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Proceso n.° 33712
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION PENAL
Magistrado Ponente:
Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
Aprobado Acta No. 73.
Bogotá, D.C., diez de marzo de dos mil diez.
V I S T O S
Conforme a lo reglado en el numeral 4° del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, define la Corte la competencia para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la providencia proferida por el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Medellín, el 12 de noviembre de 2009, por medio de la cual no accedió a la petición elevada por el condenado CARLO ALEXÁNDER RAMÍREZ CAÑAS, quien solicitó se le concediera el beneficio sustitutivo de la prisión domiciliaria.
A N T E C E D E N T E S
1. El Juzgado Quinto Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Medellín, mediante sentencia proferida el 27 de febrero de 2006, condenó a CARLO ALEXÁNDER RAMÍREZ CAÑAS como autor del delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.
En razón de ello, le impuso la pena principal de 24 meses de prisión, la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso, y le negó los beneficios sustitutivos de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y prisión domiciliaria.
2. Ejecutoriada la sentencia condenatoria, se remitió la actuación a la oficina de reparto de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, para la respectiva vigilancia y ejecución de las sanciones impuestas a RAMÍREZ CAÑAS, detenido en la Cárcel Bellavista de ese Distrito Judicial.
El asunto fue asignado al Juzgado 6° de esa especialidad, el cual avocó conocimiento el 8 de mayo de 2006.
Luego, mediante proveído del 12 de noviembre de 2009, la citada dependencia judicial denegó la solicitud elevada por el sentenciado RAMÍREZ CAÑAS, en el sentido de que se sustituyera la prisión intramural por la domiciliaria.
3. Como el auto en mención fue apelado por el procesado, el Juzgado 6° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín concedió el recurso y remitió la actuación, para desatar la alzada, al juzgado de conocimiento.
Así las cosas, el Juzgado 5° Penal del Circuito con funciones de conocimiento de esa ciudad profirió proveído, el 15 de enero de 2010, en el que diciendo acatar las decisiones de la Sala en torno al competente para decidir sobre dicho recurso1 -referido el mismo a la no concesión del beneficio sustitutivo de la prisión domiciliaria-, se declaró incompetente para dirimir la impugnación y ordenó remitir la actuación a la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, por ser el superior funcional del despacho que emitió el proveído apelado.
A su turno, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellín señaló que no hubo consenso entre sus integrantes, acerca de quién era el competente para conocer de la apelación, teniendo en cuenta que sobre el tópico había decisiones encontradas de la Corte, es decir, a lo manifestado en la providencia de tutela citada por el juzgado de conocimiento, se oponía lo declarado en autos del 14 de diciembre de 2009 y 20 de enero de 2010 (Radicados 33.225 y 33.145, respectivamente), en los que se afirma lo contrario, es decir, que la competencia para conocer la alzada en estos eventos radica en esos despachos judiciales.
Dispuso, por consiguiente, remitir la actuación a esta Corporación para que “destrabe el entuerto” y defina, como lo indica la normatividad vigente, la competencia en este asunto.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
De acuerdo con lo regulado en el artículo 32-4 de la Ley 906 de 2004, a la Corte le asiste atribución para pronunciarse respecto de la definición de la competencia que con ocasión del presente asunto plantea la titular del Juzgado Quinto Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Medellín, buscando apartarse del conocimiento del recurso de apelación interpuesto contra un auto del Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad, pues, considera, del mismo debe conocer su superior funcional, es decir, la Sala Penal del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial.
Por lo anterior, entones, conforme lo ha señalado la jurisprudencia de la Sala2, es de su resorte definir la manifestación de incompetencia proveniente de un juzgado, cuando éste señala como competente a un Tribunal, tal cual sucede en este evento, donde un Juzgado Penal del Circuito de Medellín indicó que corresponde asumir el conocimiento de la segunda instancia a un Tribunal.
Ahora bien, es evidente que la competencia para resolver la segunda instancia desatada en el presente asunto, radica en cabeza de la Jueza Quinta Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Medellín, pues, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medida de Seguridad adoptó en primera instancia, una decisión que se relaciona con uno de los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, en este caso, el de la prisión domiciliaria.
En efecto, el artículo 478 de la Ley 906 de 2004 -aplicable en este caso, por haberse rituado bajo las preceptivas del sistema acusatorio penal-, expresamente señala que “las decisiones que adopte el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en relación con mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y la rehabilitación, son apelables ante el juez que profirió la condena en primera o única instancia”.
En anterior oportunidad, la Corte3 precisó que el precepto transcrito no reñía con lo establecido en el numeral 6° del artículo 34 Ibidem –citado en este evento por el juez de conocimiento, quien omite analizar el aludido precepto 478-, el cual señala que las Salas Penales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial conocen “del recurso de apelación interpuesto contra la decisión de ejecución de penas”, en tanto que, la “controversia se dirime por el principio de especialidad de la norma procesal, a la que auxilia el criterio del precepto posterior, porque el artículo 478 ejusdem que se revisa hace parte del Libro IV, que desarrolla única y específicamente la temática de la ejecución de la sentencia.
“Adicionalmente – se dijo también-, la norma examinada en concreto escinde de la multiplicidad de materias de las que conocen los jueces de ejecución de penas –redención de penas, acumulación jurídica de penas, aplicación de penas accesorias, libertad vigilada, extinción de la condena, entre otros – aquellas que deciden sobre los mecanismos sustitutivos privativos de la libertad; lo que devela que por excepción y especialidad, estos temas son del conocimiento del juez que profirió la condena”.
En el mismo precedente, la Corte ratificó su jurisprudencia, en el sentido de que la prisión domiciliaria constituye, a no dudarlo, uno de los mecanismos sustitutivos de la pena.
Efectivamente, esto dijo en esa oportunidad:
“No obstante, como lo recuerda el Tribunal, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia a partir de la sentencia del 26 de junio de 2008 proferido dentro del radicado 22453, varió el anterior criterio, en tanto que advirtió que la “prisión domiciliaria está concebida en la Ley 599 de 2000 como un mecanismo sustitutivo de la prisión, tal como lo regula el artículo 38 de la reseñada legislación, incluyéndose allí –como se vio- una serie de exigencias de carácter objetivo (como el quantum de pena prevista para el delito) como subjetivo (referidas – por ejemplo- al análisis del desempeño personal, social, laboral que fundadamente permitan deducir que no se colocará en peligro a la comunidad), condiciones unas y otras que dado su carácter de concurrente han de comprobarse por el eventual beneficiario del instituto en mención.
“Pero a la par con la anterior figura, la Ley 750 de 2002 y específicamente lo previsto por el artículo 1, añadió a aquella forma de ejecutar una pena otra especie de prisión domiciliaria, esta vez con un destinatario específico: la mujer (y/o el hombre) cabeza de familia, siempre y cuando se cumplan también los requisitos allí mismos señalados, entre los cuales cabe destacar la inexistencia de antecedentes penales y el que el delito no esté excluido de tal beneficio, así como la valoración de factores personales, laborales, sociales que permitan determinar que el condenado no podrá en peligro a la comunidad o entre otros- a los hijos menores”.
En tales condiciones, necesariamente la pacífica jurisprudencia que había sentado la Sala respecto de la definiciones de competencia consistente en que el recurso de apelación interpuesto contra la decisión que dictaba el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, por razón de la negativa de conocer la prisión domiciliaria, lo conocía el funcionario de segunda instancia de quien dictó el fallo de primera, puesto que dicho instituto no era un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, tiene que recogerse por las razones expuestas en precedencia”.
Lo anterior fue ratificado en los autos citados por el Tribunal de Medellín, dictados el 14 de diciembre de 2009 y el 20 de enero de 2010 -radicados 33.225 y 33.146, respectivamente-, debiendo resaltarse que el primero de ellos fue dictado mucho antes de que la jueza penal del circuito, diciendo acatar las decisiones de la Sala, manifestara su incompetencia para conocer de la alzada.
Así las cosas, es absolutamente claro que en el caso que ocupa la atención de la Sala, la declaración de incompetencia tiene génesis sobre quien es el funcionario que debe conocer del recurso de apelación contra una decisión dictada por un juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, referente a la negación del otorgamiento de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la sanción intramural, que constituye, sin lugar a dudas y como su nombre lo indica, uno de los “mecanismos sustitutivos de la prisión”.
Por lo tanto, inobjetable resulta que de conformidad con el citado artículo 478 de la Ley 906 de 2004, la competencia para desatar la alzada radica en el Juzgado Quinto Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Medellín, despacho judicial que profirió la condena en primera instancia, al cual se le asignará la competencia para que conozca del recurso de apelación interpuesto contra la providencia dictada por el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, el 12 de noviembre de 2009, por medio de la cual negó la sustitución de la pena de prisión por la prisión domiciliaria.
En mérito a lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal,
RESUELVE
ASIGNAR el conocimiento para conocer de la apelación del auto del 12 de noviembre de 2009, proferido por el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Seguridad de Medellín, al Juzgado Quinto Penal del Circuito con funciones de conocimiento de esa ciudad, despacho al que se ordena remitir inmediatamente la actuación, conforme con las motivaciones plasmadas en el cuerpo del presente proveído.
Contra esta decisión no procede recurso alguno.
Cúmplase
MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMÁN
JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS YESID RAMÍREZ BASTIDAS
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER DE J. ZAPATA ORTIZ
TERESA RUIZ NÚÑEZ
Secretaria
1 Al efecto, citó fallo de tutela del 10 de diciembre de 2009, Radicado 45.302.
2 Autos del 30 de mayo y 30 de noviembre de 2006, Radicados 24.964 y 26.517, respectivamente.
3 Auto del 2 de diciembre de 2008, Radicado 30.763.