28861(20-02-08)

2008

Asistente Jurídico Inteligente

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    Proceso No 28861  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

             SALA    DE  CASACIÓN PENAL   

Magistrado     Ponente:   

                                              YESID RAMÍREZ BASTIDAS   

                                          Aprobado Acta N°033   

Bogotá, D. C., febrero veinte (20) de dos mil  ocho (2008).   

VISTOS:  

Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad  de  la demanda de revisión presentada por la apoderada especial del sentenciado  LEONEL  CRISTANCHO  ÁLVAREZ  contra  la sentencia dictada el 19 de diciembre de 2003 por el Tribunal Superior  de  Tunja,  mediante la cual lo condenó a la pena privativa de la libertad de 6  años  y  un  día  de  prisión,  por el delito de peculado por apropiación en  favor de terceros.    

HECHOS:  

Se   toman  de  la  sentencia  de  primer  grado:   

“Se  adelantó la presente investigación  con  relación  a  la  celebración de los contratos de suministro No.98089 cuyo  objeto  fue  la compra de 10 válvulas de compuerta, de disco rotatorio de 12”  de   operación  manual  completa  made  in  USA  y  cinco  válvulas  difusoras  alimentadoras  de  12 pulgadas de entrada y 6 de salida completa made in USA con  destino  al  sistema de cenizas de la unidad II, y el contrato No.98100, para la  adquisición  de  10 válvulas de compuerta de disco rotatorio de 12 pulgadas de  operación  manual completa, made in USA y válvulas de alimentadores de cenizas  de  12  pulgadas  entrada y 6 salida completa made in USA con destino al sistema  de  cenizas  de la unidad III, suscritos entre la Empresa de Energía de Boyacá  y  KCA  INGENIEROS  LIMITADA;  en  donde  el vendedor se comprometió a entregar  válvulas  de  fabricación  norteamericana  con  los documentos referentes a la  prueba  de  importación  y  fabricación, cosa que no sucedió, y además estos  elementos   fueron   recibidos  a  satisfacción  sin  haber  sido  revisada  su  autenticidad   ni   su  originalidad  por  parte  del  interventor,  probándose  posteriormente  que  varias  piezas  que  las  conformaban  eran de fabricación  colombiana,  incumpliendo en esta forma con las especificaciones y objeto de los  contratos en mención”.   

                                                      

ACTUACION PROCESAL:  

1.          La Fiscalía inició investigación por  estos  hechos  y  vinculó al proceso, entre otros, a LEONEL CRISTANCHO ALVAREZ,  Jefe  de  Servicios  Técnicos  de  Termopaipa,  quien  en   condición  de  interventor  recibió de la  firma  KCA  INGENIEROS  LIMITADA  los  elementos adquiridos, certificando que se  recibían  a  satisfacción,  no obstante no corresponder a las especificaciones  pactadas:  «Luego  de efectuar revisión de cantidades, especificaciones, plazo  de  entrega,  se  recibe  a  satisfacción…».  Y  al calificar el mérito del  sumario,  lo  acusó como autor del delito de peculado por apropiación en favor  de terceros.   

2.  Rituado  el  juicio,  el Juzgado Quinto  Penal  del  Circuito absolvió al procesado por atipicidad de la conducta, sobre  el  supuesto  de  que  se estaba frente al simple incumplimiento de un contrato.  Apelada  esta  decisión  por  el  Fiscal  del  proceso,  la  parte  civil  y el  Ministerio  Público,  el  Tribunal  Superior  de Tunja, mediante fallo de 19 de  diciembre  de  2003,  la  revocó, para en su lugar condenar al procesado por el  delito imputado en el pliego de cargos.     

LA  DEMANDA:  

Se  fundamenta  en  la  causal  tercera  del  artículo  192 de la ley 906 de 2004, que autoriza la revisión del fallo cuando  después  de  la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas  nuevas  no  conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del  condenado o su inimputabilidad.   

En   apoyo   de   esta   pretensión   se  alega:   

a) Que dentro del proceso por responsabilidad  fiscal  adelantado por la Contraloría General de la República, se realizó una  experticia   técnica   por   peritos  de  la  Universidad  Nacional,  sobre  la  funcionalidad,  calidad  y material de las válvulas, donde se concluyó que las  suministradas   por   la   empresa   contratista   presentaban  características  equivalentes.   

b)  Que  con  fundamento en esta pericia, la  Contraloría,  mediante  fallo 019 de 11 de febrero de 2005, revocó el fallo de  responsabilidad  fiscal  No.014  de octubre 2 de 2002, proferido por el Grupo de  Investigaciones  y  juicios  Fiscales  de  la Gerencia Departamental de Boyacá,  junto   con   el   auto  que  lo  confirmó,  y  que  en  su  lugar  falló  sin  responsabilidad fiscal a favor de LEONEL CRISTANCHO ALVAREZ.   

c)  Que en un proceso penal que se adelantó  por  hechos  similares a los aquí investigados (suministro de válvulas), donde  se  aportó  como  prueba  trasladada  la  referida  pericia  de  la Universidad  Nacional,  el  Tribunal,  en  decisión  de  segunda instancia de 12 de abril de  2007,  absolvió  a  LEONEL  CRISTANCHO ALVAREZ, tras concluir que las válvulas  suministradas  eran  equivalentes  a las contratadas, y que en tales condiciones  debía  predicarse  ausencia  de  antijuridicidad  material  de la conducta, por  falta de daño.   

Sostiene  que  el  fallo  de la Contraloría  Delegada  para  Investigaciones de Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, de  11  de  febrero  de  2005,  y la pericia de la Universidad Nacional, de enero de  2002,  constituyen  pruebas  nuevas  no  conocidas al tiempo de los debates, que  demuestran la inocencia del procesado.   

CONSIDERACIONES DE LA CORTE:  

Competencia   y  procedimiento  aplicable.   

La  Corte  es competente para conocer de la  presente  acción  de  revisión, de conformidad con lo previsto en el artículo  75.2 de la ley 600 de 2000.   

Las normatividad aplicable al caso es la ley  600  de  2000,  en razón de la fecha en que ocurrieron los hechos, y no la  ley          906          de          2004.1   

La  demandante,  por  tanto,  no  ha debido  plantear  como  causal  de  revisión  la  prevista  en  el  numeral tercero del  artículo  906  de 2004, sino la contemplada en el numeral tercero del artículo  220  de  la  ley  600  de  2000,  que  resulta estructuralmente idéntica.    

Estudio de la demanda.  

Cuando  se plantea como motivo de revisión  la  causal  tercera  del  artículo  220  de  la  ley  600  de 2000 (tercera del  artículo  192  de  la  ley  906  de  2004),  es  imperioso  para  el demandante  demostrar,  (i)  que se está ante un hecho nuevo o una prueba nueva no conocida  al  tiempo de los debates, y (ii) que el hecho nuevo o la prueba nueva tienen la  virtualidad   de   modificar   la   verdad   que   sustenta   la   decisión  de  condena.   

Por   prueba  nueva  ha  sido entendido todo instrumento o mecanismo  probatorio  que  por  cualquier  causa  no  se  incorporó  al  proceso.  Y  por  hecho  nuevo toda situación  fáctica  no  conocida  en  las  instancias,  o  toda variante sustancial de una  situación  fáctica conocida, que tenga la virtualidad de desvirtuar o dejar en  entredicho la verdad declarada en el fallo.   

En  el  caso sometido a consideración de la  Sala,  el  actor  aduce como prueba nuevas, (i) la decisión de 11 de febrero de  2005,  mediante  la  cual La Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios  Fiscales  y Jurisdicción Coactiva, falló “sin responsabilidad Fiscal a favor  del  señor  LEONEL  CRISTANCHO  ALVAREZ”,  (ii)   la pericia rendida por  Ingenieros  de  la  Universidad  Nacional,  donde  concluyen  que  las válvulas  recibidas  son equivalentes a las requeridas en el contrato,  “excepto en  el  anillo de cierre de la descarga de ceniza, el cual tiene una duración menor  (se  desgata  más  rápido)  que  el  original  UCC”,  y  (iii)  la sentencia  absolutoria de 12 de abril de 2007.   

Estos  elementos  de  juicio  no  hicieron  ciertamente  parte de proceso cuya revisión se solicita, según puede inferirse  del  contenido  de  las sentencias. Pero la mera aducción de un elemento nuevo,  no  es  suficiente para lograr la apertura a trámite revisional. Adicionalmente  a  ello  es  necesario  que  su  contenido  revele hechos o situaciones también  nuevas,  que  tengan  la  virtualidad  de  modificar  la  verdad declarada en la  sentencia,  haciendo  que  no puede jurídicamente mantenerse. Y esta condición  no se cumple en el caso analizado.   

Los  hechos  que sirvieron de sustento a la  sentencia  objeto  de  cuestionamiento, se hicieron consistir en que la firma KG  INGENIEROS  LIMITADA,  con  la  interventoría  de  LEONEL  CRISTANCHO  ALVAREZ,  entregó  a  la  empresa de energía de Boyacá un objeto distinto del contrato,  puesto  que las partes pactaron válvulas fabricadas por la compañía americana  UNITED  CONVEYOR  CORPORATION UCC, y las entregadas no provenían de esta firma,  sino  de USA CHICAGO METALURGY, complementadas en parte por elementos producidos  en  Colombia  por  ESMAG  LIMITADA,  y  que  algunas de las piezas eran de menor  calidad.   

Esta  verdad  fáctica  no es desvirtuada ni  puesta  en  entredicho  por  la  pericia  realizada  por  los  Ingenieros  de la  Universidad  Nacional,  que  se  aduce  como prueba nueva. Todo lo contrario, en  ella   se  reafirma  que  los  elementos  entregados  no  correspondían  a  los  contratados,  y  que  algunas  piezas eran de menor calidad (menor duración). Y  aunque  también  concluye  que las piezas entregadas cumplían, en general, las  condiciones  de calidad y funcionalidad exigidas, esto no prueba la inexistencia  de   daño,   ni   descarta  la  responsabilidad  penal  del  procesado  en  los  hechos.    

Es   más,   este   aspecto   (que    las   válvulas   tenían   en   general   características  equivalentes   a   las  contratadas)  fue  considerado  intrascendente  por el Tribunal, al momento de preferir la sentencia de condena:   

“Lo  cierto  es  que VELOZA GARCIA, en su  condición  de  Gerente  y  representante  legal  de  KCA  INGENIEROS  LIMITADA,  incumplió  dolosamente  los  dos contratos suscritos con le empresa de Energía  de  Boyacá  entregando  un  objeto  diferente  al  pactado  y  que  la  empresa  compradora  no  está  obligada  a  aceptar,  como  equivocadamente  lo alegan y  pretenden  los sindicados y sus defensores. Esta es la  razón  por  la  cual  la  Sala no entra a ocuparse de los elementos probatorios  allegados  con  el  fin  de  demostrar  que  las válvulas ensambladas por ESMAG  LIMITADA  y  entregadas  por GARCIA VELOZA al interventor CRISTANCHO ALVAREZ son  de   buena   calidad   y   que  por  eso  la  Empresa  de  Energía  de  Boyacá  definitivamente     debería     recibirlas    a    satisfacción”2.   

El segundo elemento de prueba que se aduce en  condición  de  ex  novo (decisión de la Contraloría), lo único que prueba es  que  Leonel Cristancho Alvarez  fue  exonerado  de  responsabilidad fiscal, mas no que el delito por el cual fue  condenado  no exista. Lo uno no implica lo otro, ni sus conclusiones probatorias  se  condicionan  o  vinculan recíprocamente. Se trata de procesos de naturaleza  distinta,  autónomos,  que  se  rigen por principios igualmente distintos y por  marcos normativos diferentes.    

Además  de  ello,  no  es  cierto  que  la  decisión   de   exoneración   de  responsabilidad  fiscal  haya  obedecido  al  reconocimiento  de   ausencia  de  daño  al  patrimonio  de  la empresa de  servicios  públicos,  como  lo  insinúa  la accionante. La decisión sobrevino  porque  la  Directora  de juicios Fiscales consideró que el daño no se hallaba  determinado  cuantitativamente,  pero  siempre  sobre  la  base  de  que  había  existido, como puede verse en los siguientes apartes del fallo:   

“Para concluir la resolución de recurso,  le  asiste  parcialmente  razón a la recurrente en cuanto a la funcionalidad de  las  válvulas  y  sólo  en  parte  por  cuanto para este Despacho es  claro  que  la  firma ESMAG LIMITADA, con su conducta dolosa ha  generado  un  daño  patrimonial  al  Estado,  que lastimosamente es difícil de  cuantificar…”       

   (…)  

“El hecho de no haberse podido cuantificar  el  daño,  es  un  error  que  no puede cargarse al presunto responsable por el  valor  total  pagado  por  la  compra  de las válvulas, pues se presentaría un  enriquecimiento   sin   causa   para  el  Estado,  al  recibir  otros  elementos  equivalentes,  usarlos  y  además  cobrar  el  valor  total de los inicialmente  contratados,  pese  a  que  sí hubo un engaño por parte de los contratistas al  ofrecer   unos   bienes   con   características  especiales  y  entregar  otros  diferentes”.   

La  circunstancia de que el sentenciado haya  sido   absuelto  en  otro  proceso  por  hechos  similares,  tampoco  constituye  evidencia   de   su   inocencia,   o   de  ausencia  de  antijuridicidad  de  la  conducta   que  fue  objeto  de  investigación  en  este asunto.  Las  conclusiones  probatorias a las que se haya podido llegar en esa investigación,  o  las  criterios  jurídicos que hayan sido aplicados al resolver el asunto, no  condicionan,  ni  se  erigen  en  enervante de la validez de las conclusiones de  este proceso.   

En aplicación entonces de lo dispuesto en el  artículo  223  del  Código  de  Procedimiento Penal (ley 600 de 2000), la Sala  inadmitirá  la  demanda  de  revisión presentada por la apoderada especial del  sentenciado LEONEL CRISTANCHO ALVAREZ.   

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de  Justicia, Sala de Casación Penal,   

RESUELVE:  

INADMITIR  la  demanda   de   revisión   presentada   por   la   apoderada   de   LEONEL CRISTANCHO ALVAREZ.   

         Contra     esta     decisión     procede     el     recurso     de  reposición.   

         Cópiese, notifíquese y cúmplase.   

SIGIFREDO          ESPINOSA  PÉREZ         

                                                             impedido   

ALFREDO   GÓMEZ   QUINTERO        MARÍA   DEL   ROSARIO   GONZÁLEZ   DE  LEMOS           

                  impedido   

AUGUSTO    J.     IBÁÑEZ   GUZMÁN                      JORGE                                LUIS                               QUINTERO  MILANÉS              

                                                                                              impedido   

YESID           RAMÍREZ  BASTIDAS                     JULIO                                ENRIQUE                               SOCHA  SALAMANCA               

JAVIER ZAPATA ORTIZ  

TERESA    RUIZ  NÚÑEZ   

Secretaria    

1  El  sistema  acusatorio  se  aplica a hechos cometidos a partir del primero de enero  de 2005.   

2  Página 89 del fallo..     

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