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DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN
Magistrado ponente
SP377-2023
Radicado N° 55369.
Acta 171.
Bogotá, D.C., trece (13) de septiembre de dos mil veintitrés (2023).
Se decide el recurso de apelación interpuesto por la defensa contra la sentencia proferida el 23 de abril de 2019 por el Tribunal Superior de Popayán, mediante la cual condenó a JAVIER SÁNCHEZ ARBOLEDA por el delito de prevaricato por acción agravado.
2. ANTECEDENTES
2.1 Fácticos
Para mejor comprensión, se precisa que el proceso matriz de este asunto, da cuenta que sobre el mediodía del 22 de febrero de 2007, los tripulantes de dos vehículos que esperaban el cambio de semáforo, en una zona de la autopista sur de la ciudad de Cali, Eduardo Cuenu Hernández y Jhon Jairo Marulanda, por un lado, y Hernán Pedraza Padilla y José Vicente Cortés Sánchez, por el otro, recibieron múltiples disparos de arma de fuego por parte de tres sujetos que se movilizaban en una motocicleta, en la cual huyeron con sentido sur-norte.
Inmediatamente después del hecho sicarial, las patrullas policiales que habían sido alertadas, con la descripción de los delincuentes por parte de testigos presenciales, iniciaron su persecución, observando que de un taxi descendió un sujeto que procedió a apuntar a las personas que se encontraban a su alrededor, y se dirigió a una mujer que conducía una motocicleta, con el fin de despojarla del rodante, pero esta maniobró y logró huir del lugar.
Los uniformados lograron desarmar y capturar al sujeto, quien fue identificado como YOEL ANDRÉS BILBAO GRIJALBA, a quien se le incautó una pistola Walter y dos proveedores más que llevaba en los bolsillos de su pantalón. La prueba de balística forense dio como resultado que cuatro de las trece vainillas encontradas en la escena del hecho, habían sido percutidas con el arma de fuego encontrada a BILBAO GRIJALBA.
En calidad de Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, JAVIER SÁNCHEZ ARBOLEDA profirió el auto fechado 19 de enero de 2011, a través del cual concedió el beneficio de la prisión domiciliaria a Yoel Andrés Bilbao Grijalba –condenado por el punible de homicidio agravado– pese a que el informe pericial de Medicina Legal que sirvió de fundamento para adoptar la determinación, no daba cuenta de la existencia de enfermedad grave del condenado que fuere incompatible con la vida en reclusión.
El proveído desconoció lo dispuesto en los artículos 68 de la Ley 599 de 2000; 314 y 461 de la Ley 906 de 2004, por lo que fue calificado como manifiestamente contrario a la ley, dentro del ámbito del prevaricato por acción agravado.
2.2 Procesales
El 4 de julio de 2017, ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Popayán, la Fiscalía imputó a JAVIER SÁNCHEZ ARBOLEDA el delito de prevaricato por acción agravado, de conformidad con lo previsto en los artículos 413 y 415 de la Ley 599 de 2000, diligencia que culminó sin allanamiento a cargos.
Repartido el escrito de acusación el 29 de septiembre de 2017, el Tribunal Superior de Popayán realizó la respectiva audiencia el 29 de enero de 2018. Por su parte, La audiencia preparatoria tuvo lugar en sesiones del 23 de marzo y 11 de abril del mismo año; en tanto que, el 29 de enero, 12 de febrero y 6 de marzo de 2019, tuvo desarrollo el juicio oral.
El sentido del fallo de responsabilidad penal se anunció en la última sesión referida y la sentencia se emitió el 23 de abril siguiente; allí se condenó a JAVIER SÁNCHEZ ARBOLEDA, en calidad de autor del punible objeto de acusación.
Inconforme con la decisión, la defensa y el procesado interpusieron y sustentaron debidamente el recurso de apelación, que fue concedido por el Tribunal Superior de Popayán el 9 de mayo de 2019.
3. SENTENCIA IMPUGNADA
El Juez Colegiado hizo mención a las normas que se estimaron vulneradas, esto es, artículo 68 de la Ley 599 de 2000; 314 y 461 de la Ley 906 de 2004, para, seguidamente, exponer la improcedencia de sustituir la pena privativa de la libertad por domiciliaria sin un dictamen oficial emanado del Instituto Nacional de Medicina Legal, que certifique la gravedad del estado de salud del condenado y la incompatibilidad con la vida en reclusión.
Ese presupuesto, consideró el Tribunal, pese a ser conocido por SÁNCHEZ ARBOLEDA, en tanto citó y reseñó apartes de dichas premisas normativas en la decisión reprochada, fue pasado por alto para beneficiar a Yoel Andrés Bilbao Grijalba, con la sustitución de la prisión intramural.
Luego de referirse a precedentes de la Corte Suprema de Justicia1 y Corte Constitucional2, según los cuales, se profundizó sobre la necesidad de contar con valoraciones especializadas de galenos del Instituto Nacional de Medicina Legal para los fines referidos, afirmó acreditadas las categorías dogmáticas del tipo penal de prevaricato por acción agravado.
Lo anterior, con fundamento en que (i) el dictamen médico legal practicado no era definitivo, pues sólo daba cuenta de un diagnóstico –colitis ulcerativa–, al tiempo que ordenaba la práctica de exámenes y consulta con gastroenterólogo para posterior valoración por Medicina Legal, (ii) SÁNCHEZ ARBOLEDA optó por efectuar su propia valoración, señalando que “intuía” que se estaba en presencia de una enfermedad grave e incompatible con la vida en reclusión; (iii) no estudió si lo procedente era conceder la prisión hospitalaria en lugar de la domiciliaria, (iv) de manera consciente dirigió su comportamiento a trasgredir las normas antes mencionadas, a través de la imposición de su criterio, carente de un fundamento racionalmente sólido y, (v) pasó por alto las recomendaciones sobre la realización de exámenes de laboratorio previos, que conducían a la necesidad de postergar un pronunciamiento de fondo.
En consecuencia, condenó a JAVIER SÁNCHEZ ARBOLEDA en calidad de autor del delito de prevaricato por acción agravado; y le impuso las penas principales de 48 meses de prisión, multa de 66.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes y 80 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
Con fundamento en el contenido de los artículos 38 de la Ley 599 de 2000 y 31 de la Ley 1142 de 2007, concedió la prisión domiciliaria a SÁNCHEZ ARBOLEDA.
4. LOS RECURSOS
4.1 Los recurrentes
Defensa
El defensor de JAVIER SÁNCHEZ ARBOLEDA solicitó se revoque el fallo condenatorio, sobre la base de considerar la existencia de duda razonable, atipicidad subjetiva y error vencible en el actuar de SÁNCHEZ ARBOLEDA.
En sustento de su postura, comenzó por destacar que el procesado, en la decisión censurada dio aplicación al derecho penal constitucional3, con fundamento en la prevalencia del derecho sustancial, la primacía de los principios superiores y la garantía de protección de derechos fundamentales.
Luego se refirió a la interpretación que el Tribunal efectuó en relación con el contenido del inciso 2º del artículo 68 A de la Ley 599 de 2000. La tildó de errada, por considerar que la prohibición allí contenida no puede escindirse del aspecto referenciado, es decir, que opera en relación con las condenas proferida y ejecutoriadas, entre otros, por delitos contra la administración pública, caso que no es predicable respecto de JAVIER SÁNCHEZ ARBOLEDA.
En descenso al caso de autos, hizo énfasis en el diagnóstico estipulado sobre el estado de salud del procesado. Específicamente, mencionó, en las diligencias se dio por probado que Yoel Andrés Bilbao Grijalba padece de colitis ulcerativa, de acuerdo con la histórica clínica y la valoración por gastroenterólogo; padecimiento por el cual, movido por la necesidad de defender la dignidad humana, el procesado sustituyó la prisión intramural por domiciliaria.
La buena fe que esa actuación representa, continuó el defensor, “corresponde atemperarla” con las consideraciones actuales de la Corte Constitucional sobre la exequibilidad del artículo 68 de la Ley 599 de 2000. Al punto, destacó cómo esa Corporación estableció que “conceptos de médicos privados también sirven al pedir casa por cárcel, ya que también se pueden presentar peritajes de médicos particulares para solicitar este beneficio por graves condiciones de salud. Los conceptos de medicina legal siguen siendo obligatorios, luego entonces el juez evaluará y los confrontará con los de los médicos particulares que lleven los procesados”.
A partir de ese contexto, no es posible evidenciar el acto de corrupción o siquiera el “principio de corrupción” que subyace al prevaricato por acción en el actuar del implicado, quien, como servidor judicial honesto, ha dedicado gran parte de su vida al servicio del Estado en la misión de impartir o administrar justicia y carece de sanciones penales o disciplinarias.
En contraste, opina el censor, lo obvio es concluir que la decisión en cuestión fue producto de un error “o si se quiere de una situación de negligencia o descuido”, eventos en los cuales el prevaricato no se tipifica. En otras palabras, la ausencia de interés alguno, por parte de SÁNCHEZ ARBOLEDA, en que Yoel Andrés Bilbao gozara del sustituto en referencia, descarta la existencia del dolo.
Evocó, en ese sentido, el artículo 23, numeral 2º, del Código Penal de 1936, norma en la cual, el error se consagraba como casual excluyente de culpabilidad y traía como componente no solo la buena fe sino la ignorancia vencible o el “error esencial no proveniente de negligencia”, para colegir que “como fruto de un error trascendente se puede actuar de buena fe, conclusión ésta a la que pretende arribar la defensa para plantearlo como causal de absolución”, máxime que la regulación actual del instituto no permite la condena por el punible de prevaricato por acción en la modalidad culposa, si se quisiera sostener que el error fue de carácter vencible.
En síntesis, destacó, al procesado no puede enrostrársele conocimiento de la tipicidad de su actuar, si la adopción de la providencia cuestionada tuvo por norte “su criterio jurídico, ciencia y valoración del alcance legal, independientemente de que a la postre resultara errada o equivocada la determinación aportada”, pues, al fin y al cabo todos los administradores de justicia están expuestos a la falibilidad de sus decisiones.
Procesado
En términos similares a los expuestos por la defensa técnica se pronunció JAVIER SÁNCHEZ ARBOLEDA.
En desarrollo de la solicitud de absolución agregó que al interno Yoel Andrés Bilbao Grijalba “ni siquiera le habían proporcionado en el establecimiento carcelario una sencilla o simple prescripción médica (…) luego entonces, si las acciones más elementales para garantizar el derecho fundamental a la salud no eran atendidas por el establecimiento carcelario para palear esas dolencias y atender los padecimientos, lógico era intuir que esta persona más temprano que tarde iba a morir por culpa de la indolencia de algunos funcionarios y la falta de celeridad Estatal, dada la gravedad de la enfermedad”.
A partir de esa exposición, concluyó que “el operador jurídico no es un convidado de piedra más, sin emociones, sin sentimientos e inhumano, al que únicamente lo anima en sus determinaciones, el constatar si se cumple la literalidad de una norma, sin más; en este caso lo establecido en el artículo 68 del Código Penal”.
Con todo, destacó, la decisión interlocutoria cuestionada no pretermitió ninguna etapa y fue notificada al agente del Ministerio Público en debida forma, sin que haya sido recurrida u objeto de reproche.
Agregó que la providencia cuestionada no se traduce en impunidad, pues, se fundamentó “en práctica de garantías teleológicas y axiológicas de nuestro estado Social y Democrático de Derecho”; al tanto que el fin por el cual se propendía “era que en realidad de verdad el peticionario tuviese atención médica, no más”.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en el artículo 32, numeral 3º, de la Ley 906 de 2004, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer de los recursos de apelación contra los autos y sentencias que profieran en primera instancia los Tribunales Superiores.
En consecuencia, se aborda el estudio de la impugnación propuesta por la defensa de JAVIER SÁNCHEZ ARBOLEDA, en contra de la sentencia condenatoria proferida en su contra por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, el 23 de abril de 2019, mediante la cual lo condenó como autor responsable del delito de prevaricato por acción agravado.
2. Sobre el delito de prevaricato por acción
El tipo penal de prevaricato por acción agravado se encuentra definido en los artículos 413 y 415 del Código Penal, en los siguientes términos:
Prevaricato por acción. El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses4.
Circunstancia de agravación punitiva. Las penas establecidas en los artículos anteriores se aumentarán hasta en una tercera parte cuando las conductas se realicen en actuaciones judiciales o administrativas que se adelanten por delitos de (…) homicidio”.
En su aspecto objetivo, se considera un ilícito de resultado en el que la descripción típica tiene la siguiente estructura básica: (i) un sujeto activo calificado, es decir, servidor público; (ii) una resolución, dictamen o concepto proferido por éste en función de su cargo; y (iii) la manifiesta contrariedad con la ley predicable de aquél pronunciamiento.
En tal virtud, la materialidad de la conducta calificada como prevaricadora exige demostrar que el acto censurado, esto es, resolución, dictamen o concepto, es producto del capricho o de la arbitrariedad del servidor público, quien desconoce abiertamente y de forma ostensible los mandatos normativos o exigencias de análisis probatorio que regulaban el caso. Esta Corporación ha indicado que resulta necesario:
(i) delimitar las normas aplicables al caso; (ii) precisar la manera como las mismas fueron aplicadas por el sujeto activo; y (iii) realizar un juicio valorativo, que no está orientado a establecer la corrección de la decisión, sino su manifiesta contradicción con el ordenamiento jurídico.5
En este sentido, no encuadran en el tipo penal aquellas providencias que resulten del examen complejo de las distintas disposiciones que regulen el asunto propuesto ante el funcionario, respecto de las cuales exista la posibilidad de interpretaciones discordantes, toda vez que en el prevaricato el juicio no es de acierto sino de legalidad, por cuanto, se insiste, «la emisión de una providencia “manifiestamente contraria a la ley” solamente es compatible con un conocimiento y voluntad intencionada en el caso concreto de decidir de manera contraria al ordenamiento jurídico, ese propósito no puede ser fruto de intrincadas elucubraciones, tiene que ser evidente, grosero y advertible de inmediato en relación con el problema jurídico identificado por el funcionario judicial en el momento en cuya conducta se juzga y no a posteriori» (CSJ SP14999-2014).
Además, en los términos del artículo 21 del Código Penal, la conducta solo opera en su modalidad dolosa, incurriendo en ella el servidor público que con conocimiento y voluntad profiere la resolución, concepto o dictamen apartados de la ley.
Particularmente, en lo que atañe a la configuración del delito de prevaricato por acción por decisiones proferidas por funcionarios judiciales, la Corte ha considerado necesario acreditar el dolo6, bien sea mediante prueba directa o a través de inferencias razonables que permitan tenerlo por cierto.
Así, la Corte ha puntualizado que para condenar por esta modalidad delictiva “resulta imprescindible comprobar que el autor sabía que actuaba en contra del derecho y que, tras ese conocimiento, voluntariamente decidió vulnerarlo” (CSJ SP, 27 jul. 2011, Rad. 35.656).
3. Caso concreto
Como en este asunto no hay reparo a la calidad de servidor público que ostentaba JAVIER SÁNCHEZ ARBOLEDA en la fecha en que ejecutó el comportamiento que se tacha de ilícito, ni emerge discusión sobre la existencia material y contenido de la decisión adoptada el 19 de enero de 2011, a través de la cual concedió la sustitución de la ejecución de la pena de prisión intramural por domiciliaria a Yoel Andrés Bilbao Grijalba, la discusión se centra en determinar, por un lado, si se concretó el elemento objetivo del tipo, dado que la tesis de los recurrentes consistió en afirmar que el proveído judicial discutido no constituye un acto manifiestamente contrario a la ley; y, por el otro, verificar la existencia del dolo.
Para la Corte, se manifiesta desde ya, es evidente que el proveído fechado 19 de enero de 20117, por cuyo medio JAVIER SÁNCHEZ ARBOLEDA sustituyó la ejecución de la pena de prisión intramural por domiciliaria de Yoel Andrés Bilbao Grijalba, contraviene el ordenamiento jurídico.
La ilicitud de la providencia obedece a la ostensible contrariedad con la ley, en los aspectos que pasan a explicarse:
– El Juzgado 14 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Cali, mediante sentencia fechada 1 de agosto de 2007, condenó a Yoel Andrés Bilbao Grijalba, a la pena de 360 meses de prisión, como autor del punible de homicidio agravado.
– El 3 de febrero de 2009, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán avocó el conocimiento del proceso en contra de Bilbao Grijalba.
– El 11 de diciembre de 2009, a través de apoderada, Yoel Andrés Bilbao Grijalba solicitó la “suspensión de la ejecución de la pena por grave enfermedad”, petición que elevó en consideración al que dijo delicado estado de salud derivado del padecimiento de “colitis ulcerativa” que lo aqueja, por cuanto, “las condiciones de la cárcel no son las más idóneas para el cuidado médico que se requiere de especialistas”.8
– A través de auto del 31 de diciembre del mismo año, la otrora titular del estrado ejecutor, Dora Eugenia Sánchez Girón, solicitó al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cali, valoración médica respecto de Yoel Andrés Bilbao Grijalba, con el fin de determinar su estado de salud, la gravedad de la enfermedad que padece y si esta es o no compatible con la vida en reclusión.
– luego de afirmar el incumplimiento del trámite ordenado, La petición fue reiterada directamente por Yoel Andrés Bilbao Grijalba, el 23 de diciembre del año 2010; allí puso de presente, no obstante haber sido atendido por el departamento de sanidad de la institución carcelaria, encontrarse visiblemente enfermo y su salud deteriorada.
Solicitó, en esos términos, nueva valoración médico legal y la subsiguiente “suspensión de la ejecución de la pena por grave enfermedad”. Al escrito allegó copia de la historia clínica9.
– JAVIER SÁNCHEZ ARBOLEDA asumió el encargo del despacho durante el período que va del 27 de diciembre de 2010 al 20 de enero de 201110, mientras la titular se encontraba en vacaciones11.
-El 19 de enero de 2011, el juez JAVIER SÁNCHEZ ARBOLEDA emitió el auto controvertido, en el que invocó el contenido del artículo 68 de la Ley 599 de 2000, en consonancia con lo establecido en los cánones 471 y 362 de la Ley 600 de 2000; 314 y 461 de la Ley 906 de 2004.
En sustento de la decisión, transcribió el concepto emanado del perito adscrito al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que examinó al condenado12, concretamente, en cuanto estableció:
Cuadro clínico de evolución desde el 2007, (…) el médico que lo ha examinado le formula algunos medicamentos, el cuadro clínico cede pero nuevamente aparece; la diarrea ha sido persistente. Le practicaron rectosigmoidoscopia hace 3 años y le informaron que tenía colitis ulcerativa (…). Actualmente continúa con igual sintomatología, hace dos meses fue visto nuevamente por gastroenterología, le formularon pero tampoco le han suministrado los medicamentos indicados.
Historia de colitis ulcerativa diagnosticada por colonoscopia. Hemorroides externadas. La colitis ulcerosa es una enfermedad ulcero inflamatoria limitada al colon y que afecta a la mucosa y submucosa salvo en los casos más graves, es un trastorno generalizado que en algunos pacientes se asocia a otras patologías.13
Con apoyo en esas conclusiones, SÁNCHEZ ARBOLEDA, prescindió de la práctica de los exámenes ordenados posteriormente por el experto del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien de manera enfática plasmó en las conclusiones del dictamen lo siguiente:
“Al momento del examen el señor BILBAO YOEL ANDRÉS presenta una impresión diagnóstica de colitis ulcerativa y se requieren que se practiquen los exámenes solicitados por gastroenterología: hemograma, VAG, creatinina, albúmina, parcial de orina, coprológico, colonoscopia total e interconsulta con gastroenterología”. Negrilla propia.
A pesar de la indiscutible necesidad de practicar diversos exámenes y obtener concepto de especialista en gastroenterología, SÁNCHEZ ARBOLEDA manifestó en la decisión censurada:
Para garantizar el respeto a la dignidad humana y dada la necesidad de manejo y cuidados especiales, de acuerdo con el estado de salud del procesado en que se encuentra para la fecha de la valoración se hace aconsejable sustituir el lugar de reclusión de la cárcel, por la residencia.
Infortunadamente, para este censor (sic), queda demostrado que en el establecimiento carcelario no se le puede brindar la certera atención médica que requiere el procesado de autos, máxime cuando en el dictamen médico legal se establece que no se han llevado a cabo los procedimientos indicados (…) la complicación más temible a largo plazo es el desarrollo del cáncer en colon (…) fue un experto en medicina quien se encargó de evaluar al paciente y conceptuó que la patología padecida por el interno (…) es progresiva y deteriorativa, humildemente intuye este operador jurídico que estamos ante una enfermedad grave e incompatible con la vida en reclusión, inclinándose por una reclusión domiciliaria a condición que se le brinde los cuidados necesarios a BILBAO GRIJALBA.14
Ahora bien, efectuado el recuento de lo acaecido, imperioso es resaltar que, como la discusión se encuentra circunscrita a la legalidad de la decisión que sustituyó la prisión intramural impuesta a Yoel Andrés Bilbao Grijalba por confinamiento domiciliario, en razón del estado grave por enfermedad, la Sala examinará, en primer término, el ámbito de regulación de esa figura.
Dicho instituto está regulado en el artículo 68 del Código Penal, norma que taxativamente exige para su concesión, la existencia de concepto de médico legista especializado.
Dice el artículo:
El juez podrá autorizar la ejecución de la pena privativa de la libertad en la residencia del penado o centro hospitalario determinado por el INPEC, en caso que se encuentre aquejado por una enfermedad muy grave incompatible con la vida en reclusión formal, salvo que en el momento de la comisión de la conducta tuviese ya otra pena suspendida por el mismo motivo. Cuando el condenado sea quien escoja el centro hospitalario, los gastos correrán por su cuenta.
Para la concesión de este beneficio debe mediar concepto de médico legista especializado.
Se aplicará lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 38.
El Juez ordenará exámenes periódicos al sentenciado a fin de determinar si la situación que dio lugar a la concesión de la medida persiste.
Si cumplido el tiempo impuesto como pena privativa de la libertad, la condición de salud del sentenciado continúa presentando las características que justificaron su suspensión, se declarará extinguida la sanción. (Negrillas propias).
En concordancia con ello, la Ley 906 de 2004, en sus artículos 314 y 461, dispone:
Artículo 314. Sustitución de la detención preventiva.
La detención preventiva en establecimiento carcelario podrá sustituirse por la del lugar de la residencia en los siguientes eventos:
(…)
4. Cuando el imputado o acusado estuviere en estado grave por enfermedad, previo dictamen de médicos oficiales.
El juez determinará si el imputado o acusado deberá permanecer en su lugar de residencia, en clínica u hospital.
(…)
En todos los eventos el beneficiario suscribirá un acta en la cual se compromete a permanecer en el lugar o lugares indicados, a no cambiar de residencia sin previa autorización, a concurrir ante las autoridades cuando fuere requerido y, adicionalmente, podrá imponer la obligación de someterse a los mecanismos de control y vigilancia electrónica o de una persona o institución determinada, según lo disponga el juez.
El control del cumplimiento de la detención en el lugar de residencia estará a cargo del Inpec, el cual realizará un control periódico sobre el cumplimiento de la detención domiciliaria y reportará a la Fiscalía sobre sus resultados para que si se advierten violaciones a las condiciones impuestas por el Juez se puedan adoptar las correspondientes acciones.
Artículo 461. Sustitución de la ejecución de la pena.
El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad podrá ordenar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario la sustitución de la ejecución de la pena, previa caución, en los mismos casos de la sustitución de la detención preventiva.
Por consiguiente, tratándose de esta modalidad de sustitución de la ejecución de la pena de prisión intramural por la prisión domiciliaria, basada en la existencia de grave enfermedad incompatible con la vida en reclusión, es necesario constatar de manera previa, mediante concepto experto emitido por «médicos oficiales»15, que la persona sobre quien recae la orden de privación de la libertad se encuentra en un estado grave de salud por enfermedad y que dicho estado es incompatible con la vida en internación carcelaria.
Una vez determinado lo anterior, el funcionario judicial decidirá, acorde con el dictamen, el lugar donde habrá de cumplir la medida el procesado, esto es, si en su residencia o en clínica u hospital.
En ese mismo sentido, esta Corporación ha sostenido:
Resulta evidente que la inconformidad del censor opera frente a la decisión de los falladores de negarle a su prohijado la sustitución de la pena de prisión intramural por la domiciliaria, bajo la prédica que padece una enfermedad grave, sin embargo, los muy precisos argumentos de los juzgadores, que descartan la concesión del sustituto aún en las circunstancias descritas por el defensor, en tanto, no se aportó dictamen médico oficial que certifique que la enfermedad que padece el acusado es incompatible con la vida en reclusión, ni se demostró que no pueda ser tratado integralmente en el establecimiento carcelario, no fueron abordados por el impugnante para hacer ver algún exabrupto de raciocinio que los deslegitime, sin que, de otro lado, la Corte advierta algún error en su formulación.
(…)
Encuentra la Sala que en ningún error de fundamentación incurrió el Tribunal. En efecto, el hecho de padecer una enfermedad grave no habilita automáticamente la procedencia de la reclusión domiciliaria, toda vez que el artículo 68 del Código Penal condiciona su procedencia a la existencia de un concepto médico especializado en el que se dictamine que el penado se encuentra aquejado de una enfermedad muy grave, la cual es incompatible con la vida en reclusión formal.
Por tanto, para su concesión no basta solo con la manifestación de la defensa ni el aporte de documentación médica y clínica en que se diga que el acusado padece una enfermedad, como lo entiende el impugnante, pues, para la procedencia del beneficio se demanda de un dictamen concreto, que debe diagnosticar ese estado de enfermedad y calificarlo con la gravedad que exige la disposición sustantiva.16
Atendiendo los presupuestos establecidos en los artículos 68 del Código Penal, 314.4 y 461 de la Ley 906 de 2004, y acorde con el sentido natural de las referidas disposiciones, se advierte que para la fecha en que el procesado emitió la decisión que se tilda de prevaricadora, esto es, el 19 de enero de 2011, la concesión de la prisión domiciliaria por enfermedad grave, como sustituta de la intramural, requería del dictamen médico legal de un profesional que certificara la incompatibilidad con la vida en reclusión, respecto del padecimiento del sentenciado; concepto que, para el evento en cuestión, no fue emitido.
Sobre el particular, debe indicarse, es cierto que el condenado fue remitido al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que se evaluara su estado de salud y se estableciera si padecía alguna enfermedad que resultara en la incompatibilidad con la reclusión en centro carcelario. Sin embargo, los resultados de esa valoración no fueron favorables al condenado, como se afirmó por defensa y SÁNCHEZ ARBOLEDA al sustentar el recurso que convoca la atención de la Sala.
En efecto, en la sesión de juicio oral del 29 de enero de 2019, la perito Esther Mariela Estrada Martínez se refirió al reconocimiento médico legal por estado de salud efectuado en relación con Yoel Andrés Bilbao Grijalba, suscrito el 17 de enero de 2011, en el cual concluyó:
El señor Bilbao Yoel Andrés presenta una impresión diagnóstica de colitis ulcerativa y se requieren que se practiquen los exámenes solicitados por gastroenterología: hemograma, VAG, creatinina, albúmina, parcial de orina, coprológico, colonoscopia total e interconsulta por gastroenterología. Los exámenes y la interconsulta con especialista pueden efectuarse de manera ambulatoria (…) debe solicitarse una nueva evaluación médico legal cuando se cuente con los resultados respectivos.17
En desarrollo del interrogatorio cruzado18, la perito sostuvo que en esa oportunidad, para lograr concluir si se cumplían los criterios en aras de catalogar la enfermedad que padecía el condenado como grave y así estudiar si resultaba o no incompatible con la vida en reclusión, requería tener los resultados de una colonoscopia y de varios exámenes a practicar por especialista en gastroenterología, entre ellos, una biopsia.
Hizo énfasis en que al momento del examen, Bilbao Grijalba presentaba “una impresión diagnóstica de colitis ulcerativa”, al tiempo que, destacó, debía solicitarse nueva evaluación médico legal al término de la obtención de los exámenes médicos solicitados, para poder determinar con exactitud cuál era el estado del paciente.
Con todo, resaltó la testigo perito, la colitis ulcerativa puede no ser grave si el paciente está en control y tiene su dieta, al tiempo que, dilucidó, a simple vista no es posible determinar si un paciente tiene o no una enfermedad que pueda catalogarse como de gravedad.
En ese orden, no puede pasarse por alto la precaria o nula argumentación ofrecida por SÁNCHEZ ARBOLEDA en la decisión censurada, en tanto, incluso aludió, como criterio orientador del sentido de la decisión, a su intuición, como si desconociera que las decisiones judiciales guardan obediencia al mandato de la ley y los administradores de justicia mal podrían seguir a la intuición en la adopción de sus decisiones, por más loable que incluso se advierta la finalidad pretendida.
Huelga advertir que la “intuición” en materias que no son del conocimiento del funcionario judicial, es suplida, precisamente, por el dictamen del experto en el tema y a ello es que alude la norma cuando obliga del funcionario judicial atender al concepto del especialista en salud adscrito al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
De todas maneras, la Sala ni siquiera advierte una intención en verdad meritoria o, dígase, altruista, como lo pretende mostrar SÁNCHEZ ARBOLEDA; por el contrario, lo que de manera objetiva reflejan los argumentos consignados en la decisión controvertida, es el ánimo de soportar con falacias la que se verifica violación ostensible de la Ley.
Ello se verifica inconcuso, pues, pesar de reconocer la existencia de los mandatos contenidos en los artículos 68 de la Ley 599, 314 y 461, de la Ley 906 de 2004, al punto de citarlos en el auto, con argumentos sofísticos y en franco cercenamiento del contenido de la prueba pericial practicada a escasos 2 días de adoptar la decisión de sustituir la pena de prisión intramural por domiciliaria, introdujo un elemento de corte pietístico, soportado apenas en su “intuición”, de lo cual surge que deliberadamente quiso y así efectivamente lo hizo, apartarse de la ley, dado que, se repite, no contaba con el correspondiente concepto especializado que respaldara su postura, esto es, diera cuenta de la existencia de los dos presupuestos ineludibles para aceptar la atemperación del rigor intramural: la enfermedad grave y la imposibilidad de sobrellevarla o contrarrestarla estando privado de la libertad en un establecimiento penitenciario.
Nótese que la gravedad del padecimiento de Bilbao Grijalba, fue fincada por el acusado en el carácter progresivo y “deteriorativo” que le atribuyó a la colitis ulcerativa; aspectos que, además de no ser referidos en la valoración médico legal, sirvieron de base, sin fundamento alguno, para que, prevalido de la intuición, el juez determinara la presencia de una enfermedad grave e incompatible con la vida en reclusión.
Como argumento adicional, el procesado aludió a que “la complicación más temible a largo plazo es el desarrollo del Cáncer en colon después de periodos largos de la enfermedad”, para intentar justificar su determinación; no obstante, no puede dejar de resaltarse que la referencia a tal padecimiento solo fue tangencial y apenas aproximativa, vale decir, nada refería que el mal estuviese presente o pudiese estarlo a futuro, aspectos que, no sobra recalcar, reclamaban de estudios de laboratorio hasta ese momento no realizados.
Sobre el particular, se ofrece indispensable señalar que, no se desconoce la importancia de despachar solicitudes de sustitución de pena intramural, por enfermedad grave, de manera célere; pero tampoco puede pasarse por alto que sólo había transcurrido un día desde que se efectuó la valoración19 que ordenó los exámenes médicos a Yoel Bilbao, pese a lo cual, JAVIER SÁNCHEZ ARBOLEDA adoptó la decisión –el 19 de enero de 2011–, sin hacer mención alguna a tan importante circunstancia, es decir, sin hacer explícito motivo alguno por el cual se adoptó la decisión con prescindencia, se repite, de la práctica de los exámenes ordenados por el perito del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses20.
Una actuación así culminada, enseña evidente la premura por adoptar la decisión ilegal, dado que al día siguiente de expedido el auto, culminaba el período para el cual fue nombrado SÁNCHEZ ARBOLEDA –se recuerda, fue asignado al despacho, como juez, por el término de vacaciones de la titular del estrado judicial, esto es, desde el 27 de diciembre de 2010, hasta el 20 de enero de 2011-.
No de otra manera se explicaría el hecho de pasar por alto no sólo la necesidad de valoración por médico especialista en gastroenterología, encargado de determinar la gravedad del padecimiento, sino la práctica de varios exámenes, entre ellos, colonoscopia, análisis hemáticos y biopsia, que arrojaran el cuadro médico completo indispensable en el sustento de una determinación de tal índole.
Lo que se quiere resaltar, es que la conclusión de enfermedad grave no podía, de ninguna manera, adoptarse con prescindencia de lo mencionado, pues, apenas se contaba con un diagnóstico efectuado varios años atrás –2007-, para el momento en que el procesado decidió, por su intuición, asumir que la colitis ulcerativa era grave y que su tratamiento era imposible estando Yoel Bilbao Grijalba privado de la libertad en establecimiento de reclusión.
En este sentido, SÁNCHEZ ARBOLEDA argumentó en el auto objeto de censura, que en el establecimiento carcelario no se le puede brindar al condenado “la certera atención médica que requiere el procesado de autos, máxime cuando en el dictamen de Medicina Legal se establece que no se han llevado a cabo los procedimientos indicados y el suministro de medicamentos prescritos por los médicos tratantes”, sin que ello sea reflejo exacto y fidedigno de lo establecido por la perito en la valoración médica, cuyo dicho fue evidentemente tergiversado.
En efecto, Esther Mariela Estrada Martínez refirió en juicio que la falta de suministro de medicamentos operó apenas como afirmación efectuada por el condenado Bilbao Grijalba en curso de la valoración médica ordenada, esto es, no corresponde al dicho de la testigo perito, consecuencia de lo observado.
Así mismo, en la base de opinión pericial no se aludió a que algún procedimiento hubiese sido ordenado y su práctica omitida por las entidades prestadoras del servicio de salud, como lo asegura SÁNCHEZ ARBOLEDA en el auto del 19 de enero de 2011.
En contrario, lo que se indicó por parte de la perito, es que al examen físico encontró que el condenado, en términos generales, lucía bien y sus signos vitales se verificaban normales.
Por lo demás, la historia clínica aportada por Yoel Andrés Bilbao Grijalba al expediente, con ocasión de su solicitud de “suspensión” de la ejecución de la pena, evidencia que sí tuvo acceso a los servicios de salud, prestados por Caprecom desde la impresión diagnóstica y hasta que fue sustituida la reclusión, oportunidades en las cuales le prescribieron medicación antiinflamatoria y antibiótica, sin que se advierta noticia alguna sobre la falta de suministro de esta21.
Repárese, así mismo, en que la postura asumida por SÁNCHEZ ARBOLEDA, de todas maneras, contraviene las premisas normativas alusivas a la concesión del sustituto, pues, asumiendo grave la enfermedad, como pretende que se admita la defensa, ello no le era suficiente al juez para sustituir la pena de prisión por domiciliaria.
Es así como lo ha sostenido la Corte, al advertir que:
la situación de grave enfermedad, per se, no es suficiente para conceder la reclusión domiciliaria u hospitalaria, es necesario, además, que “la misma sea incompatible con la vida en reclusión formal.22
En el mismo sentido, en oportunidad más reciente sostuvo:
De ahí que la suspensión de la detención domiciliaria proceda no sólo ante la constatación de que la persona privada de la libertad se encuentra en un estado grave de salud por enfermedad, sino que resulta necesario, además, la comprobación de que dicho estado es incompatible con la vida en reclusión formal, todo ello, acreditado por «los médicos oficiales».23
Entonces, comoquiera que el procesado no mencionó razón alguna por la cual, pese a echarse de menos el concepto que estableciera la incompatibilidad de la vida en reclusión, optó por conceder el sustituto, es claro que emitió una decisión ostensiblemente contraria a la ley.
Restaría por agregar, acerca de la postura asumida por la Corte Constitucional en sentencia C–163 de 2019, que el contenido de tal precedente no resulta predicable en el presente asunto. En primer lugar, porque SÁNCHEZ ARBOLEDA no fundamentó la decisión de sustituir la pena privativa de la libertad en centro de reclusión por domiciliaria en un dictamen de galeno particular, que determinara la existencia de la colitis ulcerativa como enfermedad grave incompatible con la vida en reclusión.
En segundo término, porque de acuerdo con el contenido del precedente en cita, en todo caso el dictamen del médico privado que se aporte no suple la valoración que deba realizar el Instituto Nacional de Medicina Legal para determinar el estado de salud del procesado o condenado, en la medida en que los conceptos de dicha entidad siguen siendo obligatorios; luego emerge indispensable la confrontación de los dictámenes que se aporten por cuenta de la parte interesada, para que la entidad oficial pueda, en el cometido de establecer la gravedad del padecimiento o enfermedad que se alegue, determinar con suficiencia el estado de salud de la persona afectada.
A su vez, el tipo subjetivo, que se configura cuando el servidor público profiere decisiones basadas en criterios personales, beneficios propios o ajenos, con argumentos caprichosos, arbitrarios, manifiestamente groseros, de los que se establece que su ánimo no es acertar sino abandonar deliberadamente el propósito de administrar justicia y contrariar así las normas vigentes, se determina completamente verificado luego de constatar que, efectivamente, SÁNCHEZ ARBOLEDA conocía el contenido del dictamen médico legal de valoración por enfermedad, alusivo apenas a una impresión diagnóstica y a la evidente necesidad de realización de varios exámenes y valoraciones por especialista, al tiempo que, era consciente de la obligación legal de contar con un dictamen oficial que certificara no sólo la gravedad de la enfermedad, sino la imposibilidad de ser tratada al interior del penal.
El que conociera los límites legales y requisitos exigidos para otorgar la sustitución; que pasara por alto los condicionamientos del dictamen, sin siquiera mencionarlos en la decisión; que, además, superara las necesarias ayudas de laboratorio con su particular “intuición”; y que, por último, ofreciera una falaz, parcializada y conveniente lectura del dictamen médico legal rendido por Esther Mariela Estrada Martínez, informa del dolo inserto en el actuar contra derecho, ratificado en el hecho de tomar la decisión de manera apresurada, un día antes de terminar su encargo como juez.
Importa enfatizar en que, la motivación jurídica de la decisión emitida por SÁNCHEZ ARBOLEDA, se limita a la expresión “humildemente intuye este operador jurídico que estamos ante una enfermedad grave e incompatible”, lo que sin duda alguna refleja su intención de apartarse de las normas que regulan la materia, para decidir conforme a su evidente propósito de emitir una decisión sin soporte legal alguno.
Adicionalmente, debe agregarse que se ofrece también indicativo del elemento subjetivo, además de conocimiento del derecho aplicable, la consideración de tratarse de un asunto sin mayor complejidad, por lo que un hipotético escenario de error o descuido, no de intencionalidad, no se explicaría como, de la lectura integral de un experticio, hace prevalecer su intuición sobre la gravedad del padecimiento, por encima de lo dictaminado por el médico legista.
Y es que, innegable resulta que el acusado también estaba en condiciones de conocer que, en un contexto en el cual se estaban debatiendo las condiciones de privación de la libertad de un condenado por el punible de homicidio agravado en concurso homogéneo por la muerte de 4 personas24, que aún por virtud del preacuerdo celebrado fue condenado a una pena de prisión muy alta – 30 años –, no estaba en posibilidad legal de fallar los asuntos puestos a su consideración, valiéndose de “su esencia humanista”, como de manera sofística lo adujo en sede de juicio oral, por cuanto la importancia de la situación le merecía el mayor cuidado y suficiente y ponderado análisis de las normas reguladoras del instituto de la sustitución de la pena intramural por domiciliaria.
Restaría agregar, que la intuición de que “esa persona se iba a morir”, conforme declaró en juicio, conduciría, de manera lógico-objetiva, a ordenar una reclusión intrahospitalaria, mas no domiciliaria, donde esa aparente motivación caería en el vacío.
En este orden de ideas, aunque la Sala, en alguna ocasión, utilizó la expresión “ánimo corrupto”25, para referirse al prevaricato y el dolo que lo acompaña, con ello jamás intentó introducir un nuevo elemento del tipo, a la manera de un fin específico, ni obligar el examen de aspectos distintos a los que de manera tradicional componen el dolo.
Esto es, la definición de responsabilidad penal, una vez verificado que se actuó con conocimiento y voluntad, no implica examinar si con ello el acusado buscaba algún tipo de beneficio patrimonial para sí o un tercero, a la manera de obligar, entonces, delimitar la materialidad de un concurso delictual, dígase, con el cohecho o la concusión.
Dicho en otros términos, el interés de beneficiar a Yoel Bilbao Grijalba con la sustitución de la pena intramural por domiciliaria, no obliga verificar que por ello se obtuvo algún pago o recompensa, y ni siquiera que poseyera un interés de otro tipo en ello, tal cual parece sugerir el impugnante cuando advierte que la decisión no vino mediada por un deseo particular de excarcelar al beneficiado con ella.
Al margen de lo anterior, como el defensor esbozó la configuración de un error de tipo, debe mencionar la Sala que esa hipótesis no fue propuesta de manera seria en el estudio de la figura, en la medida en que no se planteó verdaderamente una falsa percepción de una situación en la ejecución del tipo penal, que excluya el dolo, pues la supuesta creencia de encontrarse ante una enfermedad grave, devino de la simple lectura de una valoración médica que ni siquiera daba lugar a confusión o a interpretaciones alternativas sobre este tópico, y mucho menos, de la imposibilidad de tratamiento de la misma en establecimiento penitenciario.
Los argumentos de la impugnación, entonces, no tienen la consistencia necesaria para producir la revocatoria del fallo condenatorio.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
CONFIRMAR la decisión impugnada, conforme a las razones expuestas en la parte motiva del proveído.
Notifíquese y cúmplase.
HUGO QUINTERO BERNATE
MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS
GERSON CHAVERRA CASTRO
DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN
JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
FABIO OSPITIA GARZÓN
CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO
Nubia Yolanda Nova García
Secretaria
1 Radicado 53601 del 18 de septiembre de 2018
2 Sentencia T-536 de 2015
3 Conforme a la sentencia C-038 de 1995
4 Con el aumento punitivo previsto en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004.
5 CSJ SP, 23 ene. 2019, Rad. 50.419. Reiterado en: AP 22 mar. 2019, Rad 52.018.
6 CSJ SP, 18 abr. 2018, rad. 50132.
7 Cfr. Folios 280 a 285, cuaderno original #2 Tribunal.
8 Cfr. Folios 251 y 252. Cuaderno original #2 Tribunal
9 Folios 255 a 279. Cuaderno original #2. Tribunal.
10 Acta de estipulaciones probatorias. Folios 231 a 233. Cuaderno #2 Tribunal.
11 Mediante acuerdo 133 del 11 de noviembre de 2010.
12 Llevada a cabo el 17 de enero de 2011. Folio 312 a 314 c. 2.
13 Cfr. Folio 282. Cuaderno Original #2. Tribunal.
15 Sentencia C-163 de 2019. La Corte Constitucional declaró condicionalmente exequible el numeral 4 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que también se pueden presentar peritajes de médicos particulares.
16 CSJ AP, 8 Jul 2020. Rad. 57189
17 Cfr. Folio 314 Cuaderno original #2. Tribunal
18 Récord 51:38.
19 Llevada a cabo el 17 de enero de 2011. Folio 312 a 314 c. 2.
20 En las conclusiones del dictamen se plasmó: “Al momento del examen el señor BILBAO YOEL ANDRÉS presenta una impresión diagnóstica de colitis ulcerativa y se requieren que se practiquen los exámenes solicitados por gastroenterología: hemograma, VAG, creatinina, albúmina, parcial de orina, coprológico, colonoscopia total e interconsulta con gastroenterología”. Negrilla propia.
21 Cfr. Folios 257 a 279. Cuaderno Original #2 Tribunal.
22 CSJ SP, 9 dic. 2010, rad. 35.011.
23 CSJ SP. 14 Nov 2018. Rad. 54102.
24 Escrito de acusación Pág. 2
25 SP 23 oct. 2014, rad. 39538, SP740 18 abr. 2018, rad. 50132 y SP 16 may. 2018, rad. 52545.