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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente:
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
Aprobado Acta No. 078-
Bogotá D.C., trece (13) de marzo de dos mil trece (2013).
MOTIVO DE LA DECISIÓN
La Corte Suprema de Justicia de Colombia emite concepto sobre la solicitud de extradición formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en nuestro país, respecto del ciudadano colombiano DIEGO PÉREZ HENAO.
ANTECEDENTES
1. Mediante Nota Verbal No. 0642 del 24 de marzo de 20111, la Embajada de los Estados Unidos de América solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano Colombiano DIEGO PÉREZ HENAO, petición que formalizó con la Nota Verbal No. 2221 del 20 de septiembre de 20122.
2. El Ministerio del Interior y de Justicia, previo concepto de su homólogo de Relaciones Exteriores sobre la inexistencia de convenio aplicable al caso, el primero (1°) de octubre del año anterior remitió a la Corte la documentación enviada por la Embajada de los Estados Unidos de América, debidamente traducida y autenticada3.
3. La Fiscalía General de la Nación mediante resolución del 7 de abril de 20124 decretó la captura con fines de extradición del ciudadano PÉREZ HENAO, la cual se ejecutó el 25 de julio siguiente en las Instalaciones de Antinarcóticos de la Policía Nacional tras su ingreso a territorio colombiano, proveniente de la República Bolivariana de Venezuela, país del que fue expulsado5.
4. El 2 de septiembre del mismo año, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, informó al señor DIEGO PÉREZ HENAO, su derecho a nombrar un defensor que lo asistiera en el trámite ante esta Corporación6, en virtud de lo cual allegó poder conferido a su apoderado de confianza7.
5. Una vez resuelto lo concerniente a la defensa del solicitado, se dispuso correr traslado a los intervinientes para que solicitaran las pruebas que consideraran necesarias8.
6. Transcurrido dicho término, el Ministerio Público manifestó a la Corte que no estimaba necesario solicitar pruebas con destino al trámite de extradición que se adelanta frente al requerido. La defensa, por su parte, solicitó el decreto y práctica de los siguientes medios de convicción:
“1° Oficiar a la Registraduría Nacional del Estado Civil a fin de establecer cuantos (sic) DIEGO PÉREZ HENAO existen en Colombia, si dentro de estas (sic) se encuentre (sic) plenamente identificado he (sic) individualizado quien esta (sic) solicitado por el gobierno de los Estados Unidos. Lo anterior para tener certeza que no se trate de una homonimia”.
2° Oficiar a la Fiscalía General de la Nación, oficina de asuntos internacionales o a quien haga sus veces, para que verifique si el señor DIEGO PÉREZ HENAO está siendo judicializado por los mismos o presuntos delitos que es requerido por el Gobierno de los Estados Unidos. Lo anterior para evitar que se haga una doble incriminación contra mi cliente”.
La Sala, mediante auto del doce (12) de diciembre de 2012 resolvió:
PRIMERO: NEGAR por improcedentes las pruebas solicitadas por el defensor del requerido en Extradición por el Gobierno de los Estados Unidos de América, DIEGO PÉREZ HENAO.
SEGUNDO: No ordenar pruebas de oficio.
Frente al auto anterior, el apoderado del requerido interpuso recurso de reposición, el cual fue negado mediante auto del 13 de febrero del presente año, en el que también, se ordenó correr traslado para que los intervinientes presentaran sus estudios previos al concepto de fondo, lapso durante el cual se pronunció la defensa y el agente del Ministerio Público.
DOCUMENTOS ALLEGADOS
Con la Nota Verbal No. 2221 del 20 de septiembre de 20129 la Embajada de los Estados Unidos de América aportó, con su respectiva traducción, los siguientes documentos:
1. Nota Verbal No. 0642 del 24 de marzo de 201110, por cuyo medio la Embajada del Estado peticionario solicitó la detención provisional con fines de extradición del señor DIEGO PÉREZ HENAO, en la que refiere que “el período de tiempo en el que el delito de concierto fue cometido, y que aparece descrito en la acusación, va desde una fecha desconocida que aparece ser desde por lo menos 1993 hasta febrero 8 de 2011; sin embargo, toda la evidencia en contra de Pérez Henao y las acciones específicas atribuidas a Pérez Henao en este caso fueron realizadas con posterioridad al 17 de diciembre de 1997. (Subraya fuera de texto)
2. Declaraciones en apoyo de la solicitud rendidas bajo juramento el 29 de agosto de 2012 ante un Juez Magistrado de los Estados Unidos, para el Distrito Sur de la Florida, por Adam S. Fels11, Fiscal Auxiliar en ese Distrito, y por Paul K. Cohen12, Agente Especial de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (“DEA”).
3. Acusación Formal proferida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida 11-20107-CR-SEITZ/O´SULLIVAN del 8 de febrero de 201113, en la que se le formulan cargos al señor DIEGO PÉREZ HENAO por delitos federales de narcóticos.
4. Orden de arresto de fecha 8 de febrero de 2011 contra el señor DIEGO PÉREZ HENAO14.
5. Trascripción de las disposiciones legales aplicables.
6. Certificación de la Cónsul de Colombia en Washington D.C., Estados Unidos, sobre la autenticidad de la firma de Patrick O. Hatchet, quien se desempeña como auxiliar de autenticaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos15.
ESTUDIO DEL MINISTERIO PÚBLICO.
La Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal, solicita que se emita concepto favorable a la extradición del requerido, en razón a los cargos formulados en la Acusación Formal de Remplazo No. 11-20107-CR-SEITZ/O´SULLIVAN del 8 de febrero de 2011 emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Florida, por considerar satisfechas las exigencias legales para proceder en esa dirección.
ESTUDIO DE LA DEFENSA
Allegó un escrito de alegatos en el que solicita a la Corporación emitir concepto desfavorable a la extradición del ciudadano PÉREZ HENAO. Expone para ello los siguientes argumentos:
1. Estima que los hechos imputados al requerido no ocurrieron en el exterior como lo exige la Carta Política para que la solicitud resulte procedente, sino en Colombia, lo que impide a la Sala emitir concepto favorable a la extradición, independientemente del cumplimiento de los presupuestos establecidos por la ley procesal y del lugar donde se hubiere incautado la sustancia referida en la acusación, pues fue en nuestro país “donde se agotó la configuración típica de los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes”. Transcribe el cargo que formuló el Gran Jurado y la declaración del Agente Especial de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (“DEA”) y señala que en esta última, se menciona que todos los hechos ocurrieron en el territorio patrio e inclusive las declaraciones de los testigos “de primera mano” los ubican en costas colombianas.
Agrega que su consideración es válida aunque se opte por alguna de las diferentes hipótesis identificadas por la dogmática y la doctrina para establecer el lugar de la ocurrencia del hecho, tales como: “(i) el lugar de realización de la acción, según la cual el hecho se entiende cometido en el lugar donde se llevó a cabo la exteriorización de voluntad –dentro del territorio patrio-; (ii) la del resultado, que entiende realizado el hecho donde se produjo el efecto de la conducta –dentro del territorio patrio-; Colombia pues ninguno de los hechos se ubica en territorio Estadounidense y (iii) la teoría de la ubicuidad o mixta que entiende cometido el hecho donde se efectuó la acción de manera total o parcial, como en el sitio donde se produjo o debió producirse el resultado –ni siquiera Estados Unidos pues ninguno de los cargamentos tenía como destino final ese país-, se tiene que la solución no es distinta de la advertida.
Puntualiza que no es suficiente que en la nota verbal 2221 se indique que DIEGO PÉREZ HENAO “es miembro de una organización de tráfico de narcóticos responsable de enviar cargamentos de cocaína en contenedores desde las costas Caribe Colombianas a Centro América y México con destino final a los Estados Unidos”, sin mencionar el más mínimo soporte probatorio que permita establecer que el destino final de la sustancia ilícita era el territorio de esta última nación.
2. Igualmente, sostiene que la Corte debe emitir concepto negativo, en aras del principio constitucional del non bis in ídem, dado que los hechos que motivaron la solicitud del Gobierno norteamericano fueron objeto de ejercicio jurisdiccional por parte de las autoridades nacionales, en este caso, por la Dirección de Interdicción Marítima de la Fiscalía General de la Nación –UNAIM-, lo cual se llevó a cabo con anterioridad a la solicitud de detención preventiva con fines de extradición y por lo que supuestamente fue declarado persona ausente y cobijado con medida de aseguramiento. Cita el radicado 110016211002200900249 del 6 de septiembre de 2009 y anota que posteriormente allegará una constancia de ello.
3. En lo que concierne al requisito de la validez formal de la documentación presentada, asevera que el mismo no se cumple a cabalidad, pues si bien esta se aportó por vía diplomática, se omitieron exigencias, tal como se expone a continuación:
i. Respecto a la Copia o transcripción auténtica de la sentencia, de la resolución de acusación o su equivalente señala que: se aportó la acusación 11-20107-CR-SEITZ (sic), con su traducción, quedando esta última sin autenticación y aunque no se exige que sea oficial, si es requisito la autenticación de ambas, por ello, no se cumple con este requisito.
i. Frente a la indicación exacta de los hechos que determinaron la solicitud de extradición y del lugar y fecha en que fueron ejecutados, en la acusación 11-20107-CR-SEITZ (sic), refiere: se precisa una serie de actos, de los que se desprende con mediana claridad que las conductas de concierto para delinquir ocurrieron en territorio patrio, lo que impide despachar favorablemente la extradición por lo analizado en el primer acápite.
i. En cuanto a los datos que posean y que sirvan para establecer la plena identidad de la persona reclamada, plantea que dentro de los documentos aportados, el estado requirente no explica cómo logró identificar a PÉREZ HENAO, sino que se limita a nombrarlo hasta con su número de cédula, pero no expone la forma en que estableció que alias “Diego Rastrojo” o “Comba” es él y no otro.
i. Sobre la copia auténtica de las disposiciones penales aplicables para el caso, alude que se aportó copia simple de las mismas, sin autenticación, lo que les resta validez legal, pues no ofrecen formalidad alguna, incumpliendo a graves luces con este requisito.
4. En lo que respecta a la plena identidad del requerido, asevera que tal requisito no fue satisfecho, pues tal como refirió anteriormente, el estado norteamericano no aportó las labores que realizó para identificar a PÉREZ HENAO, sino que se limitó a nombrarlo y señalar su número de cédula, pero no expuso los medios con los cuales estableció que alias “Diego Rastrojo” o “Comba” es su procurado y no otro.
5. En cuanto a la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero con la resolución de acusación prevista en el derecho procesal penal interno, infiere, que tampoco se cumplió con tal exigencia pues aquélla no contiene una narración de la conducta investigada, tampoco especifica las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la supuesta comisión del delito que se endilga, se limita a hacer una enunciación de pruebas que no se allegaron a la investigación y se reduce a aportar las declaraciones del Fiscal Auxiliar y el Agente de la DEA, a las cuales no se les puede dar valor probatorio dado que no pueden ser consideradas como evidencia según nuestro ordenamiento procesal penal. En consecuencia, estima que la acusación no puede servir como punto de partida para la etapa de juzgamiento, en atención a que con ella el acusado no podría controvertir las evidencias y los cargos que pesan en su contra, tal como lo exige nuestro sistema normativo.
CONSIDERACIONES.
La Sala emitirá concepto favorable para la extradición del ciudadano colombiano DIEGO PÉREZ HENAO, toda vez que se reúnen los requisitos legales exigidos para ello.
1. Validez formal de la documentación presentada.
Según las normas procedimentales colombianas, se exige que la solicitud de extradición se haga por vía diplomática, o de manera excepcional por la consular o de gobierno a gobierno, acompañada de los siguientes documentos, en la forma establecida en la legislación del Estado requirente: (i) copia o trascripción auténtica de la acusación o del fallo dictado en el país extranjero, o su equivalente; (ii) indicación exacta de los actos que determinaron la solicitud de extradición y del lugar y la fecha en que fueron ejecutados; (iii) todos los datos que se posean y que sirvan para establecer la plena identidad de la persona reclamada; y (iv) copia auténtica de las disposiciones penales aplicables para el caso16.
El artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1°, numeral 118, del Decreto 2282 de 1989, establece a su vez que los documentos públicos otorgados en país extranjero por sus funcionarios, o con su intervención, se deberán presentar debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República, o en su defecto por el de una nación amiga. Así mismo, la firma del cónsul o agente diplomático debe ser abonada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y, si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticarán previamente por el funcionario competente del mismo y los de éste por el cónsul colombiano17.
Estas exigencias de carácter formal se hallan debidamente reunidas en el caso analizado, toda vez que Thomas C. Black, Director Asociad de la Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal, Departamento de Justicia de los EE.UU. Washington DC., certificó las firmas de quienes suministraron las declaraciones de apoyo a la solicitud de extradición18; el Procurador de los Estados Unidos, Eric H. Holder Jr., hizo lo propio con aquél y el Director Adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales autenticó la de éste19, todo lo cual fue certificado por Hillary Rodham Clinton, Secretaria de Estado, y por Patrick O. Hatchett, funcionario Auxiliar de Autenticaciones del Departamento de Estado20.
De igual manera, la Cónsul de Colombia en Washington D.C., cuya firma es refrendada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, dio fe de que, en efecto, quien suscribe el documento es el funcionario auxiliar de autenticaciones del Departamento de Estado21.
En las anotadas condiciones, se concluye que los requerimientos formales de legalización de la documentación que sirven de sustento a la solicitud de extradición, exigidos por las normas del Estado requirente y el Estado Colombiano, se cumplieron a cabalidad, y que desde esta perspectiva los documentos aportados con tal fin se tornan aptos para ser considerados por la Corte en el estudio que debe preceder el concepto.
2. Plena identidad de la persona reclamada en extradición.
El Gobierno de los Estados Unidos informó en su petición que el requerido se llama DIEGO PÉREZ HENAO, también conocido como “Diego Rastrojo”, es ciudadano colombiano nacido el siete (7) de abril de 1971 en Colombia, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.369.359, datos que corresponden a quien permanece privado de la libertad desde el 25 de julio de 2012 con fundamento en la Nota Verbal No. 0642 del 24 de marzo de 2011, procedente de la Embajada de los Estados Unidos de América22, información que también se consigna en la orden de captura de fecha 7 de abril de ese año proferida por la entonces Fiscal General de la Nación23.
Confrontados estos registros con el acta de derechos del capturado24, el Informe de Consulta AFIS de la Dirección Nacional de Identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil25, la constancia de entrevista con abogado26 y la reseña fotográfica27 de DIEGO PÉREZ HENAO, dan cuenta que se trata de la persona requerida en extradición por el Gobierno de los Estados Unidos.
Por tanto, queda satisfecho el segundo de los presupuestos a los que alude el artículo 495 de la Ley 906 de 2004, para que la extradición solicitada se pueda otorgar.
3. Principio de la doble incriminación.
Este postulado impone verificar que los comportamientos delictivos imputados a la persona reclamada en el país solicitante estén previstos como delito en Colombia, y que tengan establecida una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años. Se analizarán, por tanto, estos condicionamientos.
DIEGO PÉREZ HENAO es solicitado en extradición por el Gobierno de los Estados Unidos de América para que comparezca a responder en juicio por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, según lo establece el contenido de la Segunda Acusación Formal de Reemplazo No. 11-20107-CR-SEITZ/O´SULLIVAN del 8 de febrero de 2011. El cargo formulado en su contra es del siguiente tenor28:
ACUSACIÓN FORMAL
El gran jurado imputa lo siguiente:
Desde al menos alrededor del año 1993, siendo la fecha exacta desconocida por el gran jurado, y continuando hasta o alrededor de la fecha de la entrega de esta acusación formal, en los países de Colombia, Venezuela, Guatemala, Honduras, México, y otros lugares, el acusado:
DIEGO PÉREZ HENAO
Alias “Diego Rastrojo”
A sabiendas e intencionalmente se combinó, concertó, se confederó y acordó con personas conocidas y desconocidas por el gran jurado, para fabricar y distribuir una sustancia controlada de la lista II, sabiendo de que (sic) dicha sustancia sería importada ilícitamente a los Estados Unidos, en transgresión de lo dispuesto en la Sección 959(a)(2) del Título 21 del Código Federal de los Estados Unidos; todo en transgresión de lo dispuesto en la Sección 963 del Título 21 del Código Federal de los Estados Unidos.
Conforme a lo dispuesto en la Sección 960(b)(1)(B) del Título 21 del Código Federal de los Estados Unidos, se alega además que la transgresión involucró cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína.
NOTIFICACIÓN DE EXTINCIÓN DE DERECHO DE DOMINIO
1. Las alegaciones contenidas en esta acusación formal se vuelven a alegar y se incorporan por referencia como si fueran establecidas en su totalidad aquí con la finalidad de notificar la extinción del derecho de dominio a favor de los Estados Unidos de América de ciertos bienes en los que el acusado, DIEGO PÉREZ HENAO, alias “Diego Rastrojo” tiene un interés.
2. Al ser convicto de la transgresión alegada en esta acusación formal, el acusado extinguirá el derecho de dominio de todos sus derechos, titularidad e interés a favor de los Estados unidos en cualquier bien que constituya o se derive de cualesquier ganancias obtenidas directa o indirectamente, como resultado de tal transgresión y en cualquier bien que se haya utilizado o se haya tenido la intención de utilizar, de cualquier manera o parte, para cometer o facilitar la comisión de tal transgresión, conforme con lo dispuesto en la Sección 853(a)(1)-(2) del Título 21 del Código Federal de los Estados Unidos.
Todo ello conforme a lo dispuesto en la Sección 853 del Título 21 del Código Federal de los Estados Unidos.
Las conductas atribuidas por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida, se recogen en la legislación penal colombiana, así:
Las infracciones descritas en la acusación formal se encuentran contenidas en el artículo 340 (modificado por el artículo 8º de la Ley 733 de enero 29 de 2002, y por el artículo 19 de la Ley 1121 de 2006) bajo la denominación de concierto para delinquir, y el artículo 376 (modificado por el artículo 11 de la Ley 1453 de 2011) bajo la denominación de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes del Código Penal expedido mediante la Ley 599 de 2000.
Artículo 340. (modificado por la Ley 733 de 2002, artículo 8º). Concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuatro (4) a ciento ocho (108) meses.
(Inciso 2º modificado por la Ley 1121 de 2006, artículo 19). Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2700) hasta treinta mil (30000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir.
Artículo 376. (modificado por la Ley 1453 de 2011, artículo 11). Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El que sin permiso de autoridad competente, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, sicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, tres y cuatro del Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotrópicas, incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta y cuatro (1.334) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la cantidad de droga no excede de mil (1.000) gramos de marihuana, doscientos (200) gramos de hachís, cien (100) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o veinte (20) gramos de derivados de la amapola, doscientos (200) gramos de droga sintética, sesenta (60) gramos de nitrato de amilo, sesenta (60) gramos de ketamina y GHB, la pena será de sesenta y cuatro (64) a ciento ocho (108) meses de prisión y multa de dos (2) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior sin pasar de diez mil (10.000) gramos de marihuana, tres mil (3.000) gramos de hachís, dos mil (2.000) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o sesenta (60) gramos de derivados de la amapola, cuatro mil (4.000) gramos de droga sintética, quinientos (500) gramos de nitrato de amilo, quinientos (500) gramos de ketamina y GHB, la pena será de noventa y seis (96) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión y multa de ciento veinte y cuatro (124) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Justamente, como las penas nacionales para los comportamientos descritos en la Acusación por Estados Unidos no son inferiores a los 4 años de sanción privativa de la libertad que exige el numeral primero del artículo 493 de la Ley 906 de 2004, se cumple con este presupuesto.
Adicionalmente, se advierte que, como el decomiso penal no comporta imputación alguna, sino el anuncio de la consecuencia patrimonial que la eventual declaratoria de responsabilidad acarrea respecto de los bienes involucrados en el delito, por cuya comisión se acusa al requerido, el tema es ajeno a la solicitud de extradición, razón por la cual no se encuentra comprendido dentro de los aspectos a analizar en el concepto a emitir por la Sala.
4. Equivalencia de las decisiones
Este requisito hace referencia a la correspondencia formal y sustancial que se debe dar entre la decisión que contiene los cargos por los cuales se pide la extradición de la persona reclamada, y el acto procesal conocido en la legislación colombiana como resolución de acusación y/o escrito de acusación, es decir, a la decisión que sirve de introducción a la fase del juicio, a través de la cual el Estado acusa a una persona determinada de violar la ley penal, discrimina los cargos que le imputa, consigna los hechos que le sirven de fundamento y determina la época y el lugar de comisión del ilícito o ilícitos, para que el solicitado tenga la posibilidad de conocerlos y enfrentarlos.
La Acusación emitida por el órgano judicial de los Estados Unidos contiene los requisitos de la formulación de acusación prevista en los artículos 336 y 337 de la Ley 906 de 2004, pues consigna las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó la conducta punible, su descripción típica, las pruebas en que se apoya, las normas sustanciales aplicables al caso, y permite que se inicie el debate al interior del juicio.
La providencia dictada en el exterior y la regulada en la legislación nacional son equivalentes, cumpliendo así con este requisito.
5. Condiciones que debe imponer el Gobierno si autoriza la extradición.
Ante la eventual determinación positiva del Gobierno Nacional, en todo caso, respetando la órbita de su competencia como Supremo Director de las relaciones internacionales, la Corte considera pertinente recordar que debe someter la extradición a los siguientes condicionamientos al país requirente:
5.1. Excluir las penas de muerte, la condena a prisión perpetua, el sometimiento a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la sanción de destierro, o confiscación para los delitos autorizados, pues esas condenas están excluidas del ordenamiento jurídico colombiano de conformidad con los fundamentos de la Constitución Política (artículos 11, 12 y 34).
5.2. Recordar al país solicitante la prohibición constitucional de juzgar al ciudadano solicitado por conductas anteriores al 17 de diciembre de 1997 y diversas de las que originaron la solicitud de extradición.
Sobre este punto conviene precisar que en la Acusación Formal 11-20107-CR-SEITZ/O´SULLIVAN, el Gran Jurado imputó al requerido hechos “desde al menos alrededor del año 1993”. No obstante la posterior aclaración efectuada por autoridades estadounidenses en la Nota Verbal 0642 del 24 de marzo de 2011 en lo referente a que toda la evidencia en contra del requerido y las acciones específicas que se le atribuyen en este caso fueron realizadas con posterioridad al 1° de diciembre de 1997, el concepto se supedita a que el ciudadano PÉREZ HENAO no sea llevado a juicio por hechos anteriores a esta fecha, pues solo hasta entonces se autorizó la extradición de nacionales por nacimiento.
5.3. Con el fin de preservar los derechos fundamentales del requerido, el Gobierno Nacional condicionará su entrega a que el Estado requirente le garantice su permanencia en ese país y el retorno a Colombia en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, en el eventual caso de ser sobreseído, absuelto, hallado inocente o de situaciones similares que conduzcan a su libertad, incluso después de su liberación por haber cumplido la pena que le fuere impuesta en la sentencia de condena, en razón de los delitos por los cuales se autoriza su extradición.
5.4. A partir de los postulados axiológicos de la Constitución Política, el Gobierno Nacional está en el deber de disponer lo necesario para que el servicio exterior de la República realice un detallado seguimiento a los condicionamientos referidos29
.
5.5. El Gobierno Nacional debe, además, condicionar la entrega de DIEGO PÉREZ HENAO a que se le respeten como a cualquier otro nacional todas las garantías debidas a su calidad de procesado, en particular, a que su situación de privación de la libertad se desarrolle de manera digna, a que la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y readaptación social (artículos 29 de la Carta; 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 5-3.6, 7-2.5,8-1.2(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h).3.4.5, 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 9-2.3, 10-1.2.3, 14-1.2.3,5, y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
Igualmente, el Gobierno debe condicionar la entrega a que el país reclamante, conforme a sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para que el eventual extraditado pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, habida cuenta que la Constitución de 1991, en su artículo 42, reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección adicional que a la misma le otorgan la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 17) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23).
5.6. Finalmente, se recordará al país extranjero la obligación de sus autoridades de tener como parte cumplida de la pena en caso de condena, el tiempo que DIEGO PÉREZ HENAO haya permanecido privado de su libertad en razón de este trámite.
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA.
El artículo 35 de la Constitución Política, modificado por el primero del Acto Legislativo 01 de 1997, ordena:
“La extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto con la ley.
“Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana.
“La extradición no procederá por delitos políticos.
“No procederá la extradición cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de la presente norma”.
De acuerdo con esta disposición, son causales de improcedencia de la extradición las siguientes, (i) que el delito por el cual se procede sea de naturaleza política, (ii) que se trate de hechos cometidos con anterioridad al 17 de diciembre de 1997, fecha de promulgación de la referida norma, y (iii) que el delito haya sido cometido en territorio colombiano.
Ninguna de estas prohibiciones concurre en el caso analizado. Los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes imputados a DIEGO PÉREZ HENAO en la acusación, son de naturaleza común, no política, y los hechos en los cuales se sustentan las imputaciones ocurrieron entre los años 2000 y 201130 o alrededor de estas fechas, es decir, después de la promulgación del acto legislativo.
El lugar de comisión de los hechos tampoco se erige en causal de improcedencia. Del estudio de la acusación y de las declaraciones de apoyo se establece que el solicitado en extradición, desde aproximadamente el año 2000 es miembro de una red que trafica e importa cantidades considerables de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos. Así se detalla en las investigaciones realizadas por el Agente Especial para la Administración de Control de Drogas (DEA), Paul K. Cohen31:
(…)
I. Antecedentes
6. Esta investigación se inició en 2010 y fue objeto de la misma el liderazgo de una Organización de Tráfico de Drogas (“OTD”) que operaba en Colombia, Venezuela, Honduras, México y otros lugares. A través de entrevistas con testigos y la corroboración de la información provista en tales entrevistas, los agentes del orden público de los EE.UU. obtuvieron bastante información sobre PÉREZ HENAO y el papel que desempeñaba en la OTD. Yo y/u otros agentes especiales de la DEA hemos entrevistado a testigos, que ahora cooperan con las autoridades del orden público y estos testigos han provisto información pormenorizada con respecto a varios embarques de cocaína que se originaron en Colombia y Venezuela y que iban destinados a países en Centroamérica y a México, para su posterior importación a los Estados Unidos. Testigos han identificado a PÉREZ HENAO como uno de los cabecillas de una OTD conocida como “Los Rastrojos” que era responsable de fabricar y luego transportar embarques de miles de kilogramos de cocaína desde principalmente la costa del Pacífico de Colombia, a lugares en Honduras, Guatemala y México, y de allí a los Estados Unidos como destino final.
II. Pruebas
6. Las pruebas contra PÉREZ HENAO incluyen, sin limitación, declaraciones de testigos cooperadores a agentes del orden público que implican a PÉREZ HENAO en el concierto para delinquir con el objeto de distribuir cocaína, a sabiendas de que la cocaína estaba destinada finalmente a los Estados Unidos.
7. De acuerdo con un testigo (“T-1), en varios momentos entre 2000 y 2004, PÉREZ HENAO concertó con varias personas para transportar miles de kilogramos de cocaína desde Colombia a Ecuador, luego con rumbo norte a México, sabiendo que la cocaína finalmente sería importada a los Estados Unidos. El T-1 explicó que durante ese período de tiempo, PÉREZ HENAO, y otros cómplices en el concierto, incluso, Pedro Pineda Camargo, alias “Pispi” (ya fallecido), enviaron al menos dos embarques de múltiples toneladas de cocaína a México por vía marítima. El papel principal de PÉREZ HENAO durante estos embarques fue obtener la base de cocaína, convertirla en cocaína en polvo y proveérsela a otros miembros del concierto para delinquir. De acuerdo con el T-1, PÉREZ HENAO mudó sus operaciones de tráfico de estupefacientes a Venezuela en 2004, o alrededor de ese año, y posteriormente coordinaba embarques de cocaína a México y Europa desde Venezuela.
8. Un segundo testigo (“T-2”) con conocimiento personal de los embarques de Colombia – Ecuador – México en el marco temporal de 2000 – 2004 corroboró el relato del T-1. De acuerdo con el T-2, la sociedad de PÉREZ HENAO, Pispi y otros, embarcó al menos dos cargamentos de aproximadamente 2.000 kilogramos de cocaína cada uno de Colombia al Ecuador y luego a México. El T-2 confirmó que el papel principal de PÉREZ HENAO era proveer cocaína desde los laboratorios que PÉREZ HENAO controlaba y gestionar la entrega de la cocaína en lanchas que iban para el Ecuador. El T-2 también confirmó que a PÉREZ HENAO se le pagaban (sic) su parte de las ganancias en moneda de los Estados Unidos.
9. Un tercer testigo (“T-3”) les describió a agentes investigadores que alrededor de 2006, PÉREZ HENAO fue socio en un embarque de al menos 1.000 kilogramos de cocaína que fue transportado desde Venezuela a México, con destino final a los Estados Unidos. El T-3 indicó que a PÉREZ HENAO le pagaron su parte de las ganancias en divisas de los Estados Unidos. El T-3 explicó que PÉREZ HENAO no solamente proveyó la cocaína para este embarque al exterior sino que también hizo las gestiones para que la cocaína fuera transportada por tierra desde Colombia a Venezuela. El T-3 dijo que PÉREZ HENAO y la OTD Los Rastrojos también enviaron al menos tres embarques de cocaína adicionales por vía marítima desde Venezuela a México en 2007.
10. Un cuarto testigo (“T-4”) ha descrito como PÉREZ HENAO, hasta el momento de su captura, continuó operando al menos tres laboratorios de cocaína, capaces de producir aproximadamente 1.000 kilogramos de cocaína al día y que PÉREZ HENAO también gestionaba la distribución de cargamentos de cocaína a varios narcotraficantes que operaban alrededor de la costa del Pacífico de Colombia. El T-4 también explicó que tan recientemente como el verano de 2010, PÉREZ HENAO trató de coordinar el embarque de varios miles de kilogramos de cocaína desde la costa del Pacífico de Colombia a México en lanchas rápidas y embarcaciones de mar profundo controladas por PÉREZ HENAO y que PÉREZ HENAO estaba preparado para pagar por el transporte de la cocaína en divisas de los Estados Unidos.
(…)”
Esta reseña de la actividad ilícita deja en claro que los hechos por los cuales se acusa a DIEGO PÉREZ HENAO tuvieron como fin importar y traficar estupefacientes a los Estados Unidos.
Por tal razón, se cumple el condicionamiento constitucional de que la conducta haya sido realizada en el extranjero, cualquiera sea la teoría que se aplique para determinar el lugar de comisión del ilícito (de la acción, del resultado o de la ubicuidad).
Ahora bien, ante la ausencia de tratado vigente con los Estados Unidos, la extradición es tramitada de acuerdo a los lineamientos y exigencias establecidas por la Ley Penal Colombiana, cuyo cumplimiento la Corporación examinó en detalle.
RESPUESTA A LOS ALEGATOS DE LA DEFENSA
La Sala se permite manifestar lo siguiente:
1. En lo alusivo a las afirmaciones hechas por el defensor, atinentes a señalar que la conducta endilgada por el Gobierno Estadounidense a su representado no cumple con el requisito de haber sido cometida en el extranjero, por lo cual la extradición resulta improcedente, conviene recordar al togado que, de la documentación aportada por el país requirente, se establece con claridad que el territorio norteamericano constituía al destino final del tráfico de las sustancial ilícitas. Así se indicó en la Acusación Formal, “el acusado DIEGO PÉREZ HENAO Alias “Diego Rastrojo”, a sabiendas e intencionalmente se combinó, concertó, se confederó y acordó con personas conocidas y desconocidas por el gran jurado, para fabricar y distribuir una sustancia controlada de la lista II, sabiendo de que (sic) dicha sustancia sería importada ilícitamente a los Estados Unidos”.
Adicionalmente, y contrario a lo dicho por el defensor, el Agente Especial para la Administración de Control de Drogas (DEA) señaló en su declaración: “Esta investigación se inició en 2010 y fue objeto de la misma el liderazgo de una Organización de Tráfico de Drogas (“OTD”) que operaba en Colombia, Venezuela, Honduras, México y otros lugares. A través de entrevistas con testigos y la corroboración de la información provista en tales entrevistas, los agentes del orden público de los EE.UU. obtuvieron bastante información sobre PÉREZ HENAO y el papel que desempeñaba en la OTD. Yo y/u otros agentes especiales de la DEA hemos entrevistado a testigos, que ahora cooperan con las autoridades del orden público y estos testigos han provisto información pormenorizada con respecto a varios embarques de cocaína que se originaron en Colombia y Venezuela y que iban destinados a países en Centroamérica y a México, para su posterior importación a los Estados Unidos”.
Lo anterior pone de manifiesto que el acuerdo de voluntades, propio del concierto para delinquir, comprendió las actividades expuestas para que la droga finalmente fuera distribuida en los Estados Unidos, por lo que, contrario a lo expuesto por la defensa, a PÉREZ HENAO no se le acusa por hechos plenamente cometidos en el territorio nacional, sino por incurrir en la conducta de concierto para importar cocaína, a sabiendas de que la misma sería distribuida en el país requirente.
En lo atinente al cuestionamiento efectuado a la nota Verbal 2221 por cuyo medio el Gobierno norteamericano solicitó la extradición de PÉREZ HENAO, respecto a que la misma carece de soporte probatorio que permita establecer que la sustancia ilícita tenía como destino final los Estados Unidos de América, la Sala reitera que en el trámite y actuación legalmente previstos para la extradición, no es posible acometer la censura y cuestionamiento sobre el poder incriminatorio de la prueba o las demás circunstancias relacionadas con el eventual compromiso penal del solicitado, pues esos asuntos incumben de manera privativa al juez natural; de modo que, solo en el escenario de la competencia del tribunal extranjero se puede proponer y debatir aspectos como los concernientes a los medios de convicción aportados por las autoridades estadounidenses.
2. Frente a la posible vulneración del non bis in ídem, por el presunto ejercicio de jurisdicción por parte de la Dirección de Interdicción Marítima de la Fiscalía General de la Nación –UNAIM-, mediante radicación 110016211002200900249 del 6 de septiembre de 2009, [en respaldo de lo cual anuncia que posteriormente aportará una constancia], pues a su prohijado presuntamente se le impuso medida de aseguramiento luego de ser vinculado y declarado persona ausente, la Sala manifiesta que en la oportunidad probatoria se limitó a enunciar que dicha autoridad adelantaba investigación por los mismos hechos, sin precisar el número correspondiente a las diligencias ni el estado de las mismas. En todo caso, la nueva información no resulta suficiente para determinar la existencia de cosa juzgada respecto a PÉREZ HENAO por acciones similares a las que motivan la solicitud del Gobierno extranjero. En materia de extradición, los pronunciamientos de la Corporación han sido pacíficos, tal es así que como se expuso en el interlocutorio del 13 de febrero pasado:
“…el doble juzgamiento puede fundarse como causal de improcedencia de la extradición sólo si para el momento en que se emite el concepto existe cosa juzgada, es decir, si media sentencia en firme o providencia ejecutoriada que tenga igual fuerza vinculante y, si adicionalmente se está frente a una de las hipótesis que autorizan la aplicación del principio, de acuerdo con las precisiones hechas por la jurisprudencia de esta Sala32.
Así las cosas, cuando se pretende demostrar que el requerido en extradición se encuentra en alguna de las circunstancias que refiere la jurisprudencia de la Sala, es necesario que se detalle información de la autoridad judicial colombiana que investigó y juzgó el asunto; o que de cualquier otro medio fundadamente se pueda suponer el ejercicio previo de jurisdicción, por ejemplo, porque la orden de captura con fines de extradición se cumple estando la persona privada de libertad y resulte necesario establecer la razón por la cuál se dispuso la limitación de ese derecho al requerido.33
En consecuencia, los argumentos del apoderado no tienen asidero jurídico ni probatorio, pues de acuerdo con sus señalamientos, la Fiscalía General de la Nación “presuntamente” adelanta investigación contra PÉREZ HENAO, pero no demuestra la existencia formal de un proceso ni que al requerido se le haya formulado imputación y menos que en su contra exista una sentencia judicial debidamente ejecutoriada por cargos idénticos a los registrados en la acusación aportada por los Estados Unidos.
3. En cuanto a las críticas formuladas frente al requisito de validez formal de la documentación, según las cuales, este no se cumple a cabalidad porque la traducción de la acusación formal no fue autenticada y el país requirente aportó copia simple de las disposiciones penales aplicables al caso, lo que les resta vigor legal, pues no ofrecen formalidad alguna, la Corporación debe señalar que no le asiste razón al abogado, toda vez que el Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa mediante oficio allegado el 1° de octubre del año anterior, aseguró que toda la documentación fue debidamente traducida y legalizada, y así mismo, que “se encuentran reunidos los requisitos formales exigidos en la normatividad procesal penal aplicable”.
En idéntico sentido se pronunció la representación diplomática de los Estados Unidos de América en Bogotá a través de la Nota Verbal No. 2221 del 20 de septiembre de 2012, avalada por un traductor juramentado y reconocido como tal por el Ministerio de Justicia:
“La Embajada tiene el honor de incluir documentos autenticados que sustentan la presente solicitud de extradición de Diego Pérez Henao junto con la correspondiente traducción. La Embajada se permite solicitar la atención del Ministerio en el sentido de que las páginas iniciales de certificación, tanto del Departamento de Justicia de los Estados Unidos como del Departamento de Estado de los Estados Unidos, tienen la intención de certificar que todos los documentos que sustentan esta solicitud de extradición son copias fieles y verdaderas de los originales que servirán de base para juzgar a este individuo en los Estados Unidos34.”
Así las cosas, la acusación formal, la normatividad aplicable al caso y su correspondiente traducción del idioma inglés al castellano fueron allegadas conforme a las exigencias legales establecidas y, por lo tanto, pueden tenerse como válidas en el presente trámite.
El punto dos, (ii) concerniente a la ocurrencia de las conductas de concierto para delinquir en territorio patrio, guarda identidad con lo que cuestionó en el numeral uno, y que constituyó el objeto propio de estudio en páginas anteriores, por lo que no se hará ninguna consideración adicional al respecto.
4. En lo que atañe a la plena identidad del requerido, se precisa una vez más que la información suministrada por el Gobierno de los Estados Unidos en la petición formulada respecto a DIEGO PÉREZ HENAO, conocido como “Diego Rastrojo”, ciudadano colombiano nacido el siete (7) de abril de 1971 en Colombia, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.369.359, guardan correspondencia con los de quien fue privado de la libertad desde el 25 de julio de 2012 con fundamento en Nota Verbal No. 0642 del 24 de marzo de 2011.
Así se estableció en el examen efectuado al acta de derechos del capturado, el Informe de Consulta AFIS de la Dirección Nacional de Identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la constancia de entrevista con abogado y la reseña fotográfica de DIEGO PÉREZ HENAO, confrontación suficiente para dar por satisfecho este presupuesto.
5. En lo relativo a la controversia planteada respecto a la equivalencia de la pieza procesal emitida en el extranjero con la resolución de acusación que establece el ordenamiento interno, se advierte, en oposición a los argumentos del togado, que la misma permite dar paso a la etapa de juzgamiento dado que consigna las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó la conducta punible, su descripción típica, las pruebas en que se apoya y las normas sustanciales aplicables al caso. Así se expuso en el acápite denominado “Equivalencia de las decisiones” que se abordó para efectos de determinar la procedencia de la solicitud.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE ante la solicitud de extradición del ciudadano colombiano DIEGO PÉREZ HENAO, efectuada por el Gobierno de los Estados Unidos de América mediante Nota Verbal No. 2221 del 20 de septiembre de 2012, por el cargo imputado en la Acusación Formal No. 11-20107-CR-SEITZ/O´SULLIVAN del 8 de febrero de 2011, emitida por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida.
Por la Secretaría de la Sala entérese de esta decisión a los interesados e intervinientes, así como al señor Fiscal General de la Nación, para lo de su cargo.
Remítase el expediente al Ministerio de Justicia y del derecho, para lo que concierne en adelante al Gobierno Nacional.
Notifíquese y cúmplase
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
JAVIER DE JESÚS ZAPATA ORTIZ
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Folios 3 al 6, folios 7 al 10 (traducción no oficial) Carpeta Anexa.
2 Folios 37 al 40, folios 41 al 45 (traducción no oficial) Carpeta Anexa.
3 Folios 1 y 2 cuaderno de la Corte.
4 Folio 11 a 13 Carpeta Anexa.
5 Folios 16 a 18 Ibídem.
6 Folio 6 Cuaderno original
7 Folio 8 Ibídem.
8 Folio 11 Ibídem.
9 Folios 37 al 40 y 41 al 45 (traducción no oficial) Carpeta Anexa.
10 Folios 3 al 6 y 7 al 10 (traducción no oficial) Carpeta Anexa.
11 Folios 52 al 58 y 83 al 89 Ibídem.
12 Folios 74 al 78 y 105 al 109 Ibídem.
13 Folios 69 al 70 y 100 al 101 Ibídem.
14 Folios 71 y 103 Ibídem.
15 Folio 47 Carpeta Anexa.
16 Artículo 495 de la Ley 906 de 2004.
17 Esta regulación legal resulta aplicable al caso en virtud del principio de integración normativa prevista en el artículo 25 del estatuto procesal penal.
18 Folios 51 y 82 (Traducción no oficial) Carpeta Anexa.
19 Folios 5 y 81 (Traducción no oficial) Carpeta Anexa.
20 Folios 48 y 49 Carpeta Anexa.
21 Folio 47 Carpeta Anexa.
22 Folios 3 al 6, folios 7 al 10 (traducción no oficial) Carpeta Anexa.
23 Folios 11 al 13 Carpeta Anexa.
24 Folio 20 Carpeta anexa.
25 Folios 21 y 22 Carpeta Anexa.
26 Folio 34 Carpeta anexa
27 Folio 26 Carpeta anexa
28 Folios 69 al 70 y 100 al 101 (Traducción no oficial). Carpeta Anexa.
29 “…es preciso advertir que como el instrumento de la extradición entre Estados Unidos de América y Colombia se rige, en ausencia de un instrumento internacional que regule los motivos de procedencia, requisitos, trámite y condiciones, por las normas contenidas en la Constitución Política (artículo 35) y en el Código de Procedimiento Penal (artículos 508 a 533 de la Ley 600 de 2000), cuando recae sobre ciudadanos colombianos por nacimiento -si es pasiva-, es imperioso que el Gobierno Nacional haga las exigencias que estime convenientes en aras a que en el país reclamante se le reconozcan todos los derechos y garantías inherentes a su calidad de colombiano y de procesado, en especial las contenidas en la Carta Fundamental y en el denominado bloque de constitucionalidad, es decir, en aquellos convenios internacionales ratificados por Colombia que consagran y desarrollan derechos humanos (artículo 93 de la Constitución, Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), en virtud del deber de protección a esos derechos que para todas las autoridades públicas emana del artículo 2º ibídem.
Los condicionamientos en cuestión tienen carácter imperioso, porque la extradición de un ciudadano colombiano por nacimiento, cualquiera sea el delito que dio lugar a su entrega a un país extranjero, no implica que pierda su nacionalidad ni los derechos que le son anejos a tal calidad. Por tanto, el deber de protección de las autoridades colombianas se extiende a tal punto, que han de vigilar que en el país reclamante se le respete los derechos y garantías tal como si fuese juzgado en Colombia. A lo que renuncia el Estado que accede a la entrega de un connacional es a ejercer su soberanía jurisdiccional, de modo que en tanto aquél siga siendo súbdito de Colombia, conserva a su favor todas las prerrogativas, garantías y derechos que emanan de la Constitución y la ley, en particular, aquellos que se relacionan con su calidad de procesado y que tienen que ver con la dignidad humana”.
(Concepto de Extradición del 05/09/2006, rad. núm. 25625)
30 Así lo señala la declaración del Agente Especial de la DEA (Cfr. Folios 105 al 109 Carpeta Anexa) y se concreta en la Nota Verbal con la que se solicitó la detención provisional con fines de extradición del requerido, toda vez que en la Acusación Formal se refieren fechas desde alrededor de 1993.
31 Folios 74 al 78 y 105 al 109 (Traducción no oficial) Carpeta anexa.
32 Ver autos de 6 de mayo de 2009 y 7 de abril de 2010, radicados 30.373 y 31557.
33 Autos de 26 de agosto y 14 de octubre de 2009, radicados 31951y 32321.
34 Cfr. Folio 45 Carpeta anexa.