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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente:
Luis Guillermo Salazar Otero
Aprobado Acta No. 336
Bogotá, D.C., nueve (9) de octubre de dos mil trece (2013)
ASUNTO:
Decide la Corte si admite o no la demanda de casación formulada por el defensor de Henry Mauricio Avellaneda Granados respecto de la sentencia del 3 de abril del año en curso, a través de la cual el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la que en sentido condenatorio profirió el 7 de febrero de la misma anualidad el Juzgado 28 Penal Municipal de dicha ciudad contra el acusado en mención por el delito de inasistencia alimentaria.
HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL:
1. En términos del ad quem, “Henry Mauricio Avellaneda Granados y Blanca Stella Núñez Núñez procrearon a A.D., nacida el 16 de noviembre de 2001. No obstante, aquél, desde el mes de abril de 2005 se ha sustraído al cumplimiento del deber alimentario que le asiste para con su hija”.
2. Dados los anteriores sucesos, el 7 de marzo de 2011 se le formuló imputación al indiciado Avellaneda Granados por el citado punible.
3. En consecuencia, el 6 de abril del mismo año la Fiscalía presentó escrito de acusación por el referido ilícito y la correspondiente audiencia se celebró el 23 de agosto siguiente.
4. Se verificaron luego las audiencias preparatoria y de juicio oral a cuya conclusión el Juzgado 28 Penal Municipal de Bogotá dictó el 7 de febrero de 2013 sentencia por medio de la cual condenó al acusado a la pena principal de 32 meses de prisión y multa por valor equivalente a 20 salarios mínimos mensuales legales, al hallarlo penalmente responsable del delito de inasistencia alimentaria.
5. Contra ese fallo el defensor del procesado interpuso recurso de apelación, que fue desatado por el Tribunal Superior de Bogotá a través de sentencia del 3 de abril de la presente anualidad para así confirmar la impugnada.
LA DEMANDA:
Con sustento en la causal primera de casación acusa el defensor del procesado la sentencia recurrida de haber infringido directamente la ley sustancial por falta de aplicación del artículo 6º del Código Penal en concordancia con el 42 de la Ley 600 y 82.7 de la Ley 599 por cuanto, dice, habiéndose efectuado entre las partes un acuerdo de pago y cumplido éste por el acusado, es viable, por virtud del principio de favorabilidad que se extinga la acción penal al haber mediado esa indemnización integral.
Tal hecho, afirma, se produjo en los términos del citado artículo 42 en el cual se regula dicho mecanismo respecto de los delitos allí indicados, sin que se halle exenta su aplicación entratándose del delito de inasistencia alimentaria, mucho menos cuando de conformidad con el artículo 71 de la Ley 906 de 2004 ese ilícito es tenido como querellable.
CONSIDERACIONES:
1. Más allá de la impropiedad en que pudo incurrir el casacionista al pretender hacer valer en esta sede las pruebas que aporta en relación con la aducida indemnización integral, no obstante su inviabilidad jurídica por cuanto el recurso extraordinario no está previsto para reabrir el trámite probatorio agotado en las instancias, es lo patente que su reparo se evidencia absolutamente carente de fundamento y que en esas circunstancias, de conformidad con el artículo 184 de la Ley 906 de 2004 el libelo examinado ha de ser inadmitido.
2. No tuvo en cuenta el demandante que el sujeto pasivo del delito objeto de este juicio es una menor de edad y que en esas condiciones el delito de inasistencia alimentaria era perseguible de oficio por así indicarlo los artículos 35 de la Ley 599 de 2000 y 74 de la Ley 906 de 2004, oficiosidad que hoy se hace aún más patente en tanto normativamente la Ley 1542 de 2012 previó en su artículo 1º que “La presente ley tiene por objeto garantizar la protección y diligencia de las autoridades en la investigación de los presuntos delitos de violencia contra la mujer y eliminar el carácter de querellables y desistibles de los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, tipificados en los artículos 229 y 233 del Código Penal”.
Por eso mismo ordenó en su precepto 2º: “Suprímanse del numeral 2, del artículo 74 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, modificado por el artículo 108 de la Ley 1453 de 2011, las expresiones: violencia intrafamiliar (C. P. artículo 229); e inasistencia alimentaria (C. P. artículo 233)”.
3. Si no era, cuando el sujeto pasivo se tratara de un menor de edad, ni es, el de inasistencia alimentaria un delito querellable, tampoco sería desistible de conformidad con el artículo 37 de la Ley 600 y mucho menos plausible que en su respecto pudiera aplicarse el mecanismo de la indemnización integral a que acude equivocadamente el censor.
4. Por eso lo procedente es inadmitir la demanda de casación que se examina, más aun cuando no se advierte que el recurso esté convocado en este asunto a cumplir alguna de sus finalidades o que se hayan vulnerado garantías de orden fundamental que impongan su protección oficiosa.
5. Finalmente, contra la determinación que se adopta procede el mecanismo de insistencia previsto en el inciso segundo del artículo 184 de la Ley 906 de 2004, cuyo trámite a falta de regulación legal es el señalado por la Sala en el auto de diciembre 12 de 2005, radicación 25006.
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En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
RESUELVE:
No admitir la demanda de casación presentada por el defensor de Henry Mauricio Avellaneda Granados.
Contra esta decisión procede el mecanismo de insistencia.
Notifíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen,
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO FERNANDO A. CASTRO CABALLERO
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ
GUSTAVO E. MALO FERNÁNDEZ LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
JAVIER DE JESÚS ZAPATA ORTIZ
Nubia Yolanda Nova García
Secretaria