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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
SP13279-2016
Radicación No. 44220
Aprobado acta N° 293
Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil dieciséis (2016).
ASUNTO
Resuelve la Corte el recurso de apelación interpuesto por la Fiscal Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Villavicencio y el apoderado de las víctimas, en contra de la sentencia del 16 de junio de 2014, por medio de la cual la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio absolvió a HAIDDE GAMEZ RUIZ, de los cargos de prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público.
HECHOS
Dentro del trámite del proceso ejecutivo mixto de Néstor Germán Castañeda Aguirre contra Resurrección Díaz, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio, por auto del 27 de abril de 2007, ordenó el secuestro del predio rural denominado “La Florida”, ubicado en la vereda Caney Bajo, jurisdicción del municipio de Restrepo (Meta), distinguido con la matrícula inmobiliaria número 230-90203, inmueble de propiedad de la demandada.
Para la práctica de la diligencia de secuestro se libró despacho comisorio No. 0023 al Juzgado Promiscuo Municipal de la mencionada localidad a cargo de la acusada HAIDEE GAMEZ RUIZ, quien el 10 de julio de 2007 se trasladó al predio y, con la asistencia de un topógrafo auxiliar de la justicia, procedió a su secuestro de conformidad con los linderos establecidos en las escrituras allegadas al despacho; al tiempo que designó a una secuestre de la lista correspondiente, quien a su vez lo dejó en depósito gratuito y provisional a la señora María Eloísa Cañón Bermúdez.
Actuación que fue reprobada por la Fiscalía, al considerar que con ella se dividió de forma indebida el inmueble y adjudicó derechos sobre aquél a María Eloísa Cañón Bermúdez quien ya había vendido su propiedad, en desmedro de los intereses del nuevo titular del bien, esto es, Néstor Germán Castañeda Aguirre1.
ANTECEDENTES
1. En diligencia del 31 de enero de 2012, ante el Juzgado Primero Penal Municipal de Villavicencio, la Fiscal Primera Delegada ante el Tribunal Superior imputó a HAIDEE GAMEZ RUIZ, las conductas de prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público, en calidad de autora, conforme con los artículos 413 y 286 del Código Penal, con la circunstancia de mayor punibilidad del artículo 58, numeral 9.
2. El 13 de febrero de 2012, la Fiscalía presentó escrito de acusación en contra de la prenombrada por los delitos imputados, el cual se materializó en audiencia del 27 de marzo siguiente, ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio.
3. Evacuada la etapa de juzgamiento, el Tribunal cognoscente, en sentencia de 16 de junio de 2014, absolvió a la acusada por los ilícitos endilgados.
EL FALLO IMPUGNADO
La Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, absolvió a la acusada, al considerar que:
1. No se acreditó el ingrediente normativo del tipo referido al proferimiento de una “resolución, o concepto manifiestamente contrario a la ley”, que comprende (i) la resolución, dictamen o concepto; (ii) la ley que se estima violada y, (iii) las razones por las cuales se considera que dicha violación es grosera y manifiesta, conforme con los parámetros explicados en providencia del 28 de noviembre de 2012, radicado 39198, de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En el acto complejo de la acusación la Fiscalía no precisó tales elementos, pues se limitó a confrontar la diligencia del 10 de julio de 2007, el auto del 21 de agosto de 1998 y el despacho comisorio enviado para insistir en que la procesada excedió las facultades de la comisión, al ordenar levantar un plano conforme con unos linderos diferentes a los establecidos en la Escritura No. 234 de 1998 (que calificó de mendaz), dividir el predio y crear una servidumbre, sin indicar la ley o norma trasgredida a fin de emprender razonamiento sobre el por qué se habría obrado en contrario. De modo que asimiló el despacho comisorio con la ley y varió los hechos de un eventual delito de “fraude a resolución judicial” o “abuso de autoridad” al de prevaricato.
Igualmente, el acusador en tal acto reprobó hechos atinentes a la compraventa del bien colindante al secuestrado entre María Eloísa Cañón y Néstor Castañeda y posterior resolución del contrato y entrega del bien, en diligencia del 13 de junio de 2013, sin explicar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de éstos y si tales actuaciones se reputaban prevaricadoras.
Sólo en los alegatos de conclusión, de forma extemporánea, atinó a señalar las disposiciones trasgredidas, esto es, los artículos 31, 34, 682, 464 y 467 del Código de Procedimiento Civil, pero no explicó cómo fueron violadas, ni la decisión que frente a las mismas debía tomarse. Además, reprobó que la procesada adelantara un proceso divisorio y uno de deslinde y amojonamiento para lo cual no tenía competencia, pues debía ceñirse a lo ordenado en el despacho comisorio, razonamiento propio de un delito de abuso de la función pública y no de prevaricato.
Luego, el ente acusador no satisfizo la obligación de precisar todos los contornos del aspecto fáctico correspondiente al tipo penal que imputó, lo cual impide emitir sentencia condenatoria en atención al principio de congruencia.
2. Aun subsanado lo anterior, las pruebas documentales y testimoniales son insuficientes para demostrar que en la diligencia del 10 de julio de 2007 hubo proceder doloso de la juez que se concretara en la violación manifiesta de los artículos 31, 34, 682, 464 y 467 del Código de Procedimiento Civil.
Si lo pretendido era demostrar la abierta contrariedad con la ley de las decisiones reprochadas, ánimo perverso de la procesada o interés en favorecer a María Eloísa Cañón, debió (i) establecerse la ausencia de derecho de la última sobre el predio vecino, cuando en la actuación reposan dos sentencias que ordenaron la entrega del bien colindante a su favor, o (ii) integrar a la acusación, el carácter manifiestamente contrario a la ley de esas sentencias; lo cual no se hizo.
Así mismo señaló el a quo frente a la supuesta irregularidad de la diligencia conforme con las pruebas recaudadas, se tiene que:
(i) Jesús Enrique Guzmán, perito auxiliar topógrafo, contratado por Néstor Castañeda para acompañar la diligencia del 10 de julio de 2007 y encargado de levantar el plano tachado inicialmente de falso, fue la persona que con apoyo en un GPS satelital y cinta para la comprobación de las magnitudes, advirtió e hizo saber a la juez, que de acuerdo con la lectura de los linderos que ella efectuaba, estos no eran coincidentes, lo cual dio lugar a que la funcionaria a fin de cumplir el objeto de la diligencia optara por medir el globo de terreno de mayor extensión y luego determinar los 5.419 metros cuadrados a secuestrar.
Razón por la cual, este auxiliar de la justicia rechazó la ilegalidad de la diligencia o su supuesta contrariedad con la ley en atención a lo normado en el artículo 682 del Código de Procedimiento Civil.
(ii) De acuerdo con lo dicho por el testigo experto Guzmán, se desprende que eran tres predios los involucrados en el acto y no dos como lo entiende la Fiscalía, y que para el secuestro se utilizaron dos clases de documentos, escrituras de mayor y menor extensión, de las cuales la Juez hizo la lectura y el perito procedió a medir y plasmar los hallazgos en el respectivo plano, el cual no fue objetado, ni hubo solicitud de aclaración por parte del ahora denunciante.
Por consiguiente, el Tribunal no infiere el actuar doloso de la funcionaria a fin de favorecer a alguien, dividir el predio, crear servidumbre o realizar un procedimiento contrario a la ley.
(iii) La procesada no entregó amañadamente a título de depósito gratuito a persona alguna el bien secuestrado, ya que fue la secuestre Ruth Marleny Ortega Prieto quien lo realizó.
(iv) No se contrarió lo dispuesto en los artículos 31 y 34 del Código de Procedimiento Civil, pues tratándose de diligencias judiciales sobre inmuebles rurales, el predio puede identificarse conforme con varias escrituras, sin que la utilización de una de mayor extensión se traduzca en exceso de los poderes del comisionado. Máxime cuando en la comisión librada no se exteriorizó que sólo debía emplearse la escritura 234, que ni siquiera mencionó.
(v) La acusada no creó o afectó el predio con una servidumbre, lo que se dejó establecido en el plano fue un callejón de ingreso al predio interior que de hecho existía, pues sólo así se explica el paso a la casa de fondo donde residía María Eloísa Cañón.
(vi) Los artículos 464 y 467 del ordenamiento procesal civil que regulan los procesos de deslinde y amojonamiento y divisorios, no guardan relación con los hechos reprobados a la implicada, y tampoco se ofreció elemento de convicción que permitiera afirmar que la verificación de linderos comportaba una de tales actuaciones.
(vii) La juez ordenó al topógrafo elaborar un plano en constancia de las medidas y linderos del predio secuestrado en la diligencia del 10 de julio de 2007, con el propósito de evitar que los límites quedarán ambiguos y confusos. Si con posterioridad se establecía que dichos linderos no correspondían con la realidad, esa circunstancia no es significativa de que tal documento dé lugar al delito de falsedad o de violación manifiesta de la ley, máxime cuando todos los partícipes en la diligencia se mostraron conformes con lo actuado.
(viii) No es posible aseverar que María Eloísa Cañón no tuviera derecho alguno sobre la propiedad, pues de la misma acta del 10 de julio de 2007, se evidencia su condición de poseedora.
(ix) No son totalmente creíbles las aseveraciones de los peritos Fabio Nelson Torres Castro y Julián Andrés González, miembros de la Policía Nacional, relacionadas con la indebida identificación del bien secuestrado, la posibilidad de haberse hecho en correcta forma conforme con las escrituras 234, 7174 y 3773 y el cercenamiento del derecho de propiedad de los denunciantes, con fundamento en los planos que elaboraron y presentaron y otros documentos oficiales tales como cartas, fichas catastrales, planos y escrituras, por cuanto con ellos:
a. No se descarta un derecho de posesión de María Eloísa Cañón;
b. No son indicativos de la ilegalidad del alinderamiento censurado, pues para el año 2007 no se contaba con los documentos ahora exhibidos y la diligencia se adelantó con la asistencia de un perito y con soporte en unas escrituras.
c. Era importante que un perito con las calidades de los deponentes que hubiese asesorado la diligencia a petición de parte, a fin de brindar mejores elementos al momento de alinderar el bien.
d. Tales planos, fichas y cartas catastrales debieron allegarse el día del secuestro a efecto de alinderar el bien a secuestrar, carga que le correspondía a la parte interesada.
e. Torres sólo contaba con un curso de un año en topografía judicial y no tenía título universitario. Además, en su informe de base de opinión no mencionó la escritura 234, ni el cercenamiento del predio, lo que afloró fue la opinión del denunciante. Por su parte, el informe de González resulta discutible, pues los planos carecen de fecha de elaboración y autor, en tanto observa que algunos datos fueron actualizados en el año 2009, cuando la diligencia data del 2007.
(x) Carlos Julio Gordillo, auxiliar de la justicia que estuvo a cargo de una diligencia en un bien colindante, antes que dar cuenta de una decisión ilegal, reflejó fue la disputa entre Néstor Castañeda, Berta Inés González y María Eloísa Cañón por el derecho de posesión sobre el terreno, última que lo reclamaba en razón de su presencia por 15 años en su casa ubicada al interior del predio de Berta Inés.
(xi) Néstor Germán Castañeda tiene interés en lograr por la vía penal las pretensiones que le fueron esquivas en procesos civiles en su afán de desconocer la posesión de un terreno a favor de María Eloísa Cañón; como se evidencia, al presentar denuncia penal 4 años después de que resultaran decisiones desfavorables a sus intereses.
2. Frente al delito contra la fe pública, el ente investigador retiró el cargo y solicitó la absolución, al estimar que la orden de levantar los planos no constituye delito; pedimento aceptado por el Tribunal.
FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN
1. Del apoderado de las víctimas, Bertha Inés González y Néstor Germán Castañeda Aguirre.
1.1. En el fallo sólo se hizo referencia a la vulneración de derechos de Néstor Germán Castañeda Aguirre, no así de los intereses de Bertha Inés González de Muñoz, a quien igualmente se le despojó de parte de su predio y desplazó en su derecho de propiedad con María Eloísa Cañón.
1.2. No se faltó al principio de congruencia, pues en las audiencias de imputación y acusación se aclaró las normas infringidas y su vulneración, con ocasión del desconocimiento de la escritura 234 allegada al despacho con comisorio 023.
1.3. No se evaluó el proceso ejecutivo mixto No. 1998-00477-00 donde se libró el despacho comisorio acompañado de la escritura 234 a fin de verificar el cambio de los linderos, la creación de la servidumbre y la división del terreno.
1.4. No se juzgaba la conducta de María Eloísa Cañón o la propiedad de los predios, sino la conducta asumida por la funcionaria el 10 de julio de 2007, al apartarse de la comisión ordenada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio y no tener en cuenta los documentos aportados.
1.5. Se habló de la disputa del derecho de posesión de un bien contiguo sin prueba de ello, y el sustanciador del despacho del Tribunal es hermano de una profesional del derecho que asistió a María Eloísa Cañón.
1.6. Ante la funcionaria denunciada se adelantó la resolución de la promesa de compra venta de la supuesta posesión que adquirió de buena fe.
1.7. Al interior del proceso ejecutivo hipotecario, la inspección de policía ya hizo entrega del bien conforme con los parámetros reseñados en la escritura 234 y sin inconveniente alguno, corrigiendo los yerros de la diligencia de secuestro, lo cual descarta el supuesto interés de Néstor Germán Castañeda en obtener por la vía penal lo que fue denegado en la civil, en la cual, sólo una decisión fue contraria a sus pretensiones; además, podía presentar denuncia previo al vencimiento del término de prescripción.
1.8. El arquitecto Guzmán no actuó en la diligencia por invitación de Néstor Castañeda sino por designación de la acusada, además que su declaración brindaba certeza sobre el cambio de linderos y la constitución de la servidumbre pues no existía camino de ingreso.
1.9. El a quo en su afán de justificar una absolución, descalificó el trabajo de los funcionarios de policía judicial Fabio Nelson Torres Castro y Julián Andrés González, con argumentos superfluos, pero olvidó considerar los actos de afectación del patrimonio a Berta Inés González, que constan en el registro fotográfico dejado en curso de la inspección al terreno por los policiales.
1.10. Es contradictorio el dicho de la Sala que reprueba la ausencia de elementos técnicos para adelantar el secuestro pero al tiempo avala su ejecución con apoyo de las escrituras públicas y un perito, cuando para ello bastaba la escritura 234 desconocida. De igual forma, resalta que la encartada tenía más de 10 años de experiencia como juez de la República, conocimiento que le permitía advertir que si los linderos no correspondían o el predio era difícil de ubicar, estaba impedida para atender el despacho comisorio.
Por lo anterior solicitó se revoque el fallo y en su lugar se emita sentencia condenatoria.
2. De la Fiscalía
2.1. El Tribunal incurrió en violación indirecta de la ley sustancial por falso raciocinio al no atender de manera integral el acopio probatorio sino de manera individual, en contravía de lo ordenado en el artículo 380 del Código de Procedimiento Penal, las reglas de la sana crítica y la lógica.
Tales pruebas, en particular la declaración del perito Guzmán, daban cuenta de la actitud servil de este auxiliar de la justicia, quien sólo procedió a constar en el plano dejado el día de la diligencia, las órdenes impartidas por la procesada y que resultaban contrarias a sus funciones y atribuciones.
2.2. Asimismo, incurrió en falso juicio de existencia al afirmar que ni en el escrito de acusación, ni en su materialización en audiencia, la Fiscalía hizo precisión sobre los elementos fácticos del delito de prevaricato, cuando desde la audiencia de imputación explicó que la procesada HAIDEE GAMEZ RUIZ violó manifiesta y groseramente la ley al exceder con su actuación las facultades que la comisión le delegaba conforme con lo establecido en los artículos 31, 32, 33, 34 del Código Civil (sic) al realizar en curso de una audiencia de secuestro un deslinde y amojonamiento del terreno, dividir el globo mayor y construir servidumbre, cercenando el derecho a la propiedad de Berta Inés González de Muñoz.
Punto frente al cual, si bien no expresó taxativamente en la audiencia tales normas, no por ello puede aseverarse que no imputó fácticamente la conducta reprochada.
De igual manera, incurrió en el mismo yerro al omitir referencia a pruebas testimoniales y documentales relativas al cumplimiento del despacho comisorio por la acusada, en las cuales eran notorios los excesos enrostrados.
Por consiguiente, solicitó se revoque el fallo y se proceda a emitir sentencia de carácter condenatorio.
NO RECURRENTE
HAIDEE GAMEZ RUIZ y su defensor, inicialmente peticionaron se declaren desiertos los recursos por indebida argumentación, o en su defecto se confirme el fallo, porque:
1. No se demostró, ni siquiera de forma indiciaria, interés particular de la procesada en la diligencia de secuestro, por el contrario sí que actuó con extremo celo y cuidado en ejercicio del encargo que se le había hecho.
2. La diligencia estaba ordenada desde el año 1998 y fue devuelta en varias ocasiones por falta de claridad y precisión en el bien a secuestrar como se verbalizó en juicio, y si bien en el comisorio se identificó el predio por su matrícula inmobiliaria, los insertos pertinentes eran responsabilidad de la parte interesada.
3. La Juez acusada en su momento se asistió de un perito de la lista de auxiliares, específicamente el profesional Jesús Enrique Guzmán, quien identificó en terreno el predio de más 5000 metros objeto de secuestro y sin que fuera exigible a la funcionaria un conocimiento técnico adicional.
4. El levantamiento del plano denota que la acusada actuó de buena fe y con conciencia de cumplir plenamente no sólo la comisión sino la ley, tanto así, que la Fiscalía solicitó absolución por el delito de falsedad ideológica en documento público. Luego si no es falso el plano inicialmente calificado de apócrifo, se mantiene su presunción de autenticidad y sirve de fundamento técnico –científico para la diligencia de secuestro, y con ello, los presupuestos fácticos, jurídicos y probatorios aplicables en ese momento a la medida precautelar.
5. La acusada no conoció al momento de la diligencia, los documentos expedidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC, escrituras públicas y experticias que fueron incorporadas al proceso penal, como que éstos fueron conseguidos posteriormente y los planos levantados en el año 2011 fueron elaborados con el acompañamiento del abogado Castañeda.
6. La diligencia de secuestro o el plano que Guzmán levantó no fueron objetados en su contenido y alcance jurídico en el proceso civil donde se contemplaba la posibilidad de anularla. Por el contrario, se advierte que 4 años después y luego de otros procesos civiles, se presentó la denuncia.
7. La mejor prueba de ausencia del dolo fue que ni en la imputación ni en la acusación se logró establecer con claridad cuál o cuáles normas fueron aparentemente vulneradas, máxime cuando no hubo indicación alguna de la ley.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para resolver las apelaciones interpuestas contra la sentencia de fecha 16 de junio de 2014, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, como quiera que la acción penal es ejercida contra HAIDEE GAMEZ RUIZ, en su condición Juez Promiscuo Municipal de Restrepo y por actos realizados en ejercicio de sus funciones, por mandato del artículo 32 numeral 3º de la Ley 906 de 2004.
Recursos que en contra de lo planteado por la bancada de la defensa, se encuentran debidamente sustentados, ya que con independencia de la corrección o incorrección de los argumentos presentados, probatoria y jurídicamente los apelantes cuestionaron argumentos de la primera instancia, lo cual adjudica competencia funcional a la Corte.
Y en atención al principio de limitación, esta Sala sólo se pronunciara acerca de la comisión del delito de prevaricato por acción, porque si bien se acusó igualmente a HAIDEE GAMEZ RUIZ como presunta responsable del punible de falsedad ideológica en documento público, por éste, la Fiscalía, el apoderado de las víctimas y la defensa solicitaron su absolución, el Tribunal la acogió y no fue tema de los recursos de alzada.
Al respecto:
… el marco del examen y del pronunciamiento del funcionario de segunda instancia lo fija el contenido del recurso vertical (CSJ SP 2 may. 2002, rad. 15262). De manera que será sólo en relación con los argumentos de descontento allí consignados y con los que soportan la pretensión del recurrente que el fallador ha de resolver, y en torno a ellos versará su decisión.
Bajo esa línea, lo expuesto por el impugnante constituye el límite de la competencia del superior, en tanto solo podrá entrar a revisar los aspectos exhibidos en el recurso y los que se encuentren íntimamente vinculados a ellos, salvo, obviamente, que se advierta alguna causal de nulidad, caso en el cual, aun de no haberse alegado, está en la obligación de declarar para garantizar el debido proceso.
Si bien dicha cortapisa, prevista en el artículo 204 de la Ley 600 de 2000, no fue expresamente contemplada en la Ley 906 de 2004, es claro que también rige para los asuntos tramitados a su amparo, en donde por tratarse de un proceso de partes serán las argumentaciones exteriorizadas en la audiencia de sustentación o en el escrito respectivo, según sea el caso, las que delimiten el marco de acción argumentativa del Tribunal. CSJ AP 1677-2015
Principio que como parte integral del debido proceso, se impone resguardar como garantía del derecho penal y del Estado democrático, salvo los asuntos inescindiblemente ligados y la oficiosidad en la protección de garantías fundamentales2, que no es del caso.
Tampoco resulta procedente analizar la responsabilidad por el delito de falsedad en documento público por el cual la Fiscalía peticionó la absolución de la acusada, o declarar la nulidad por ausencia de motivación de la sentencia frente a este exclusivo injusto como acaeció en CSJ SP6808-2016, ya que en el presente no hubo oposición del representante judicial de las víctimas en la postulación del ente acusador, lo cual descarta la existencia de un interés jurídico en cuanto a este tópico.
Aunado a que en el mismo se reconoce que «… los fundamentos de la sentencia demarcan el objeto legítimo de cualquier censura que al respecto se proponga, siendo ésta la que a su vez delimitará la competencia material del juez de segunda instancia cuya labor consistirá en confrontar la decisión con la impugnación y así calificar su corrección» y «El principio de la doble instancia, componente esencial del debido proceso, se desnaturalizaría si la competencia del juez superior se viera limitada por factores diferentes al objeto de la impugnación y a la prohibición de reforma en perjuicio, como ocurriría, por ejemplo, si aquella se circunscribiera a la verificación de la voluntad de la Fiscalía o por otras razones de una pretendida coherencia sistemática»3
2. Delimitada así la competencia de esta Corporación y al identificarse los argumentos expuestos por los recurrentes, se resolverán éstos de forma conjunta, para lo cual se abordara inicialmente el supuesto de la falta de congruencia entre acusación y sentencia y luego, la materialidad y responsabilidad de HAIDEE GAMEZ RUIZ, atribuida por el punible de prevaricato por acción.
1. De la congruencia.
El Tribunal señaló que desde el acto complejo de acusación, la Fiscalía no concretó los elementos estructurales del delito de prevaricato por acción al no precisar las normas manifiestamente vulneradas con el actuar desplegado en la diligencia del 10 de julio de 2007, carga que sólo se suplió en los alegatos de conclusión, pero sin razonamiento alguno relacionado con la forma como se consolidó la trasgresión a la ley. Agregó que la acusación tampoco estableció o clarificó si la diligencia de entrega del bien también se tachaba de prevaricadora, lo cual, en su sentir, se traduce en una imputación fáctica incompleta que impide la emisión de sentencia condenatoria en virtud del principio de congruencia, para lo cual se apoyó en el precedente judicial CSJ SP, 28 Nov. 2012, Rad. 39198.
Lo anterior no es compartido por los recurrentes, quienes al unísono sostienen que desde los albores de la actuación fue censurada la conducta adoptada por la Juez Promiscuo de Restrepo de manera clara y concreta, esto es, haber excedido las facultades conferidas en razón del despacho comisorio No. 0023 librado por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio, cuyo objeto era el secuestro del predio identificado como “La Florida”, con matrícula inmobiliaria No. 230-90203, las cuales no la habilitaban para establecer linderos y servidumbre.
2.1.1. Frente a ello, atinados se ofrecen los razonamientos de los recurrentes en cuando deprecan que no se faltó al principio de congruencia, toda vez que siempre hubo claridad sobre los hechos calificados prevaricadores, tanto así que ello permitió el adecuado y proactivo ejercicio de una defensa técnica.
Así, existió certeza de que la conducta considerada contraria a derecho fue la ejecutada por la procesada en su condición de Juez Promiscuo Municipal de Restrepo, al atender el despacho comisorio No. 0023 librado por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio, por el cual se solicitó el secuestro del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 230-90203, ubicado en la vereda el Caney Bajo, municipio de Restrepo. Supuesto fáctico que fue respetado a lo largo de la actuación, incluso, en la audiencia pública donde se alegó de conclusión.
Luego, si bien le asiste razón a la defensa en que las normas presuntamente contrariadas por la procesada no fueron indicadas al momento de imputarse fácticamente la conducta reprobada como era de esperarse, ello por sí sólo no tiene la trascendencia para afirmar que se faltó al principio de congruencia, pues siempre hubo consistencia en los hechos atribuidos a la acusada como Juez de la República, esto es, la ejecución de actos irregulares para el cumplimiento del encargo judicial.
En tal virtud, el núcleo fáctico de la imputación fue respetado y por consiguiente, no se afectó el postulado referido en los términos anotados en el recurso.
2.1.2. Planteamiento que no se desquicia por la senda de las referencias efectuadas por la Fiscalía atinentes a otras actuaciones judiciales, como la resolución del contrato de compraventa de posesión y la entrega del bien, porque aparece diáfano que esa mención respondió a la necesidad de brindar un contexto de lo acaecido con el predio objeto del debate judicial, mas no la sindicación de un actuar delictivo con ocasión a aquéllos.
Entonces, esos actos procesales no hacían parte del aspecto fáctico del delito imputado a la servidora judicial reprobado en esta causa y por consiguiente, en cuanto a éstos, no era exigible que el ente investigador expusiera todos los aspectos circunstanciales que reclamó el a quo, pues a la acusada, se insiste, durante toda la actuación se le reprochó fue la actitud y procedimiento asumido en el cumplimiento del despacho comisorio para secuestrar el bien objeto del proceso ejecutivo mixto.
En tal virtud, no se aprecia falencia alguna en punto a la imputación fáctica aludida, menos modificación en ésta o imposibilidad de emitir sentencia condenatoria en los términos expuestos por el a quo.
2.2. Materialidad y responsabilidad de HAIDEE GAMEZ RUIZ, por el punible de prevaricato por acción.
No obstante habérsele conferido razón a los recurrentes en el anterior ítem, la Sala no acoge sus planteamientos relativos a la acreditación de la materialidad y responsabilidad de la acusada por la conducta imputada, como sí los del Juez de primera instancia, pues no se demostró más allá de toda duda razonable el delito y la responsabilidad de aquella según lo impone el artículo 381, como pasa a explicarse:
2.2.1. La Fiscalía sindicó a HAIDEE GAMEZ RUIZ que en diligencia del 10 de julio de 2007, dispuesta para el secuestro del bien inmueble hipotecado en el proceso mixto No. 1998-00477-00, haber excedido los poderes y facultades conferidas por el despacho comitente en el exhorto comisorio No. 0023 de acuerdo con lo enseñado en los artículos 31 y 34, pues ignoró los presupuestos de la diligencia de secuestro instituidos en el artículo 682 y terminó ejecutando actos propios de los procesos de deslinde y amojonamiento y divisorios, previstos en los artículos 464 y 465, todos del Código de Procedimiento Civil, al no atender los linderos descritos en los insertos entregados, esto es, en la escritura No. 234 del 26 de enero de 1998 y la constancia de inscripción de la hipoteca, y en cambio proceder dividir un predio de propiedad de los denunciantes, fijar nuevos linderos y establecer una servidumbre.
Conducta que reprobó bajo la tipificación del hecho en el artículo 413 del Código Penal que contempla el delito de prevaricato por acción, así:
El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años.4
El cual se descompone en los siguientes en los siguientes elementos objetivos:
(i) un sujeto activo calificado, es decir, que se trate de servidor público; (ii) que profiera resolución, dictamen o concepto; y (iii) que este pronunciamiento sea manifiestamente contrario a la ley, esto es, no basta que la providencia sea ilegal -por razones sustanciales, de procedimiento o de competencia-, sino que la disparidad del acto respecto de la comprensión de los textos o enunciados -contentivos del derecho positivo llamado a imperar- “no admite justificación razonable alguna”5.6
Ahora, de manera particular sobre el ingrediente “manifiestamente contrario a la ley”, se ha precisado que:
… para que la actuación pueda ser considerada como prevaricadora, debe ser “ostensible y manifiestamente ilegal,” es decir, “violentar de manera inequívoca el texto y el sentido de la norma”7, dependiendo siempre de su grado de complejidad, pues resulta comprensible que del grado de dificultad para la interpretación de su sentido o para su aplicación dependerá la valoración de lo manifiestamente ilegal, de allí que, ciertamente, no puedan ser tenidas como prevaricadoras, todas aquellas decisiones que se tilden de desacertadas, cuando quiera que estén fundadas “en un concienzudo examen del material probatorio y en el análisis jurídico de las normas aplicables al caso”8.
Se concluye, entonces, que para que el acto, la decisión o el concepto del funcionario público sea manifiestamente contrario a la ley, debe reflejar su oposición al mandato jurídico en forma clara y abierta, revelándose objetivamente que es producto del simple capricho, de la mera arbitrariedad, como cuando se advierte por la carencia de sustento fáctico y jurídico, el desconocimiento burdo y mal intencionado del marco normativo.910
En el anterior orden de ideas, la materialidad de la conducta calificada como prevaricadora requiere de la demostración de que el acto censurado, esto es, resolución, dictamen o concepto fue dictado de manera caprichosa o arbitraria por el sujeto, al desconocer abiertamente y de forma ostensible los mandatos normativos o exigencias de análisis probatorios que regulaban el caso, pues no basta la simple divergencia de criterios o posturas frente a la decisión adoptada.
Además, en cuanto al elemento subjetivo del tipo, el delito de prevaricato por acción sólo es atribuible a título de dolo, bajo el entendido que el artículo 21 del Código Penal, estableció que todos los tipos de la parte especial corresponden a conductas dolosas, salvo cuando se haya previsto expresamente que se trata de comportamientos culposos o preterintencionales.
2.2.2. Exigencias que no se encuentran satisfechas a plenitud, como que, de un lado, no se probó que la actuación reprochada contraría de manera abierta las reglas jurídicas aplicables al caso y, de otro, el obrar doloso de la acusada.
La definición tardía de las normas supuestamente desconocidas por HAIDDE GAMEZ RUIZ en su actuación del día 10 de julio de 2007, denotan la simpleza del análisis de la Fiscalía tendiente a acreditar el actuar manifiestamente contrario a la ley imputado.
Si lo censurado era un exceso en las facultades conferidas por virtud del despacho comisorio, no explicó la delegada del ente investigador, cuáles eran precisamente tales atribuciones, para luego notar su extralimitación, lo cual suponía un estudio del artículo 3111 y 3412
del estatuto procedimental civil.
Tampoco definió las potestades del juez en punto a la diligencia de secuestro de bien inmueble rural, instituto fijado en el artículo 68213
ejusdem y, cuáles de éstas fueron delegadas en la comisión, que según el artículo 34 son las mismas de la diligencia encomendada; todo esto, para evidenciar que la Juez comisionada excedió sus atribuciones.
Bajo el entendido que en modo alguno la acusada podía entrar a establecer unos linderos diferentes a los descritos en los documentos entregados con la comisión por la parte interesada, segregar el terreno de uno de mayor extensión y crear una servidumbre, en los términos señalados por la Fiscalía, pues ello recaía en otro tipo de actuación judicial que no estaba por más explicar para dar cuenta de tal usurpación.
La ausencia de esa evaluación, a simple vista impide tener por demostrada la contrariedad manifiesta con la ley, como quiera que es no es sólo el error en la interpretación de las normas lo que permite atribuir la comisión del hecho punible, sino la abierta y arbitraria oposición con las mismas.
No cabe duda, según lo enseñó el acusador, que los linderos de la escritura No. 234 de 1998 no fueron acatados en la diligencia de medida precautelar, pues así lo acreditan las experticias de cargo y la propia acta de diligencia de secuestro. Sin embargo, no es cierto que la acusada sin justa causa desconociera tal instrumento público y obviara su uso.
El testimonio rendido por el perito topógrafo, arquitecto de profesión, Jesús Enrique Guzmán Valbuena, tildado por los apelantes desconocido o indebidamente valorado, da cuenta de que concurrió a la diligencia por designación como auxiliar de la justicia por el despacho comisionado14 y sus honorarios fueron pagados por quien se reputaba demandante con ocasión de la cesión del derecho en el litigio, Néstor Castañeda, luego no es falsa la consideración relativa a que fue contratado por este último según constancia dejada en el acta levantada.
Que en curso de la misma, HAIDEE GAMEZ RUIZ, leyó varias escrituras15, de las cuales no tuvo oportunidad de conocer su número, pero sí le permitió enterarse de que los linderos allí señalados no correspondían en su orientación geográfica16, situación que la determinó a segregar los 5419 metros cuadrados del bien a secuestrar del terreno de mayor extensión luego de su respectiva medición, según reveló el declarante, se debió a la insistencia en que se procediera a eso y se subsanara cualquier diferencia atinente a ello desde el inicio de la diligencia17.
De acuerdo con esa narración no puede afirmarse que la escritura 234 no fue empleada; por el contrario, se puede inferir que fue considerada, sólo que no fue útil para proceder al secuestro, pues fue entregada con el despacho comisorio como inserto y no de otra forma la autoridad judicial podía saber el área a secuestrar.
Al respecto, llama la atención que en la escritura No. 234 del 26 de enero de 1998, el bien hipotecado tiene “un área aproximada de 5.419 metros cuadrados” la cual corresponde con la superficie secuestrada según se plasmó en el acta dejada en la diligencia y el plano levantado18, luego sí fue conocida por las partes e intervinientes en su oportunidad. A lo cual se suma que en la comisión librada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito ese dato en particular no se mencionó, pues allí sólo se identificó el bien con su nombre y número de matrícula inmobiliaria no con sus linderos o extensión, y las partes, en particular, demandante, hoy denunciante, no objetó la diligencia frente a la diferencia en metraje o no uso del inserto por él entregado.
De igual manera, no fue un capricho o acto arbitrario de la acusada no seguir los linderos descritos en la escritura No. 234, sino que ello tuvo su génesis en el error en la orientación informado por el auxiliar de la justicia, que mereció su intervención a fin de lograr el éxito de la diligencia, para lo cual optó por segregar el bien a secuestrar del de mayor extensión con apoyo en la escritura No. 2758 del 19 de abril de 1994, referida en el acta. Así las cosas, independientemente de la corrección o incorrección de tal acto, no se observa que de manera flagrante o grosera la juez comisionada, hubiese dirigido su intención a desconocer la normatividad aplicable.
Tampoco que hubiera desconocido los derechos de Berta Inés González, ya que por la narración de lo acontecido por el topógrafo, la Juez sí los tuvo en cuenta pese a que no estuvo presente en la diligencia19, en tanto se tuvo por cierto que su predio era aquel que estaba a continuación del de Néstor Castañeda.
Así las cosas, la funcionaria procuró despachar de manera diligente la comisión encargada, valiéndose no sólo de documentos como escrituras públicas sino de un profesional en la materia, cuya tarea fue confirmar los linderos y extender las constancias de planimetría pertinentes, precisamente, en un proceso donde no se había materializado la medida precautelar desde el 21 de agosto de 1998 cuando se dispuso20 y con inconsistencias en la titulación e identificación del bien según lo advirtió Fernandel Alonso21, auxiliar de la justicia, en constancia aportada por el entonces apoderado de la Caja de Crédito Agrario en liquidación22 al Juzgado Civil del Circuito cognoscente, dato que reveló Ana Elvia Caicedo en su testificación.
Tal panorama exhibe la complejidad que el asunto revestía, pues si bien se trataba de una diligencia ordinaria dentro de los procesos ejecutivos hipotecarios, se estaba ante un predio ubicado fuera de la zona urbana que reportaba inconsistencias en sus límites, lo cual se tradujo en el esfuerzo adicional efectuado por la juez acusada a fin de cumplir con la encargo judicial, el que además no aparece fuera descalificado por el Juzgado comitente.
Igualmente, se tiene que para la fecha de los hechos, la servidora comprometida sólo contaba con 6 años de experiencia en el cargo y no 10 como se dijo, pues fue nombrada en septiembre de 2001, de los cuales no se discriminó la misma en diligencias similares a la encargada y, por ello, la exigencia de un conocimiento particular que le hubiese obligado a descartar las conclusiones del auxiliar de la justicia que la acompañó y procediera diferente a como lo hizo.
Adicionalmente, no pasa desapercibido el hecho que en esa actuación estuvo acompañada del demandante, Néstor Germán Castañeda, abogado, comerciante en bienes raíces y quien actuó en representación propia23, en el sentido que si se hubiese suscitado abierta incorrección en el trámite ejecutado, éste estaría no sólo en la capacidad de hacer notar el yerro en la misma fecha objetándolo, sino en el proceso ejecutivo a través del incidente de nulidad previsto en el inciso 2 del artículo 34 del Código de Procedimiento Civil.
Por el contrario, no aparece constancia de ello, y si bien el denunciante refirió en su testificación que su fortaleza en el ejercicio del derecho no era el área civil y que no acompañó toda la actividad desplegada por la funcionaria pues se quedó con el secretario en la casa de habitación de María Eloísa Cañón24, eso no explica que plasmara su firma en constancia de satisfacción con lo resuelto.
En efecto, cualquier profesional del derecho y más uno que decide atender sus propios litigios, comprende las consecuencias de tal acto además de los derechos y obligaciones que asume como parte en el proceso, lo cual supone un conocimiento suficiente de las herramientas jurídicas que el sistema normativo prevé a su favor, luego, se deduce que en su momento, el demandante no observó la supuesta contrariedad manifiesta de lo actuado por la juez y ahora, tiempo después sí lo descalifica por un cauce distinto a la jurisdicción civil.
Si bien no le era exigible que denunciara de manera inmediata a la juez con ocasión de la lesión de sus intereses en atención a alguna pauta legal, no resulta tampoco desafortunado sostener, según lo hizo el a quo, que ese interés tardío en provocar la actuación daba cuenta de su pretensión de trasladar una contienda que se venía dando en los estrados civiles a los penales a fin de lograr obtener la consolidación de sus reivindicaciones.
Pese a que no se está acá juzgado o determinando el derecho de propiedad o posesión sobre el bien entonces secuestrado y sus colindantes, entre los actores participantes en los procesos civiles, las referencias que se hicieron a éstas y sirvieron de contexto al proceso, daban cuenta de la disputa que acerca de los terrenos se gestionaba y cómo no era fácil entender a quien se le concedía un derecho cierto e indiscutible sobre el lote.
Por otra parte, el acta de la diligencia no refiere la creación de una servidumbre sino describe el paso existente al predio de propiedad de Berta Inés González y María Eloísa Cañón, lo cual descarta la sindicación realizada en contra de la acusada por cuenta de la creación de un derecho a favor de terceros de manera ilegítima.
Además, Jesús Enrique Guzmán Valbuena aclaró que fue él quien optó por poner tal denominación jurídica25 en el plano levantado, pues no de otra forma se explicaba el paso al terreno del fondo donde tenía su casa de habitación María Eloísa Cañón, quien se reputó en esa diligencia como su legítima tenedora, y al de propiedad de Berta Inés González.
No fue entonces que la funcionaría reconociera o adjudicara un derecho de posesión o propiedad a la susodicha, sino que al momento de concurrir a efectuar el secuestro ésta se presentó como tal, lo cual dio espacio a que participara de lo acontecido.
A lo anterior se suma, que HAIDDE GAMEZ RUIZ no estaba allí para definir o descartar sus derechos sino para proceder a dar cumplimiento a lo encomendado con la diligencia debida y, que no entregó en depósito provisional y a título gratuito el bien aprehendido a Cañón, sino a la secuestre designada Ruth Marley Ortega Prieto26, quien a su vez fue quien decidió conferirle tal depósito.
Por otra parte, al proceso no se aportó prueba de un interés oculto o malintencionado de la acusada en favorecer a María Eloísa Cañón u otra persona, sólo se dejó en evidencia los actos ejecutados por la funcionaria a fin de concretar lo dispuesto en el despacho comisorio No. 0023, ejecución que no compartieron los miembros de la Policía Judicial, Fabio Nelson Torres Castro y Julián Andrés González, pues según sus conclusiones no reportaba dificulta alguna, ante la ausencia de inconsistencia en los linderos del bien según informes y planos levantados en el año 2011, con apoyo en documentos obtenidos en el IGAC, cartas catastrales o escrituras públicas, ya que como lo observó el Tribunal, esos elementos: (i) no fueron insertos entregados con la comisión por la parte demandante, quien de acuerdo con el artículo 33 del Código de Procedimiento Civil tenía tal deber y así fue indicado en el despacho comisorio No. 0023 de 200727 y, (ii) las situaciones de hecho no fueron recreadas para el momento de la emisión de tales conceptos; luego, no se puede exigir identidad en el razonamiento cuando se modificaron las circunstancias de lo acaecido.
Igualmente, algunos de los datos obrantes en los informes no daban cuenta de la credibilidad de lo allí plasmado, pues no correspondían las fechas de elaboración del plano con la inspección judicial, no se acreditó su autoría y si para su realización al menos se contrastó lo señalado en el acta y plano dejados en la diligencia de secuestro, luego, no tienen capacidad suasoria para definir la incorrección de lo actuado el 10 de julio de 2007.
Y la versión entregada por Fernando Andrade Palomar, no tenía fuerza persuasiva para acreditar las condiciones del bien antes de la diligencia de secuestro, en tanto, éste participó de una diligencia en bien colindante en el año 2004 y por consiguiente, no tuvo oportunidad de conocer las particularidades del objeto de este proceso, luego intrascendente se ofrecía.
En tal virtud, no se probó la voluntad de la procesada dirigida a secuestrar el bien denominado “La Florida” en contravía o con exceso de las funciones delegadas en virtud del despacho comisorio que le fue librado, menos el interés en sacrificar o menospreciar derechos de los denunciantes, Néstor Germán Castañeda y Berta Inés González a favor de María Eloísa Cañón.
Tampoco, que el a quo hubiese faltado a la sana crítica al momento de valorar las probanzas, de manera individual o conjunta, ya que ningún señalamiento sobre el particular refirieron los postulantes o, que se hubiese omitido la apreciación de un elemento determinante de la responsabilidad de la enjuiciada, simplemente, mostraron una diferente apreciación del material probatorio recaudado que no comparte esta Colegiatura.
Por consiguiente, esta Sala no encuentra válido alguno de los planteamientos esbozados en los recursos y procederá a confirmar la sentencia recurrida, al no haberse derruido la presunción de inocencia de HAIDEE GAMEZ RUIZ.
Finalmente, fuera de contexto se muestra el señalamiento sobre la posible ausencia de parcialidad de un empleado del despacho del Magistrado a cuyo cargo estuvo la ponencia del asunto, como quiera que en momento alguno en el proceso se expresó un actuar contrario a tal principio.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia administrado justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
RESUELVE
CONFIRMAR la sentencia de fecha 16 de junio de 2016, por medio de la cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio absolvió a HAIDEE GAMEZ RUIZ, como autora responsable del delito de prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público.
Contra éste fallo no procede recurso alguno.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
EYDER PATIÑO CABRERA
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
Nubia Yolanda Nova García
Secretaria
1 Como resultado del proceso ejecutivo.
2 Al respecto, véase CSJ 740-2015, reiterada en CSJ AP3423-2015, ultima emitida en asunto tramitado bajo los postulados de la Ley 906 de 2004.
3 CSJ SP6808-2016
4 Pena modificada por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004.
5 CSJ. AP. 29 de julio de 2015, radicado No. 44031.
6 CSJ SP134-2016
7 CSJ SP, 24 jun. 1986, rad. 406.598, GJ CLXXXV n.° 2424, pág. 438 – 442.
8 CSJ SP, 24 jun. 1986, rad. 406.598, GJ CLXXXV n.° 2424, pág. 438 – 442.
9 Negrillas fuera del texto.
10 CSJ SP4620-2016
11 ARTÍCULO 31. REGLAS GENERALES. Artículo modificado por el artículo 8 de la Ley 794 de 2003. La comisión solo podrá conferirse para la práctica de pruebas en los casos que se autorizan en el artículo 181 y para la de otras diligencias que deban surtirse fuera de la sede del juez del conocimiento, y para secuestro y entrega de bienes en dicha sede en cuanto fuere menester.
PARÁGRAFO 1o. En los procesos en que se decreten medidas cautelares que puedan practicarse como previas a la notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, cuando no esté notificado el demandado o faltare alguno de ellos por notificarse, a petición y costa de la parte actora y sin necesidad de que el juez lo ordene, se anexará a cada despacho comisorio destinado al secuestro de bienes, una copia del auto admisorio o del mandamiento de pago y de la demanda y sus anexos, para efectos de que el comisionado lleve a cabo la diligencia de notificación personal.
12 ARTÍCULO 34. PODERES DEL COMISIONADO. Artículo modificado por el artículo 1, Numeral 10 del Decreto 2282 de 1989. El comisionado tendrá las mismas facultades del comitente en relación con la diligencia que se le delegue, inclusive las de resolver reposiciones y conceder apelaciones contra las providencias que dicte, susceptibles de esos recursos. Sobre la concesión de las apelaciones que se interpongan se resolverá al final de la diligencia.
Toda actuación del comisionado que exceda los límites de sus facultades es nula. La nulidad sólo podrá alegarse por cualquiera de las partes, dentro de los cinco días siguientes al de la notificación del auto que ordene agregar el despacho diligenciado al expediente. La petición de nulidad se resolverá de plano por el comitente, y el auto que la decida sólo será susceptible de reposición.
13 ARTÍCULO 682. SECUESTRO. Artículo modificado por el artículo 1, numeral 340 del Decreto 2282 de 1989. Para el secuestro de bienes se aplicarán las siguientes reglas:
1. <Numeral modificado por el artículo 68 de la Ley 794 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> En el auto que lo decrete se señalará fecha y hora para la diligencia, que se practicará aunque no concurra el secuestre, caso en el cual el juez o el funcionario comisionado procederá a reemplazarlo en el acto, sin que en la comisión se pueda prohibir la designación del secuestre reemplazante en el evento de la no comparecencia del que se encontraba nombrado y posesionado.
2. La entrega de bienes al secuestre se hará previa relación de ellos en el acta con indicación del estado en que se encuentren.
3. Cuando se trate de derechos proindiviso en bienes inmuebles, en la diligencia de secuestro se procederá como se dispone en el numeral 12 del artículo precedente 681
4. Salvo lo dispuesto en los numerales siguientes y en el artículo 10, el secuestre depositará inmediatamente los vehículos, máquinas, mercancías, muebles, enseres y demás bienes en la bodega de que disponga y a falta de ésta en un almacén general de depósito u otro lugar que ofrezca plena seguridad, de lo cual informará por escrito al juez al día siguiente, y deberá tomar las medidas adecuadas para la conservación y mantenimiento. En cuanto a los vehículos de servicio público, se estará a lo estatuido en el numeral 2. del artículo 684.
No obstante, los muebles estrictamente necesarios para la sala de recibo y el comedor de la casa de habitación, a juicio del juez, serán dejados en depósito provisional, en poder de la persona contra quien se decretó el embargo, o en su defecto de uno de sus parientes o del cónyuge, y serán retirados por el secuestre una vez decretado su remate, para lo cual se podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública.
5. <Numeral adicionado por el artículo 41o. del Decreto extraordinario 2651 de 1991. El nuevo texto es el siguiente:> Si se trata de semovientes o de bienes depositados en bodegas, se dejarán con las debidas seguridades en el lugar donde se encuentren, hasta cuando el secuestre considere conveniente su traslado y éste puede ejecutar, en las condiciones ordinarias del mercado, las operaciones de venta o explotación a que estuvieren destinados, procurando seguir el sistema de administración vigente.
6. <Numeral adicionado por el artículo 41o. del Decreto extraordinario 2651 de 1991. El nuevo texto es el siguiente:> Los almacenes o establecimientos similares se entregarán al secuestre, quien continuará administrándolos, como se indica en el numeral anterior, con el auxilio de los dependientes que en ese momento existieren y los que posteriormente designe de conformidad con el numeral 6. del artículo 9, y consignará los productos líquidos en la forma indicada en el artículo 10. El propietario del almacén o establecimiento podrá ejercer funciones de asesoría y vigilancia, bajo la dependencia del secuestre.
Inmediatamente se hará inventario por el secuestre y las partes o personas que éstas designen, sin que sea necesaria la presencia del juez, copia del cual, firmado por quienes intervengan se agregará al expediente.
7. <Numeral adicionado por el artículo 41o. del Decreto extraordinario 2651 de 1991. El nuevo texto es el siguiente:> El secuestro de cosechas pendientes o futuras se practicará en el inmueble, dejándolas a disposición del secuestre, quien adoptará las medidas conducentes para su administración, recolección y venta en las condiciones ordinarias del mercado.
8. <Numeral adicionado por el artículo 41o. del Decreto extraordinario 2651 de 1991. El nuevo texto es el siguiente:> Si lo secuestrado es una empresa industrial o minera u otra distinta de las contempladas en los numerales anteriores, el secuestre asumirá la dirección y manejo del establecimiento, procurando seguir el sistema de administración vigente. El gerente o administrador continuará en el cargo bajo la dependencia del secuestre, y no podrá ejecutar acto alguno sin su autorización, ni disponer de bienes o dineros; a falta de aquél, el propietario podrá ejercer las funciones que se indican en la parte final del inciso primero del numeral 6.
La maquinaria que esté en servicio se dejará en el mismo lugar, pero el secuestre podrá retirarla una vez decretado el remate, para lo cual podrá solicitar el auxilio de policía.
9. <Numeral adicionado por el artículo 41o. del Decreto extraordinario 2651 de 1991. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando al practicar el secuestro de una empresa o establecimiento se encuentre dinero, el juez lo consignará inmediatamente en la cuenta de depósitos judiciales.
10. <Numeral adicionado por el artículo 41o. del Decreto extraordinario 2651 de 1991. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando se trate de títulos de crédito, alhajas y en general objetos preciosos, el secuestre los entregará en custodia a una entidad bancaria o similar, previa su completa especificación, de lo cual informará al juez al día siguiente.
11. <Numeral adicionado por el artículo 41o. del Decreto extraordinario 2651 de 1991. El nuevo texto es el siguiente:> El juez se abstendrá de secuestrar los bienes muebles inembargables, y si se trata de inmuebles levantará el embargo. Estos autos son apelables en el efecto devolutivo.
12. <Numeral adicionado por el artículo 41o. del Decreto extraordinario 2651 de 1991. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando no se puede practicar inmediatamente un secuestro o deba suspenderse, el juez o el comisionado podrá asegurar con cerraduras los almacenes o habitaciones u otros locales donde se encuentre los bienes o documentos, colocar sellos que garanticen su conservación, y solicitar vigilancia de la policía.
14 Audiencia de 9 de septiembre de 2013. Archivo de audio 50016000567201101611801_50001310400_3 Al menos refirió dos, minuto 16:50
15 Minuto 14:40 ibídem
16 Minuto 13:32 ibídem
17 Minuto 15:14 ibídem, en detalle, como se evacuó la diligencia minuto 19:30
18 Obrante en la estipulación No. 3
19 Audiencia de 9 de septiembre de 2013. Archivo de audio 50016000567201101611801_50001310400_3. Minuto 21:30
20 Folio 33, cuaderno pruebas de la defensa.
21 Folio 73, cuaderno pruebas de la defensa.
22 Folio 75, cuaderno pruebas de la defensa
23 Al interior del proceso 1998-20477-00
24 Audiencia del 23 de julio de 2013. Audio 50001600056720110161801_50001220400_18 Minuto Hora 01:16
25 Audiencia de 9 de septiembre de 2013. Archivo de audio 50016000567201101611801_50001310400_3. Hora 01:08
26 Acta obrante en la prueba estipulada No. 3. Folios 191 y 192, cuaderno pruebas de la defensa.
27 Folio 173, cuaderno pruebas de la defensa