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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ
Magistrada ponente
AP 253-2014
Radicación N° 42624
(Aprobado Acta No. 18)
Bogotá D.C., enero veintinueve (29) de dos mil catorce (2014).
VISTOS
Decide la Sala en punto de la admisión de la demanda de casación discrecional presentada por el apoderado de la parte civil contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Cúcuta el 26 de junio de 2013, a través de la cual confirmó la dictada el 18 de diciembre de la anualidad anterior por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Descongestión de la misma ciudad que absolvió a ANDRÉS MARCIALES TOLOZA del delito de homicidio culposo.
HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL
Los primeros fueron declarados por el Tribunal en la providencia impugnada, de la siguiente forma:
“Conforme a lo reseñado en el proceso, la señora Luz Karime Acevedo Pacheco, en el año 2006 se encontraba en estado de gestación siendo atendida desde el inicio de su embarazo por diferentes profesionales de la medicina. En desarrollo del proceso de gestación, inicio controles con el médico ginecólogo, ANDRÉS MARCIALES TOLOZA, como profesional adscrito al dispensario o establecimiento de salud del grupo militar Mecanizado Maza, donde se encontraba afiliada por la actividad laboral de su esposo.
El primero de Agosto de 2006, la señora Luz Karime Acevedo Pacheco, presentó dolores de parto por lo que acudió al dispensario del grupo Maza, donde la orientaron para que se trasladara de inmediato a la clínica Santa Ana de esta ciudad. Una vez en ubicada en este centro de atención, fue atendida por el médico de turno Edinson Dario Luna Vergel, quien la examina y luego se comunica con el doctor MARCIALES TOLOZA ordenando este manejo ambulatorio con el medicamento Nifedipino.
Horas más tarde, 7:00 p.m. de ese mismo día, la paciente regresa a la clínica; en esta oportunidad es atendida por el médico de turno el Dr. Edinson Dario Luna, quien se comunica con el doctor MARCIALES TOLOZA y ordena dejarla en el servicio. A las 8: 30 p. m. de la misma fecha es atendida por el Dr. Rafael Armando Colobón Porras, quien la valora y observa movimientos fetales negativos, ordenando monitoreo fetal y se comunica con el doctor ANDRÉS MARCIALES TOLOZA quien confirma su presencia en el servicio, valorándola a las 9:40 p.m, decidiendo pasarla a la sala de cirugía de urgencias para cesárea. Concluido el protocolo a la paciente el Dr. ANDRÉS MARCIALES TOLOZA extrae el feto sin vida estableciendo como diagnostico óbito por sufrimiento fetal agudo”.
Por razón de los hechos anteriores, se dispuso la apertura de la correspondiente investigación dentro de la cual se vinculó, mediante diligencia de indagatoria, al facultativo ANDRÉS MARCIALES TOLOZA.
Una vez clausurado el ciclo instructivo, se calificó el mérito del sumario el 29 de agosto de 2011 con resolución de acusación en contra del procesado como posible autor del delito de homicidio culposo, la cual fue confirmada el 18 de julio de 2012 por un Fiscal Delegado ante el Tribunal de Cúcuta.
Para la prosecución de la fase del juicio, la actuación se remitió a los juzgados de conocimiento, correspondiéndole al Juzgado Quinto Penal del Circuito de Descongestión de la misma ciudad, donde, agotado el trámite legal, se dictó sentencia el 18 de diciembre de 2012, por medio del cual absolvió a MARCIALES TOLOZA “por existir duda razonable acerca de la responsabilidad penal”.
Esta decisión generó inconformidad en el apoderado de la parte civil, quien la impugnó mediante recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Cúcuta el 26 de junio de 2013, impartiendo confirmación a la decisión, aunque por atipicidad de la conducta atribuida.
Contra el anterior fallo, exclusivamente el apoderado de la parte civil interpuso recurso extraordinario de casación por la vía discrecional, mediante demanda, cuya admisibilidad analizará la Sala luego de compendiar sus argumentos en el siguiente acápite, así como los del apoderado del llamado en garantía, el apoderado del tercero civilmente responsable y el defensor del procesado en su calidad de no recurrentes.
LA DEMANDA
En capítulo previo, el actor expone los argumentos que justifican la presentación de la demanda por la vía discrecional. Al respecto, indica que el propósito va encaminado al desarrollo y clarificación de la jurisprudencia en torno “al reconocimiento del nasciturus como ser humano titular del derecho a la vida y por ende de la configuración de la conducta penal de homicidio en el nasciturus”.
A su juicio, es preciso que la Sala Penal intervenga, pues entendiéndose al nasciturus como producto de la concepción y quien se encuentra en el vientre de su madre, merece la debida protección del Estado, pues si bien se lo considera un ser de la especie humana en gestación “su protección en el caso de otros punibles diferentes al aborto, el derecho penal se ha quedado corto al no existir unificación de la protección jurídica y menos pronunciamiento sobre si el ‘ser vivo dentro del seno materno y que aún no ha nacido’ puede ser sujeto pasivo del delito de homicidio, como quiera que la infracción que se comete es en perjuicio de la vida”.
El concepto de “otro” al que hace relación el tipo de homicidio, agrega, no se puede circunscribir al ser vivo independiente, toda vez que “de ser así quedarían impunes conductas socialmente rechazadas o prohibidas que afectan el nasciturus, diferentes al aborto y las lesiones al feto, que, como en el caso en estudio, al momento de darse inicio del parto, se ocasionó la pérdida de la vida de un ser que tenía un corazón palpitante, plenamente formado su cuerpo con todos sus órganos y funciones, y, al no prestársele la atención debida a la salida del útero materno, fue objeto material de una infracción en perjuicio de su vida”.
El objeto de protección del delito de homicidio, añade, es la vida humana, dentro de la cual no cabe distinción entre embrión, feto y persona, sólo que los dos primeros disfrutan de ella de manera dependiente.
En consecuencia, la demanda debe ser admitida, pues el tema aún no ha sido desarrollado ampliamente por la jurisprudencia, con lo cual la decisión que dicte tendría la dual utilidad de brindar solución al asunto y servir de guía a la actividad judicial en un tema que genera gran polémica en la vida práctica.
Primer cargo. Violación directa de la ley sustancial:
Para el defensor, se incurre en error de hermenéutica acerca del significado y comprensión de la norma que tipifica el tipo penal de homicidio al no incluir al nasciturus, implicando ello desconocimiento de los alcances del bien jurídico protegido y de los artículos 11 (derecho a la vida), 43 (protección especial a la mujer durante y después del parto) y 44 (derechos fundamentales de los niños) de la Constitución Política “e interpretación errónea del artículo que describe y sanciona el delito de homicidio culposo tipificado en el artículo 109 del Código Penal (Ley 599 de 2000)…”.
A su juicio, no haber extendido responsabilidad penal al galeno ANDRÉS MARCIALES TOLOZA por el delito referido se produjo como consecuencia de un ausente análisis jurídico, pues “no se entiende que luego de transcribir en la sentencia apartes del pronunciamiento de la Corte Constitucional, en sentencia C-355/2006, que contempla la posibilidad de homicidio en el nasciturus, luego, sin estudio jurídico alguno, concluye que no se puede consumar el homicidio en el nasciturus y solo, en gracia de discusión, hace finalmente un estudio somero de la actuación realizada por el médico ANDRÉS MARCIALES TOLOZA para establecer que su comportamiento estuvo ajustado a la lex artis”.
Al respecto, insiste en que cuando el tipo penal en cuestión hace alusión a “otro” no se limita exclusivamente al concepto de persona, pues así “se deja impune una conducta a todas luces ilícita, pues se provocó la muerte de un ser humano que tenía vida, su corazón tenía una frecuencia cardiaca, como se desprende del historial médico de la madre”.
La interpretación del ad quem, enfatiza, deja desprotegido al nasciturus, como si no tuviera derecho a la vida, trastocándose el espíritu verdadero de la ley y dejando de lado el bien jurídico que es la vida humana, definida como “el derecho que tiene todo ser humano sin distinción alguna por motivo de raza, sexo, idioma o cualquier otra condición: nacido o no nacido, joven o viejo, enfermo o saludable. No puede interpretarse entonces que la vida humana latente en el nasciturus carezca de protección del Estado y que no pueda ser sujeto pasivo del delito de homicidio”.
En la Carta Magna, recuerda, la protección a la vida del que está por nacer encuentra protección en el preámbulo y en los artículos 2 y 5, “pues es deber de las autoridades públicas asegurar el derecho a la vida de todas las personas y obviamente este amparo comprende la protección a la vida durante su proceso de formación y desarrollo, no hay excusa alguna, por lo cual una correcta interpretación de la norma, a la luz del ordenamiento constitucional, lleva a concluir que la protección a la vida, es una protección ‘en general’, no sólo para los casos de aborto, lesiones al feto, sino también para el homicidio”.
Segundo cargo. Violación indirecta de la ley sustancial:
Expone el censor que en la sentencia impugnada se incurrió en error de hecho por falso juicio de identidad, toda vez que “el Juzgado Penal del Circuito de Descongestión Adjunto si bien reconoce la materialización de la conducta investigada, analiza las pruebas de forma descontextualizada y fragmentaria, situación que lo lleva a concluir erróneamente que hay duda razonable respecto a la responsabilidad penal del gineco obstetra, doctor MARCIALES TOLOZA”.
Afirma, a continuación, que si bien el Tribunal absuelve por encontrar la conducta atípica y sólo en gracia de discusión concluye que con la actuación del facultativo no se incurrió en violación al deber objetivo de cuidado, ante el deber de cuestionar los fundamentos de las dos sentencias de instancia conformantes de una unidad jurídica indisoluble, refutará los argumentos que en ese sentido plasmaron las dos autoridades.
De esa forma, advierte cómo los dos sentenciadores distorsionaron, en primer lugar, el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses No. 098-07-GFP-SNS de marzo 29 de 2007, el cual tuvo como objeto “determinar las presuntas lesiones culposas causadas al feto, de acuerdo a la historia clínica de la paciente Luz Karime Acevedo Pacheco, la denuncia y ampliación de la misma, sobre los procedimientos seguidos por parte del médico y exponer si efectivamente las consecuencias fatídicas tienen fundamento en estas exposiciones”.
Ello, advera, en cuanto dicho dictamen es categórico en señalar que el manejo brindado a la paciente no se ajustó a las normas técnicas establecidas para la atención del parto por el Ministerio de Protección Social, a cambio de lo cual el sentenciador tomó las recomendaciones y sugerencias del dictamen como si fueran el todo, cercenando el contenido anterior.
En segundo lugar, aduce, se tergiversó el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses No. GPFO-197-10 de abril 12 de 2010, porque en éste el perito nunca aseveró que el medicamento nifedipino “no era recomendable, lo que expresamente afirmó es que ‘no se justifica’ y ‘no está indicado’, lo cual nos revela que el juzgador altera las expresiones contenidas en el dictamen, transformando o cambiando ‘el sentido fidedigno de su expresión material’, con base en lo cual sustenta la decisión, cuando manifiesta que el dictamen es contradictorio y que le genera un mar de confusiones”.
Al no existir coincidencia entre la lectura del dictamen y su contenido se configura el yerro denunciado, el cual “tuvo gran trascendencia por cuanto el juez asevera que los dictámenes médicos forenses le resultaron desconcertantes, pues no lograron establecer con seguridad, en su criterio, que el medicamento nifedipino fue el causante del sufrimiento fetal, y si este tuvo incidencia en la muerte del mismo”.
Por otra parte, en los testimonios de los facultativos Luis Fredy Vergel Torrente, Luis Emilio Escalante y Manuel José Yáñez Ramírez se ratifica que dicho medicamento no está incluido para una gestante a término con inicio espontáneo de actividad uterina de trabajo de parto, los que además, al integrarse con los dictámenes periciales indicados, resquebrajan la sentencia absolutoria y conducen a un convencimiento más allá de toda duda que permite proferir sentencia condenatoria en contra del implicado.
En los anteriores términos, depreca casar el fallo recurrido.
ALEGATOS DE NO RECURRENTES
Llamado en garantía:
El apoderado de LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., acreditada en tal condición dentro el proceso, sostiene que le asiste legitimación para replicar la demanda de casación, pues su interés no sólo está relacionado con los daños y perjuicios “sino que también debe velar por la verdad y justicia, por lo cual puede legítimamente oponerse a las pretensiones del demandante, quien busca a toda costa generar una responsabilidad penal, que afecta directamente su patrimonio económico”.
En ese sentido, recalca, tiene los mismos derechos y facultades que la defensa, la parte civil o el tercero civilmente responsable.
Luego de ello, refiere a la primera censura contenida en la demanda señalando que es el censor quien yerra en la interpretación de la norma porque el Tribunal reconoce los derechos del que está por nacer, advirtiendo que no tiene la misma protección de una persona, en tanto apenas está en proceso de desarrollo, extendido hasta el nacimiento, sin que desconozca su derecho a la vida en los términos de la sentencia C-133 de 1994.
Esa protección, indica, se efectúa a través de normas especiales “por lo que el legislador ha consagrado los capítulos cuarto (del aborto) y quinto (de las lesiones al feto) del Título I (delitos contra la vida e integridad personal), como los tipos penales que defienden el interés del nasciturus”.
Entonces, pregona, se equivoca el actor al considerar equivocada la interpretación del Tribunal, pues si ello fuera así “no existirían el aborto y las lesiones al feto como tipos penales específicos, con los cuales se pretende proteger el bien jurídico vida e integridad personal”.
Además, advierte, la conducta endilgada es atípica, pues no satisface los elementos estructurales del delito de homicidio culposo.
En relación con el segundo cargo postulado en el libelo, señala que el actor incurre en evidentes defectos técnicos al no invocar normas sustanciales, ni tampoco demuestra su trascendencia en el fallo, al tiempo que olvida precisar la modalidad de error de hecho alegado, confundiendo la indicación del medio de prueba con el sentido que el juzgador le otorga.
Al contrario, “el Tribunal valora la prueba en su conjunto, y concluye su apreciación”¸ por lo que, concluye, no se debe casar la sentencia.
Tercero civilmente responsable:
Comienza por señalar que en este caso no es procedente la casación discrecional, pues aun cuando en tal dirección alude como fin el desarrollo de la jurisprudencia, lo cierto es que no fundamenta en qué sentido ni cómo se van a proteger los derechos fundamentales.
En cuanto al primer cargo propuesto en la demanda afirma que el censor se limita a presentar “una simple disconformidad en la interpretación de la norma jurídica que hizo el Tribunal, la cual fue acertada y adecuada, no bastado (sic) para quebrar la sentencia y la prosperidad del cargo, solo motivos de desacuerdo sobre la interpretación de la ley, sino que debe demostrar el verdadero quebranto de la ley sustancial, lo cual no hizo”.
Respecto al planteamiento de si el nasciturus puede ser sujeto de delito de homicidio advierte que no es posible y que su vida es objeto de protección en el Código Civil (91, 93) y en el 43 de la Constitución Política, “entonces no es que no se proteja la vida del que está por nacer, existen mecanismos eficientes para su protección; lo que ocurre es que es un valor jurídico, que no es posible equipararlo con el derecho a la vida, de quien es persona, y por tanto está dotado de personalidad jurídica”.
Ahora, dice, si se considera que este es un aspecto injusto, le corresponde su definición al legislador. De cualquier forma, dar cabida a la interpretación del censor conllevaría vulneración de derechos de los procesados.
En lo tocante al segundo cargo planteado, expresa que el actor se limita a exponer sus argumentos de inconformidad “olvidando que bajo la sana crítica y el principio de la concentración probatoria, el juez realizo (sic) un análisis integral de las pruebas, y no solamente de tal dictamen”.
Defensa:
Indica que el planteamiento bajo el cual pretende el libelista acudir a la casación discrecional no se ajusta a sus presupuestos porque el “otro” al que refiere el tipo penal de homicidio culposo, concierne a una persona y no a un no nacido, por lo que debe prevalecer el principio de legalidad consagrado en el artículo 29 de la Carta Política.
Además, no hay situación que incite o motive a esta Sala, pues el tema expuesto no requiere de desarrollo jurisprudencial, lo cual, a su vez, comporta la desestimación del primer cargo postulado en el libelo.
Igual circunstancia se verifica en torno al segundo reparo porque no se especifica la modalidad de falso juicio de identidad postulado, si por cercenamiento, adición, tergiversación o distorsión y aunque pareciera formular un falso raciocinio, “tampoco expresa cuáles son las reglas de sana crítica, de lógica, de experiencia o de sentido común o de ciencias quebrantadas y cuáles serían las aplicables”, amén de que la valoración de las pruebas que propone es inadecuada.
En virtud de lo expuesto, solicita no casar el fallo impugnado.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
El asunto que concita la atención de la Sala en esta ocasión, como bien lo planta el recurrente, no permite el acceso al medio extraordinario de casación por la senda normal o tradicional, sino por la denominada vía excepcional o discrecional.
En efecto, de conformidad con el inciso 1º del artículo 205 de la Ley 600 de 2000 este medio de impugnación es viable contra las sentencias proferidas en segunda instancia por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y por el Tribunal Penal Militar, cuando se proceda por “delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo exceda de ocho años” (subrayas fuera de texto).
Por su parte, el inciso 3° de la misma disposición prevé que cuando el fallo de segundo grado no es proferido por los mencionados Tribunales o el delito por el que se procede tiene pena privativa de la libertad inferior al quantum señalado en precedencia o sanción no restrictiva de la libertad, se faculta a esta Sala para admitir discrecionalmente las demandas de casación presentadas, “cuando lo considere necesario para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de los derechos fundamentales, siempre que reúna los demás requisitos exigidos por la ley”.
En el asunto objeto de estudio se advierte que el procesado ANDRÉS MARCIALES TOLOZA fue acusado, y luego absuelto en las dos instancias de decisión, por el delito de homicidio culposo, cuya sanción no satisface el requisito punitivo para acceder al recurso extraordinario por la vía tradicional.
Ciertamente, dicha conducta punible, de acuerdo con el artículo 109 de la Ley 599 de 2000, se sanciona con una pena máxima de seis (6) años de prisión, monto inferior a los ocho (8) años que para acceder al recurso extraordinario de casación por la vía ordinaria o común exige el referido artículo 205, inciso 1º, de la Ley 600 de 2000, según lo ya visto.
En ese orden de ideas, asiste razón al casacionista cuando para acceder al medio extraordinario opta por esta alternativa.
Ahora, en punto de esta modalidad de casación, de manera enfática se ha precisado por la Sala que compete al demandante expresar con claridad y precisión los motivos por los cuales debe intervenir la Corte contemplados en el inciso 3° ibídem, en virtud de la naturaleza eminentemente rogada de este medio de impugnación.
Así, al demandante le asiste el deber de persuadir a la Sala que es preciso el pronunciamiento de fondo en beneficio de la jurisprudencia de la Sala o para salvaguardar garantías fundamentales de las partes o intervinientes procesales y, sólo después de verificar ese aspecto, se ocupará del aspecto formal de la demanda, es decir, de que cumpla con los presupuestos de presentación lógica y debida argumentación acorde con lo estipulado en el artículo 212 de la Ley 600 de 2000.
De ahí que si lo pretendido por el actor es el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte ha de demostrar con claridad y precisión la necesidad de proveer un pronunciamiento con criterio de autoridad respecto de un tema jurídico especial, ya sea para unificar posturas conceptuales encontradas o con el fin de actualizar la doctrina o para abordar un tópico aún no desarrollado, con el deber de indicar de qué manera la decisión solicitada tiene la utilidad de brindar solución al asunto y, a la par, servir de guía a la actividad judicial.
Empero, si el objetivo trazado es asegurar la garantía de derechos fundamentales, con la misma claridad y precisión tiene la obligación de demostrar la violación e indicar las normas constitucionales que protegen el derecho invocado, así como su desconocimiento en el fallo recurrido, circunstancias que, como ya lo ha reiterado la Sala, deben evidenciarse con la sola referencia descriptiva hecha en la sustentación.
Pues bien, tal como lo indicaron el tercero civilmente responsable y la defensa del procesado, la propuesta no cumple con el presupuesto de admisión para franquear la vía discrecional.
Recuérdese que para el actor la admisión de la demanda se justifica en la necesidad de desarrollar la jurisprudencia para extender la protección penal brindada por el delito de homicidio culposo al nasciturus.
Sin embargo, esa postura no sólo representa un abierto desconocimiento del principio de legalidad, sino que además escapa por completo al desarrollo de la jurisprudencia de esta Sala en tanto está suficientemente decantado por la Corte Constitucional, a través de decisiones que han adquirido el carácter de cosa juzgada constitucional, que la protección de su vida se garantiza mediante otras conductas punibles como el aborto y las lesiones al feto y cosa muy distinta es que el demandante tergiverse el claro contenido de esas sentencias con el fin de justificar el acceso a la vía extraordinaria de impugnación y, subsiguientemente, el decaimiento del fallo impugnado, como cuando señala, contrario a su contenido objetivo, que la sentencia C-355 de 2006 posibilita la configuración del delito de homicidio culposo respecto del nasciturus.
Dicha Corporación, cabe remarcar, no ha negado la protección que demanda la vida del nasciturus, como así lo señaló en la siguiente decisión:
“Es cierto, que nuestra Constitución Política reconoce expresamente el derecho inviolable a la vida a quienes son personas pertenecientes al género humano; pero de allí no se sigue que la vida humana latente en el nasciturus, carezca de protección constitucional. En efecto, si el valor esencial protegido por el ordenamiento superior es la vida humana, necesariamente debe colegirse que en donde haya vida, debe existir el consecuente amparo estatal.
En otros términos la Constitución no sólo protege el producto de la concepción que se plasma en el nacimiento, el cual determina la existencia de la persona jurídica natural, en los términos de las regulaciones legales, sino el proceso mismo de la vida humana, que se inicia con la concepción, se desarrolla y perfecciona luego con el feto, y adquiere individualidad con el nacimiento”1.
No obstante, y a diferencia de lo que entiende el libelista, ha considerado que la protección no es igual al de la persona humana luego del nacimiento. Las siguientes son las razones esbozadas por el órgano límite de la jurisdicción constitucional a partir de la distinción entre la vida y el derecho a la misma2:
“La vida humana transcurre en distintas etapas y se manifiesta de diferentes formas, las que a su vez tienen una protección jurídica distinta. El ordenamiento jurídico, si bien es verdad, que otorga protección al nasciturus, no la otorga en el mismo grado e intensidad que a la persona humana. Tanto es ello así, que en la mayor parte de las legislaciones es mayor la sanción penal para el infanticidio o el homicidio que para el aborto. Es decir, el bien jurídico tutelado no es idéntico en estos casos y, por ello, la trascendencia jurídica de la ofensa social determina un grado de reproche diferente y una pena proporcionalmente distinta.
De manera que estas consideraciones habrán de ser tenidas en cuenta por el legislador, si considera conveniente fijar políticas públicas en materia de aborto, incluidas la penal en aquellos aspectos en que la Constitución lo permita, respetando los derechos de las mujeres”3.
No existe la menor duda, entonces, como lo señala el Tribunal Constitucional, que la temática planteada por el demandante es del resorte exclusivo del legislador4 y, por lo mismo, no es a través de la jurisprudencia de esta Sala de Casación que se pueda obtener una visión distinta del tema.
Si ello es así, esta Corte no encuentra fundado el motivo expuesto para lograr el acceso al recurso extraordinario de casación por la vía discrecional, a través de una hermenéutica particular expuesta concretamente en la primera censura de la demanda.
Lo mismo se debe colegir en torno a la segunda censura, cuyo análisis se torna del todo innecesario, no sólo porque también pretende la condena del galeno por una conducta eminentemente atípica, sino porque la discusión relacionada con la transgresión del deber objetivo de cuidado (lex artis), aunque abordada por el Tribunal, se ve superada por esa condición de atipicidad absoluta del comportamiento endilgado.
En consecuencia, la Sala procederá a la inadmisión de la demanda, de acuerdo con la consecuencia procesal señalada en el artículo 213 de la Ley 600 de 2000. Además, porque no se advierte que dentro del presente trámite o en la sentencia se hubiera incurrido en violación de garantías fundamentales que reclame su intervención oficiosa en los términos previstos en el artículo 216 ibídem.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,
RESUELVE
INADMITIR la demanda de casación presentada por el apoderado de la parte civil, por las razones expuestas en la anterior motivación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 de la Ley 600 de 2000, contra este proveído no procede recurso alguno.
Notifíquese y cúmplase.
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
EYDER PATIÑO CABRERA
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Sentencia C-133 de 1994.
2 Sobre el punto señala: “Dentro del ordenamiento constitucional la vida tiene diferentes tratamientos normativos, pudiendo distinguirse el derecho a la vida consagrado en el artículo 11 constitucional, de la vida como bien jurídico protegido por la Constitución. El derecho a la vida supone la titularidad para su ejercicio y dicha titularidad, como la de todos los derechos está restringida a la persona humana, mientras que la protección de la vida se predica incluso respecto de quienes no han alcanzado esta condición”.
3 Sentencia C-355 de 2006.
4 En la misma decisión, la Corte Constitucional destaca: “Considera esta Corporación que determinar el momento exacto a partir del cual se inicia la vida humana es un problema al cual se han dado varias respuestas, no sólo desde distintas perspectivas como la genética, la médica, la religiosa, o la moral, entre otras, sino también en virtud de los diversos criterios expuestos por cada uno de los respectivos especialistas, y cuya evaluación no le corresponde a la Corte Constitucional en esta decisión”.