidad11.
Cuando esto sucede (vale decir, quedan delitos por fuera de la acusación), lo perceptible es el rompimiento de la unidad procesal para que en un proceso diverso se instruya(n) y se juzgue(n) la(s) conductas que no fueron materia de averiguación (art 53 – 4, del C. de P.P.)12, y en aquel proceso se harán parte las víctimas de tales comportamientos y alegarán las relaciones efectivas a que tienen derecho (artículos 102 – 108 del C. de P.P).
5. Dígase, finalmente, que son viables las aceptaciones parciales de la responsabilidad penal (artículo 353 del C. de P.P.), evento en el que los beneficios correlativos se extienden exclusivamente a las conductas objeto de preacuerdo, allanamiento, etc.
No encuentra la Sala razón alguna que justifique anular el proceso cuando la alegación de la representante de la víctima en esta actuación en nada compromete la definición de la responsabilidad al momento de proferir la sentencia de mérito por la conducta punible objeto del preacuerdo.
Si los mecanismos de procedimiento abreviado y justicia premial (allanamientos, preacuerdos, negociaciones con la fiscalía) en los casos de aceptación total o parcial de responsabilidad no se ven afectados, sigue siendo garantía optativa de la defensa (material y técnica) la de aceptar la responsabilidad penal en aras de obtener beneficios penológicos, porque la aceptación –total o parcial- de la responsabilidad es una estrategia defensiva válida que incumbe al ámbito de la autonomía de parte… “definir su propia conducta procesal”13.
Ahora, si lo que se entendiera que persigue el perjudicado es la obtención de verdad, no hay duda que ésta se satisface con la emisión del fallo condenatorio, desde luego que en relación con el delito materia de acusación, pues de cara a las demás eventuales conductas punibles ese contenido de verdad (al igual que los de justicia y reparación) habrán de perseguirse en las respectivas causas.
Por las anteriores razones, la Sala CONFIRMARÁ la decisión apelada.
En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal,
RESUELVE:
1) CONFIRMAR la decisión que aprobó el preacuerdo celebrado el 9 de julio de 2010 entre el Fiscal 46 Delegado ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y la acusada MONICA PATRICIA GONZÁLEZ PÉREZ, procesada por el delito de prevaricato por acción (folios 76 – 80 / 1).
2) Contra este auto no procede recurso alguno.
Notifíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen14,
MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMÁN
JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS YESID RAMÍREZ BASTIDAS
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER ZAPATA ORTÍZ
Teresa Ruiz Núñez
Secretaria
1Escrito de acusación del 9 de marzo de 2010 (folios 1 – 21 / 1); ib. Acta de preacuerdo del 9 de julio de 2010 (folios 58 – 67).
2El fiscal presentó un documento de adición y aclaración al escrito de acusación (folios 39 – 47).
3El 11 de marzo de 2010, el Tribunal de Bogotá se declaró incompetente para tramitar el juicio en atención a que dos hechos ocurrieron en municipios diversos de Bogotá (folios 23 – 25 / c. de copias 1); el trámite de definición de competencias se surtió ante la Sala Penal de la Corte (rad. 33766). Mediante providencia del 17 de marzo de 2010, la Sala definió que los hechos no conexos sucedidos en los municipios de Funza y Pacho deben tramitarse en procesos diferentes al de Bogotá (folios 1 – 12 / c. definición de competencias).
4Se les dio radicación en la fiscalía con el núm. 110016000717201000020; en el juicio ante el Tribunal de Cundinamarca correspondió el radicado número 11001 60 00 717 2010 00020 00, y en la Corte con el número 34429 (cfr. folio 24 / 1) y finalmente con el número 34787.
5“Se deja constancia que por parte de la fiscalía General de la Nación se libró el oficio 1193 del 29 de junio de 2010, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a quien se considera como potencial víctima, al igual que el oficio 1194 del 29 de junio de 2010 a la doctora MARTHA LUCÍA FAJARDO ROMERO, reconocida como apoderada de las víctimas, en audiencia de acusación celebrada el día 19 de mayo de 2010, ante el Honorable Tribunal superior del distrito Judicial de Cundinamarca, sin que aquella ni esta se hayan hecho presentes” (se destaca; folio 66 / 1).
En la audiencia de verificación del preacuerdo, la Sala dejó constancia igualmente, en el sentido de que… “a las víctimas les asiste el derecho a participar en el desarrollo de la celebración del preacuerdo; no se discute que el fiscal delegado, citó en su oportunidad a la representante de las víctimas, con tan particular cometido, pero, por razones no acreditadas, la citada profesional del derecho no concurrió” (fol. 77).
6Artículo 413 del C.P., expresando la concurrencia de la circunstancia de menor punibilidad prevista en el numeral 1 del artículo 55 del C.P., correspondiente a la carencia de antecedentes penales, así como la concurrencia de circunstancias genéricas de mayor punibilidad previstas en el los numerales 7 y 10 ib. “Ejecutar la conducta punible con quebrantamiento de los deberes que las relaciones sociales o de parentesco impongan al sentenciado respecto de la víctima” y “obrar en participación criminal”. “Esto en atención a que la dignidad del cargo de fiscal delegado impone deberes que indudablemente se quebrantaron con la conducta por la que se acusa, y la conducta se ejecutó con la participación de otras personas” (folios 63 y 64 acta del preacuerdo).
Los límites punitivos para la conducta punible van de 48 a 144 meses de prisión, con un ámbito punitivo de movilidad de 96 meses y factores individuales (cuartos) de 24 meses. De manera que el primer cuarto punitivo va de 48 a 72 meses; los cuartos medios van de 72 a 120 meses y el cuarto superior va de este límite al máximo de 144 meses. La pena de prisión se fijó en 72 meses, y a este guarismo se le rebajó la tercera parte por virtud del preacuerdo posterior a la acusación.
7Como nada se preacordó en relación con la determinación de la pena de multa, en la audiencia de verificación del preacuerdo… “el fiscal, la acusada y el defensor, oralmente coincidieron en señalar que la multa sería impuesta bajo los mismos parámetros acordados para la pena privativa de la libertad” (Acta de verificación del preacuerdo, fl. 78).
Hace notar la Sala que, en el texto del preacuerdo (aceptación de la acusación), se dijo en relación con la pena principal de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas que la acusada “(i) con la condena que se impondrá no podrá desempeñar cargos en la rama judicial” (fol. 65 / 1), conc. artículos 44, 413 del C.P. conc. artículo 150 – 6 de la ley 270 de 1996.
8En su intervención en la audiencia, al finalizar la lectura del acta del preacuerdo, la representante del señor DE VIVERO, alegó que en el escrito… “de manera rápida se habla de la forma como operaba la procesada, por lo que a su humilde apreciación, considera que los hechos deben plasmarse tal como ocurrieron, en el proceso sólo se habla del delito de prevaricato, pero se deja de lado el de privación ilegal de la libertad y hasta una tentativa de concusión, y más adelante hasta de un concierto para delinquir…” (fl. 77).
9CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia del 18 de junio de 2008, rad. núm. 23051; ib. sentencia del 10 de agosto de 2009, rad. núm. 32090.
10“… los preacuerdos, además de constituir un acto consensuado entre la fiscalía y el imputado o acusado, según el caso, éste puede recaer sobre la eliminación de su acusación alguna causal de agravación punitiva o algún cargo especifico y la tipificación de una conducta dentro de su alegación conclusiva con el fin de disminuir la pena, según lo reglado en el artículo 350, incisos 1° y 2°, de la Ley 906 de 2004, y acordar también lo referente a los hechos y sus consecuencias y el quantum a imponer en la determinación de la pena (artículo 351, inciso 2°, de la citada Ley). CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala Penal, sentencia del 08 de julio de 2009, rad. núm. 31063.
11“3. En materia de preacuerdos y negociaciones la jurisprudencia de la Sala viene enseñando que no se refieren únicamente a la cantidad de pena imponible, sino a los hechos imputados y sus consecuencias, acuerdos que obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos desconozcan o quebranten garantías fundamentales.
De manera que la negociación puede extenderse a las consecuencias de la conducta punible imputada, significando que también se podrá preacordar la ejecución de la pena (suspensión condicional o prisión domiciliaria) y sobre las reparaciones a las víctimas, caso en el cual éstas podrán rehusar los preacuerdos y acudir a las vías judiciales pertinentes, según lo prevé el inciso final del artículo 351 de la ley 906 de 2004(1).
4. Los preacuerdos y negociaciones celebrados entre la fiscalía y el imputado -también ha precisado la Corte- deben regirse por los principios de lealtad y buena fe, por lo que todo aquello que constituya su objeto que no viole garantías fundamentales o se encuentre el margen de la ley ha de ser incorporado de manera integral al acta correspondiente, lo más completa, clara y precisa posible, a efecto de no generar falsas expectativas, pues dichos acuerdos, como lo pregona un sector de la doctrina, mal pueden servir de instrumento para sorprender o engañar al imputado o acusado, y menos para colocarlo en situación de inferioridad. De ahí que la propuesta fiscal deba ser seria, concreta, inteligible y con vocación de aceptación como diáfanamente lo prevé el art. 369 en el caso de manifestaciones de culpabilidad preacordada(2)”. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala Penal, auto del 03 de octubre de 2007, rad. núm. 28381; ib. sentencia del 1º de junio de 2006, rad. núm. 24764.
12“El principio de unidad procesal, investigación y juzgamiento de delitos conexos es la regla general pero admite excepciones… la ruptura de la unidad procesal no genera nulidad siempre que no afecte las garantías constitucionales.
En reiterada jurisprudencia la Corte ha sostenido:
“…1. Dentro de las pautas definidas por el legislador para el ejercicio de la acción penal, prevé el artículo 89 del estatuto procesal penal, como regla general, que por cada conducta punible se adelante una sola actuación procesal cualquiera que sea el número de autores o partícipes que concurran a su realización, instituto conocido bajo la denominación de “unidad procesal”, el cual admite como válida excepción la relativa al procesamiento de delitos conexos cuya investigación y juzgamiento ha de procurarse conjuntamente.
A su turno, prescribe la misma disposición que la ruptura de la unidad procesal, y paralelo a ella la de su excepción referida a la investigación y juzgamiento de delitos conexos, no genera nulidad, al punto que es la propia ley la que contempla toda suerte de posibilidades a las que válidamente puede acudirse para remediar tales defectos, v.gr. el procedimiento de acumulación de penas o la posibilidad de compulsar copias para que por separado se investigue alguna conducta punible no cobijada en la acusación, reservándose aquél remedio extremo sólo para los eventos en que la ruptura comporta afectación de garantías constitucionales…
Aun cuando puedan ser ciertos sus reparos porque evidentemente la duplicidad de actuaciones en nada colabora a la realización del postulado de economía procesal, ello por si sólo no conduce a que se tenga por estructurado un vicio que deba remediarse mediante el decreto de la nulidad…”. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala Penal, sentencia del: 23 de octubre de 2006, rad. núm. 24904.
13CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala Penal, sentencia del 30 de septiembre de 2009, rad. núm. 31628.
14Artículo 351 inc. 5, 447 del C. de P.P.