Asistente Jurídico Inteligente
Selecciona un texto en la página o analiza el artículo completo.
Proceso No 28693
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrada Ponente:
MARIA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS
Aprobado Acta No. 152.
Bogotá D.C., diez (10) de junio de dos mil ocho (2008).
VISTOS
Emite la Sala sentencia de casación dentro del proceso seguido a JUAN CARLOS SALAZAR TRIVIÑO, a cuyo nombre y representación su defensor instauró demanda de esa naturaleza en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Pasto1 el 29 de marzo de 2007 mediante la cual confirmó en lo fundamental la dictada por el Juzgado 48 Penal del Circuito de Bogotá el 26 de enero de la anualidad anterior, que condenó al mencionado procesado a las penas principales de 12 meses de prisión y $1.000 de multa, así como a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, como autor responsable del delito de estafa.
ANTECEDENTES
Los hechos los resumió el ad quem de la siguiente forma:
“En el mes de marzo de 1998 en la ciudad de Bogotá D.C., la sociedad ‘PRESTAGIL LTDA.’ anunció públicamente la venta de un automotor colectivo de servicio público marca Mazda, modelo 1990, afiliado a la empresa ‘Transportes Fontibón S.A.’.
Los señores Alberto Garzón Vargas y Enrique Gutiérrez Ayala mostraron su interés, acordando con el señor JUAN CARLOS SALAZAR TRIVIÑO como representante de la firma vendedora, comprarlo en la suma de $24.250.000, pagaderos así: $2.000.000 a la suscripción del contrato; $20.000.000 tres días después, esto es cuando se les haga entrega del automotor y el resto al momento en que se haga el traspaso ante la autoridad correspondiente.
Cuando se hizo el trámite del traspaso –diciembre de 1998- éste fue devuelto porque sobre el automotor estaban vigentes 3 embargos ordenados por los Juzgados 5°, 3° y 2° Civiles del Circuito de esa capital”.
En virtud de la denuncia formulada por los compradores del automotor, se dio inicio a la respectiva instrucción penal, en cuyo marco se vinculó mediante indagatoria a JUAN CARLOS SALAZAR TRIVIÑO y Hernando Porras Gómez, este último propietario anterior del rodante, a quienes se definió su situación jurídica con medida de aseguramiento de caución prendaria por el delito de estafa.
Una vez clausurada esta etapa procesal, el 11 de junio de 2003, se calificó el mérito del sumario con resolución de acusación en contra de los procesados como presuntos coautores del delito por el cual se los afectó con medida de aseguramiento; decisión que cobró ejecutoria el 30 de junio ulterior.
El juzgamiento correspondió al Juzgado 48 Penal del Circuito de Bogotá. Dicho despacho, luego de imprimir el trámite legal correspondiente, dictó sentencia mediante la cual condenó a SALAZAR TRIVIÑO a las penas principales de doce (12) meses de prisión y multa por valor de un mil pesos ($1.000), así como a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al fijado para la sanción privativa de la libertad, a la vez que lo condenó al pago de perjuicios por suma equivalente a noventa y cuatro (94) salarios mínimos legales mensuales vigentes y le otorgó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. En la misma decisión, absolvió a Porras Gómez de la conducta por la cual fue llamado a juicio.
Contra la anterior sentencia, interpusieron recurso de apelación el defensor de SALAZAR TRIVIÑO y el apoderado de la parte civil, impugnaciones resueltas por el Tribunal de Pasto el 29 de marzo de 2007, modificándola únicamente en cuanto adicionó a la condena en perjuicios el valor de cuatro millones de pesos ($4.000.000), por concepto de honorarios profesionales de los abogados que asistieron a las víctimas.
Nuevamente, en desacuerdo con lo decidido, los mismos sujetos procesales interpusieron y sustentaron, mediante sendas demandas, recurso extraordinario de casación. En providencia del 13 de febrero del cursante año la Corte inadmitió el libelo presentado por el apoderado de la parte civil, pero admitió el allegado por la defensa, por cuya razón ordenó correr traslado al Ministerio Público, habiéndolo descorrido el Procurador Cuarto Delegado para la Casación Penal, quien solicitó desestimar la pretensión del actor.
LA DEMANDA
El defensor del procesado JUAN CARLOS SALAZAR TRIVIÑO presentó demanda de casación a través de la cual formula un cargo con soporte en la causal tercera de casación prevista en el artículo 207 de la Ley 600 de 2000; uno más con sustento en la primera, cuerpo primero, es decir, violación directa de la ley sustancial y otros tres por violación indirecta de la ley sustancial. Subsidiariamente, el censor propone dos cargos adicionales por violación indirecta de la ley sustancial.
Por razones de metodología y en orden a evitar repeticiones innecesarias, en el siguiente acápite del presente fallo la Sala primero resumirá los fundamentos del respectivo cargo, luego compendiará el criterio del Procurador Delegado y, finalmente, se ocupará de ofrecer la respuesta que amerite el caso. Esta labor se acometerá con sujeción a la precisión que, a manera de aclaración previa, hará la Corte ateniendo la prosperidad –se anticipa, desde ya- de uno de los reproches formulados por el libelista.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE:
Aclaración previa:
Como quedará evidenciado más adelante, el cargo por violación directa postulado por el actor prosperará, de manera que habrá de casarse la sentencia impugnada para, en su lugar, absolver al procesado. En esas condiciones, la Sala encuentra innecesario ocuparse de la censura formulada al amparo de la causal tercera de casación, pues aunque el impugnante la sustentó de manera inicial, conforme lo imponía el principio de prioridad, su aspiración es obtener la nulidad de la actuación por violación del derecho de defensa, en cuanto los letrados que sucesivamente ejercieron esa labor no realizaron actos defensivos durante una gran parte de la investigación y el juicio.
Si el derecho de defensa tiene como fin brindar al sujeto pasivo de la acción penal herramientas jurídicas para oponerse a la pretensión punitiva estatal y buscar, de esa forma y por regla general, desvirtuar las pruebas de cargo y, por consiguiente, obtener la declaración judicial de su inocencia, ninguna razón tiene invalidar la actuación con el único objetivo de garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa cuando las pruebas recaudadas imponen el proferimiento de una absolución. En esos casos, la mejor garantía de protección del derecho de defensa es la adopción en este momento de la decisión favorable a los intereses del acusado.
Recuérdese que, según lo tiene dicho la Sala, “Una de las características de la nulidad es que debe prosperar si se advierte que con la sentencia se ha causado un daño al procesado y que con la recomposición del proceso obtendría un beneficio, es decir, un bien”2 (se resalta, ahora).
Por supuesto, la prosperidad del segundo cargo determina, además, la innecesidad de hacer referencia a los restantes reproches postulados por el casacionista, dado que los mismos buscan también la absolución del acusado.
La demanda. Cargo por violación directa:
Partiendo de aceptar como cierta la ocultación de los tres embargos que pesaban sobre el vehículo automotor objeto de venta, conforme se definió en la sentencia impugnada, el actor sostiene que como esa información aparece registrada en la oficina de tránsito la misma tiene carácter público, en cuanto a ella puede acceder cualquier persona.
Si, adicionalmente, el delito de estafa supone la creación de una situación inexistente que induce en error a la víctima, considera que en este caso no es factible afirmar la estructuración de un engaño a través del hecho de no ponerse de presente a una persona información pública fácilmente verificable por ella, pues “dicha información, precisamente por ser pública, puede ser constatada por cualquier sujeto medianamente prudente y diligente. En otras palabras, nadie puede ser engañado sobre la realidad de los datos que reposan en una base de acceso público y libre”.
En su criterio, además, la posibilidad de examinar información pública incide en lo relativo al sujeto pasivo, por cuanto al mismo, atendido el elemento engañoso sobre el cual se estructura la estafa, se le exigen unas cargas y deberes de autotutela, según así lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte, lo cual obliga a analizar el medio en el que se desenvuelve el afectado, criterio victimológico sobre el cual se ha referido la doctrina nacional.
En tal virtud, estima que el sentenciador yerra cuando acepta “que hubo un artificio capaz de inducir en error a la víctima en el hecho de omitir una información con carácter público, cuando resulta evidente que conforme la acertada visión victimológica señalada anteriormente, subsiste una carga según la cual un contratante medianamente prudente y diligente en un negocio comercial de compra venta de un vehículo, debe verificar el estado legal en que se encuentra el mismo…”.
Sobre la trascendencia del yerro, señala que la imposibilidad de considerar el ocultamiento de información pública como acción generadora de engaño rompe la estructura del delito de estafa. Con ello, añade, el fallador violó directamente los artículos 9, 10, 25 y 246 del Código Penal de 2000 por interpretación errónea, pues a pesar de tratarse de los preceptos reguladores del caso, no les asignó las consecuencias jurídicas correspondientes.
Por consiguiente, solicita casar la sentencia para, en su lugar, proferir la de reemplazo que habrá de ser de carácter absolutorio, por atipicidad de la conducta objeto de imputación.
Ministerio Público:
Considera que el cargo no está llamado a prosperar, por cuanto el censor pretende trasladar la carga de la prueba a los compradores por su posible falta de diligencia, con lo cual la inconformidad la dirige sobre la forma como los juzgadores valoraron los medios probatorios, cuya labor les permitió dar por demostrado los elementos engañosos y la creación del escenario apto para inducir en error a los compradores. De esa manera, añade, el censor tergiversa el ataque por violación directa, tal como aconteció en decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que cita en extenso.
En su criterio, la senda escogida por el casacionista lo obligaba a demostrar el desacierto del fallador “cuando seleccionó la norma que regulaba el caso sometido a su examen, bien porque le confirió un entendimiento equivocado o porque lo sobrepasó, ora disminuyendo o distorsionando sus verdaderos contenido o alcance”.
Señala que ninguno de tales presupuestos fue analizado por el censor, razón por la cual “no resulta cierto que en el presente asunto se haya demostrado que el tipo penal aplicable era otro diferente al delito de estafa, partiendo de que no se tuvo en cuenta el deber de auto tutela… o a partir de la misma premisa tampoco es válido afirmar que por el hecho de que la información que acusa el libelista era de fácil acceso para cualquier persona, se pueda concluir que como los compradores estaban en posibilidad de hacer las verificaciones del estado jurídico del bien por no hacerlo, se le dio un alcance diferente al que le corresponde al delito de estafa…, como tampoco puede decirse que el ataque demostró que se distorsionaron los contenidos estructurales del tipo”.
Terminó evocando decisión reciente de la Corte donde, reiterando su pacífica jurisprudencia, sostuvo que cuando el sentenciador aprecia la norma, pero no la aplica como consecuencia del alcance que le asigna, no se presenta una errónea interpretación sino una exclusión evidente.
La Sala:
1. La Corte encuentra, contrario al entendimiento del Procurador Delegado, que la censura en lo fundamental está bien desarrollada, pues el actor respeta los hechos contemplados por el Tribunal, así como la valoración efectuada por esa Corporación para arribar a la demostración de la situación fáctica que le permitió afirmar la existencia del delito de estafa.
En efecto, el ad quem encontró que el procesado ocultó a los señores Alberto Garzón Vargas y Enrique Gutiérrez Ayala la existencia de varios embargos vigentes al momento de celebrar el contrato de venta del vehículo automotor de servicio público marca Mazda, modelo 1990, afiliado a la empresa “Transportes Fontibón S.A.”. Esa situación la estimó constitutiva de acto engañoso que llevó a los compradores a realizar el negocio jurídico, inducidos en error sobre el real estado jurídico del bien objeto del contrato.
El libelista, al estructurar el cargo, admite como cierto el ocultamiento, pero considera que ese hecho no tenía la capacidad de engañar a los adquirentes, pues la situación del vehículo constituye un hecho público, cuya verificación estaba al fácil alcance de éstos con sólo acudir a la oficina de tránsito.
La discusión así planteada es, por tanto, netamente jurídica, como se exige en el ámbito de la violación directa, y consiste en determinar si, en realidad, ocultar al comprador de un bien sujeto a registro un hecho que aparece en el mismo, reviste o no entidad para generar el engaño propio de la estafa.
Ahora bien, es cierto sí que el demandante no debió aducir la presencia de una interpretación errónea de la ley sustancial sino predicar su aplicación indebida, pues, como lo tiene ampliamente precisado la jurisprudencia de la Sala, el primero de esos sentidos de violación directa se presenta cuando el juzgador selecciona bien y adecuadamente la norma aplicable al caso, pero desacierta al interpretarla porque le atribuye un sentido jurídico que no tiene o le asigna efectos distintos o contrarios a su real contenido.
La indebida aplicación, en cambio, ocurre cuando el funcionario desatina en el proceso de adecuación de los hechos probados, en tanto el aspecto fáctico reconocido no coincide con los supuestos contemplados por el precepto. En el caso analizado, lo apropiado era afirmar la aplicación indebida del artículo 246 del Código Penal de 2000, norma que tipifica el delito de estafa, pues el error estuvo en haberse seleccionado esa norma sustancial a pesar de resultar atípicos los hechos.
El reseñado desacierto técnico, empero, no impide estudiar el mérito del reparo, atendiendo los fines de la casación que como mecanismo de control constitucional pretende la efectividad del derecho material, el respecto de las garantías fundamentales de los sujetos procesales, la reparación de los agravios inferidos a estos y la unificación de la jurisprudencia3.
2. No se discute hoy en día que en la celebración de contratos de naturaleza civil se puede incurrir en el delito de estafa. En este sentido la Corte desde la sentencia del 23 de junio de 19824 viene prohijado el criterio según el cual en esa clase de negocios jurídicos la mentira o el silencio de los contratantes pasa al campo penal cuando recaen sobre elementos fundamentales del convenio.
Tampoco es motivo de controversia que el medio engañoso debe tener idoneidad para inducir en error a la víctima. Lo que sí genera aún ardua polémica es la determinación de las condiciones a partir de las cuales resulta dable afirmar que la argucia o el engaño reúnen los presupuestos objetivos exigidos por la norma penal para predicar la configuración del delito estafa. Sobre el particular se conocen dos posiciones. La primera le asigna una gran preponderancia al significado de artificio, conforme al cual la estafa es un delito de inteligencia, que requiere el despliegue de actos hábilmente preparados y bien concebidos para revestir capacidad de inducir en error a la víctima5.
Bajo tal perspectiva, entonces, si la persona pasible del engaño obra de modo ingenuo, torpe o negligente no habrá lugar a afirmar la existencia de estafa, porque una actuación prudente le hubiera bastado para salirse del error. Entre quienes han postulados esta tesis se encuentra el tratadista LUIS CARLOS PÉREZ al señalar:
“… Cambiando las expresiones anteriores, es válido admitir que el art. 356 se refiere tanto al encarecimiento de la mentira mediante palabras o sea, al engaño, como al dispositivo material con que se consigue de mejor manera lo que se pretende. Pero debe repetirse, la mentira ha de tener fuerza determinante, eficacia. Y para que sea eficaz es preciso examinar varios factores: el negocio de que se trata, las personas interesadas en él, su nivel intelectual y hasta sus necesidades actuales…
“…
“… El solo hecho de que las expresiones mentirosas hayan creado el error en el paciente de la acción, no basta para atribuirles el carácter del engaño puntualizado en la norma. Por ejemplo, si alguien, diciéndose dueño de las minas de Zipaquirá o de las de Acerías de Paz del Río, y sin exhibir documento ni testimonio alguno que le dé credibilidad, enajena la catedral de sal o uno de los altos hornos, recibiendo dinero u otra clase de prestaciones económicas del iluso comprador, no hay duda de que ha mentido. Pero es tan desproporcionada la falacia, que quien la creyó es el único merecedor de pagar su extrema simpleza…”6.
En cierta forma, la postura en mención fue acogida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 12 de junio de 2003, en cuanto allí expresó:
“Pero ciertamente, como lo señala la Delegada en su estudio, haciendo eco de la teoría de la imputación objetiva, ‘se considera que no todo engaño que pudiera concebirse causal respecto del resultado perjudicial permite la imputación del resultado a la conducta del autor, pues, de acuerdo con el argumento victimológico, la víctima debe acudir a los mecanismos de autotutela exigibles, porque será entonces punible el comportamiento capaz de sobrepasar la barrera de contención que supone la actitud diligente del perjudicado’ ”7.
La segunda posición aconseja examinar con una mayor flexibilidad el medio engañoso cuando se trata del sujeto engañado. Quienes la profesan rechazan la doctrina francesa de la “mise en scène”, según la cual no bastan las palabras y discursos mentirosos sino el despliegue de actos exteriores a cuyo amparo, hábilmente, se induce a creer lo que en realidad no es.
En esa dirección es la línea de pensamiento del profesor JOSÉ IRURETA GOYENA, para quien “sostener que solamente es sancionable el fraude cuando la víctima se halla exenta de toda incuria, equivale jurídicamente a sustentar que corresponde admitir estafa únicamente en casos extremos de previsión imposible, cuando el engaño reviste una grande y hábil sutileza”8.
Sin duda, la Sala de Casación Penal de la Corte se inspiró en esta segunda postura para adoptar la determinación plasmada en la sentencia del 27 de octubre de 2004. En esa decisión la Corporación, tal como se hizo en el fallo del 12 de junio de 2003, partió también de los fundamentos de la teoría de la imputación objetiva. Sin embargo, sobre la base de tener ésta como presupuesto tanto el riesgo permitido como el principio de confianza, “que determinan el estado de interacción normal de las relaciones sociales y de los riesgos que en ellas se generan”, concluyó:
“… De manera que, sólo cuando la víctima asume conjuntamente con otro una actividad generadora de riesgos (lo cual acá no ocurre), puede eventualmente imputársele el resultado a la víctima, siempre que esta tenga conocimiento del riesgo que asume. En consecuencia, si es el autor quien recorre la conducta descrita en el tipo penal (quien crea el riesgo), el resultado debe serle imputado a aquel y no a la víctima, pues ésta obra dentro del principio de confianza que le enseña que en el tráfico de las relaciones sociales el vendedor realizará el comportamiento en el ámbito de competencia que le impone la organización”9.
Aunque la Sala en la sentencia del 27 de octubre de 2004 fue expresa en señalar que lo allí decidido no constituía un cambio jurisprudencial frente al pronunciamiento emitido algo más de un año antes, por tratarse, según expresó, “de un pensamiento elaborado para una situación muy distinta a la que ahora se estudia”, lo cierto es que sí implicó una variación de criterio, porque si bien en el caso decidido inicialmente por la Corte, esto es en el pronunciamiento del 12 de junio de 2003, el comprador era consciente del hecho de adquirir un bien gravado con hipoteca, lo cual no sucedió en el proceso conocido posteriormente, la verdad es que en aquél el vendedor ocultó al comprador que el bien objeto de negociación se encontraba para ese momento embargado.
Sea como fuere, para la Sala ahora, en temas como el presente, donde se juzgan hechos basados en las relaciones sociales, no pueden establecerse reglas rígidas sino tener en cuenta las circunstancias concretas de cada caso para determinar si la actitud reticente de una de las partes contratantes al ocultar la existencia de un gravamen o una medida cautelar tiene o no idoneidad para inducir en error. Para el efecto será menester, entonces, considerar aspectos tales como el nivel intelectual del sujeto pasivo de la conducta, su pericia en asuntos de la naturaleza de la cual se trata, sus experiencias, el medio social en donde se desenvuelve10 y las herramientas jurídicas brindadas por el Estado para su protección.
Desde luego, ese análisis habrá de hacerse en el marco de un contexto compatible con nuestra realidad social. Hoy en día, a diferencia de pasadas épocas, el país tiene un mayor índice de personas preparadas académica y culturalmente; así mismo, en desarrollo de la modernización del Estado, se han implementado mecanismos institucionales de fácil acceso al público que permiten verificar la situación jurídica de algunos bienes, como acontece con los sujetos a registro.
Ese progreso de la nación ha obligado al Estado a dejar atrás de manera gradual aquellos períodos de acentuado proteccionismo para pasar a fases donde se ofrece una mayor libertad de interacción de las personas, reconociendo así que no se trata de seres incapaces para el ejercicio de sus derechos sino de individuos con posibilidad de discernimiento suficiente para sobreponerse a ciertas mentiras o engaños propios de la dinámica social.
Un ejemplo de esa elasticidad estatal ha sido la despenalización del estupro (denominada estafa sexual), cuya estructuración se asentaba, precisamente, en la realización de actos engañosos para la obtención del acceso carnal con persona mayor de catorce años y menor de dieciocho. En ese contexto, se consideró que los individuos de dichas edades presentan actualmente una capacidad intelectual11 apta para consentir libremente una relación sexual.
Pero, tratándose Colombia de una nación apenas en desarrollo, no puede pasarse por alto que todavía hay muchos sectores o grupos de personas como los campesinos e indígenas, que no han alcanzado un adecuado nivel académico e intelectual o viven en zonas alejadas donde, por su vida cultural, no tienen fácil acceso a los avances de la modernidad. En esos casos, sin que su enunciación quede agotada en las personas reseñadas, el Estado conserva la obligación de brindar una mayor protección para evitar que la condición de debilidad en la cual se encuentran sea aprovechada por otros como fuente de indebido lucro.
Hablando en términos de la teoría de la imputación objetiva, implica que quien ostenta un nivel de preponderancia sobre alguien que, por su bajo grado académico, cultural o social, carece de suficiente capacidad para entender cabalmente los pormenores de un negocio jurídico, asume la posición de garante para la evitación de resultados dañosos cuando con su comportamiento ha generado un riesgo jurídicamente desaprobado, siempre que conociese las condiciones especiales del sujeto pasivo de la conducta. Solamente en esos casos, si no actúa de conformidad con la posición de garante que el ordenamiento jurídico le atribuye, le será imputable de manera objetiva el resultado.
En esas condiciones, no asumirá la posición de garante y, por lo mismo, no tendrá la obligación de impedir el resultado dañoso el vendedor que se encuentra respecto del comprador en un plano de equilibrio frente al conocimiento de los alcances, vicisitudes y consecuencias de la transacción que celebran.
3. En el caso materia de análisis, se tiene lo siguiente:
El procesado JUAN CARLOS SALAZAR TRIVIÑO, actuando como representante legal de la sociedad ‘PRESTAGIL LTDA., vendió a los señores Alberto Garzón Vargas y Enrique Gutiérrez Ayala un vehículo automotor, sin advertirles que sobre el mismo pesaban varias medidas cautelares.
Los vehículos automotores corresponden a bienes sujetos a registro, cuyo historial aparece anotado en bases de datos que están a cargo de la respectiva oficina de tránsito. En el caso de la ciudad de Bogotá, lugar donde ocurrieron los hechos, a esa base de datos tiene acceso con facilidad cualquier persona con solo solicitar un certificado, requiriendo información sobre la situación jurídica del rodante de interés del peticionario.
Según consta en los autos, el señor Alberto Garzón Vargas tenía 40 años para la época de los hechos, era bachiller y se dedicaba al oficio de la conducción12. A su turno, el señor Enrique Gutiérrez Ayala contaba con los mismos 40 años, estudió una carrera intermedia y se dedicaba al oficio de técnico electrónico13. En la etapa del juicio, durante la audiencia pública, declaró la señora Aida Inés Celis, cónyuge de Gutiérrez Ayala, quien manifestó que su esposo llevaba más de 10 años en el área del transporte público, concretamente, en el oficio de compra y venta de automotores14.
Como se observa, se trata de personas con alguna preparación académica y cuyos ingresos los derivaban de ocupaciones propias del transporte. Es más, uno de ellos llevaba más de 10 años dedicado a la compra y venta de vehículos. Todo ello permite concluir que no ignoraban los pasos a seguir cuando se trata de efectuar negociaciones con esa clase de bienes, de modo que obraron imprudentemente al no acudir a los mecanismos de autotutela a su disposición. De haberlo hecho, habrían podido superar con facilidad el ocultamiento de los embargos que pesaban contra el rodante adquirido.
La experiencia y conocimiento ostentado por los compradores sobre el tema de la adquisición de vehículos automotores impide asignar al procesado la posición de garante respecto de ellos, luego el resultado obtenido es sólo imputable a éstos. La controversia suscitada, por tanto, quedó en la esfera del derecho civil, a cuya competencia y procedimientos debió acudirse para ventilar el incumplimiento del contrato de esa naturaleza suscrito en su momento por las partes.
Como se anunció, el cargo prospera. En consecuencia, se casará la sentencia impugnada. En su lugar, se absolverá a JUAN CARLOS SALAZAR TRIVIÑO del delito de estafa atribuido por la fiscalía.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
Primero. CASAR la sentencia impugnada.
Segundo. ABSOLVER a JUAN CARLOS SALAZAR TRIVIÑO del delito de estafa imputado por la fiscalía.
Tercero. COMUNICAR a las autoridades respectivas lo pertinente, con el fin de de cancelar las anotaciones que le generó al procesado la iniciación de esta actuación procesal.
Contra la presente sentencia no procede recurso alguno.
Notifíquese y cúmplase.
SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO
MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN
JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS YESID RAMÍREZ BASTIDAS
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER ZAPATA ORTÍZ
TERESA RUIZ NÚÑEZ
Secretaria
1 Asignación atribuida mediante Acuerdo No. PSAA06-3430 del 26 de mayo de 2006, emanado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
2 Sentencia del 11 de diciembre de 2003, radicación 19775.
3 Cfr. Sentencia del 28 de septiembre de 2006, radicación 22041.
4 M.P. Dr. LUIS ENRIQUE ROMERO SOTO. En el mismo sentido, sentencia del 5 de agosto de 1992, M.P. Dr. JUAN MANUEL TORRES FRESNEDA. También, sentencia del 29 de agosto de 2002, radicación 15248.
5 Cfr. ANTONIO JOSÉ MARTÍNEZ LÓPEZ en Estudios de Derecho Penal Especial, varios
autores, Editora Jurídica de Colombia, primera edición 1992, pág. 288.
6 Derecho Penal, partes general y especial, Luis Carlos Pérez, Ed. Temis, Tomo V 1998, págs. 454 y ss.
7 Radicación 17196.
8 Cita de HUMBERTO BARRERA DOMÍNGUEZ en Estudios de Derecho Penal Especial, varios autores, Editora Jurídica de Colombia, primera edición 1992, pág. 242.
9 Radicación 20926.
10 Cfr. ANTONIO JOSÉ MARTÍNEZ LÓPEZ, obra citada, pág. 288.
11 Salvo, obviamente, los casos de personas que presentan condiciones de inferioridad, los cuales sí son sancionables por nuestro ordenamiento punitivo.
12 Así lo manifestó el mismo Garzón Vargas cuando amplió la denuncia (fl. 23 cd. original 1).
13 Así lo declaró Gutiérrez Ayala cuando amplió la denuncia (fl. 24 cd. ídem).
14 Fl. 144 cd. etapa del juicio).