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Proceso n.º 37253
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION PENAL
Magistrado Ponente
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO
Aprobado Acta No311
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil once (2011)
VISTOS:
La Sala se ocupa de la definición de competencia propuesta por varios defensores de confianza y remitida por el Magistrado de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con funciones de Control de Garantías de conformidad con lo dispuesto por el numeral 4 del artículo 32 de la Ley 906 de 2004.
ANTECEDENTES
Durante la Audiencia Conjunta de Formulación de Cargos Parcial celebrada en diferentes sesiones desde el día 13 de junio de 2011 en contra de Ramón María Isaza Arango y otros 43 postulados, la Dra RUTH RIOS MORA defensora de algunos de ellos, solicitó “al señor magistrado con función de garantías se declare incompetente para seguir conociendo de la imputación y solicitud de medida de aseguramiento”1, petición que sustentó a partir de varios pronunciamiento de esta Corte en lo referente a la creación de las Salas de Conocimiento de Justicia y Paz en los Tribunales Superiores de Distrito Judicial de Medellín, Bucaramanga y Barranquilla.
Una vez remitida la actuación a esta Sala, la misma se abstuvo de emitir pronunciamiento habida cuenta que de los elementos existentes dentro del expediente se debía concluir que la única impugnante de la competencia había desistido de su pretensión al aceptar los planteamientos del Magistrado quien insistió en que la competencia radicaba en la ciudad de Bogotá.
En diligencia de continuación de audiencia conjunta de formulación de cargos realizada el día 19 de agosto de 2011, los abogados defensores RUTH RÍOS MORA, MARTHA RUBIANO, CAMILO GÜIZA RODRÍGUEZ, OMAR LEMUS MURCIA y JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ elevaron nuevamente impugnación de la competencia del Magistrado con funciones de Control de Garantías, actuación que fue aceptada y tramitada por el funcionario judicial quien a su vez decidió enviar las diligencias por segunda oportunidad a esta Corte para que se resuelva la impugnación elevada por los profesionales del derecho.
Como argumento generalizado se indicó que de acuerdo con los acuerdos PSAA11-8034, PSAA11-8035 de 15 de marzo de 2011 y PSAA11-7725 de 24 de febrero de 2011, proferidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en los cuales se dispuso el otorgamiento de competencia territorial a la Sala de Justicia y Paz de los Tribunales Superiores de Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, así como la interpretación que sobre estos acuerdos ha realizado esta Sala, las diligencias debían enviarse al Tribunal Superior de Antioquia para proseguir el trámite del actual proceso.
Elevadas las impugnaciones el Magistrado designado rechazó la proposición de la abogada RUTH RÍOS MORA al considerar que la misma ya había sido propuesta y desistida, y dio trámite a las demás peticiones de la defensa ordenando la inmediata remisión de las diligencias a esta Corporación.
CONSIDERACIONES
El artículo 32, numeral 4 de la Ley 906 de 2004, dispone que la Corte conoce de “la definición de competencia cuando se trate de aforados constitucionales y legales, o de tribunales, o de juzgados de diferentes distritos”; hipótesis a la cual se acomoda la situación planteada en este asunto, pues los profesionales del derecho que proponen la definición insisten en que la competencia para tramitar la audiencia de formulación de cargos parcial reside en cabeza del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Antioquia.
Es pertinente reiterar la procedencia de la institución de la definición de competencia en trámites regidos por la Ley 975 de 2005, toda vez que la Corte no pierde la calidad de superior funcional de las Salas Especializadas de Justicia y Paz a las cuales compete la resolución de los litigios sometidos a su consideración2
Antes de entrar a resolver sobre la competencia en relación con la formulación parcial de cargos es importante insistir en la finalidad de esta institución de manera que se logre evitar dilaciones injustificadas como las que se han presentado en el actual trámite penal. Ha señalado esta Sala que,
“La impugnación de competencia regulada en la Ley 906 de 2004, es connatural al sistema de procesamiento penal acusatorio y difiere del trámite de la colisión de competencias previsto en las legislaciones precedentes3. En efecto su artículo 10 desarrolla el principio de efectividad, el cual se concibe como la armonía que debe existir entre la materialización de los derechos fundamentales de los intervinientes en el proceso y la necesidad de lograr una justicia eficaz con predominio de lo sustancial, caracterizada principalmente por la celeridad con la que corresponde desarrollar la actuación.
Por esta razón, el legislador, al prever la eventualidad de que el juez de conocimiento ante quien se presente la acusación manifieste su incompetencia, o como en este evento, el defensor del acusado impugne la competencia, fijó un procedimiento ágil en desarrollo del cual no se envía la actuación al funcionario que considera debe proseguirla, sino que simplemente debe expresar las razones en las que apoya su declaración y remitirla al superior funcional que, de acuerdo con las reglas que rigen la materia, debe resolverla, evitando de este modo la dilación injustificada de la actuación, pues al fin y al cabo, ante la discrepancia de los jueces, tendría que entrar a resolver, como ocurría en el sistema anterior”.4
Esta Sala ha sostenido en otras oportunidades que el trámite de la definición de competencia es preclusivo y en tanto no admite que éste se inicie en cualquier etapa procesal ni tampoco que la impugnación de la misma pueda ser reiterada de manera ilimitada. En este sentido el artículo 55 de la Ley 906 de 2004 dispone que “se entiende prorrogada la competencia si no se manifiesta o alega la incompetencia en la oportunidad indicada en el artículo anterior” que en cuanto al proceso regulado por la Ley 975 de 2005 debe entenderse la audiencia de formulación de cargos. Bajo esta premisa y tras un estudio sistemático del procedimiento penal regido por la Ley de Justicia y Paz se debe concluir que una vez tramitada la impugnación de competencia al iniciar la audiencia de formulación de cargos, no es posible reiterar la misma solicitud en un momento posterior.
Ahora bien, en audiencia de 25 de julio de 2011 la abogada RUTH RIOS MORA realizó impugnación de competencia ante el Magistrado del Tribunal Superior con funciones de Control de Garantías sin que los demás sujetos procesales elevaran petición en el mismo sentido. Se debe aclarar que ante un error en el procedimiento el titular del despacho otorgó la palabra a los demás intervinientes en donde se presentaron argumentos a favor o en contra de la petición, pero en ningún momento alguno de ellos incoó, aparte de la ya mencionada profesional del derecho, el trámite de definición de competencia.
Como es de conocimiento, esta impugnación elevada fue desistida por la defensora ante los argumentos expresados por el Magistrado quien reiteró la competencia del Tribunal Superior de Bogotá para continuar con el conocimiento de éste proceso.
De lo anterior es menester concluir que acierta el Magistrado con funciones de Control de Garantías en rechazar la nueva petición elevada por la defensora habida cuenta que la misma se predica repetitiva y extemporánea añadiendo que de aceptar su pretensión se habría generado una dilación injustificada del trámite vulnerando así los deberes de lealtad procesal que rigen el actuar de los profesionales del derecho.
De otra parte el abogado OMAR LEMUS MURCIA en audiencia de 13 de junio de 2011, una vez el Magistrado señaló que sí era competente para conocer del proceso, manifestó “estoy de acuerdo con el planteamiento de la magistratura en cuanto a no declararse incompetente”5, pronunciamiento que debe entenderse en el mismo sentido que le dio la Corte a lo dicho por RUTH RIOS MORA, es decir se entiende desistida cualquier intención de promover una definición de competencia. Es oportuno recordar que en aquella audiencia el mencionado abogado OMAR LEMUS MURCIA actuó como abogado principal de algunos postulados y como suplente del también defensor CAMILO GÜISA RODRÍGUEZ, de manera que éste último tampoco puede promover la definición de competencia al no haber actuado en el momento oportuno y por haberse manifestado el acuerdo con la decisión del Magistrado con funciones de control de garantías.
Por lo anterior esta Corte entrará a resolver la definición de competencia con respecto a la impugnación elevada por los apoderados JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ y MARTHA RUBIANO quienes no participaron de la impugnación promovida en una primera oportunidad y lo hacen ahora al empezar la audiencia donde puede discutirse el tema de la competencia.
Ha sido reiterativa esta Sala en señalar que la competencia territorial de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior correspondiente viene determinada por el área de influencia territorial del grupo armado al margen de la ley al cual perteneció el postulado con independencia de lugar donde se agotaron los particulares comportamientos punibles encaminados a concretar los propósitos de dicho acuerdo criminal. Manifestó la Corporación en aquel momento
“Así, la Corporación ha precisado las exigencias de la acusación que se profiere en el marco de la Ley de Justicia y Paz: i) la identificación del grupo armado ilegal, ii) la verificación de la fecha de ingreso del procesado a él, iii) la determinación del área de influencia territorial del grupo armado ilegal; iv) la explicación de los motivos por los cuales se estima que las infracciones punibles realizadas en el pasado por el desmovilizado pueden tenerse como cometidas durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado, v) una relación clara y sucinta de los daños que la organización armada al margen de la ley colectivamente haya causado, circunscritos a los cometidos dentro del marco temporal y espacial -áreas, zonas, localidades o regiones- en donde el desmovilizado desarrolló su militancia, con identificación puntual de cada una de las víctimas.
En el mismo precedente en cita, la Corporación enfatizó la importancia de la verificación de la pertenencia del postulado al grupo armado ilegal, circunstancia que configura el comportamiento punible de concierto para delinquir, y a la vez permite poner en marcha el trámite procesal de la Ley 975, con independencia –sin querer significar con esto que resulte indiferente- de la comisión de cada uno de los punibles cometidos por razón de dicha militancia”.6
Ahora bien en aquellos procesos donde el postulado debe responder por delitos cometidos en distintas regiones en las cuales tuvieron asiento las operaciones criminales, la competencia se definirá según la ubicación y seguridad de las víctimas y la facilidad de acceder a los elementos materiales de prueba, evaluando todos los aspectos necesarios para llevar el proceso hasta su culminación.7 Vale la pena recordar que se trata de un proceso de naturaleza transicional y excepcional en donde resulta aceptable que la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas resulte prevalente sobre las formalidades y requisitos del procedimiento penal ordinario.
El artículo 32 de la Ley 975 de Justicia y Paz otorgó la competencia para adelantar la etapa de juzgamiento de los procesos de los que trata dicha ley, vigilar el cumplimiento de las penas y las obligaciones impuestas a los condenados a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial según las designaciones dispuestas por el Consejo Superior de la Judicatura, las cuales fueron ampliadas en virtud del los Acuerdos PSAA11-8034, PSAA11-8035 de 15 de marzo de 2011 y PSAA11-7725 de 24 de febrero de 2011 que suscitan en conflicto que hoy ocupa la atención de esta Célula Judicial.
Descendiendo al caso concreto se tiene que el escrito presentado por el delegado de la Fiscalía señala que la actividad principal del grupo de Autodefensas Unidas de Colombia que hoy ocupa la atención y liderada por el postulado RAMÓN MARÍA ISAZA tuvo influencia predominante en el departamento de Cundinamarca y zonas colindantes.
Asimismo las víctimas reconocidas, directas e indirectas, tienen su domicilio principal en el mencionado departamento, lugar donde se ha podido garantizar su seguridad como partes dentro del trámite penal, circunstancia a la que se debe añadir la manifestación hecha por la Fiscalía en cuanto la mayor parte de los elementos materiales probatorios y evidencia física acopiada durante la investigación, se encuentra en esta región céntrica del país.
Así las cosas, una revisión inicial sobre los elementos existentes en el proceso lleva a concluir a esta Sala que el concierto para delinquir por el cual se ha postulado RAMÓN MARÍA ISAZA y los hechos punibles relacionados con la pertenencia al grupo armado ilegal se realizaron en su mayoría en la región competencia del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá.
Bajo esta premisa la Sala asignará la competencia para realizar el control de garantías en el proceso que se sigue conforme la Ley 975 de 2005, en los Magistrados con Función de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de esta capital.
Es necesario hacer un llamado de atención sobre el trámite dado por el Magistrado con funciones de control de garantías a esta petición ya que la misma debía ser negada frente a aquellos defensores que ya habían participado en la sesión de la audiencia anterior por ser reiterativa y extemporánea, por lo que a futuro se deben tomar las medidas necesarias para evitar dilaciones injustificadas a un proceso que por naturaleza debe ser rápido y eficaz.
Asimismo se debe reconvenir a las partes e intervinientes para que se abstengan de dilatar el trámite con recursos que a todas luces se perciben fuera de término y reiterativos, en aras de garantizar la lealtad procesal que debe gobernar la actuación de los profesionales del derecho y los principios de celeridad y eficacia que rigen la administración de justicia.
De otro lado ha sido remitido a esta Sala el oficio 7100 DINP de 19 de agosto de 2011 procedente del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC en el cual se solicita autorización para el traslado del interno JOHN FREDY GALLO BEDOYA alias El Pajaro, decisión que no es de resorte de esta Corte sino de competencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, por lo cual es allí donde se deberá decidir sobre la autorización para el traslado.
En mérito a lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal,
RESUELVE
ASIGNAR la competencia para conocer de la audiencia de formulación de cargos en contra de RAMÓN MARÍA ISAZA al Magistrado con Función de Control de Garantías del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, conforme con las consideraciones expuestas en esta decisión, a donde será remitido el expediente.
Contra esta decisión no procede recurso alguno.
Cúmplase,
JAVIER DE JESÚS ZAPATA ORTIZ
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
FERNANDO A. CASTRO CABALLERO SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS
AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
Nubia Yolanda Nova García
Secretaria
1 Record. 47:25 min. Audiencia Conjunta de Formulación de Cargos Parcial
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de 31 de marzo de 2009, Rad. 31491.
3 Decreto 050 de 1987, Decreto Ley 2700 de 1991 y Ley 600 de 2000.
4 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. 14 de febrero de 2011. Rad. 35781.
5 Record 15:23 min. Segunda Grabación Audiencia Conjunta de Formulación de Cargos Parcial.
6 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. 17 de junio de 2009. Radicado 31205 y 29560
7 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. 15 de julio de 2009. Radicado 32042