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Proceso No 32020
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO
Aprobado acta No. 287
Bogotá D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil nueve (2009)
VISTOS
Se pronuncia la Sala sobre la prescripción de la acción penal en el presente asunto, que llegó para que se resuelva sobre la admisibilidad del recurso extraordinario de casación interpuesto por i) el defensor contractual del procesado EIMER LASSO SANTACRUZ, ii) por el representante legal del tercero civilmente responsable, Empresa de Transportes Villanueva, y iii) por el representante legal del tercero civilmente responsable, Luis Ernesto Rincón Lara, contra la sentencia del catorce (14) de octubre de dos mil ocho (2008) proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, mediante la cual confirmó el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Dieciocho Penal del Circuito de la misma ciudad, el 11 de julio del mismo año.
EIMER LASSO SANTACRUZ fue sentenciado por el delito de homicidio culposo, en concurso homogéneo, previsto en el artículo 329 del Decreto 100 de 1980, a la pena principal de treinta y cuatro (34) meses de prisión, interdicción de derechos y de funciones públicas por igual término, multa de mil quinientos ($1500) pesos y le concedió el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.
El Juzgado condenó de manera solidaria al procesado LASSO SANTACRUZ y a los terceros civilmente responsables (Empresa de Transportes Villanueva Belén y Luis Ernesto Rincón Lara, dueño del bus), a pagar –de forma indexada- los perjuicios materiales, que discriminó así:
“a) A favor de Betty Ico Guaca, por el fallecimiento de su compañero… y por la muerte de su hija…, la suma de $67 384 647.
a. Para los hijos del occiso, así: La joven Leyde Patricia Aldana Ico, hija, la suma de $10 361 524.
b. A favor de Eric Aldana Ico, Hijo, la cantidad de $12 904 581, y
c. A favor de Esneyder Aldana Ico, la suma de $14 064 409”.
Por concepto de perjuicios morales sentenció tanto al procesado como a los terceros civilmente responsables, al pago solidario de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor de Betty Ico Guaca, Leyde Patricia Aldana Ico, Eric Aldana Ico y de Sneyder Aldana Ico, esposa e hijos del fallecido.
El Juzgado precisó que la indemnización se hará efectiva con la póliza de seguro judicial N°. 044500238 emitida por la Compañía de Seguros del Estado S.A. (Páginas 24 – 26 del fallo de primera instancia).
HECHOS
El 2 de marzo de 2001, aproximadamente, a las 18:00 horas en la intersección de la Carrera 29 con Calle 55, barrio Mojica, Distrito de Agua Blanca del municipio de Cali, colisionaron el bus de placas VJF 574 conducido por EIMER LASSO SANTACRUZ con la motocicleta de placas SAV 43. En el accidente perdieron la vida el conductor de la moto, Erit Aldana Castro y su hija Gilma Dulfary Aldana Ico y resultaron lesionados los menores Eric y su hermano Sneider Aldana Ico.
ACTUACIÓN PROCESAL
Mediante resolución del 8 de abril de 2002, la Fiscalía admitió la demanda de constitución de parte civil instaurada por Betty Ico Guaca, en representación de las víctimas, y vinculó como terceros civilmente responsables a Luis Ernesto Rincón Lara, propietario del vehículo (bus de placas VJF 574) comprometido en el accidente y a la señora Martha Cecilia Biancha Soto, en su condición de representante legal de la empresa de transporte “Villanueva Belén” Ltda.., a la que estaba afiliado el bus comprometido en los hechos. (Folios 19 – 21 del cuaderno de parte civil).
La Fiscalía Seccional de Cali profirió resolución de acusación el 29 de agosto de 2003, por el concurso homogéneo de dos delitos de homicidio culposo (Artículo 329 del Decreto 100 de 1980) y por concurso heterogéneo con el delito de lesiones personales culposas de las que fueron víctimas dos menores (Art. 340, conc. Artículos 333 y 334 ib.) (folios 176 – 182 / 1); la acusación fue confirmada el 18 de noviembre de 2003 por la Delegada ante el Tribunal Superior de Cali (Folios 213 – 224 – 1).
El Juzgado Dieciocho Penal del Circuito de Cali profirió sentencia condenatoria el 11 de julio de 2008, solamente por el concurso homogéneo de homicidio culposo, fundamentada en que el resultado se produjo por infracción al deber de cuidado del conductor del bus, que creó de manera injustificada la situación de riesgo al transitar en contra flujo1. (Folios 518 – 552 / 2).
La sentencia fue apelada por el representante de la parte civil (Empresa de Transportes Villanueva Belén Ltda. Folios 564 – 587 – 2) y por el defensor técnico del sentenciado (folios 589 – 603 / 2).
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali confirmó la decisión el 14 de octubre de 2008 (Folios 625 – 642 / 3).
El defensor del procesado y los representantes de los terceros civilmente responsables interpusieron el recurso extraordinario de casación, que fue concedido por auto del 3 de diciembre de 2008 (folio 672 / 3); las demandas se presentaron así:
El defensor contractual del procesado EIMER LASSO SANTACRUZ, (Folios 678 – 734 / 3); el representante legal de la empresa de Transportes Villanueva, vinculada en condición de tercero civilmente responsable (Folios 735 – 793 / 3) y el representante legal de Luis Ernesto Rincón Lara, también vinculado como tercero civilmente responsable (Folios 795 – 851 / 3).
El proceso correspondió al Despacho por reparto del 11 de junio de 2009.
CONSIDERACIONES
1. En relación con el procesado:
La Sala declarará prescrita la acción penal derivada de la comisión del ilícito por haber operado dicho fenómeno extintivo de la potestad punitiva del Estado, de acuerdo con las previsiones contenidas en los artículos 83 y 86 del Código Penal (Ley 599 de 2000). En efecto:
La pena de prisión prevista para el delito de homicidio culposo en el artículo 329 del Decreto 100 de 1980 era de dos (2) a seis (6) años (ibídem, artículo 109 de la ley 599 de 2000), por suerte que una vez ejecutoriado el pliego de cargos en virtud de la resolución de acusación de segunda instancia proferida por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal de Cali el 18 de noviembre de 2003, se interrumpió el término prescriptivo de la acción penal y comenzó a contabilizarse un nuevo término de cinco años que venció el pasado 17 de noviembre de 2008, fecha en que el Estado perdió la potestad de adelantar el juzgamiento contra el señor LASSO SANTACRUZ de conformidad con los artículos 80 y 84 del Decreto 100 de 1980 (ib. 83 inc. 1°, y 86 inc. 2° de la Ley 599 de 2000).
El cómputo de los términos de prescripción se hace de conformidad con la manera establecida en el artículo 86 del Código Penal (Ley 599 de 2000):
“Interrupción y suspensión del término prescriptivo de la acción. La prescripción de la acción penal se interrumpe con la resolución acusatoria o su equivalente, debidamente ejecutoriada.
Producida la interrupción del término prescriptivo, éste comenzará de nuevo por tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 83. En este evento el término no podrá ser inferior a cinco (5) años, ni superior a diez (10) años”. (Se destaca).
El tipo de homicidio culposo por el que fuera sentenciado el señor LASSO SANTACRUZ tenía prevista una pena de dos (2) a seis (6) años, de manera que el término de prescripción de la acción penal para el delito de homicidio culposo es de cinco (5) años, que se vencieron el 17 de noviembre de 2008 cuando la actuación aún se encontraba en el Tribunal de Cali en proceso de notificaciones de la sentencia.
Por tal motivo, ninguna actuación diversa a la declaratoria de la extinción de la acción penal resulta viable en el presente asunto, y la única actuación que -en su caso- debe adoptar el Juez (de primera o de segunda instancia, aún el de casación), es declarar la extinción de la acción penal y civil (pero esta última sólo en relación con el procesado), porque de conformidad con el artículo 39 del Código de Procedimiento Penal (L. 600) aquella no puede proseguirse2. (En el mismo sentido, artículos 77 y 78 de la Ley 906 de 2004).
La acción civil en contra del procesado también prescribe “en tiempo igual al de la respectiva acción penal”, de conformidad con el artículo 108 del Decreto 100 de 1980 (conc. Art. 98 de la Ley 599 de 2000), aplicables (una u otra) por su igual significado.
2. En relación con los terceros civilmente responsables:
La prescripción de la acción civil respecto del tercero civilmente responsable no sigue la misma suerte del proceso penal; se rige por las reglas del derecho civil3:
Las personas vinculadas como terceros civilmente responsables en este proceso penal (Luis Ernesto Rincón Lara, propietario del vehículo accidentado y Martha Cecilia Biancha Soto, en condición de representante legal de la empresa de transporte “Villanueva Belén” Ltda.) no pueden ser obligadas a pagar los perjuicios determinados en las instancias ordinarias, porque la sentencia no alcanzó firmeza al haber operado la prescripción de la acción penal.
Por manera que la Sala NO declarará la prescripción de la acción civil respecto de los terceros civilmente responsables porque en esta especifica materia rigen las normas de derecho civil, como lo viene afirmando de modo pacífico la jurisprudencia de la Sala:
“…la prescripción de la acción civil contra el tercero civilmente responsable se rige exclusivamente por los preceptos de esa legislación, de acuerdo con el mandato contenido en el artículo 98 de la Ley 599 de 2000, del siguiente tenor:
“Prescripción. La acción civil proveniente de la conducta punible, cuando se ejercita dentro del proceso penal, prescribe, en relación con los penalmente responsables, en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal. En los demás casos, se aplicarán las normas pertinentes de la legislación civil”.
Los “demás casos” a los que se refiere la norma, sólo pueden ser las acciones civiles intentadas contra los terceros civilmente responsables, pues como se dijo al inicio de estas consideraciones, de acuerdo con los artículos 96 del Código Penal (Ley 599 de 2000) y 46 del Código de Procedimiento Penal que rige el caso (Ley 600 de 2000), dos grupos de personas pueden ser vinculadas al proceso penal para que respondan civil y patrimonialmente por los daños y perjuicios causados con el delito, a saber: i) los penalmente responsables en forma solidaria y ii) los que de acuerdo con la ley sustancial están obligados solidariamente a reparar el daño, por lo que establecido que la prescripción de la acción civil contra los primeros, opera en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal, es en relación con los segundos que debe acudirse a “las normas pertinentes de la legislación civil”4.
En consecuencia, la Sala declarará prescrita la acción penal y la acción civil en relación con el procesado EIMER LASSO SANTACRUZ y cesará el procedimiento a su favor.
El Juez de primer grado devolverá las cauciones que se hubieren prestado, tanto por el procesado como por el tercero civilmente responsable y cancelará todos los requerimientos y pendientes que el acusado tenga en razón de este proceso.
3. Expedición de copias en materia disciplinaria
Como se observa que desde el 15 de diciembre de 2003, cuando el Juez Dieciocho Penal del Circuito de Cali avocó el conocimiento del juicio (Fl. 227 / 1) y la fecha en que profirió la sentencia de primer grado el 11 de julio de 2008 (folios 518 – 552 / 2), transcurrieron cuatro (4) años, seis (6) meses y veintiséis (26) días que de manera inocultable incidieron en la prescripción de la acción penal y civil en contra del procesado, que ahora se declara, la Secretaría de la Sala de Casación Penal expedirá copia de esta decisión con destino a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca5, con la finalidad de que el funcionario(a) rinda en esa instancia las explicaciones que el caso exige.
4. No desconoce la Sala, finalmente, que en las demandas de casación se afirma de manera uniforme que la prescripción de la acción penal … “es un aspecto meramente formal, y la defensa considera que debe haber un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia ante el recurso extraordinario de casación, ya que existen unos derechos fundamentales como la dignidad humana y el buen nombre que fueron transgredidos por las instancias, lo que hace oportuno un pronunciamiento de la Corte de conformidad con el artículo 228 de la Carta Política…”. (Se destaca).
Sin embargo, a tenor de los artículos 86 del Decreto 100 de 1980; 85 de la Ley 599 de 2000; 42 del Decreto 2700 de 1991 y 44 de la Ley 600 de 2000, la manifestación de la renuncia a la prescripción de la acción penal es una potestad que la ley concede a la iniciativa del procesado y no (de modo exclusivo) al defensor6, y tampoco a los terceros civilmente responsables; la manifestación en tal sentido se debe hacer de manera expresa e inequívoca.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal,
RESUELVE
1. DECLARAR prescritas las acciones penal y civil en relación con el ciudadano EIMER LASSO SANTACRUZ, procesado por homicidio culposo, en concurso homogéneo, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
2. DECRETAR cesación del procedimiento con ocasión del mismo delito a favor de EIMER LASSO SANTACRUZ.
3. El Juzgado de primera instancia devolverá las cauciones que se hubieren prestado, tanto por el incriminado como por los terceros civilmente responsables y cancelará los requerimientos y pendientes que el acusado tenga por razón de este proceso.
4. La Secretaría de la Sala de Casación Penal remitirá copias de la decisión al Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca.
5. Contra este auto procede el recurso de reposición, en los términos del artículo 189 del Código de Procedimiento Penal, Ley 600 de 2000.
Cópiese, notifíquese, devuélvase al Tribunal de origen y cúmplase
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS
AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS
YESID RAMÍREZ BASTIDAS JAVIER DE JESÚS ZAPATA ORTIZ
Teresa Ruiz Núñez
Secretaria
1En relación con las lesiones personales a los menores Sneider Aldana Ico y su hermano Eric Aldana, el Juzgado se abstuvo de proferir sentencia porque… “no se determinó de manera definitiva la materialidad de las lesiones, no se cuenta con la calificación de las secuelas o de las incapacidades, producto del accidente…”. (Cfr. páginas 22 y 23 de la sentencia).
2En el mismo sentido, auto del 6 de agosto de 2007, Rad. Núm. 28064.
3Artículo 90 del C. de P.C., Conc. ARTICULO 2536 del C.C. PRESCRIPCION DE LA ACCION EJECUTIVA Y ORDINARIA. (Artículo modificado por el artículo 8 de la Ley 791 de 2002): La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10).
La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y convertida en ordinaria durará solamente otros cinco (5).
Una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse nuevamente el respectivo término.
4Cfr. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de casación penal, Auto del 31 de marzo de 2008, rad. núm. 29168; Sentencia del 23 de agosto de 2005, rad. núm. 23718; auto del 20 de febrero de 2008, rad. núm. 29235; Autos del 12 de agosto de 2008 y 2 de diciembre de 2008, rad. núm. 29906, entre otras.
5Conc. Artículo 114 – 2 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia).
6El profesional que funge como defensor del procesado accedió al cargo en virtud de la sustitución del poder que le hiciera la apoderada del acusado (Cfr. folio 479 / 2)