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Proceso No 32184
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION PENAL
Magistrado Ponente:
JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS
Bogotá, D. C., ocho (8) de julio de dos mil nueve (2009).
V I S T O S
De conformidad con los lineamientos consagrados en el artículo 7° de la Ley 1095 de 2006, el despacho resuelve el recurso de apelación interpuesto por el defensor del procesado privado de la libertad JORGE HUGO VALENCIA SUÁREZ, contra la providencia del 19 de junio de 2009, proferida por un Magistrado del Tribunal Superior de Barranquilla, mediante la cual negó el amparo de hábeas corpus presentado por el mismo abogado.
ANTECEDENTES PROCESALES
1. En audiencia celebrada el 9 de junio de 2008, el Juez 9º Penal Municipal de Barranquilla con Funciones de Control de Garantías, a iniciativa del Fiscal 35 Seccional de la Unidad de Vida, ordenó la captura de JORGE HUGO VALENCIA SUÁREZ, indiciado por el comportamiento punible de acto sexual abusivo con menor de 14 años (fl. 44, carpeta del proceso). Fue así que la aprehensión de VALENCIA SUÁREZ tuvo lugar el 11 de junio de 2008 (fl. 64).
2. En la misma fecha se llevó a cabo audiencia ante el Juez Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, dentro de la cual se legalizó la captura, se formuló imputación y se profirió medida de aseguramiento de detención en establecimiento carcelario. Dentro del acta de la audiencia quedó constancia en el sentido de que “El imputado se allanó a los cargos formulados por la fiscalía” (fl. 81).
3. Por la conducta punible de actos sexuales con menor de 14 años agravado (artículo 209 y 211-4 del. Código Penal), el Fiscal 35 Seccional de Barranquilla presentó escrito de acusación en contra de JORGE HUGO VALENCIA SUÁREZ el 23 de junio de 2008, dentro del cual consta que la “imputación sí fue aceptada por el implicado” (fl. 85).
4. El 16 de marzo de 2009, el Juzgado Octavo Penal del Circuito con Función de Conocimiento declaró la ilegalidad del allanamiento, tal como lo planteó la defensa, “puesto que se le ofreció (al imputado), tanto por el fiscal como por el juez de control de garantías un beneficio que no tiene derecho por ley”. Por lo anterior, el juez declaró la nulidad de lo actuado a partir del allanamiento (fl. 93).
5. Así las cosas, el 25 de marzo de 2009, la fiscalía presentó una vez más el escrito de acusación por los comportamientos punibles antes reseñados, “imputación que no fue aceptada por el investigado” (fl. 88).
6. El 15 de abril de 2009, a petición de la defensa del imputado, el Juez 16 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías llevó a cabo “audiencia de solicitud de libertad por vencimiento de términos”. Al término de dicha diligencia, el juez resolvió denegar la petición de libertad provisional solicitada por el apoderado de VALENCIA SUÁREZ, decisión que recurrió su apoderado en apelación, motivo por el cual se concedió en el efecto devolutivo (fl. 95-96). La actuación le correspondió al Juez Tercero Penal del Circuito de Barranquilla con Funciones de Conocimiento, quien fijó el 5 de agosto de 2009 para llevar a cabo la audiencia de sustentación del recurso de apelación.
7. En el entretanto, el juez del conocimiento fijó el 29 de abril de 2009 como fecha para celebrar la audiencia de formulación de acusación; sin embargo, la diligencia se aplazó para el 15 de mayo siguiente, puesto que no concurrió el imputado ni su defensor. Tampoco a esta última cita acudieron el procesado ni su defensor (fl. 101-102).
8. La audiencia de formulación de acusación tuvo lugar el 27 de mayo de 2009; en ella, los intervinientes no alegaron causales de nulidad, impedimentos o recusaciones, mientras que la fiscalía formuló la respectiva acusación. El juez de conocimiento fijó el 10 de junio de 2009 para la celebración de la audiencia del juicio oral (fl. 109).
9. El 18 de junio de 2009, el apoderado del acusado JORGE HUGO VALENCIA SUÁREZ presentó solicitud de hábeas corpus, la cual fue denegada en primera instancia por el Tribunal Superior de Barranquilla, a través de auto del 19 de junio de 2009, determinación el defensor apeló.
FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN
El defensor de JORGE HUGO VALENCIA SUÁREZ dirigió solicitud de hábeas corpus al Tribunal Superior de Barranquilla (fl. 3-11, cuaderno de hábeas corpus), a través de la cual denunció la prolongación ilícita de la libertad de aquél, así como la violación del plazo razonable para el enjuiciamiento, motivo por el cual solicitó la libertad de su asistido.
En apoyo de su petición, adujo que el procesado VALENCIA SUÁREZ fue capturado el 11 de junio de 2008 por orden del Juzgado Tercero Penal Municipal de Barranquilla con Funciones de Control de Garantías; en la misma fecha, se legalizó su captura, se le formuló imputación e impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en sitio de reclusión.
El accionante agrega que “El 23 de junio de 2008 se produce escrito de acusación, pero con la fallida aceptación de cargos, al habérsele hecho al imputado en ese momento, una oferta que el estado no podía cumplir”. Nueve meses después, el 16 de marzo de 2009, el juez de conocimiento decreta ilegalidad del allanamiento, de manera que el 25 de marzo siguiente, “se produce apenas el correspondiente y válido escrito de acusación, en razón de la ilegalidad decretada respecto al allanamiento de cargos no aceptado por el juez de conocimiento, y acusa a JORGE HUGO VALENCIA SUÁREZ… por las conductas punibles descritas en los artículos 209 y 211-4 del Código Penal.”
“A los 15 días del mes de abril de 2009 –argumenta el accionante- se da inicio a la audiencia de libertad de vencimiento de términos”, pues para dicha fecha el procesado “ya ha cumplido 10 meses de privación de la libertad, sin que se hubiera dictado la sentencia por allanamiento que en toda forma no era viable, ni mucho menos se cumpliera la libertad del imputado que consagra el artículo 317 del Nuevo Código de Procedimiento Penal”.
El defensor reprocha, entonces, que la fiscalía superó el término de 60 días para presentar el escrito de acusación, así como el de 90 días para celebrar el la audiencia de juicio oral, motivo por el cual procede la libertad del procesado según el artículo 317-4-5 de la Ley 906 de 2004, ya que éste ha estado privado de la libertad desde el 11 de junio de 2008.
Denuncia, además, que se ha quebrantado el derecho al debido proceso, toda vez que el Tribunal de Barranquilla “estaba obligado a resolver la petición de libertad formulada por el abogado… ya que todos los términos legales que darían sustento a una detención preventiva durante la fase instructiva se hallan de sobra vencidos”, al tiempo que recrimina que la audiencia para sustentar el recurso de apelación elevado por la defensa del procesado, en contra de la decisión del 15 de abril de 2009, a través de la cual el juez 16 Penal Municipal de Barranquilla con Función de Garantías negó en primera instancia su libertad provisional, hubiera sido fijada para el 5 de agosto del año en curso.
DECISIÓN DEL TRIBUNAL
Tras agotar el trámite correspondiente, el Tribunal Superior de Barranquilla, en providencia del 19 de junio de 2009, declaró improcedente la acción de hábeas corpus, tras encontrar que la pretensión del accionante está llamada a ser resuelta por el Juez Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento. Dicho funcionario, expresó el Tribunal, tiene a su cargo el trámite del recurso de apelación formulado contra la negativa del juez de primera instancia que negó la libertad provisional por vencimiento de términos, recurso que se halla sustentado con los mismos argumentos con los cuales ahora el accionante pretende la libertad del procesado, a través del mecanismo del hábeas corpus.
LA IMPUGNACIÓN
El defensor del acusado JORGE HUGO VALENCIA SUÁREZ, en escrito a través del cual sustenta el recurso de apelación interpuesto contra la decisión del Tribunal de Barranquilla (fl. 66-71), tras resumir la actuación procesal surtida, insiste, con apoyo en el artículo 317-4 de la Ley 906 de 2004, en que el fiscal tiene un término de 60 días para formular la acusación o solicitar la preclusión y que, de no hacerlo, procede la libertad del imputado. Indica, además, que el numeral 5 de la misma norma establece la misma consecuencia cuando, transcurridos 90 días desde la presentación del escrito de acusación, no se ha llevado a cabo la audiencia del juicio oral.
Explica que, en este caso, procede la libertad del procesado, en la medida en que desde la captura del hoy imputado el 11 de junio de 2008, hasta el 29 de abril de 2009, fecha para la cual se fijó la celebración de la audiencia de formulación de acusación, transcurrieron más de 10 meses desde la formulación de imputación.
Con fundamento en lo anterior, el apoderado precisa lo siguiente: “si, como en el caso sub exánime está demostrado que el juez de la causa no ha resuelto la petición de libertad que todavía está pendiente, o al resolverla se apartara de los principios constitucionales que rigen el derecho a la libertad provisional, en estos casos se puede invocar la intervención del juez de tutela” (sic), lo cual refuerza afirmando que al juez le corresponde evitar que la privación de la libertad se prolongue más allá de lo razonable y, al mismo tiempo, que no le está dado “disponer la libertad del sindicado hasta que se cumpla el tiempo que dura la pena”.
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
1. En primer lugar, cabe precisar que el suscrito Magistrado es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación interpuesta contra la providencia del 19 de junio de 2008, mediante la cual un Magistrado del Tribunal Superior de Barranquilla negó la solicitud de hábeas corpus presentada por el defensor del procesado JORGE HUGO VALENCIA SUÁREZ, según lo dispone el numeral 2° del artículo 7° de la Ley 1095 del 2 de noviembre de 2006.
2. De otra parte, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte, el artículo 30 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental de hábeas corpus, acción reconocida en varios instrumentos internacionales, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.
Así, entonces, el hábeas corpus, según el artículo 27.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 4° de la Ley 137 de 1994 (Estatutaria sobre Estados de Excepción), es un derecho intangible y de aplicación inmediata consagrado en la Constitución Política, y reconocido como tal en los tratados internacionales que forman parte del denominado bloque de constitucionalidad.
En síntesis, se trata de la garantía más importante para la protección del derecho a la libertad, consagrado en el artículo 28 de la Cata Política, el cual reconoce en forma expresa que toda persona es libre, que nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.
Ahora bien, el derecho a la libertad, pese a su indiscutible consagración constitucional, no es un derecho absoluto, según se desprende de lo previsto en el citado artículo 28 de la Constitución, pues aún cuando es cierto que el hábeas corpus es el medio por excelencia para su protección, también lo es que su aplicación está sujeta al debido proceso, también constitucionalmente consagrado y desarrollado en la ley.
3. Teniendo en cuenta las anteriores precisiones, cabe también recordar que el hábeas corpus, como lo establece la Constitución Política y lo desarrolla la Ley 1095 de 2006, es un derecho constitucional fundamental que tutela la libertad personal en los siguientes casos concretos:
3.1. Cuando la aprehensión de una persona se lleva a cabo por fuera de las formas constitucional y legalmente previstas para ello, como sucede con la orden judicial previa (artículos 28 de la Constitución Política, 2° y 297 de la Ley 906 de 2004), la flagrancia (artículos 345 de la Ley 600 de 2000 y 301 de la Ley 906 de 2004), la captura públicamente requerida (artículo 348 de la Ley 600 de 2000), la captura excepcional (artículo 21 de la Ley 1142 de 2007) y la captura administrativa (sentencia C-24 del 27 de enero de 1994), esta última con fundamento directo en el artículo 28 de la Carta y, por ello, de no necesaria consagración legal, tal como sucedió -y ocurre- en vigencia de la Ley 600 de 2000.
3.2. Cuando, obtenida legalmente la captura, la privación de la libertad se prolonga más allá de los términos previstos en la Constitución y en la ley. En tal supuesto, la acción de hábeas corpus tiene por objeto que el servidor público: a) lleve a cabo la actividad a que está obligado (por ejemplo: escuchar en indagatoria, dejar a disposición judicial el capturado, hacer efectiva la libertad ordenada, etc.) o bien, b) adopte la decisión correspondiente al caso (definir su situación jurídica dentro del término legal, ordenar la libertad frente a la captura ilegal, entre otras hipótesis posibles).
4. De otra parte, debe reiterar que dirigida la acción constitucional a proteger a la persona de la privación ilegal de la libertad o de su indebida prolongación, es claro que al juez constitucional, en el examen puesto a su consideración, le está vedado incursionar en terrenos extraños a este específico tema, so pena de invadir órbitas que son propias de la competencia del juez natural al que la ley le ha asignado su conocimiento, pues de lo contrario desbordaría la naturaleza de su función constitucional destinada a la protección de los derechos fundamentales.
En otros términos, como de manera reiterada lo ha indicado la jurisprudencia de la Corte, la procedencia de esta acción se encuentra supeditada a que el afectado con la privación ilegal de la libertad, o con su ilícita prolongación, haya acudido primero a los medios previstos en el ordenamiento legal dentro del proceso que se le adelanta, pues, se reitera, lo contrario conllevaría a una injerencia indebida sobre las facultades que son propias del juez que conoce de la causa.
Al respecto la Corte ha dicho:
“Evidentemente la acción de hábeas corpus fue concebida como una garantía esencial cuyo ejercicio de carácter informal, en principio demanda el estudio de cualquier situación de hecho que indique la privación de la libertad sin la existencia de una orden legalmente expedida por la autoridad competente, pero de manera alguna implica su uso indiscriminado, esto es, la pretermisión de las instancias y los mecanismos judiciales ordinarios, pues ella se encuentra instituida como la última garantía fundamental con la que cuenta el perjudicado para restablecer el derecho que le ha sido conculcado.
“Sobre el particular, la jurisprudencia de la Sala ha sido consistente en determinar que la procedencia excepcional de la acción de hábeas corpus debe responder al principio de subsidiaridad, pues roto éste por acudir primariamente a dicha acción desechando los medios ordinarios a través de los cuales es posible reclamar la libertad con fundamento en alguna de las causales contempladas en la ley, aquella resulta inviable”. 1
Sobre el mismo tema, la jurisprudencia de la Sala precisó:
“El núcleo del hábeas corpus responde a la necesidad de proteger el derecho a la libertad. Pero cuando la misma ha sido afectada por definición de quien tiene la facultad para hacerlo y ante él se dan, por el legislador diferentes medios de reacción que conjuren el desacierto, nadie duda que el hábeas corpus está por fuera de este ámbito, y pretender aplicarlo es invadir órbitas funcionales ajenas. Su inmediatez, su perentoriedad, su efecto indiscriminado, al punto que no hay fuero o especialidad de competencia en el cual no incida, no impone ni auspicia el que se le haga actuar en donde no es el radio de su intervención”.2
Del mismo modo, respecto del aludido asunto la Corte volvió a pronunciarse así:
“Cuando la libertad personal, que se considera violada, ha sido afectada en virtud de una decisión judicial dentro de un proceso penal, conforme a criterio de esta Sala, el cual igualmente fue indicado por la Corte Constitucional en sentencia C-301 de 1993, la acción de Hábeas Corpus se torna improcedente, ateniendo que es el mismo proceso penal el que provee de mecanismos a las partes para restablecer este derecho, entre los que se menciona el control de legalidad, si se trata del procedimiento previsto en la ley 600 de 2000, la interposición de recursos contra la decisión que impone la privación de la libertad o su limitante, e igualmente, cuando de vulneración al debido proceso se trata, la solicitud de nulidad que se invoca ante el funcionario judicial que adelanta el proceso, en los términos previstos en el artículo 306 y siguientes de la ley aludida, a menos que se incurra en una vía de hecho” (la Sala subraya en esta oportunidad)3.
“(iii) No es viable confundir la naturaleza jurídica de la petición de libertad provisional con el ejercicio de la acción de hábeas corpus, pero lo cierto es que, precisamente dentro de la comprensión del derecho fundamental al debido proceso, argumentos jurídicos y de razón práctica permiten colegir que antes de acudir a los mecanismos constitucionales o legales de protección de los derechos, su reclamación debe efectuarse, siempre que ello sea posible, al interior de las actuaciones ordinarias, todo lo cual dota al proceso penal de unos mínimos de coherencia, reconoce su progresividad y a la vez, proscribe la posibilidad de eventuales decisiones contradictorias de la jurisdicción sobre una misma temática4.
3. Teniendo en cuenta los derroteros anteriores, y acorde con la información allegada a este diligenciamiento, no cabe duda que la providencia impugnada y a través de la cual el Tribunal Superior de Barranquilla negó la solicitud de hábeas corpus que elevó el procesado VALENCIA SUÁREZ, se ajusta a derecho.
En efecto, el asunto que el accionante pide a la Corte resolver se contrae a verificar si desde la fecha de la captura del procesado hasta hoy -tras haber mediado un allanamiento del imputado a los cargos formulados por la fiscalía, y su declaración de ilegalidad- se dan los presupuestos de las causales de libertad provisional que describen los numerales 4 y 5 del artículo 317 de la Ley 906 de 2004.
Y es precisamente ese asunto el mismo sobre el cual –a petición del defensor de VALENCIA SUÁREZ- se pronunció el Juez 16 Penal Municipal de Barranquilla con Funciones de Control de Garantías en decisión del 15 de abril de 2009, adversa a los intereses del imputado. Dicha determinación, a la fecha de hoy, se encuentra surtiendo el trámite propio del recurso de apelación interpuesto por el defensor, ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento.
En conclusión, el accionante pretende que la Corte Suprema de Justicia suplante, a través del mecanismo del hábeas corpus, las funciones del juez de instancia. Para ello, sostiene que es procedente la libertad provisional según los numerales 4 y 5 del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, razonamiento con el cual olvida que el objeto del recurso que él mismo elevó está encaminado a que sea el funcionario judicial de segundo grado el que determine si ello es así.
Es así que el recurrente incurre en una ‘petición de principio’, pues la solicitud de hábeas corpus que impetra a favor de su asistido se funda en dar por cierto aquello que es objeto del recurso ordinario -que aún no se surte-, como también en presumir –sin fundamento alguno- que el funcionario judicial encargado de resolverlo decidirá por fuera de los lineamientos legales.
Por lo tanto, la decisión sobre la ilicitud de la privación de la libertad no la puede imponer la Corte, ya que es para ese propósito que están operando los mecanismos ordinarios de controversia e impugnación de las decisiones judiciales.
Ahora bien, el accionante adujo, al elevar la petición de hábeas corpus, que en el trámite de esta actuación se violó el debido proceso del imputado JORGE HUGO VALENCIA SUÁREZ “en razón de que dicho ente (el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento) estaba obligado a resolver la petición de libertad formulada por el abogado precedente”. No obstante, dicha afirmación desconoce por completo la realidad procesal pues, como el mismo accionante lo demuestra, el recurso se encuentra en trámite ante el funcionario de segunda instancia y éste no se ha negado a resolverlo, pues, como era su deber, fijó fecha para la audiencia respectiva.
Por último, si el reproche que formula el defensor se entendiese como un reparo por haber fijado el funcionario judicial de instancia la audiencia para sustentar el recurso de apelación para el 5 de agosto próximo, ello también sería un asunto llamado a ser resuelto dentro del proceso y, en todo caso, si hasta ahora no existe pronunciamiento sobre la ilegalidad de la privación de la libertad de VALENCIA SUÁREZ, naturalmente, por sustracción de materia, tampoco puede pregonarse una prolongación ilícita de la libertad.
4. En consecuencia, como el reclamo realizado por el defensor del procesado JORGE HUGO VALENCIA SUÁREZ se encamina a discutir un asunto que está llamado a ser resuelto por el juez del proceso, a través de los mecanismos ordinarios que éste brinda para ello, el Magistrado del Tribunal Superior de Barranquilla, Jorge Eliécer Mola Capera, en su providencia del 19 de junio de 2009, obró acertadamente al negar la acción pública de hábeas corpus, razón por la cual la Sala la confirmará integralmente.
En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
R E S U E L V E
CONFIRMAR la decisión del 19 de junio de 2009, a través de la cual un Magistrado del Tribunal Superior de Barranquilla negó el amparo de hábeas corpus presentado por el defensor del acusado JORGE HUGO VALENCIA SUÁREZ.
Contra esta decisión no procede ningún recurso.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.
JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS
Magistrado
TERESA RUIZ NÚÑEZ
Secretaria
1 Radicación 28747, sentencia del 15 de noviembre de 2007
2 Radicación 14153, sentencia del 27 de septiembre de 2000. Ver también rad. 27577, auto del 29 de mayo de 2007; rad. 28065, auto del 8 de agosto de 2007; rad. 28142, auto del 15 de agosto de 2007; rad. 28228, auto de 29 de agosto de 2007, entre otros.
3 Rad. 28598, auto del 23 de octubre de 2007.
4 Rad. 28993. sentencia del 19 de diciembre de 2007.