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Proceso n.º 35217
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente:
Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
Aprobado Acta No. 19.
Bogotá, D.C., veintiséis de enero de dos mil once.
V I S T O S
Dentro del presente trámite de extradición que se adelanta respecto del ciudadano colombiano ADOLFO ARAGÓN PANDALES, requerido por el Gobierno de los Estados Unidos de Norte América, le corresponde a la Corte emitir concepto, toda vez que venció el término de traslado a los intervinientes para alegar, dentro del cual se pronunció el delegado del Ministerio Público.
A N T E C E D E N T E S
1. El Gobierno de los Estados Unidos de América, por conducto de su embajada en Colombia, mediante nota verbal 0185 del 2 de febrero de 2010, solicitó del Ministerio de Relaciones Exteriores la detención provisional, con fines de extradición, del ciudadano colombiano ADOLFO ARAGÓN PANDALES, pues la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida lo requiere para comparecer en juicio, toda vez que allí se emitió en su contra la acusación No. 8:08–CR–397–T–27TBM, dictada el 19 de agosto de 2009, en la cual se le formulan dos cargos por delitos federales de narcóticos.
2. El señor Fiscal General de la Nación, con resolución del 4 de febrero de 2010, ordenó la captura de ADOLFO ARAGÓN PANDALES, diligencia que se llevó a cabo el 5 de agosto siguiente por miembros del Departamento Administrativo de Seguridad en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira.
3. La mencionada representación diplomática formalizó la petición de extradición de ADOLFO ARAGÓN PANDALES, mediante la nota verbal No. 2359 del 30 de septiembre de 2010, reiterando que en su contra pesa la acusación No. 8:08–CR–397–T–27TBM, dictada el 19 de agosto de 2009, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida y en la cual se le hacen los siguientes cargos:
“Cargo Uno: Concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una sustancia o mezcla que contenía una cantidad perceptible de cocaína, con el conocimiento de que dicha sustancia sería importada a los Estados Unidos, en violación del Título 21, Secciones 959, 960(b) (1) (B) (ii) y 963 del Código de los Estados Unidos; y
Cargo Dos: Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de una sustancia que contenía una cantidad perceptible de cocaína, mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, en violación del Título 46, Secciones 70503 (a) y 70506 (a) y (b) del Código de los Estados Unidos, y del Título 21, Sección 960 (b) (1) (B) (ii) del Código de los Estados Unidos.”
4. El Ministerio de Relaciones Exteriores, anotando que “…por no existir Convenio aplicable al caso en mención es procedente obrar de conformidad con el ordenamiento procesal penal colombiano.”, remitió la mencionada nota verbal y los documentos anexos al del Interior y de Justicia, entidad que a su vez envió tal documentación a esta Corte, donde se dispuso que el solicitado designara un defensor que representara sus intereses en este trámite.
5. En consideración a que por auto del 1° de diciembre de 2010 la Corte negó las solicitudes probatorias del representante del Ministerio Público, sin que se advirtiera la necesidad de incorporar ninguna evidencia, se ordenó correr traslado a los intervinientes por el término de cinco (5) días, de conformidad con lo preceptuado en el inciso 3° del artículo 500 de la Ley 906 de 2004, para que presentaran los alegatos. Dicha decisión fue notificada y en su contra no se interpuso el recurso de reposición.
6. El solicitado le otorgó poder a dos abogados de confianza, sin que ninguno de ellos hiciera uso del derecho a presentar alguna consideración previa al proferimiento de esta providencia.
INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
El señor Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal, luego de relacionar de manera detallada los hechos, los antecedentes, el trámite adelantado, los instrumentos allegados a este diligenciamiento y de mencionar las normas aplicables al caso, señala que las conductas punibles por las cuales se le requiere, fueron cometidas en fecha desconocida, pero por lo menos a partir del año 2005, es decir, con posterioridad a la expedición del acto legislativo No. 1 de 1997, circunstancia que permite predicar el cumplimiento de la exigencia temporal.
Igualmente, dice el Procurador Delegado que en lo relacionado con la validez formal de los documentos, el Estado solicitante aportó, debidamente traducidas y autenticadas, la providencia acusatoria, en la cual se reseña el lugar donde ocurrieron los hechos, las fechas y el delito imputado, las distintas normas penales y las declaraciones de apoyo a la solicitud de extradición, motivo por el cual se cumple cabalmente con esta exigencia legal.
Respecto a la demostración plena de la identidad del requerido, asevera que es otra exigencia que se encuentra satisfecha, toda vez que los datos suministrados por las autoridades del país requirente coinciden con los de la persona que fue notificada de la resolución expedida por la Fiscalía General de la Nación, por medio de la cual se ordenó su captura y que en este momento se encuentra privada de la libertad con fines de extradición.
Agrega que en las notas verbales allegadas al presente trámite se consignaron sus datos personales, es decir, que se trata de un ciudadano colombiano, nacido el 19 de diciembre de abril de 1965 y que es portador de la cédula de ciudadanía número 16’487.020, además que al ser aprehendido se identificó con tal documento, cuyos datos coinciden también con los que suministró ADOLFO ARAGÓN PANDALES.
En lo que tiene que ver con el principio de la doble incriminación, sostiene que los cargos imputado a ADOLFO ARAGÓN PANDALES encuentran adecuación típica en los artículos 340 y 376 del Código Penal, los cuales consagran los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, cuya pena mínima privativa de la libertad en ambos tipos es superior a 4 años, aspectos que conllevan a concluir que igualmente se cumple con este postulado.
En lo que respecta a la equivalencia de la providencia dictada en el país solicitante, tampoco encuentra inconveniente alguno, por cuanto la acusación dictada en el extranjero contiene los cargos de los cuales se debe defender el acusado, además de que contiene una relación detallada de los hechos y la calificación jurídica de la conducta, con indicación de las disposiciones sustanciales aplicables, lo cual permite colegir que dicha pieza procesal guarda correspondencia con la acusación prevista en nuestro sistema procesal penal.
En consecuencia, estima el Delegado del Ministerio Público que en este caso las formalidades legales se cumplen cabalmente para que la Corte proceda a emitir concepto favorable respecto de la solicitud de extradición del ciudadano colombiano ADOLFO ARAGÓN PANDALES.
En orden a garantizar los derechos fundamentales del ciudadano colombiano requerido en extradición, el Procurador Delegado sugiere a la Corte exhortar al Gobierno Nacional para que, en caso de que se conceda, se condicione la misma en el sentido de que el solicitado no sea juzgado por hechos anteriores ni distintos a los que motivan la extradición, ni sometido a prisión perpetua, ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Aspectos generales.
La Corte tiene sentado que su competencia dentro del trámite de extradición está enfocada a expresar un concepto sobre la procedencia de entregar o no a la persona solicitada por un país extranjero, después de examinar los puntos a que se refiere el artículo 502 de la Ley 906 de 2004, sin dejar de considerar que el articulo 35 de la Constitución Política en su inciso 2, reformado por el Acto Legislativo No. 1 de 1997, autoriza la extradición de colombianos por nacimiento cuando son reclamados por delitos cometidos en el exterior y las conductas que los originan también así se consideren en la legislación penal colombiana.
Significa lo anterior que no aparece motivo constitucional impediente de la extradición.
2. Validez formal de la documentación presentada.
El Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su embajada en Bogotá, remitió al Ministerio de relaciones exteriores la Notas Verbales 0185 del 2 de febrero y 2359 del 30 de septiembre de 2010, mediante las cuales solicita la extradición del señor ADOLFO ARAGÓN PANDALES, quien es requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos.
Dicha solicitud se ampara en la resolución de acusación No. 8:08–CR–397–T–27TBM, dictada el 19 de agosto de 2009, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida.
Como lo ha reiterado la Corte, el requisito de la validez formal de la documentación apunta “…a los procedimientos de la documentación que realiza el cónsul o agente diplomático de la república o, en su defecto, el de una Nación amiga; al abono de la firma del funcionario que certifica por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, y la correspondiente traducción de todos los documentos”1.
Los documentos que sustentan la solicitud de extradición de ADOLFO ARAGÓN PANDALES, fueron autenticados así:
El señor Thomas C. Black, Director Asociado de la Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal, Departamento de Justicia de los Estados Unidos, certificó las firmas de la Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos, Kathy J.M. Peluso, juramentada el 2 de septiembre de 2010 ante un Juez Magistrado de los Estados Unidos, y del Agente Especial Kelly J. Thomas de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), también juramentado ante un Juez Magistrado de los Estados Unidos el 2 de septiembre de 2010. Estas personas declararon en apoyo de la solicitud de extradición de ADOLFO ARAGÓN PANDALES.
Por su parte el Procurador General de los Estados Unidos, Eric H. Holder, Jr., avaló la firma del señor Thomas C. Black, y ordenó estampar el sello del departamento de Justicia y autenticar su firma por el Director Adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal.
Lo anterior fue certificado por la señora Hillary Rodham Clinton, Secretaria de Estado, quien autenticó su firma el 24 de septiembre de 2010, ante el funcionario auxiliar de autenticaciones de dicho Departamento, Patrick O. Hatchett. Finalmente, el mismo día 24 de septiembre, la Cónsul de Colombia en Washington D.C., doctora Libia Mosquera Viveros, da fe de la autenticidad de la firma del señor Patrick O. Hatchett.
Con lo anterior se cumplió lo establecido en el artículo 259 del C. de P. Civil, modificado por el 1, numeral 118, del D.E. 2282 que dice: “Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o de éste o con su intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República, y en su defecto por el de una Nación amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron conforme a la ley del respectivo país. La firma del Cónsul o Agente Diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se tratará de Agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y de los de éste por el Cónsul colombiano”, disposición aplicable al caso en virtud del principio de integración previsto en los artículos 25 y 495, último inciso, del Código de Procedimiento Penal.
De esa forma, queda establecido que la documentación presentada en respaldo del pedido de extradición de ADOLFO ARAGÓN PANDALES es formalmente válida.
3. Identidad plena del solicitado en extradición.
Es claro que la persona reclamada en extradición es la misma que hacia las 9:15 de la mañana del 5 de agosto de 2010, fue capturada en la ciudad de Palmira por efectivos del Departamento Administrativo de Seguridad, en cumplimiento de la orden de captura con fines de extradición emitida mediante resolución del 4 de febrero de 2010 por el despacho del señor Fiscal General de la Nación.
De acuerdo con las Notas Verbales 0185 del 2 de febrero y 2359 del 30 de septiembre de 2010, a través de las cuales la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá solicitó y formalizó el requerimiento de extradición de ADOLFO ARAGÓN PANDALES, se obtiene que éste es ciudadano colombiano, nacido el 19 de diciembre de 1965, portador de la Cédula de Ciudadanía colombiana No. 16’487.020.
Por su parte, el Agente Especial Nelly J. Thomas, de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), adjunta a su declaración como “PRUEBA E”: una copia del Informe de Consulta del sistema AFIS de la Dirección Nacional de Identificación colombiana, correspondiente a ADOLFO ARAGÓN PANDALES. “Se adjunta a esta declaración jurada como prueba E una fotografía de Adolfo ARAGÓN PANDALES, alias “Tocayo”. Varios de los testigos colaboradores antes descritos han mirado a la fotografía que se adjunta como Prueba E y han confirmado que la persona que aparece en la fotografía es Adolfo ARAGÓN PANDALES, alias “Tocayo”, la persona cuya conducta delictiva se describe en esta declaración jurada y quien ha sido acusada en este caso. Además, agentes del orden público en Colombia han confirmado que la persona que aparece en la fotografía de la Prueba E es la persona que fue recientemente arrestada en Colombia por la orden de arresto provisional emitida en este asunto.”
En el Acta de notificación de la orden de captura con fines de extradición, así como en el memorial en que otorgó poder a sus abogados de confianza para que lo representaran en el presente trámite, ADOLFO ARAGÓN PANDALES consignó como número de su cédula de ciudadanía, el mismo que reportan las autoridades norteamericanas.
Igualmente, en la misma fecha de la captura, al requerido se le tomó la reseña decadactilar en formato del D.A.S., la cual fue comparada con el informe de consulta AFIS de la Registraduría Nacional del Estado Civil del referido número de cédula expedido a nombre de ADOLFO ARAGÓN PANDALES, estudio con el que fue establecida la uniprocedencia de las impresiones digitales2.
De acuerdo con el estatuto procesal penal colombiano, lo que atañe a las autoridades Nacionales es la determinación de la identidad personal entre quien es solicitado en extradición y la persona que para tal efecto ha sido capturada, aspecto que de acuerdo con las pruebas reseñadas se encuentra demostrado a cabalidad.
Lo anterior indica que este segundo requisito también se encuentra debidamente acreditado.
4. Equivalencia de la providencia proferida en el extranjero.
Como lo ha reiterado en diversas oportunidades la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se cumple con el requisito en mención, acatando lo previsto en el artículo 502, inciso 1, del actual Código de Procedimiento Penal: cuando se haya dictado en el exterior resolución de acusación o su equivalente.
En el presente evento, el 19 de agosto de 2009, el Gran Jurado del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Medio de Florida, profirió la acusación (acusación formal o “indictment”) No. 8:08–CR–397–T–27TBM, con base en los delitos señalados anteriormente, acto procesal que equivale a la resolución de acusación prevista en el sistema Procesal Penal Colombiano. Tales providencias, si bien no son idénticas, guardan similitudes que las tornan equivalentes, con lo cual el requisito legal en estudio se estima acreditado.
Dichas decisiones judiciales contienen un pliego de cargos, de los cuales se debe defender el acusado en juicio. A su vez, constituyen presupuesto procesal para la iniciación de la etapa de juzgamiento, que culmina con el respectivo fallo de mérito. En ellas se consigna una relación detallada de los hechos con especificación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron y la calificación jurídica de la conducta, con indicación de las disposiciones sustanciales aplicables.
En consecuencia, la acusación emitida por el Tribunal norteamericano es equivalente y tiene la misma fuerza vinculante de la resolución de acusación propia de nuestro sistema procesal penal.
Por todo lo anterior este requisito también se cumple a cabalidad.
5. El principio de la doble incriminación.
De acuerdo con el numeral 1° del artículo 493-1 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, la doble incriminación se presenta cuando el hecho que es motivo de la extradición está “previsto como delito en Colombia y reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años”.
La Corte tiene dicho que para establecer si la conducta que se le imputa al requerido en el país solicitante es considerada como delito en Colombia, debe hacerse una comparación entre las normas que allí sustentan la sindicación, con las de orden interno para establecer si éstas también recogen los comportamientos contenidos en cada uno de los cargos.
Tal confrontación se hace con la normatividad que está en vigor al momento de rendir el concepto, puesto que lo emite dentro del trámite de un mecanismo de cooperación internacional, razón por la cual la aplicación del principio de favorabilidad que podría argüirse como producto natural de la sucesión de leyes no entraría en juego, por cuanto las domésticas no son las que operarán en el extranjero. Lo que a este propósito determina el concepto es que, sin importar la denominación jurídica, el acto desarrollado por el ciudadano cuya extradición se demanda sea igualmente considerado como delictuoso en el territorio patrio.
5.1. La Nota Verbal 2359 del 30 de septiembre de 2010, describe lo hechos que las autoridades judiciales del Distrito Medio de florida, en los Estados Unidos, le imputan a ADOLFO ARAGÓN PANDALES, de la siguiente manera:
“La investigación ha revelado que desde por lo menos 2005 y continuando hasta por lo menos el 19 de agosto de 2009, Adolfo Aragón Pandales fue transportador/organizador de narcóticos de alto nivel que operaba partiendo de la costa pacífica colombiana. En dicha capacidad, Aragón Pandales fue responsable de coordinar despachos de múltiples toneladas de cocaína desde Colombia a México, los cuales eran transportados por lanchas-rápidas y por naves de auto-propulsión semi-sumergibles (SPSS). Dicha cocaína estaba destinada a ser importada a los Estados Unidos. Entre octubre de 2005 y abril de 2009, cuatro de las operaciones de contrabando organizadas por Aragón Pandales y sus socios fueron interceptadas por la Armada de los Estados Unidos y personal de las fuerzas del orden de la Guardia Costera de los Estados Unidos en aguas internacionales del Océano Pacífico Oriental.
La evidencia contra Aragón Pandales incluye, pero no se limita a, información suministrada por testigos que cooperan en el caso y por evidencia física obtenida durante incautaciones legales de cocaína realizada por oficiales de las fuerzas del orden.
Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con posterioridad al 17 de diciembre de 1997.”
5.2. En la acusación No. 8:08–CR–397–T–27TBM, proferida por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida el 19 de agosto de 2009, aparecen los cargos formulados contra ADOLFO ARAGÓN PANDALES, de la siguiente manera:
“El Gran Jurado expide la siguiente acusación:
CARGO UNO
Desde una fecha desconocida, pero por lo menos a partir del año 2005, y continuando hasta la fecha de esta Acusación Formal, inclusive, en el Distrito Medio de Florida y en otros lugares, el acusado,
ADOLFO ARAGÓN PANDALES,
a sabiendas y voluntariamente confabuló, se asoció ilícitamente y acordó con otras personas cuyos nombres son conocidos y desconocidos por el Gran Jurado, para elaborar y distribuir cinco (5) kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada en la Lista II, sabiendo que dicha sustancia sería ilícitamente importada en los Estados Unidos, y con la intención de que así ocurriera, en violación de la sección 959 de Título 21 del Código de los Estados Unidos.
Todo ello se realizó en violación de las Secciones 963 y 960 (b)(1)(B)(ii) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.
CARGO DOS
Desde una fecha desconocida, pero por lo menos a partir del año 2005, y continuando hasta la fecha de esta Acusación Formal, inclusive, en el Distrito Medio de Florida y en otros lugares, el acusado,
ADOLFO ARAGÓN PANDALES,
a sabiendas y voluntariamente confabuló, se asoció ilícitamente y acordó con otras personas cuyos nombres son conocidos y desconocidos por el Gran Jurado, para poseer con la intención de distribuir cinco (5) kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada en la Lista II, encontrándose a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, en violación de las Secciones 70503 (a) y 70506 (a) y (b) del Título 46 del Código de los Estados Unidos y la Sección 960(b) (1) (B) (ii) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.
El Título 21, Sección 959 del Código de los Estados Unidos preceptúa:
“(a) Fabricación o distribución con fines de importación ilícita. Será ilegal que cualquier persona fabrique o distribuya una sustancia controlada de la Tabla I o II o flunitrazepam o químico listado-
(1) Con la intención de que esa sustancia o ese químico sea importado ilícitamente a los Estados Unidos o a las aguas dentro de las 12 millas de la costa de los Estados Unidos; o
(2) Con conocimiento de que esa sustancia o ese químico será importado ilícitamente a los Estados Unidos o a las aguas dentro de las 12 millas de la costa de los Estados Unidos.
(b) Posesión, fabricación, o distribución por persona a bordo de una aeronave.
Será ilícito para cualquier ciudadano estadounidense a bordo de cualquier aeronave, o cualquier persona a bordo de una aeronave perteneciendo a un ciudadano estadounidense o registrado en los Estados Unidos, el –
(1) fabricar o distribuir una sustancia controlada o químico listado; o
(2) poseer una sustancia controlada o químico listado con la intención de distribuirlo.
(c) Actos realizados fuera del territorio de los Estados Unidos; competencia territorial
Esta sección está pensada para extender la competencia a actos de fabricación o distribución cometidos fuera del territorio de los Estados Unidos. Cualquier persona que viole a esta sección será juzgado en el tribunal de distrito de los Estados Unidos competente para el punto de entrada en donde esa persona ingrese a los Estados Unidos, o en el Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia.”
La Sección 960 del Título 21 del Código de los Estados Unidos, consagra:
“(a) Actos ilícitos
El que –
1. en violación de las Secciones 952, 953 o 957 de este título, con conocimiento de causa o intencionalmente importe o exporte una substancia controlada,
(2) en violación de la Sección 955 de este título, con conocimiento de causa o intencionalmente posea a bordo de una embarcación, aeronave o vehículo una sustancia controlada, o
(3) en violación de la Sección 959 de este título, fabrique, posea con intención de distribuir, o distribuya sustancia controlada,
será castigado de acuerdo con lo previsto en la subsección (b) de esta sección.
a. Las penas
1. En caso de una violación de la sub-sección (a) de esta sección, que trata de
(B) 5 kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad perceptible de
a. hojas de coca, salvo las hojas de coca y extractos de hojas de coca de los cuales se han quitado la cocaína, la ecgonina y los derivados de ecgonina, o sus sales;
(ii) cocaína, sus sales, sus isómeros ópticos y geométricos, y las sales de los isómeros;
(iii) ecgonina, sus derivados y las sales, isómeros y sales de isómeros de los derivados;
(iv) Cualquier compuesto, mezcla, o preparado que contenga alguna cantidad de cualquiera de las sustancias referidas en los incisos (i) a (iii).
El que cometa tal violación de la ley será castigado con la pena de prisión por un término de cuando menos 10 años y no mayor que la cadena perpetua…con una multa que no deberá exceder de lo autorizado en el Título 18, o US $4’000.000 si el reo es individuo… o podrá ser castigado con ambas penas. Cualquier pena impuesta de acuerdo con este párrafo,…, le impondrá al reo un término de libertad supervisada de cuando menos 5 años, además del término de prisión…”
Por su parte, la Sección 70503, del Código de los Estados Unidos prescribe:
“(a) Se prohíbe que una persona, de forma conciente o intencional, posea, con intención de distribuir, una sustancia controlada a bordo de …
(1) una nave de los Estados Unidos, o que esté sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos…
(b) La Subsección (a) se aplica incluso si el acto se comete fuera de la jurisdicción territorial de los Estados Unidos.”
Y, la Sección 70506 prevé:
“(a) Una persona que infrinja la Sección 70503 de este Título será penalizada según lo dispone la sección 1010 de la Ley Integral de Prevención y Control del Abuso de Drogas, de 1970 (Sección 960 del Título 21, del Código de los Estados Unidos).
(b) Una persona que intente o confabule para violar la sección 70503 de este título estará sujeta a las mismas infracciones que se proveen para la violación de la sección 70503.”
5.3. Los anteriores cargos, concretados en la conspiración entre varias personas para cometer delitos (elaborar e importar a territorio de los Estados Unidos cantidades perceptibles de cocaína, para distribuirla), tienen su correspondencia en el Código Penal colombiano, específicamente en el artículo 340, inciso 2º, modificado por los artículos 8º de la Ley 733 de 2002, 14 de la Ley 890 de 2004 y 19 de la Ley 1121 de 2006, preceptiva que establece una pena que hoy va de 8 a 18 años de prisión y multa que de 2.700 a 30.000 s.m.l.m.v., para quien se concierte para cometer, entre otros, delitos de tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
Del mismo modo, tanto conspirar como concertar envuelven la idea de acordar voluntades para adelantar precisas actividades y obtener un fin, el cual sería, en este caso, el de cometer delitos de narcotráfico.
Además, los cargos relacionados con la concreta importación de la sustancia vedada al territorio de los Estados Unidos y su distribución, tienen correspondencia en la legislación punitiva patria, toda vez que el artículo 376 tipifica el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, de la siguiente manera: “El que sin permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, financie o suministre a cualquier título droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión de ocho (8) a veinte (20) años y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
6. Habiéndose verificado el cumplimiento de todos los requisitos señalados en el Código de Procedimiento Penal, la Corte CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la extradición del ciudadano colombiano ADOLFO ARAGÓN PANDALES, cuyas notas civiles y condiciones personales fueron constatadas en el cuerpo de este pronunciamiento, conforme con la notas verbales Nos. 0185 del 2 de febrero y 2359 del 30 de septiembre de 2010, suscritas por la Embajada de los Estados Unidos de América, por los cargos imputados en la acusación No. 8:08–CR–397–T–27TBM, dictada el 19 de agosto de 2009, ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida.
Desde luego, como se sostiene en la solicitud, el procesamiento del requerido sólo puede abarcar los hechos cometidos con posterioridad a la vigencia del Acto Legislativo 01 de 1997, que reimplantó la extradición en Colombia, esto es, el 17 de diciembre de 1997.
6.1. En todo caso, habida cuenta que de acuerdo con las normas punitivas de los Estados Unidos aplicables a los delitos por los que solicitó la extradición prevén como sanción hasta cadena perpetua, la cual está prohibida en Colombia (artículo 34 de la Constitución Política), le corresponde al Gobierno Nacional, en caso de que conceda la entrega requerida, condicionar la extradición a la conmutación de la misma, así como imponer las exigencias que considere oportunas para que se observe ese precepto constitucional, y a fin de que ADOLFO ARAGÓN PANDALES no vaya a ser juzgado por un hecho anterior al que motiva la extradición (artículo 494 del Código de Procedimiento Penal), ni sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Del mismo modo, para que al solicitado en extradición se le reconozca como parte cumplida de la pena que se le llegare a imponer en el país requirente, el tiempo que ha permanecido privado de la libertad por razón de este trámite.
6.2. También es preciso advertir que como la extradición entre Estados Unidos de América y Colombia se rige, en ausencia de un instrumento internacional que regule los motivos de procedencia, requisitos, trámite y condiciones, por las normas contenidas en la Constitución Política (artículo 35) y en el Código de Procedimiento Penal (artículos 490 a 514 de la Ley 906 de 2004), cuando recae sobre ciudadanos colombianos por nacimiento –si es pasiva–, es imperioso que el Gobierno Nacional haga las exigencias que estime convenientes en procura de que en el país reclamante se le reconozcan todos los derechos y garantías inherentes a su calidad de colombiano y de procesado, en especial las contenidas en la Carta Fundamental y en el denominado bloque de constitucionalidad, es decir, en aquellos convenios internacionales ratificados por Colombia que consagran y desarrollan derechos humanos (artículo 93 de la Constitución, Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), en virtud del deber de protección a esos derechos que para todas las autoridades públicas emana del artículo 2º ibídem.
Tales condicionamientos tienen carácter imperioso, porque la extradición de un ciudadano colombiano por nacimiento, cualquiera sea el delito que dio lugar a su entrega a un país extranjero, no implica que pierda su nacionalidad ni los derechos que le son anejos a tal calidad. Por tanto, el deber de protección de las autoridades colombianas se extiende a tal punto, que han de vigilar que en el país reclamante se le respeten los derechos y garantías tal como si fuese juzgado en Colombia. A lo que renuncia el Estado que accede a la entrega de un connacional es a ejercer su soberanía jurisdiccional, de modo que en tanto aquél siga siendo súbdito de Colombia, conserva a su favor todas las prerrogativas, garantías y derechos que emanan de la Constitución y la ley, en particular, aquellos que se relacionan con su calidad de procesado y que tienen que ver con la dignidad humana.
Por esa razón, de conformidad con lo establecido por el artículo 189-2 de la Constitución Política, al Gobierno Nacional, en cabeza del señor Presidente de la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, le corresponde hacer estricto seguimiento del cumplimiento por parte del país requirente de los condicionamientos atrás referenciados y establecer, así mismo, las consecuencias de su inobservancia (Cfr. concepto del 23 de febrero de 2005, radicación No. 22.375).
Página que contiene la firma de la Presidenta de la Sala
Extradición N° 35.217 –Concepto favorable-
Se advierte, igualmente, de conformidad con la tesis planteada por la Corte el 19 de febrero de 2008, en el radicado 30.374, que una vez observados los elementos de juicio allegados a la carpeta, no se evidencia que en contra del solicitado en extradición se haya emitido sentencia de condena ejecutoriada por los mismos hechos que motivan el requerimiento de los estados Unidos.
La Secretaría de la Sala comunicará este concepto al solicitado ADOLFO ARAGÓN PANDALES y demás intervinientes en el trámite de extradición.
Devuélvase el expediente al Ministerio del Interior y de Justicia para lo de su competencia.
Comuníquese y cúmplase.
JAVIER DE JESÚS ZAPATA ORTIZ
Página que contiene la firma de 8 Magistrados
Extradición N° 35.217 –Concepto favorable-
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ FERNANDO A. CASTRO CABALLERO
SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO
MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE L. AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMÁN
Aclaración de voto
JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
TERESA RUIZ NÚÑEZ
Secretaria
1 Auto del 4 de marzo de 2003, radicado 20331.
2 Confrontar folios 19 y 20; 75 y 116