32241(03-12-09)

2009

Asistente Jurídico Inteligente

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    Proceso n° 32241  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

SALA DE CASACIÓN PENAL  

                                            

          

                Magistrado Ponente   

                                                    ALFREDO GÓMEZ QUINTERO   

                Aprobado Acta N°. 374   

Bogotá D.C. tres (3) de diciembre de dos mil  nueve (2009)   

VISTOS  

De conformidad con el artículo 500 de la Ley  906  de  2004,  conceptúa  la  Corte  sobre  la solicitud de extradición de la  ciudadana    colombiana    AMPARO   BALAGUERA   ZARTA  identificada  con la cédula de ciudadanía número 51  627  250, elevada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de  su Embajada en Colombia.   

ANTECEDENTES  

AMPARO    BALAGUERA    ZARTA  es  requerida  para que comparezca en juicio por delitos federales  de   concierto   para  lavar  dinero,  concierto  para  ayudar  y  facilitar  la  distribución  de  cocaína  y  lavado de activos ante la Corte Distrital de los  Estados  Unidos  para  el Distrito Norte de Georgia, atendiendo a la resolución  de   acusación   número  1:  09  CR  – 025 dictada el 21 de enero de dos mil nueve (2009).   

La señora BALAGUERA  ZARTA   también  es  sujeto  de  la  resolución  de  acusación  No.  08  – 262  (ADC)  dictada  en  la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de  Puerto Rico.   

El Gobierno de los Estados Unidos de América  a  través  de  su Embajada en Colombia elevó la solicitud de captura con fines  de  extradición  mediante  la  nota diplomática número 1070 del 13 de mayo de  2009,  y la formalizó con la nota diplomática número 1543 del 1° de julio de  2009.   

La petición fue remitida mediante oficio No.  OAJ.E  1369  del  2 de julio de 2009 por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  del  Ministerio de Relaciones Exteriores al Ministro del Interior y de Justicia,  señalando  que  no  existe convenio de extradición entre el país requirente y  la  República de Colombia, por lo que el procedimiento que rige la extradición  es el previsto en el Código de Procedimiento Penal.   

Con   oficio   No.   OFI  09  – 22919 DVJ 0300 del 9 de julio de 2009,  el  señor  Viceministro  de Justicia y del Derecho envió los antecedentes a la  Sala  Penal  de  la  H.  Corte  Suprema  de Justicia, con la finalidad de que la  Corporación emita el correspondiente concepto.   

La  nota diplomática 1543 que formalizó la  petición  de  extradición  refiere  que los hechos por los que es requerida la  señora     AMPARO    BALAGUERA    ZARTA  sucedieron  después  del  17  de  diciembre  de  1997  cuando  se  restableció  la  extradición de nacionales conforme al Acto Legislativo No. 01  de  1997,  que  modificó  el  artículo  35  de  la  Constitución Política de  Colombia.   

1)   Los  hechos  referidos  en la nota  diplomática   

1.1.      Distrito    Norte    de  Georgia   

“Los   acusados   Fabio   Emiro   Bravo  Russy…    AMPARO    BALAGUERA   ZARTA…  Carlos  Mario  Torres,  y  otras  personas eran miembros de una  organización  de  lavado  de dinero y tráfico de narcóticos cuyo objetivo era  el  de  lavar  las  utilidades  provenientes  de  la  venta  de cocaína y otras  sustancias  controladas  en  los  Estados  Unidos  con el objeto de financiar la  operación   continua   de   las  actividades  de  narcóticos,  incrumentó  la  importación  a  los Estados Unidos y a otros lugares de narcóticos adicionales  ilegales.   

Los acusados, a través de sus co-asociados y  con    ellos,   suministraban   instrucciones   por   vía   telefónica,   fax,  conversaciones  en  línea  (“Chat”),  y/o  correo electrónico, sobre cómo  lavar   las   utilidades  que  se  recolectaban  provenientes  de  la  venta  de  narcóticos.   Tales  instrucciones  incluían  directrices sobre cómo (i)  transferir   cablegráficamente  los  fondos  lavados  de  cuentas  en  Atlanta,  Georgia,   a   cuentas  especificadas  que  pertenecían  a  co-asociados;   (ii)   efectuar  la  entrega en volumen de los fondos lavados (generalmente  en  denominaciones  de  $100  dólares  de los Estados Unidos) a co-asociados en  lugares  tales  como  Panamá  y  Colombia;   y/o  (iii)   efectuar el  depósito     de    los    fondos    lavados    en    cuentas    bancarias    de  co-asociados.   

Una fuente que coopera en el caso (“CS”)  pudo  infiltrarse  en  la  organización  de  lavado  de  dinero  y  tráfico de  narcóticos  de  la cual los acusados son miembros, orquestando el movimiento de  dineros  a nivel mundial a nombre de la organización y se ganó la confianza de  los  miembros de la organización.  La CS le presentó a la Organización a  oficiales  extranjeros y de los Estados Unidos quienes posaron como personas que  en  los  Estados  Unidos  y  en  otros lugares fuera de Colombia podían recibir  utilidades  provenientes  de  la venta de narcóticos y colocarlas en el sistema  bancario  de  los  Estados  Unidos.   Con  base  en la información reunida  durante  las  entregas  de  las  utilidades provenientes de los narcóticos, los  oficiales  encubiertos  pudieron  identificar  a  operativos  de  organizaciones  colombianas  de lavado de dinero y tráfico de narcóticos en los Estados Unidos  y  en  otros  lugares  que  estaban trabajando con los acusados para cometer sus  delitos de lavado de dinero.   

Desde  por lo menos febrero de 2005 hasta el  21  de  enero  de 2009, tal como aparecen acusados en los cargos Uno y Dos de la  acusación,  los  acusados  participaron  con otras personas en el lavado de las  utilidades   provenientes   de   la  venta  de  narcóticos  y  en  la  ayuda  y  facilitación  de  la  distribución  de cocaína y otras sustancias controladas  mediante  el  lavado de las utilidades provenientes de su venta.  A través  de  sus  coasociados  y  con ellos, los acusados hacían arreglos con la CS para  que  representantes  de  la  CS recolectaran grandes cantidades de utilidades de  los  narcóticos  (incluyendo dólares de los Estados Unidos y otras monedas) en  varios  lugares,  incluyendo  Australia,  las Bahamas, la República Dominicana,  Inglaterra,  Guatemala,  Jamaica,  México,  Puerto Rico, España, y los Estados  Unidos.    Miembros   del   concierto   entregaban   el  dinero  a  agentes  encubiertos,  quienes  luego  lo  transportaban  y  depositaban  directamente en  cuentas  bancarias en los Estaos Unidos, incluyendo cuentas en Atlanta, Georgia,  o  lo  depositaban  en instituciones financieras del lugar en donde se efectuaba  la  recolección y transferían electrónicamente los fondos a cuentas bancarias  en  instituciones  financieras  en  los  Estados  Unidos,  incluyendo cuentas en  Atlanta,  Georgia.   A  continuación se presenta una breve descripción de  las  acciones que adelantaba cada acusado en sustento de los cargos Uno y Dos de  la Acusación:…   

AMPARO    BALAGUERA   ZARTA  discutía con la CS sobre el lavado de las utilidades provenientes  de   la   venta   de  narcóticos.   También  estuvo  involucrada  con  la  recolección  de  dineros  en  los  Estados  Unidos en julio de 2008, dando como  resultado   el   lavado   de   más   de   $75   000  dólares  de  los  Estados  Unidos…   

Las recolecciones de utilidades provenientes  de  la venta de narcóticos en Australia, las Bahamas, la República Dominicana,  Inglaterra,  Guatemala,  Jamaica,  México,  Puerto Rico, España, y los Estados  Unidos,  que  tuvieron  lugar  desde  septiembre  de  2005  hasta agosto de 2008  (durante  el  periodo  de  los delitos de concierto acusados en los cargos Uno y  Dos  de  la  acusación)  que  involucraron  a los acusados y sus asociados, las  cuales  fueron  posteriormente  lavadas  en  los  Estados  Unidos  a  través de  transferencias  cablegráficas, depósitos, transferencias en libros, y retiros,  dieron  como  resultado 142 cargos sustanciales de lavado de dinero incluidos en  la acusación ”.   

1.2.  Distrito de Puerto Rico  

“Desde  por lo menos octubre de 2007 hasta  mayo  de  2008, la acusada BALAGUERA ZARTA  fue  miembro  de  una  organización  que  transportaba cantidades  múltiples  de  kilogramos de cocaína y heroína desde Colombia a la República  Dominicana,  teniendo  como  destino  final  la  zona continental de los Estados  Unidos.      En     octubre    de    2007,    la    acusada    BALAGUERA  ZARTA recibió $62 000 dólares  de  los Estados Unidos correspondientes a utilidades provenientes de la venta de  narcóticos  relacionadas  con  la  distribución de cocaína.  En marzo de  2008,   la   acusada   BALAGUERA   ZARTA,  junto  con  co-asociados,  planearon y coordinaron en despacho de  1000  kilogramos  de cocaína a la República Dominicana, cuyo destino final era  Puerto  Rico  y  la Zona continental de los Estados Unidos.  Finalmente, en  abril  de  2008,  las  autoridades  de  las  fuerzas  del  orden obtuvieron tres  kilogramos  de  heroína  de  uno de los co-asociados de la acusada BALAGUERA  ZARTA.  La heroína iba a  ser    transportada   a   Puerto   Rico   para   ser   distribuida   en   Puerto  Rico”.   

2)  La captura  

Atendiendo la solicitud de captura con fines  de  extradición  de  la  primera  nota  diplomática,  el 14 de mayo de 2009 el  Fiscal  General  de  la  Nación  profirió  la  resolución  de  captura contra  AMPARO  BALAGUERA  ZARTA, la  que  se  produjo  por agentes del Departamento Administrativo de Seguridad el 15  de  mayo siguiente en la ciudad de Bogotá;  en la actualidad, la capturada  se encuentra en la penitenciaría del Buen Pastor de Bogotá.   

3)  Los cargos – acusación del Tribunal  requirente   

3.1.      Distrito    Norte    de  Georgia   

De   conformidad  con  la  resolución  de  acusación  1:  09  CR – 025  dictada  el  21  de  enero  de 2009 por la Corte Distrital de los Estados Unidos  para el Distrito Norte de Georgia, los cargos son los siguientes:   

“Estados    Unidos    de    América  contra…    AMPARO   BALAGUERA   ZARTA alias “La Tía”…   

El gran Jurado acusa que:  

“Cargo uno  

A  partir de una fecha que desconoce el gran  jurado,  pero  por  lo  menos en febrero de 2005, aproximadamente, y continuando  hasta  la fecha en que se radicó esta acusación formal, aproximadamente, en el  distrito   Norte  de  Georgia,  Colombia,  Suramérica,  República  Dominicana,  Freeport,  Bahamas,  Ciudad de Guatemala, Guatemala, Londres, Inglaterra, Ciudad  de  México,  México,  Miami,  Florida, Montego Bay, Jamaica, Nueva York, Nueva  York,  San  Juan,  Puerto  Rico, Sydney, Australia, Tenerife, España y en otros  lugares,    los    acusados…    AMPARO   BALAGUERA  ZARTA…   

En   conjunto   con   otros,  conocidos  y  desconocidos  por  el gran jurado, a sabiendas e intencionalmente se combinaron,  conspiraron,  confederaron,  acordaron y tuvieron un entendimiento tácito entre  ellos  para  cometer infracciones a las leyes de los Estados Unidos de América,  a  saber:   Las Secciones 1956(a)(1)(A)(1), (a)(1)(B)(i) y 1957 del Título  18  del  Código de los Estados Unidos de la manera siguiente:  para llevar  a  cabo,  y tratar de llevar a cabo, una transacción financiera que afectaba el  comercio   interestatal   y  extranjero,  (1)  transacción  que  implicaba  las  ganancias  procedentes  de  una  actividad  ilícita  especificada, es decir, la  importación,  el  ocultamiento,  la  compra, la venta y otras formas de manejar  sustancias  controladas,  lo  que  se  castiga mediante las leyes de los Estados  Unidos  de  América,  con la intención de promover que se llevara a cabo dicha  actividad  ilícita  especificada;   y  (2)  para  ocultar  y  disimular la  índole,  el  lugar,  la  fuente,  la propiedad y el control de las ganancias de  dicha  actividad  ilícita  especificada, sabiendo que la propiedad implicada en  la  transacción  financiera  representaba  las  ganancias  de  alguna  forma de  actividad   ilícita;   y  (3)  para  a  sabiendas  entablar  transacciones  monetarias  en  propiedades  derivadas  delictuosamente de un valor mayor de $10  000,  en  contravención  de  la Sección 1957 del Título 18 del Código de los  Estados Unidos…”.   

Cargo 2.  

Desde una fecha que desconoce el gran jurado,  pero  por  lo  menos  febrero  de  2005, aproximadamente, y continuando hasta la  fecha  en que se radicó esta acusación formal, aproximadamente, en el Distrito  Norte  de  Georgia y en otros lugares, los acusados…  AMPARO BALAGUERA ZARTA…   

En  conjunto con otros, tanto conocidos como  desconocidos  por  el gran jurado, a sabiendas e intencionalmente se combinaron,  conspiraron,  confederaron,  acordaron y tuvieron un acuerdo tácito entre ellos  para  cometer infracciones en contra de la Sección 841(a)(1) del Título 21 del  Código  de los Estados Unidos, es decir, para deliberadamente ayudar e instigar  la  distribución  de  por  lo  menos  cinco  (5)  kilogramos  de una mezcla que  contenía  cocaína, una sustancia controlada de la Lista II, y otras sustancias  controladas  mediante  el  “lavado”  de  ganancias de la venta de cocaína y  otras sustancias controladas.   

Todo  en  contravención  de  las  Secciones  841(b)(1)(A)(ii),  841(b)(1)(C) y 846 del Título 21 y la Sección 2 del Título  18 del Código de los Estados Unidos.   

Cargos   tres   al   ciento   cuarenta  y  cuatro.   (Léase  cargos 129 y 130)1.   

En  las  fechas establecidas a continuación  (cuadro     anexo     que     especifica     cada  transacción),  o  alrededor  de  esas  fechas,  en el  Distrito  Norte  de  Georgia  y  en  otros lugares, los acusados especificados a  continuación,  ayudaron  e instigaron entre sí y a otros, tanto conocidos como  desconocidos  por  el  gran  jurado, para llevar a cabo a sabiendas, y tratar de  llevar  a cabo, transacciones financieras que afectaban el comercio interestatal  y  extranjero,  (1)  transacciones que implicaron las ganancias de una actividad  ilícita  especificada,  es  decir, la importación, el ocultamiento, la compra,  la  venta  y  el  distinto  manejo  de  las  sustancias  controladas,  que está  castigado  por  las  leyes  de los Estados Unidos, con la intención de promover  que  se  llevara  a cabo dicha actividad ilícita especificada;  y (2) para  ocultar  y  disimular  la  índole,  la ubicación, la fuente, la propiedad y el  control  de las ganancias de dicha actividad ilícita especificada, sabiendo que  la  propiedad  implicada  en  las  transacciones  financieras  representaba  las  ganancias de alguna forma de actividad ilícita:   

En relación con el dinero recogido el 11 de  julio de 2008 en Nueva York, Nueva York, (T24):   

CARGO             

FECHA             

ACUSADOS             

CANTIDAD  APROXIMADA             

TIPO DE TRANSACCIÓN  FINANCIARA  

129             

7/24/08             

Amparo  BALAGUERA ZARTA             

$77 860             

TRANSFERENCIA  ELECTRÓNICA AL BANK OF AMERICA Atlanta, GA.  

130             

7/25/08             

$75 000  

Todo  en  contravención  de  las  Secciones  1956(a)(1)(A)(i),  1956(a)(1)(B)(i), y 2 del Título 18 del  Código de los  Estados    Unidos”.     (Cfr.   folios   227  –  270,  Anexo  prueba  B).   

3.2.     Distrito    de    Puerto  Rico   

Según  la resolución de acusación No. 08  –  262 (ADC) dictada en la  Corte  Distrital  de  los  Estados  Unidos  para el Distrito de Puerto Rico, los  cargos son los siguientes:   

“Estados    Unidos    de    América  contra…    AMPARO   BALAGUERA   ZARTA alias “La Tía”…   

…  El  gran  Jurado  expide  la siguiente  acusación:   

“Cargo  1.   (Concierto para poseer  sustancias  controladas  con  intención de distribuirlas)  Secciones 841 y  846, Título 21, Código de los Estados Unidos.   

Desde octubre de 2007 y hasta mayo de 2008,  o  alrededor  de  esas fechas, en el Distrito de Puerto Rico, en otros lugares y  dentro  de la jurisdicción de este Tribunal… AMPARO  BALAGUERA   ZARTA   alias  “La  Tía”…,   

Los  acusados  aquí citados, a sabiendas e  intencionalmente,  actuaron  en concierto, se confederaron e hicieron un acuerdo  entre  ellos  y  con  otros,  conocidos y desconocidos para el Gran Jurado, para  poseer  con  intención  de  distribuir un (1) kilogramos (peso bruto) o más de  una  mezcla  o  sustancia que contenía una cantidad detectable de heroína, una  sustancia  controlada de la Lista I;  y cinco (5) kilogramos (peso bruto) o  más  de  una  mezcla  o  sustancia  que  contenía  una  cantidad detectable de  cocaína,  una  sustancia  controlada  de  la  Lista  II,  en  violación de las  Secciones  841(a)(1),(b)(1)(A)  y  846 del Título 21 del Código de los Estados  Unidos.   

La  finalidad  del concierto para delinquir  era  poseer  con  intención  de  distribuir  e  importar heroína y cocaína de  América  del  Sur  a  la  República  Dominicana  y  lego  a  Puerto  Rico y al  territorio  continental  de  los  Estados  Unidos  con fines de lucro y ganancia  económica…”.   

Cargo  2.   (Concierto      para      importar     sustancias  controladas)   Secciones  952  y  963,  Título  21, Código de los Estados  Unidos.   

Desde octubre de 2007 y hasta mayo de 2008,  o  alrededor  de  esas fechas, en el Distrito de Puerto Rico, en otros lugares y  dentro    de    la    jurisdicción   de   este   Tribunal,   …   AMPARO   BALAGUERA   ZARTA  alias  “La  Tía”…,   

Los  acusados  aquí citados, a sabiendas e  intencionalmente,  actuaron  en concierto, se confederaron e hicieron un acuerdo  entre  ellos  y  con  otros,  conocidos y desconocidos para el Gran Jurado, para  importar  al  territorio aduanero de los Estados Unidos de un lugar fuera de ese  territorio,  es  decir,  de  la  República  Dominicana  un (1) kilogramos (peso  bruto)  o  más  de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable  de  heroína,  una  sustancia  controlada  de  la  Lista  I;   y  cinco (5)  kilogramos  (peso  bruto)  o  más  de  una mezcla o sustancia que contenía una  cantidad  detectable  de  cocaína,  una sustancia controlada de la Lista II, en  violación  de  las  Secciones 952(a), 969(a)(1), (b)(1)(A), (b)(1)(B) y 963 del  Título   21   del  Código  de  los  Estados  Unidos…”.   (Folios      408      – 417, anexo prueba B.)   

4)   Legislación penal de los Estados  Unidos   

Con  la  solicitud,  el  país  requirente  aportó  copia  de  las  normas  penales  del  Código de los Estados Unidos que  fundamentan jurídicamente cada uno de los cargos:   

En relación con la acusación del Distrito  Norte   de   Georgia    (Cfr.  Anexo  Prueba  A,  folios  217  – 226).   

En relación con la acusación del Distrito  de    Puerto    Rico   (Cfr.   Anexo   Prueba   A,   folios   395   – 406).   

5.           Actuación  ante  la  Corte  Suprema  de  Justicia   

Por  auto  del  30  de  septiembre de 2009,  folios  30 – 37), la Sala aceptó la renuncia a términos que presentó la parte  defensiva (auto del 30 de septiembre de 2009, folios 30 – 37).   

6.  Alegatos de Conclusión  

La  Procuradora  Delegada para la Casación  Penal  pidió  conceptuar  favorablemente la extradición por estar acreditadas,  tanto  la  validez formal de la documentación aportada, como la identidad plena  de  la  ciudadana  pedida  en extradición por los dos tribunales de justicia de  los Estados Unidos.   

Señaló,  además,  que  las conductas que  motivaron  la  petición  de  extradición  también  están  incriminadas en el  código  penal  colombiano.  (Folios 50 – 64)   

CONSIDERACIONES  DE  LA  SALA   

1.   Como no  existe  tratado  de  extradición  entre el país solicitante y la República de  Colombia,  tal  como  lo expresó el señor Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores,  se aplica la ley procesal penal en  este  trámite, pues todas las conductas objeto de imputación se cometieron con  posterioridad  a  la  entrada  en  vigencia  del  nuevo Código de Procedimiento  Penal2  (a  partir  del  1°  de  enero  de  2005;   conc.  Art.  530  ib.).   Por ello, la Corte emite concepto de conformidad con lo establecido  en los artículo 501 y 502 ib.   

2.    La  extradición   de   nacionales  por  nacimiento es permitida  por  la   Constitución  Política de conformidad con el artículo 35,  modificado  por el artículo  1°  del   Acto    Legislativo   No.  1  de   1997,   a  partir  de  la  vigencia      de      la     reforma     a     la   Carta.   

Es   jurídicamente  posible  conceder  la  extradición  por delitos cometidos en el exterior considerados como tales en la  legislación   penal   colombiana,  salvo  que  se  trate de delitos políticos y de conductas cometidas con  anterioridad  a la promulgación del acto legislativo (Diario Oficial No. 43.195  del  17  de  diciembre de 1997).  Ninguna de las excepciones se verifica en  este trámite.   

3.    La   validez   formal   de   la  documentación  presentada  por  el  país solicitante  (Art. 495 de la Ley  906 de 2004):   

Cada  uno  de los tribunales de justicia del  país   solicitante  acompañó  la  solicitud  de  los  siguientes  documentos,  autenticados y traducidos al castellano:   

El Distrito Norte de Georgia  

3.1.   Copia  de  la  resolución  de  acusación  1:  09  CR – 025  dictada  el  cuatro  21  de  enero de 2009 por la Corte Distrital de los Estados  Unidos para el Distrito Norte de Georgia;   

3.2.   Copia  de  la  orden de captura  expedida  por  el  Tribunal  de  los  Estados  Unidos  para el Distrito Norte de  Georgia (folio 284);   

3.3.   Copia  de las disposiciones del  Código  Penal  de  los  Estados  Unidos relativas a los cargos contenidos en la  resolución de acusación.   

3.4.  Declaraciones juradas del señor  Ryan  Scott  Ferber,  Fiscal  auxiliar  de  los  Estados  Unidos en la fiscalía  Federal    del    Distrito   Norte   de   Georgia   (folios   201   – 215), y del señor Michael L. Maxwell,  Agente  especial  de  la  Agencia  Antidrogas  de  los  Estados Unidos (D.E.A.),  (folios   287   –  331),  asignados  a  la investigación contra AMPARO BALAGUERA  ZARTA,  juramentados  ante un Juez de Instrucción del  Distrito Norte de Georgia el 1 de junio de 2009.   

La  documentación  del  Distrito  Norte de  Georgia  fue  certificada el 5 de junio de 2009 por el  señor  Thomas  C.  Black,  Director  Asociado  de  la  Oficina  de  Asuntos Internacionales, División de lo Penal, del Departamento de  Justicia  de  los  Estados Unidos de Norteamérica, quien afirmó que copia fiel  de  ellos se mantienen en los archivos oficiales del Departamento de Justicia en  Washington.  (Fl. 200)   

En la misma fecha, el señor Eric H. Holder,  Jr.,  Procurador  de  los Estados Unidos, certificó que efectivamente el señor  Thomas   C.   Black   se  desempeña   en  el  cargo  de  Director  Asociado  de  la  Oficina  de  Asuntos  Internacionales,  División  de  lo  Penal,  del Departamento de Justicia de los  Estados unidos de Norteamérica (Fol. 199)   

La documentación que sustenta la solicitud  fue  avalada  el  8  de  junio  de  2009  por la señora Hillary Rodham Clinton,  Secretaria  de  Estado  de los Estados Unidos, quien la certificó y le fijó el  sello   del   Departamento  de  Justicia  de  los  Estados  Unidos   (folio  51)   

Los  antecedentes fueron presentados el mismo  día  por  Patrick  O. Hatchett, Auxiliar de Autenticaciones del Departamento de  Estado,  ante el Consulado de Colombia en la ciudad de Washington, y remitida al  Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Fl. 50)   

El Distrito de Puerto Rico  

3.1.   Copia  de  la  resolución  de  acusación  No.  08  – 262  (ADC)  dictada  en  la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de  Puerto Rico   

3.2.   Copia  de  la  orden de captura  expedida  por  el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico  (folio 418)   

3.3.   Copia  de las disposiciones del  Código  Penal  de  los  Estados  Unidos relativas a los cargos contenidos en la  resolución      de      acusación.       (Folios     396     – 406)   

3.4.   Declaraciones  juradas del señor  Timothy  Russel  Henwood, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito  de  Puerto  Rico (folios 386 – 393), y del señor Scout Duna, Agente especial de  la  Oficina  Federal de Investigación (FBI), (folios 420 – 424), asignados a la  investigación      contra     AMPARO     BALAGUERA  ZARTA,  juramentados  ante un Juez de Instrucción del  distrito de Puerto Rico el 22 de mayo de 2009.   

Se  aportó a la documentación, además, la  fotografía    de   la   señora   AMPARO   BALAGUERA  ZARTA a. “La Tía”. (Fl. 197)   

La  documentación  del  Distrito  Norte  de  Georgia  fue  certificada el 3 de junio de 2009 por el  señor  Thomas  C.  Black,  Director  Asociado  de  la  Oficina  de  Asuntos Internacionales, División de lo Penal, del Departamento de  Justicia  de  los  Estados Unidos de Norteamérica, quien afirmó que copia fiel  de  ellos se mantienen en los archivos oficiales del Departamento de Justicia en  Washington.  (Fl. 349)   

En la misma fecha, el señor Eric H. Holder,  Jr.,  Procurador  de  los Estados Unidos, certificó que efectivamente el señor  Thomas   C.   Black   se  desempeña   en  el  cargo  de  Director  Asociado  de  la  Oficina  de  Asuntos  Internacionales,  División  de  lo  Penal,  del Departamento de Justicia de los  Estados unidos de Norteamérica (Fol. 348)   

La documentación que sustenta la solicitud  fue  avalada  por la señora Hillary Rodham Clinton, Secretaria de Estado de los  Estados  Unidos,  quien la certificó el 8 de junio de 2009, y le fijó el sello  del  Departamento  de  Justicia  de  los  Estados  Unidos   (folios  346  y  347).   

Los antecedentes fueron presentados el mismo  día  por  Patrick  O. Hatchett, Auxiliar de autenticaciones del Departamento de  Estado,  ante el Consulado de Colombia en la ciudad de Washington, y remitida al  Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Fl. 345).   

En  ese  orden,  los  documentos  públicos  otorgados  en  un  país  extranjero  por  uno  de  sus  funcionarios  o  con su  intervención,  presentados  debidamente  autenticados  por  el cónsul o agente  diplomático  de  la  República (o, en su defecto, por el de una nación amiga)  hacen   presumir  que  se  otorgaron  de  acuerdo  con  la  ley  del  respectivo  país.   (Cfr. artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, modificado  por el Decreto 2282 de 1989)   

Por  ello, la Sala de Casación Penal de la  Corte  Suprema de Justicia encuentra que la documentación aportada por el país  requirente es formalmente válida.   

4.           La  identidad del solicitado.   

En la nota diplomática que materializó la  solicitud  se  dio  cuenta  que  AMPARO BALAGUERA ZARTA  identificada  con la cédula de ciudadanía número 51  627  250  es  ciudadana  de  Colombia, nacida el 25 de julio de 1961.  (Fl.  17)   

Al  momento  de  la  captura,  AMPARO  BALAGUERA  ZARTA se identificó con  la  cédula  de  ciudadanía  número 51 627 250, nacida el 25 de julio de 1961,  natural  de  Ibagué,  hija  de Héctor Balaguera y de Bellanit Zarta, de estado  civil,  casada  con  José Alejandro Tovar, de profesión u oficio:  Chef y  comerciante.  (Fls. 24;  27).   

Según  el  informe  de consulta AFIS de la  Registraduría    Nacional    del   Estado   Civil,   Dirección   Nacional   de  Identificación,    permite    establecer    que    la    señora   BALAGUERA   ZARTA  se  identifica  con  la  cédula  de ciudadanía número 51 627 250, nacida el 25 de julio de 1961;   nombre del padre Héctor, nombre de la madre Deyanid, (Fl. 26).   

Por  ello,  la  Sala  confirma la identidad  plena    de    AMPARO   BALAGUERA   ZARTA.   

5.     Principio   de   la   doble  incriminación.   

Tiene  por  objetivo  confirmar  que  la(s)  conducta(s)  que  se  imputa(n)  al  requerido  en el país solicitante también  están  consagradas  como  delito  en  la  ley  penal  colombiana y que tenga(n)  señalada  como  pena  la de prisión, que en ningún caso sea inferior a cuatro  (4)   años;    además   de   ello,   exige  determinar  que  por  lo  menos  se  haya  dictado  en  el  exterior  resolución de  acusación   o   su  equivalente”.   (Art.  493  ib.)   

5.1.     Distrito    Norte    de  Georgia   

Los  cargos  (arriba  transcritos)  de  la  resolución  de  acusación  1:  09  CR –  025  dictada  el 21 de enero de 2009 por la Corte Distrital de los  Estados  Unidos  para  el  Distrito  Norte de Georgia se adecuan en la ley penal  colombiana así:   

Cargo  uno:  concierto  para  lavar dinero:  inciso  segundo del artículo 340 modificado por el artículo 8 de la ley 733 de  2002 y modificado por la Ley 1121 de 2006, artículo 19;   

Cargo dos: concierto para ayudar y facilitar  la  distribución  de  estupefacientes:   inciso  segundo del artículo 340  modificado  por  el  artículo  8  de la ley 733 de 2002 y modificado por la Ley  1121 de 2006, artículo 19.   

Cargos   129   y   130:   Lavado  de  activos.   Artículo  323  de  la ley 599 de 2000 (C.P.), modificado por el  artículo  8  de  la Ley 747 de 2002;  modificado por el artículo 17 de la  Ley 1121 de 2006.   

5.2.     Distrito    de    Puerto  Rico   

Los cargos uno y dos a los que se refiere la  resolución   de  acusación  No.  08  –  262 (ADC) dictada en la Corte Distrital de los Estados Unidos para  el  Distrito  de  Puerto Rico se adecuan en la ley penal colombiana al delito de  concierto  para  delinquir  previsto  en  el  inciso  segundo  del artículo 340  modificado  por  el  artículo  8  de la ley 733 de 2002 y modificado por la Ley  1121 de 2006, artículo 19.   

Las    conductas   de   “asociarse,  conspirar,  confabularse,  acordar…  entre  sí y con  otros  individuos”  para  una actividad especificada  como  lavar  dinero,  importar,  poseer  y  distribuir  estupefacientes  como la  heroína    y    la   cocaína,   implican   el   delito   de   concierto   para  delinquir.   

Esas   conductas   ilícitas   aparecen  sancionadas  en la ley colombiana con pena de prisión que en todos los casos es  superior a cuatro (4) años (art. 493 del C. de P.P.).   

6.           Equivalencia de acusación de los Estados  Unidos con la acusación del sistema penal colombiano   

El  llamamiento  a  juicio  (resolución de  acusación)  que  suministró  el  gobierno  solicitante  con  cada  una  de las  resoluciones  de  acusación  referidas en este concepto, contiene la narración  precisa  en  aspectos  fáctico,  jurídico  y  personal  de los comportamientos  investigados,   con   sus   circunstancias   de  lugar,  tiempo,  modo  que  los  especifican,  y  permite  al  requerido(a)  encarar  la  defensa antes de que se  profiera sentencia de mérito.   

El acto complejo de acusación en el sistema  penal  colombiano  es  el  límite  procesal  que establece el marco jurídico y  fáctico  que  determina  el  juzgamiento,  de conformidad con lo previsto en el  artículo 337 de la ley 906 de 2004.   

La  Sala  observa  que  las resoluciones de  acusación   proferidas   por   los   Tribunales  que  requieren  a  la  señora  BALAGUERA  ZARTA  son   equivalentes a la acusación  del  sistema  procesal  penal  colombiano,  aunque  no  haya  identidad formal y  material  entre ambas decisiones, porque de lo que se trata es de establecer que  son  la  materialización  de  la  acusación  de  la  que  se  debe defender la  procesada en el juicio.   

7.  Las condiciones que debe imponer el  gobierno si autoriza la extradición:   

Ante la eventual determinación positiva del  Gobierno  Nacional,  en  todo  caso respetando la órbita de su competencia como  supremo   director   de  las  relaciones  internacionales,  la  Corte  considera  pertinente   recordar   que   debe  establecer  si  el  requerido  está  siendo  investigado  o  ya fue juzgado por las mismas conductas ante las autoridades del  país.   

En  el  evento  de que el Gobierno nacional  opte  por  conceder  la  extradición,  deberá condicionarla a la exclusión de  condenas  como  la  pena  de  muerte,  la  prisión  perpetua, el sometimiento a  desaparición   forzada,   torturas,   tratos   o  penas  crueles,  inhumanos  o  degradantes (Constitución Política, artículos 11, 12 y 34).   

El  Gobierno  Nacional  deberá recordar al  país    solicitante    la   prohibición  de juzgar a la ciudadana solicitada por conductas anteriores al 17  de  diciembre  de  1.997  y  diversas  de  las  que  originaron  la solicitud de  extradición.   

El  Gobierno  Nacional está en el deber de  disponer  lo necesario para que el servicio exterior de la República realice un  detallado seguimiento a las concisiones del ciudadano extraditado:   

“…es imperioso que el Gobierno Nacional  haga  las  exigencias  que  estime  convenientes  en  aras  a  que  en  el país  reclamante  se  le  reconozcan  todos  los derechos y garantías inherentes a su  calidad  de  colombiano  y  de procesado, en especial las contenidas en la Carta  Fundamental  y  en  el  denominado  bloque  de  constitucionalidad, es decir, en  aquellos  convenios  internacionales  ratificados  por  Colombia que consagran y  desarrollan  derechos  humanos  (artículo  93 de la Constitución, Declaración  Universal  de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos),  en  virtud  del  deber de  protección  a  esos derechos que para todas las autoridades públicas emana del  artículo 2º ibídem.   

…   la  extradición  de  un  ciudadano  colombiano  por  nacimiento…,  no  implica  que  pierda su nacionalidad ni los  derechos  que le son anejos a tal calidad. Por tanto, el deber de protección de  las  autoridades  colombianas se extiende a tal punto, que han de vigilar que en  el  país  reclamante  se le respete los derechos y garantías tal como si fuese  juzgado  en  Colombia.  A lo que renuncia el Estado que accede a la entrega  de  un  connacional  es  a  ejercer su soberanía jurisdiccional, de modo que en  tanto  aquél  siga  siendo  súbdito de Colombia, conserva a su favor todas las  prerrogativas,  garantías  y  derechos que emanan de la Constitución y la ley,  en  particular,  aquellos  que  se  relacionan con su calidad de procesado y que  tienen   que   ver   con   la   dignidad  humana”3.   

Deberá recordar al país solicitante que la  señora  BALAGUERA  ZARTA  ha  permanecido   privada   de   libertad  por  virtud  de   este       trámite,      y      que      ese     término     debe  ser  tenido en cuenta como parte de  la    condena,    si   esa   fuere   la   determinación   del   Juez   que   lo  requiere.   

Igualmente  y  en  orden  a  garantizar los  derechos  fundamentales  de  la  persona  requerida,  si el Gobierno Nacional lo  considera  pertinente  debe  condicionar  la  entrega a que el Estado requirente  garantice  la  permanencia  en  el país extranjero y el retorno al de origen en  condiciones  de  dignidad y respeto por la persona humana en el evento de que la  extraditada  fuere  sobreseída,  absuelta,  declarada  no  culpable  o  eventos  similares,  incluso después de su liberación por haber cumplido la condena, en  razón  de  los  cargos  que  motivaron  la  solicitud de extradición y por los  cuales se concede.   

Debe  condicionar  la entrega de la señora  AMPARO  BALAGUERA a que se le  respeten  todas  las  garantías  debidas  a su condición de justiciable, a que  tenga  acceso  a  un  proceso  público  sin dilaciones injustificadas, a que se  presuma  su  inocencia, a que cuente con un intérprete, a que tenga un defensor  designado  por  él o por el Estado, a que se le concedan el tiempo y los medios  adecuados  para  que  prepare la defensa, a presentar pruebas y controvertir las  que  se  aduzcan  en contra, a que su situación de privación de la libertad se  desarrolle  en  condiciones  dignas, a que la eventual pena que se le imponga no  trascienda  de  su persona, a que la sanción pueda ser apelada ante un tribunal  superior,  a que la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de  reforma       y       readaptación      social4.   

Debe  condicionar la entrega a que el país  reclamante,  conforme  a  sus  políticas  internas sobre la materia, ofrezca al  ciudadano  requerido  posibilidades  racionales  y  reales  para que pueda tener  contacto  regular  con  sus  familiares más cercanos;  la Constitución de  1991  (artículo 42) reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad,  garantiza  su  protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se  refuerza  con  la protección adicional que a ese núcleo familiar le otorgan la  Convención   Americana  sobre  Derechos  Humanos  (artículo  17)  y  el  Pacto  Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23).   

En cumplimiento de su deber de protección a  las  garantías y derechos del nacional colombiano entregado en extradición, es  misión  del  Estado,  por  medio  del  ámbito  de competencias de los órganos  respectivos,  a través del cuerpo diplomático, en concreto, por las diferentes  oficinas  consulares,  vigilar  que  en  el  país  reclamante  se  respeten las  mencionadas  condiciones  (artículo  9  y  226  de  la Carta) y con apoyo de la  Procuraduría  General de la Nación (artículo 277 de la Constitución) y de la  Defensoría del Pueblo (artículo 282 ibídem).   

Además,   habrá   de   darse   informes  periódicos  a  la  Corte,  en  virtud  del principio de colaboración armónica  entre  los  diferentes Poderes Públicos (Artículo 113 de la Carta), con el fin  de  que  todos  los  estamentos  con  injerencia  en el tema tengan elementos de  juicio  que  les  permitan sopesar la conveniencia de privilegiar jurisdicciones  foráneas frente a la jurisdicción interna.   

Cumplidos  los  requisitos  del  Código de  Procedimiento  Penal  y  establecido que los acontecimientos imputados a la dama  requerida  en extradición por los Tribunales de Distrito de Georgia y de Puerto  Rico  ocurrieron también en país extranjero, la CORTE  SUPREMA  DE  JUSTICIA,  SALA  DE  CASACIÓN PENAL emite  CONCEPTO  FAVORABLE al pedido  de  extradición de AMPARO BALAGUERA ZARTA identificada  con  la  cédula  de  ciudadanía  número 51 627 250,  elevada por el Gobierno de los Estados Unidos.   

Comuníquese  esta  determinación  a  la  ciudadana  solicitada,  a su defensor, al Ministerio Público y al señor Fiscal  General de la Nación para lo de sus competencias.   

Devuélvase  el expediente al Ministerio de  Justicia y del Derecho para lo de ley.   

Notifíquese y cúmplase,  

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA  

JOSÉ       LEONIDAS     BUSTOS  MARTÍNEZ                 SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ   

ALFREDO           GÓMEZ  QUINTERO                 MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS   

AUGUSTO        J.       IBÁÑEZ  GUZMÁN                     JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS   

Cita medica  

YESID           RAMÍREZ  BASTIDAS                             JAVIER DE JESÚS ZAPATA ORTIZ   

Teresa Ruiz Núñez  

Secretaria    

1A  pesar  de que la Resolución de acusación refiere de manera conjunta los cargos  del   tres  al  ciento  cuarenta  y  cuatro,  es  de  aclarar  que  sólo            los cargos 129  y   130   involucran   a   la  señora  BALAGUERA ZARTA.   

2Cfr.  concepto de extradición del 12/09/2006 rad. núm. 25721   

3Concepto    de    Extradición    del    05/09/2006,   rad.   núm.  25625.   

4Artículos  29  de la Carta; 9 y 10 de la Declaración Universal de  Derechos  Humanos;  5-3.6,  7-2.5,8-1.2(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h).3.4.5,  9  de la  Convención  Americana  de  Derechos  Humanos; 9-2.3, 10-1.2.3, 14-1.2.3,5, y 15  del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.     

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