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Proceso 30066
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente
JAVIER ZAPATA ORTIZ
Bogotá D. C., veintiséis (26) de junio de dos mil ocho (2008).
VISTOS
Dentro del término previsto en el artículo 7º de la Ley 1095 de 2006, “por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política”, se resuelve la impugnación interpuesta contra el auto del 12 de junio de 2008, mediante el cual un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio denegó el amparo de hábeas corpus, solicitado en su propio nombre por el ciudadano JOSÉ REIMUNDO CARABALÍ CARACAS, privado de la libertad en el establecimiento penitenciario y carcelario de la misma ciudad.
ANTECEDENTES
De las pruebas practicadas por el magistrado encargado de sustanciar la acción pública de hábeas corpus y los documentos allegados al expediente se infieren los siguientes hechos relevantes:
1. El 15 de agosto de 2007, la Subestación de Policía del municipio de San Carlos (Meta) fue alertada por la ciudadanía sobre la movilización sospechosa de un tractor, en horas de la noche. El conductor, Jhon Alexander Quinceno Bocanegra, informó que recibió la máquina en una finca ubicada en jurisdicción de Puerto López (Meta), hasta donde los uniformados se trasladaron a hacer las averiguaciones pertinentes y, al ingresar, escucharon voces de auxilio de varias personas que estaban encerradas bajo llave en una habitación, quienes informaron que cuatro hombres portando armas de fuego asaltaron la finca y perpetraron un hurto sobre pluralidad de elementos, entre ellos el mencionado tractor.
El conductor, Quiceno Bocanegra, fue juzgado por los ilícitos cometidos y de ese proceso derivaron copias para continuar la investigación, dentro de la cual, posteriormente, se identificó y luego capturó a JOSÉ RAIMUNDO CARABALÍ CARACAS y LUIS ALBERTO MÉNDEZ MORERA, sindicados de participar en los hechos delictivos.
2. Por solicitud del Fiscal 32 Seccional de Puerto López (Meta), en audiencia pública llevada a cabo el sábado 2 de febrero de 2008, el Juez Promiscuo Municipal de Cabuyaro (Meta) -en turno- con Funciones de Control de Garantías, legalizó la captura de JOSÉ RAIMUNDO CARABALÍ CARACAS y LUIS ALBERTO MÉNDEZ MORERA. El Fiscal delegado les imputó los delitos de secuestro simple y hurto calificado agravado y el funcionario judicial les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.
3. Adelantada la investigación, el 29 de febrero de 2008, el Fiscal 34 Seccional de Puerto López (Meta) presentó escrito de acusación contra los dos implicados, ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de la misma localidad, con funciones de conocimiento.
4. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto López llevó a cabo la audiencia de formulación de acusación el 23 de abril de 2008; y señaló el 4 de junio del mismo año para la audiencia preparatoria, pero ésta no tuvo lugar debido a que el defensor público de los implicados solicitó aplazamiento.
Por ello, en consideración a la agenda de ese Despacho judicial, que se ocupa de acciones de tutela y asuntos civiles, de familia, penales y laborales, se fijó el 10 de julio de 2008, como nueva fecha para realizar la audiencia preparatoria.
5. En ese estadio procesal, los implicados solicitaron libertad provisional, invocando como causal el numeral 5° del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, modificado por la Ley 1142 de 2007; esto es, el transcurso de noventa (90) días contados a partir de la fecha de la presentación del escrito de acusación, sin que se haya dado inicio a la audiencia del juicio oral.
6. En audiencia preliminar llevada a cabo el 9 de junio de 2008, el Juez Segundo Promiscuo Municipal de Puerto López (Meta) con Funciones de Control de Garantías, oídos los implicados y sus defensores, negó la libertad pretendida, con el argumento según el cual, el lapso de noventa días (90) establecido en aquella norma, presupone su contabilización en días hábiles y no en forma consecutiva o calendario.
De ese modo –acotó el funcionario judicial- ese plazo no se ha cumplido aún, contando noventa días hábiles desde el 29 de febrero de 2008, cuando se presentó el escrito de acusación, hasta la fecha de esta audiencia preliminar, 9 de junio de 2008.
Ni el implicado CARABALÍ CABARCAS, ni su defensor impugnaron lo decidido por el Juez de Control de Garantías.
7. No obstante, inconforme con la determinación anterior, el acusado JOSÉ REIMUNDO CARABALÍ CABARCAS acudió ante el Tribunal Superior de Villavicencio, con el fin de instaurar la acción pública de hábeas corpus, aduciendo que padece prolongación ilegal de la privación de la libertad, por vencimiento del término a que se refiere el numeral 5° del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, modificado por la Ley 1142 de 2007, sin haber iniciado la audiencia del juicio oral.
ACTUACIÓN EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE
VILLAVICENCIO
El 11 de junio de 2008, la Oficina Judicial de Villavicencio asignó el asunto al magistrado sustanciador de la Sala Penal del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial, quien, por auto de la misma fecha solicitó información a las autoridades judiciales que han intervenido en el asunto y dispuso entrevistar al ciudadano promotor de la acción pública de hábeas corpus.
En desarrollo de aquellas pruebas, el magistrado sustanciador constató las incidencias procesales resumidas en el acápite anterior y, en particular lo siguiente: i) el escrito de acusación fue presentado el 29 de febrero de 2008; ii) los implicados solicitaron libertad provisional por vencimiento de términos y tal pretensión les fue negada el 9 de junio del mismo año, por no satisfacerse el requisito objetivo previsto en el numeral 5° del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, modificado por la Ley 1142 de 2007; iii) ni el acusado JOSÉ RAIMUNDO CARABALÍ CARACAS, ni su defensor interpusieron los recursos ordinarios contra la providencia que negó su pretensión; iv) la audiencia preparatoria fue señalada para el 10 de julio de 2008, de una parte, porque el defensor solicitó aplazamiento y, de otra, en consideración al cúmulo de diligencias procesales en asuntos de diversa naturaleza a cargo del Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto López (Meta), con Funciones de Conocimiento en el sistema penal acusatorio.
LA PROVIDENCIA IMPUGNADA
Mediante auto del 12 de junio de 2008, un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio negó el hábeas corpus invocado por el implicado JOSÉ REIMUNDO CARABALÍ CARACAS, por las siguientes razones:
-. En la revisión detallada de las diligencias pudo constatar que no existió irregularidad alguna en la aprehensión, en la medida de aseguramiento ni en los términos dentro de los cuales se ha dado curso al proceso penal acusatorio adelantado en su contra
-. CARABALÍA CARACAS se encuentra privado de la libertad, por encontrarse vigente la medida de aseguramiento que le fue impuesta el 2 de febrero de 2008, por el Juzgado Promiscuo Municipal de Cabuyaro (Meta) con Funciones de Control de Garantías, al encontrarlo incurso en los presuntos delitos de secuestro simple y hurto agravado calificado.
-. El escrito de acusación fue presentado el 29 de febrero de 2008 y efectivamente, aún no inicia la audiencia de juicio oral.
No obstante, desde el 29 de febrero de 2008 hasta la instauración del hábeas corpus (10 de junio de 2008), no han trascurrido noventa (90) días hábiles.
-. Acertó el Juez Segundo Promiscuo Municipal de Puerto López (Meta), al negar la libertad provisional de los acusados, pues, en criterio del magistrado sustanciador, el numeral 5° del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, modificado por la Ley 1142 de 2007, establece un término que debe contarse en días hábiles y no en días calendario.
Lo anterior, de una parte, por que el artículo 157 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), expresa que las actuaciones que se surtan ante el Juez de conocimiento se adelantarán en días y horas hábiles; y de otra, porque si el legislador hubiese querido establecer un término ininterrumpido, lo hubiese fijado expresamente, como en efecto lo hizo la Ley 1142 de 2007, al modificar el numeral 4° del artículo 317 del mencionado régimen de procedimiento penal.
-. Además, deviene improcedente el hábeas corpus, debido a que CARABALÍ CARACAS y su defensor no impugnaron el auto del 9 de junio de 2008, a través del cual el Juez Segundo Promiscuo Municipal de Puerto López (Meta) negó la libertad provisional, pues el proceso judicial no puede ser sustituido por dicha acción pública, como medio sustituto o alternativo para recuperar la libertad.
LA IMPUGNACIÓN
Notificada en forma personal la providencia anterior, el señor JOSÉ RAIMUNDO CARABALÍ CARACAS, dentro del término que establece el artículo 7º de la Ley 1095 de 2006, presentó escrito de impugnación, donde insiste en que la privación de su libertad se prolongó ilegalmente, porque pasaron noventa (90) días calendario después del escrito de acusación, sin que iniciara la audiencia del juicio oral.
Adicionalmente, asegura que no haber impugnado la providencia que le negó la libertad provisional no impide la prosperidad de la acción pública de hábeas corpus, “por celeridad y economía procesal”.
Pretende que la Corte Suprema de Justicia revoque el auto proferido por el magistrado del Tribunal Superior de Villavicencio y que, en su lugar, disponga su libertad inmediata.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Al tenor de lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 7º de la Ley 1095 de 2006, el suscrito Magistrado es competente para resolver la impugnación, contra el auto por medio del cual un magistrado del Tribunal Superior de Villavicencio negó el hábeas corpus promovido por el ciudadano JOSÉ REIMUNDO CARBALÍ CARACAS.
1. La acción pública de hábeas corpus participa de una doble connotación: como derecho fundamental y como acción constitucional, para reclamar la libertad personal de quien es privado de ella con violación de las garantías establecidas en la constitución o en la ley, o cuando la restricción de la libertad se prolonga de manera ilegal, más allá de los términos deferidos a la autoridad para realizar las actuaciones que correspondan dentro del respectivo proceso judicial.
Es claro, y así lo ha reiterado la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, que si bien el hábeas corpus no necesariamente es residual y subsidiario, cuando existe un proceso judicial en trámite no puede utilizarse con ninguna de las siguientes finalidades: i) sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad; ii) reemplazar los recursos ordinarios de reposición y apelación establecidos como mecanismos legales idóneos para impugnar las decisiones que interfieren el derecho a la libertad personal; iii) desplazar al funcionario judicial competente; y iv) obtener una opinión diversa –a manera de instancia adicional- de la autoridad llamada a resolver lo atinente a la libertad de las personas.
Significa lo anterior, que si la persona es privada de su libertad por decisión de la autoridad competente, adoptada dentro de un proceso judicial en curso, las solicitudes de libertad tienen que ser formuladas inicialmente ante la misma autoridad; y que contra su negativa deben interponerse los recursos ordinarios, antes de promover una acción pública de hábeas corpus.
Ello es así, excepto si la decisión judicial que interfiere en el derecho a la libertad personal puede catalogarse como una vía de hecho o se vislumbra la prosperidad de alguna de las otras causales genéricas que hacen viable la acción de tutela; hipótesis en la cual, aún cuando se encuentre en curso un proceso judicial, el hábeas corpus podrá interponerse en garantía inmediata del derecho fundamental a la libertad, cuado sea razonable advertir el advenimiento de un mal mayor o de un perjuicio irremediable, en caso de esperar la respuesta a la solicitud de libertad elevada ante el mismo funcionario judicial, o si tal menoscabo puede sobrevenir de supeditarse la garantía de la libertad a que antes se resuelvan los recursos ordinarios.
2. Lo antes anotado se infiere, además, de lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-187 de 2006, que estudió el proyecto de ley estatutaria de hábeas corpus (convertido posteriormente en la Ley 1095 de 2006), al tratar por vía de ejemplo algunas hipótesis de prolongación ilegal de la privación de la libertad, entre ellas, cuando la autoridad judicial:
“omite resolver dentro de los términos legales la solicitud de libertad provisional presentada por quien tiene derecho”.
Aquello significa –se reitera- que por norma general, siempre que exista proceso judicial en curso las solicitudes de libertad deben presentarse primero ante el funcionario de conocimiento, antes de instaurar la acción pública de hábeas corpus; pues ésta procederá excepcionalmente en los casos antes mencionados; y eventualmente, si la petición no es contestada dentro de los términos legales, o si, a su vez, la respuesta se materializa en un vía de hecho cuyos efectos negativos sea necesario conjurar inmediatamente; y en todo caso, sin perjuicio de los recursos ordinarios cuya promoción es insoslayable.
3. No está por demás recordar que en la Sentencia T-066 de 2006 (3 de febrero), la Corte Constitucional explicó la manera como ha evolucionado la jurisprudencia, desde la inicial noción de vía de hecho hacia otras causales genéricas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales:
“En decisión posterior de Sala Plena se adoptó un desarrollo más elaborado y sistemático a cerca de las causales específicas que harían procedente la acción de tutela contra decisiones judiciales, cuando quiera que ellas entrañen vulneración o amenaza a derechos fundamentales.
Así, estableció que:
“(..) Además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales1 o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado2.
i. Violación directa de la Constitución.”3 “en detrimento de los derechos fundamentales de las partes en el proceso, situación que concurre cuando el juez interpreta una norma en contra del Estatuto Superior o se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad en aquellos eventos en que ha mediado solicitud expresa dentro del proceso4”.
4. Así las cosas, como adecuadamente lo explicó el magistrado sustanciador del Tribunal Superior de Villavicencio, el hábeas corpus interpuesto por JOSÉ REIMUNDO CARABALÍ CARACAS es improcedente por tres razones esenciales:
i) El implicado CARABALÍ CARACAS permanece privado de la libertad en cumplimiento de la medida de aseguramiento que le fue impuesta por la autoridad competente, al encontrarlo incurso en los presuntos delitos de secuestro simple y hurto calificado agravado.
ii) No fueron interpuestos los recursos ordinarios contra el auto del 9 de junio de 2008, a través del cual el Juzgado Segundo Promiscuo del Municipal de Puerto López (Meta) negó al libertad provisional a CARABALÍ CARACAS, por el supuesto vencimiento del término de novena (90) días, previsto en el numeral 5° de artículo 317 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), modificado por la Ley 1142 de 2007.
iii) La decisión adoptada por el Juez Segundo Promiscuo Municipal de Puerto López (Meta), en modo alguno puede calificarse como vía de hecho, cuyos efectos negativos sobre la libertad personal del implicado sea necesario conjurar inmediatamente.
5. En el mismo sendero jurisprudencial, tendiente a descartar la procedencia de la acción pública de hábeas corpus, en casos como el presente, en auto del 27 de noviembre de 2006 (radicación 26503), al resolver una impugnación, el magistrado sustanciador de la Sala de Casación Penal, indicó:
“En ese orden el Habeas Corpus no se constituye en medio a través del que se pueda sustituir al funcionario judicial penal que conozca del determinado proceso en relación con el cual se demande el amparo de la libertad; por eso al juez de Habeas Corpus no le es dado inmiscuirse en los extremos que son esenciales del proceso penal, no le es posible por ello cuestionar los elementos del punible, ni la responsabilidad de los procesados, ni la validez o valor de persuasión de los medios de convicción, ni la labor que a ese respecto desarrolle el funcionario judicial. En otros términos -y como lo indicara el a quo con apoyo en doctrina y jurisprudencia de la Corte- el ejercicio del Habeas corpus sólo permite el examen de los elementos extrínsecos de la medida que afecta la libertad, no la de los intrínsecos porque éstos son del ámbito exclusivo y excluyente del juez natural.
Por eso “…resulta extremadamente nocivo para el desarrollo sistémico del proceso penal un entendimiento que no armoniza los instrumentos de protección constitucional y procesal del derecho fundamental a la libertad, haciéndolos coexistir dentro de su respectivo ámbito de aplicación, sino que, al contrario, entrega prelación a uno, subordinando el otro a extremo que de aceptarse terminaría en su extinción al convertir lo extraordinario en corriente, que a su vez es su propia negación”,(Sentencias de segunda instancia 14.752 y 17.576 del 2 de mayo y del 10 de junio de 2003 respectivamente).
“En lo que corresponde a la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en determinar que el juez constitucional de habeas corpus no tiene facultad para analizar los motivos que indujeron a la autoridad judicial para ordenar la privación de la libertad de una persona, limitándose su competencia a verificar el cumplimiento de las formalidades de rango constitucional y legal para su aprehensión y posterior detención, por no tratarse de una tercera instancia judicial, labor que debía cumplirse en todo caso de manera muy estricta, por cuanto el afianzamiento del derecho de libertad no puede apoyarse ni realizarse con el desconocimiento del orden jurídico”, (Sentencia de segunda instancia 15.955 del 11 de diciembre de 2003).”
6. Específicamente, con relación al término de novena (90) días, previsto en el numeral 5° de artículo 317 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), modificado por la Ley 1142 de 2007, se tiene establecido que se trata de un plazo que transcurre en días hábiles, sin tener en cuenta los sábados, domingos ni festivos.
A la sazón, en auto del 28 de noviembre de 2007 (radicación 28836), de igual manera, con ponencia del suscrito magistrado, se reinterpretó el numeral 5° del citado artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, en el sentido de dejar en claro que el término de noventa (90) días ahí establecido se verifica en días hábiles:
“La invocación que el impugnante hace del principio pro homine, como cláusula de favorabilidad en la interpretación de los derechos humanos, a fin de que se adapte a la Ley 906 de 2.004 un criterio interpretativo de esta Sala, ambientado en expiradas vigencias procesales, acerca de que no podían descontase días feriados y de vacancia de los cómputos para acceder a la libertad; no tiene vocación de prosperar, toda vez que de manera muy clara el legislador estipuló en el artículo 317, modificado por la Ley 1142 de 2.007, que los términos de que dispone la Fiscalía para presentar el escrito de acusación “se contabilizarán en forma ininterrumpida” , y a renglón seguido nada dijo en lo relativo a los términos de que dispone el Juez para el adelantamiento de la causa, hasta el inicio de la audiencia de juicio oral; respetando así lo dispuesto en el artículo 157 ibídem, que establece que “Las actuaciones que se surtan ante el juez de conocimiento se adelantarán en días y horas hábiles, de acuerdo con el horario judicial establecido oficialmente”.
La modificación que la Ley 1142 de 2.007 introdujo en la cláusula relativa al término para el adelantamiento del juicio, cambiando los sesenta días que en su prístina versión ofrecía la norma, por un término de noventa días, aparentemente significa un término más holgado, pero debe tenerse en cuenta que antes los sesenta días se contaban desde la fecha de formulación de la acusación, y ahora los noventa días se cuentan desde la fecha en que se presenta el escrito de acusación, que es un momento previo, que incluye actuaciones de trámite como la asignación del proceso y la remisión del mismo al Juez; y luego la fijación por éste de la fecha en que ha de realizarse la audiencia de formulación de acusación, conforme a programaciones, posibilidades prácticas, orden de prioridades y de ingreso.
En otra perspectiva, no puede ignorarse que con todo, las normas relativas al agotamiento de términos como causal de libertad; son más breves en vigencia de la Ley 906 de 2.004, y continúan siéndolo empero la modificación introducida por la Ley 1142 de 2.007; pero la asimetría que se advierte en la fijación de unos términos “ininterrumpidos” para el perfeccionamiento de la investigación, y de unos términos tasados en días y horas “hábiles” para el adelantamiento del juicio por parte de los jueces, está inspirada en el afán de pautar la actividad investigativa y en el traslado del eje gravitacional del proceso a la fase del juicio, como rasgos distintivos del nuevo esquema procesal penal.”
Tal postura se ratifica una vez más, en concreto por estos motivos, que atinadamente observó el magistrado sustanciador del Tribunal Superior de Villavicencio:
i) El legislador distingue la manera de contabilizar los términos en la etapa de investigación (en forma ininterrumpida) y en la fase del juicio (en jornadas hábiles).
Con meridiana claridad, el artículo 157 de la Ley 906 de 2004, estipula:
“La persecución penal y las indagaciones pertinentes podrán adelantarse en cualquier momento. En consecuencia, todos los días y horas son hábiles para ese efecto”
(…)
“Las actuaciones que se surtan ante el juez de conocimiento se adelantarán en días y horas hábiles, de acuerdo con el horario judicial establecido oficialmente”.
No sobra recordar que para el ejercicio de la función de control de garantías todos los días y horas son hábiles.
ii) De igual manera, cuando el legislador pretendió que un término transcurriera ininterrumpidamente, así lo indicó de manera expresa en la Ley 1142 de 2007.
Ciertamente, el numeral 4° del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), modificado por la Ley 1142 de 2007, estableció un término que se contabiliza en forma ininterrumpida, exclusivamente para recuperar la libertad, cuando transcurridos sesenta (60) días a partir de la formulación de imputación no se hubiese presentado el escrito de acusación. (Etapa investigativa).
En cambio, la Ley 1142 de 2007 no generó la obligación de contabilizar los términos ininterrumpidamente, si para acceder a la libertad provisional se invoca el numeral 5° del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, por haber transcurrido noventa (90) días, contados a partir de la fecha de la presentación del escrito de acusación, sin que se hubiese iniciado la audiencia del juicio oral. (Fase de juzgamiento).
7. Con tales lineamientos, aplicables en lo atinente al caso que se examina, ha de decirse que, descartada por completo la vía de hecho u otra circunstancia genérica similar, los fundamentos de la decisión del Juez Segundo Promiscuo Municipal de Puerto López (Meta) deben cuestionarse al interior del mismo proceso judicial, a través de los recursos ordinarios, y no mediante la acción pública de hábeas corpus, como equivocadamente parece haberse entendido.
En mérito de lo expuesto, el suscrito magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE
Confirmar el auto del doce (12) de junio de dos mil ocho (2008), mediante el cual un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio negó el hábeas corpus invocado en su propio nombre por el ciudadano JOSÉ REIMUNDO CARABALÍ CARACAS.
Contra la presente providencia no procede recurso alguno.
Cópiese, notifíquese, devuélvase al Tribunal de origen y cúmplase.
JAVIER ZAPATA ORTIZ
Magistrado
TERESA RUIZ NÚÑEZ
Secretaria
1 Sentencia T-522/01.
2 Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001 y T-1031 de 2001; T-1625/00.
3 Sentencia C- 590 de 2005.
4 Cfr. T- 1130 de 2003.