25967(29-08-06)

2006

Asistente Jurídico Inteligente

Selecciona un texto en la página o analiza el artículo completo.

ⓘ Puedes seleccionar un fragmento de texto o analizar el artículo completo.

    Proceso No 25967  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

SALA DE CASACIÓN PENAL  

Magistrado  Ponente   

                                       Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ   

                                       Aprobado Acta No. 90   

             

Bogotá D. C., veintinueve  de agosto de dos mil seis.   

V    I    S   T   O  S   

Dirime  la Sala el conflicto de competencias  negativo  trabado  entre los Juzgados Segundo Penal del Circuito de Sogamoso del  Distrito  Judicial  de  Santa  Rosa de Viterbo, Boyacá, y su homólogo y con la  misma  nomenclatura  de  Yopal, Distrito Judicial del mismo nombre, Casanare, en  virtud  del  cual las citadas dependencias rehúsan proseguir con el juzgamiento  que  por  el delito de hurto calificado y agravado se le adelanta a MIGUEL CARO GÓMEZ.   

ANTECEDENTES   

1.  Mediante resolución del 26 de noviembre  de  2002,  la  Fiscalía  27  Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de  Sogamoso  acusó  a  MIGUEL  CARO  GÓMEZ  como  presunto  responsable  del  delito  de  hurto  calificado  y  agravado,  habida  consideración  de que, en calidad de determinador, intervino  en  el  despojo  ilícito  del  vehículo  automotor  con  placas  XLL-074  y la  mercancía  que en el mismo se transportaba -un cargamento de huevos avaluado en  $9’000.000.oo- del que se  hizo  víctima  el  3  de  marzo  de  2001 en el paraje “Peña de Gallo”, en  jurisdicción  del  municipio  de  Pajarito,  a  Adain  Granados  Gómez,  quien  procedente de Bucaramanga se dirigía a Yopal.   

2. Ejecutoriada la acusación, el proceso fue  remitido  al  reparto  de  los  Jueces  Penales  del Circuito de Sogamoso,   correspondiéndole   aprehender  su  conocimiento  al  Segundo  de  esa  ciudad,  despacho  que  tramitó el juicio hasta el señalamiento de fecha y hora para la  celebración  de  la  diligencia de audiencia pública de juzgamiento, a la cual  se  le  dio  inicio,  luego  de  su  inicial  aplazamiento,  el  4  de  mayo  de  2006.   

En desarrollo de la vista pública, dentro de  su  intervención  el señor Fiscal argumentó que establecido como se tenía el  territorio  en  el cual se consumó la delincuencia -jurisdicción del municipio  de  Pajarito-,  al  ser  segregada  esta municipalidad del Circuito de Sogamoso,  Distrito  Judicial  de  Santa  Rosa  de Viterbo, para adscribirlo al Circuito de  Yopal  en  el Distrito Judicial del mismo nombre, según Acuerdo N° PSAA05-3186  DE2005  del  15  de  diciembre  de  2005  de  la Sala Administrativa del Consejo  Superior  de  la  Judicatura  -con  efectos,  allí se dijo, a partir del 1° de  enero  de 20006-, la competencia para seguir conociendo del asunto, tanto por el  factor  territorial  como funcional conforme a lo establecido en la ley procesal  penal,  radicaba  uno  de  los  Juzgados  de dicha categoría y especialidad del  lugar citado en último lugar, es decir, Yopal.   

El,  hasta  ese  entonces, juez de la causa,  acogiendo  la  tesis  de  la  Fiscalía  remitió las diligencias a los Juzgados  Penales   del   Circuito   de   Yopal,  previo  planteamiento  de  colisión  de  competencias    negativa   en   caso   de   no   estar   de   acuerdo   con   su  criterio.       

3.  Habiéndosele  asignado  por  reparto el  trámite  procesal en cuestión al Juzgado 2° Penal del Circuito de Yopal, este  despacho  asumió  su  conocimiento mediante auto del 16 de junio de 2006 y para  continuar  con  la  diligencia  de  audiencia  pública  señaló las 9:00 de la  mañana  del 13 de julio del año en curso, empero por no haber sido posible que  se  remitiera  al  preso, hubo de aplazarse hasta el 1° de agosto de 2006, 8:30  de la mañana.   

Instalada  la diligencia en la citada fecha,  el  Fiscal  en el uso de la palabra advirtió cómo era necesario que el Directo  de  la  audiencia  examinara  previamente  a  su  intervención  de  fondo si en  realidad  era  el  funcionario  competente para conocer del proceso en mención,  habida  consideración  de la fecha en que los efectos de la mentada Resolución  del  Consejo  Superior  de la Judicatura empezaba a producir sus efectos -1° de  enero  de  2006-,  pues  a  su  juicio,  los  hechos  anteriores  a  esta  fecha  “serán  y tienen que ser conocidos por el circuito  judicial  de  Sogamoso,  como  juez  natural  de hechos punibles acaecidos en el  municipio   de   Pajarito   antes   del   1°   de   enero  de  2006”,  tal  como así lo venían resolviendo las Fiscalías Delegadas  ante  los  Tribunales de Santa Rosa de Viterbo y Yopal respecto de conflictos de  la  misma  naturaleza  presentados  entre  Fiscales  de  los  dos  Circuitos  en  mención.   

Acogió el Juez de Yopal los argumentos de su  colaborador  Fiscal,  a  los  cuales agregó: “(…)  principio  general  de  derecho constituye el postulado de que la ley rige hacia  el   futuro   y  por  pura  excepción  taxativamente  consagrada  podrá  darse  aplicación  retroactiva a la norma, mas aún cuando de derechos y garantías al  procesado  se  trata,  nadie con mejores conocimientos para su respeto (…) que  el  juzgado  donde  vino cursando el proceso durante el resto del juicio, que es  el  mismo  donde  se  surtió la instrucción (…)”.  Procedió,   en   consecuencia,   a  revocar  su  propio  auto  por  cuyo  medio  inicialmente   asumió  el  conocimiento  del  asunto,  y  lo  remitió  a  esta  Corporación  para  que  el  conflicto  planteado  por el Juzgado de Circuito de  Sogamoso         aquí        se        dirimiera.          

CONSIDERACIONES DE LA CORTE  

1.   Como  en  este  evento  los  juzgados  involucrados  en  el  conflicto  pertenecen  a  diferentes  distritos judiciales  -Santa  Rosa  de  Viterbo  y  Yopal-,  corresponde  a  esta  Sala  dirimirlo  de  conformidad  con  la  regla establecida en el apartado final del numeral 4º del  artículo 75 de la Ley 600 de 2000.   

2. Pues bien, tiene dicho la Sala en asuntos  de  similar  naturaleza,  que  el  numeral  1º  del  artículo  257 de la Carta  Política  le atribuye al Consejo Superior de la Judicatura la facultad de fijar  la  división del territorio para efectos judiciales y ubicar y redistribuir los  despachos  judiciales. En desarrollo de dicha disposición la Ley Estatutaria de  la  Administración  de Justicia -270 de 1996- estableció en el numeral 6º del  artículo   89   la   posibilidad  de  variar,  por  razones  del  servicio,  la  comprensión   territorial  de  los  distritos  judiciales,  incorporando  a  un  distrito,  municipios  que  hacían  parte  de  otro,  e igualmente de variar la  distribución  territorial  en  el  distrito,  creando, suprimiendo o fusionando  circuitos,    o   cambiando   la   distribución   de   los   municipios   entre  éstos.   

Esa  facultad  constitucional atribuida a la  Sala  Administrativa  del  Consejo  Superior  de  la  Judicatura,  es ejercida a  través  de  actos administrativos de carácter general, los cuales afectan, sin  ninguna duda, el factor territorial de la competencia.    

Y ello es precisamente lo que sucedió en el  presente  evento,  en  donde  a  través  del  Acuerdo N° PSAA05-3186 del 15 de  diciembre  de 2005, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura  decidió,  en  su  artículo  primero, “Segregar del  Circuito  Judicial  de  Sogamoso,  el  municipio  de  Pajarito  y adscribirlo al  Circuito  Judicial  de  Yopal,  Distrito  Judicial de Yopal, a partir del 1° de  enero de 2006.”   

En  tanto  que  en  el  artículo  segundo  relacionó  los  municipios que a partir de esta última fecha harían parte del  Circuito  Judicial  de  Sogamoso,  en  el artículo tercero lo hizo respecto del  Circuito  Judicial  de Yopal, recabando que del mismo haría parte, entre otros,  el municipio de Pajarito.      

3.  Ahora, si bien el Consejo Superior de la  Judicatura  en  desarrollo  de  su  función  administrativa pudo haber incluido  normas  de  tránsito  que eventualmente impidieran traumatismos asociados a una  decisión  de  esa  naturaleza,  como por el ejemplo disponer que los asuntos en  curso  continuaran  a  cargo de los despachos judiciales que los tramitaba hasta  la   culminación  de  la  correspondiente  actuación  procesal  que  estuviera  verificándose,  lo  cierto  es que no lo hizo así para el caso de los procesos  que  se  surtían  ante los juzgados penales del circuito de Sogamoso, y que por  la  segregación  dicha deben pasar al de Yopal por competencia territorial, sin  condicionamiento de ninguna especie.    

Resulta  entonces claro para la Sala, que en  virtud  del  principio general de que las disposiciones sobre competencia son de  orden  público,  y  como  tales,  de  obligatorio  e inmediato cumplimiento, el  conocimiento  del  presente  caso  que  se tramitaba en el Juzgado 2° Penal del  Circuito  de  Sogamoso,  quedó  atribuido  ahora,  en  virtud  del  Acuerdo N°  PSAA05-3186  del  15  de diciembre de 2005 de la Sala Administrativa del Consejo  Superior  de  la Judicatura, se reitera,  al Juzgado 2° Penal del Circuito  de  Yopal,  como quiera que se trata de un delito cuyo conocimiento se encuentra  asignado  a  esa  categoría  de  juzgados,  y la conducta tuvo ocurrencia en su  comprensión  territorial, como por obra de la reglamentación en cuestión así  quedó establecido.   

En tal sentido se resolverá la colisión, y  a  dicho funcionario se remitirá el expediente, en tanto que copia de este auto  se   enviará   al   Juzgado  2°  Penal  del  Circuito  de  Sogamoso,  para  su  conocimiento.   

          En   mérito  de  lo  expuesto,  LA  CORTE  SUPREMA  DE  JUSTICIA, Sala de  Casación Penal,   

RESUELVE  

         

DECLARAR  que  la  competencia  para  seguir  conociendo  de  la  presente   causa   adelantada   contra   MIGUEL  CARO  GÓMEZ,  radica  en  cabeza  del Juzgado 2° Penal del  Circuito de Yopal, Casanare.   

En  consecuencia,  disponer  la  inmediata  remisión  de  la  presente  actuación  al  Juzgado  al  cual  se  atribuye  la  competencia,  dando aviso de lo aquí decidido al Juzgado 2° Penal del Circuito  de Sogamoso, Boyacá.   

          Contra esta decisión no procede recurso alguno.   

Cúmplase.  

MAURO SOLARTE PORTILLA  

SIGIFREDO          ESPINOSA  PÉREZ                        ALFREDO GÓMEZ  QUINTERO                       

ÁLVARO       ORLANDO      PÉREZ  PINZÓN               MARINA PULIDO DE BARÓN          

JORGE       LUIS       QUINTERO  MILANÉS                  YESID RAMÍREZ BASTIDAS   

JULIO       ENRIQUE       SOCHA  SALAMANCA           JAVIER  ZAPATA  ORTIZ                                      

TERESA RUIZ NÚÑEZ  

                                                                    Secretaria     

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *