AP355-2014(43103)

2014

Asistente Jurídico Inteligente

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    CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

SALA DE CASACIÓN PENAL  

JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO  

Magistrado Ponente  

AP355-2014  

Radicación N° 43103  

Aprobado acta Nº 025  

Bogotá, D.C., cuatro (04) de febrero de dos  mil catorce (2014).   

Define  la Corte la competencia para conocer  del  trámite  adelantado  en  contra  de  José  Luis  Alvarado  Baena por las conductas punibles de concierto  para  delinquir agravado y uso de documento falso, la cual rechazan los juzgados  Penal   del   Circuito   Especializado   de   Barranquilla  y  su  homólogo  de  Descongestión de Cartagena.    

A N T E C E D E N T E S  

1.  El  9 de noviembre de 2012, la Fiscalía  3ª  Especializada  de  Cartagena  presentó  escrito de acusación en contra de  José  Luis  Alvarado  Baena,  por  los  delitos  de concierto para delinquir agravado y uso de documento falso  (artículos  340,  inciso  2,  y  291  del  Código  Penal),  los cuales habría  cometido   como   integrante  del  grupo  ilegal  Los  Urabeños,   el  cual  fue  conformado  por  antiguos  integrantes  de  las Autodefensas Unidas de Colombia, para producir, controlar y  comercializar   sustancias   estupefacientes,   valiéndose   para  ello  de  la  ejecución de extorsiones y homicidios.   

La  actuación  le  correspondió al Juzgado  Único  Penal  del  Circuito  Especializado de Cartagena, el cual, mediante auto  del  20  de  febrero  de  2013,  ordenó  la  remisión  de las diligencias a su  despacho  adjunto.   Este  último,  el  9  de  julio  siguiente,  declaró  fracasada   la  audiencia  de  formulación  de  acusación,  por  ausencia  del  procesado.1   

2.  La  actuación  regresó,  entonces,  al  Juzgado  Único  Penal del Circuito Especializado de Cartagena, cuyo titular, en  auto  del  7  de  octubre  de  2013,  se  declaró  impedido para conocer de las  diligencias  con  fundamento  en  la causal prevista en el artículo 56, numeral  13,  de  la  Ley  906  de 2004, por cuanto en la etapa de investigación de este  mismo  asunto  fungió  como  Juez de Control de Garantías, más exactamente en  audiencias  celebradas el 22 de noviembre de 2010, 28 de abril, 7 y 18 de enero,  1º  y  27  de diciembre de 2011. El funcionario precisó que en esta actuación  se  vinculan  por  los mismos hechos no solo a Alvarado  Baena,    sino   también  a  otras  personas,  en  diversas  actuaciones  con  distintos radicados.   

Como   consecuencia  de  lo  anterior,  en  atención  a  lo  normado  en  el  artículo  44  de  la Ley 906 de 2004, y tras  considerar  que no era del caso remitir el expediente a su Juzgado Adjunto, toda  vez  que  “resulta  claro  que  de  conformidad  al  Acuerdo   PSAA13-9991   del   26   de  septiembre  de  2013,  dicho  Juzgado  de  Descongestión  solo  funcionará  hasta  el  31  de  diciembre  de  la presente  anualidad,  término  en  el  cual  resulta imposible realizar las audiencias de  acusación,    preparatoria    e    incluso    algunos    juicios”2, a través de  auto  del  9 de octubre de 2013 ordenó remitir el trámite a su homólogo de la  ciudad de Barranquilla, para lo de su cargo.   

3. Así las cosas, el 25 de octubre de 2013,  el  Juez  Único  Penal del Circuito Especializado de Barranquilla fijó el día  23  de  diciembre  siguiente  como fecha para celebrar la audiencia en   la  que  decidiría  sobre  el  impedimento  planteado  por  su  homólogo  de Cartagena y, en caso de aceptarlo, celebrar enseguida la audiencia  de     formulación    de    acusación.3 No obstante lo  anterior,  por  razón  de  una comisión de servicios autorizada por el Consejo  Superior  de  la  Judicatura,  a  través  de  auto  del 5 de diciembre del año  anterior  señaló  el  29 de enero del presente, como nueva fecha para realizar  dichas                  actuaciones4.   

4.  No  obstante  lo  precedente,  el  20 de  diciembre  de  2013, el citado funcionario ordenó remitir el proceso al Juzgado  Penal   del   Circuito   Especializado  de  Descongestión  de  Cartagena,  tras  considerar  que  el artículo 4º, inciso 2º, parágrafo 1º, de la Ley 1285 de  2009     señala    que    “los   jueces   de  descongestión  tendrán  la  competencia territorial y material específica que  se  les  señale  en  el acto de su creación” y toda  vez  que  mediante  Acuerdo  10065  del  19  de  ese  mes, proferido por la Sala  Administrativa  del Consejo Superior de la Judicatura, se amplió la competencia  de  ese  estrado  judicial  para que conozca “de los  procesos  sobre  los  impedimentos  y  recusaciones  del  Juez titular Penal del  Circuito    Especializado   de   Cartagena”,   acto  administrativo   prorrogado   con   Acuerdo   10068  hasta  el  30  de  mayo  de  2014.5   

5.  El  7  de  enero de 2014, el Juez Único  Penal  del Circuito Especializado de Descongestión de Cartagena adujo que en su  momento  se  ordenó  el  envío  de  este y otros procesos al Juzgado Penal del  Circuito         Especializado        de        Barranquilla        —por  ser este último el despacho más  cercano   de   la   misma   categoría—,  por  virtud  de  sendos  pronunciamientos  de la Corte Suprema de  Justicia.   De  este  modo,  agregó, como el artículo 64 de la Ley 906 de  2004,  prevé  que  por  la  desaparición  de  la  causal  de impedimento no se  recupera  la  competencia,  devolvió  las diligencias, agregando que el Acuerdo  10065  de  19 de diciembre de 2013, no infirma la validez de aquellas decisiones  ni       tiene       efectos      retroactivos.6   

En  conclusión,  el Juez Penal del Circuito  Especializado  de  Descongestión  de Cartagena ordenó el regreso de lo actuado  al Penal del Circuito Especializado de Barranquilla.   

6. El 21 de enero de 2014, el Juzgado Único  Penal  del  Circuito  Especializado de Barranquilla, conforme el artículo 54 de  la  Ley  906  de  2004,  remitió a la Corte la actuación para que definiera la  competencia  que  rechazan  dicho  despacho  y  el  de la misma denominación de  Descongestión  de  Cartagena,  pues en su criterio el citado Acuerdo atribuye a  este  último  el  conocimiento de las actuaciones en las cuales el Juez titular  de  esa  especialidad  se  declaró  impedido,  circunstancia  sobreviniente que  deviene   en   que  asuma  precisamente  la  carga  laboral  del  despacho  cuya  descongestión  fundamentó  su  implementación y que ya había conocido cuando  era  juez adjunto del mismo despacho. En consecuencia, y conforme los artículos  54  y  55  de la Ley 906 de 2004, remitió el expediente a la Sala para lo de su  cargo.7   

CONSIDERACIONES    DE    LA   CORTE   

1.  La  Sala  es competente para definir la controversia planteada en el  presente  asunto  de  acuerdo con los artículos 32, numeral 4, y 54 del Código  de  Procedimiento  Penal, por cuanto en el debate acerca del funcionario llamado  a  conocer  de  este  caso  se  involucran  jueces  que  pertenecen a diferentes  distritos   judiciales,  más  exactamente,  los  jueces  penales  del  circuito  especializados  de  Barranquilla  y su homólogo de descongestión de Cartagena.   

La  controversia  se  contrae,  entonces,  a  determinar  en  cuál  despacho  recae  la competencia para aceptar o rehusar el  impedimento  expuesto  por  el  Juzgado  Penal  del  Circuito  Especializado  de  Cartagena,  pues, como surge nítido del trámite procesal hasta ahora cumplido,  dicho asunto aún no ha sido resuelto.   

2.  Habilitada  así  la  Corporación  para  pronunciarse,  se  vislumbra  que los argumentos esbozados por el Juzgado Único  Penal  del  Circuito  Especializado  de  Barranquilla  para  rehusar  asumir  el  trámite  seguido  en  contra  de  José Luis Alvarado  Baena  son acertados, atendiendo el estado procesal en  que se encuentran las diligencias.   

En   efecto,   al   cotejar   el   Acuerdo  PSAA-13-10065  de  19  diciembre  de  2013 de la Sala Administrativa del Consejo  Superior  de  la  Judicatura,  se  tiene que esa colegiatura en ejercicio de sus  facultades  legales  dispuso  la ampliación de la competencia del Juzgado Penal  del  Circuito  Especializado  de  Descongestión de Cartagena, para “el   conocimiento   de   los   procesos   sobre  impedimentos  y  recusaciones   del   Juez   titular   Penal   del   Circuito   Especializado  de  Cartagena”8.  Si  el  servidor  público  a cargo de  aquel  estrado,  hubiese  reparado  en la hipótesis procesal que en este asunto  dio  lugar  al  envío  inicial  de  las  diligencias a Barranquilla, se habría  percatado   que   era   para  que  se  decidiera  un  impedimento,   situación   funcional  para  la  cual  precisamente  y  de  forma  expresa,  a  partir  de  dicha fecha, fue designado.   

En otras palabras, previo a la existencia del  citado  Acuerdo,  es  decir,  18 de diciembre de 2013, la actuación estaba a la  espera  de  que  el Juez Único Penal del Circuito Especializado de Barranquilla  resolviera  el  impedimento  elevado  por  su homólogo de Cartagena, pues éste  funcionario  había  fungido  en  ella  previamente  como  Juez  de  Control  de  Garantías9.  Para  ese  instante,  se repite, tal actuación -la solución del  impedimento-  aún  no  se  había verificado.  Por ende, si desde el 19 de  diciembre  de  2013,  le fue atribuida la competencia al Juez Penal del Circuito  Especializado  de  Descongestión  de  Cartagena  para  asumir el particular, le  corresponde, entonces, darle curso al respectivo trámite.    

Así las cosas, las referencias genéricas y  abstractas  aludidas  por el funcionario judicial de descongestión de Cartagena  para  negarse a conocer este asunto concreto son superfluas, toda vez que aun no  se  ha  corroborado  si  el  impedimento  en  cuestión  va a ser aceptado o no;  tampoco  la  Corte  se  ha pronunciado sobre este específico tema y mucho menos  tiene  cabida  elucubrar  acerca  de la eventual “irretroactividad” del acto  administrativo  del  Consejo Superior de la Judicatura, normatividad aplicable a  la materia.   

3. De esta manera, al tenor de los elementos  de  juicio obrantes en la actuación y de lo anotado en precedencia, se concluye  que  es  al  despacho judicial de descongestión en mención a quien corresponde  resolver  acerca  de  la  procedencia  del impedimento  elevado  por el Juez titular del Juzgado Único Especializado de Cartagena y, en  caso   de   aceptarlo,   asumir   el   conocimiento   de  la  causa,   razón por la cual se le remitirán las diligencias para que  continúe con el trámite.    

En  mérito  de lo expuesto, la SALA  DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,   

R E S U E L V E  

ASIGNAR    la  competencia  para  pronunciarse  respecto  del  impedimento  manifestado  por el  Juzgado  Penal  del Circuito Especializado de Cartagena y, en caso de aceptarlo,  asumir    el    conocimiento   de   la   causa   seguida   contra   José  Luis  Alvarado  Baena, al Juzgado de  Descongestión  de  la misma categoría y sede, al que se remitirá de inmediato  la actuación.   

Contra esta decisión no  procede ningún recurso.   

Comuníquese    y  cúmplase   

FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO  

JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO  

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ  

EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER  

MARÍA     DEL    ROSARIO    GONZÁLEZ  MUÑOZ   

GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ  

EYDER PATIÑO CABRERA  

LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO  

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA  

Secretaria  

    

1  Fl. 26 c.a   

2  Fl. 33 c.a   

3  Fl. 36 c.a   

4  Fl. 44 c.a   

5  Fl. 53 c.a   

6  Fl. 57 c.a   

7  Fl. 63 c.a   

8  Fl. 97 c.a   

9  Artículo 56, numeral 13, Ley 906 de 2004     

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