Asistente Jurídico Inteligente
Selecciona un texto en la página o analiza el artículo completo.
Proceso No 30628
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente
JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS
Aprobado acta Nº 027
Bogotá, D. C., cuatro (4) de febrero de dos mil nueve (2009).
V I S T O S
Procede la Corte a conceptuar sobre la solicitud de extradición del ciudadano colombiano JUAN CAMILO ARANGO LUNA, elevada por el Gobierno de los Estados Unidos de América.
L A S O L I C I T U D
1. Mediante oficio número OFI08-28632-DIJ-0100 del 22 de septiembre de 2008, el Ministerio del Interior y de Justicia comunicó a esta Sala de la Corte que el Gobierno de los Estados Unidos de América, por conducto de su Embajada en Colombia y mediante Nota Verbal número 2600 del 12 de septiembre del citado año, solicitó en extradición al ciudadano colombiano Juan Camilo Arango Luna, capturado el 18 de julio de 2008, en cumplimiento de la resolución del 17 de julio del mismo año, expedida por el Fiscal General de la Nación.
2. La normatividad que rige al presente trámite es la contemplada en el Libro V, Capítulo II del Código de Procedimiento Penal, en la medida en que no existe en el momento convenio aplicable que regule el asunto, como así lo conceptuó el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, según oficio número OAJ.E. 1845 del 15 de septiembre de 2008, quien además certificó que la documentación del expediente procedente de la Embajada de los Estados Unidos de América, fue presentada “debidamente autenticada”.
3. Los acontecimientos fácticos objeto de la investigación e imputación de los cargos formulados en su contra, motivo de la solicitud de extradición, fueron sintetizados en la Nota Verbal número 2600 del 12 de septiembre de 2008 de la siguiente manera:
“Los hechos del caso indican que desde 2006, la Agencia para el Control de las Drogas (DEA), la Agencia para el Control de Inmigración y Aduanas (ICE), y el Grupo de Trabajo multi-institucional para el Control del Crimen Organizado relacionado con Narcóticos (OCDETF) adelantaron una operación mayor conjunta de la DEA, la Operación “Santo Frío”, la cual incluyó varias investigaciones de las fuerzas del orden cuyo objetivo era una Organización de Tráfico de Narcóticos (DTO) dirigida por el ciudadano colombiano Álvaro Mauricio Bedoya Echeverry. La DTO es responsable del despacho de cargamentos de múltiples kilogramos de heroína y cocaína a los Estados Unidos, incluyendo por lo menos seis despachos de heroína o cocaína que fueron incautados por oficiales de las fuerzas del orden. La DTO utilizó principalmente como método de transporte el de esconder grandes cantidades de narcóticos dentro de equipaje con falsos laterales que le entregaban a “correos” con destino a los Estados Unidos en aviones comerciales.
“Álvaro Mauricio Bedoya Echeverry era el individuo cuya principal responsabilidad era la de obtener los narcóticos y de hacer los arreglos para su importación a los Estados Unidos. John Fernando Saldarriaga Gaviria y Steven Marc Caron eran ‘correos’ que fueron arrestados en Colombia mientras intentaban abordar vuelos con destino a los Estados Unidos con equipajes que contenían múltiples kilogramos de heroína. Omar Vargas Lizarazo tenía bajo su responsabilidad el construir los equipajes con falsos laterales que utilizaban los ‘correos’ para intentar entrar de contrabando los narcóticos a los Estados Unidos. Yoilán Eladio Pacheco Rodríguez, Misael de Jesús Ocampo Salazar, Lina Marcela Bedoya Echeverry, Marlon Andrés Gallego Orrego, Ferney Alonso Hernández Jaramillo, Juan Camilo Arango Luna, Humberto de Jesús Restrepo Saldarriaga, y Alexander William Zúñiga Bolaños invertían dinero en los cargamentos de narcóticos y hacían arreglos para que los ‘correos’ viajaran a los Estados Unidos.
“Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con posterioridad al 17 de diciembre de 1997”.
4. La documentación remitida por el Gobierno de los Estados Unidos de América que sustenta la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Juan Camilo Arango Luna, es la siguiente:
4.1. Copia de la Acusación número 08-20483 CR-COOKE del 30 de mayo de 2008, por medio de la cual el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Florida, acusó, entre otros, a Juan Camilo Arango Luna de los siguientes cargos:
“El Gran Jurado acusa:
“CARGO UNO”
“Cargo Uno: Concierto para importar a los Estados Unidos, desde un lugar fuera de los Estados Unidos, uno o más kilogramos de una sustancia controlada (heroína) y quinientos gramos de una sustancia controlada (cocaína) lo cual es en contra del Título 21, Sección 952(a) del Código de los Estados Unidos, en violación del Título 21, Secciones 963, 960(b) (1) (A) y 960(b) (2) (B) del Código de los Estados Unidos; y
“CARGO CUATRO”
“Cargo Cuatro: Distribución de un kilogramo o más de una sustancia controlada (heroína) con la intención y el conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, y ayuda y facilitación de dicho delito, en violación del Titulo 21, Secciones 959 y 960(b) (1) (A) del Código de los Estados Unidos, y del Título 18, Sección 2 del Código de los Estados Unidos.
“La acusación también incluye la pena de decomiso de conformidad con el Título 21, Sección 853 del Código de los Estados Unidos, la cual busca el decomiso de todos los bienes que se hayan derivado de ingresos obtenidos como resultado de la comisión de los anteriores delitos. Si dichos bienes no estuvieren disponibles, la norma anterior permite que otros bienes del acusado sean decomisados”.
4.2. También se allegó copia de las declaraciones juradas de Sean Paul Cronin, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, y de Louis A. D’Ambrosio, Agente Especial Administración del Control de Drogas de los Estados Unidos (D.E.A.), las que respaldan la acusación contra Juan Camilo Arango Luna.
El primer funcionario, esto es, Sean Paul Cronin, incorpora en su declaración la descripción y vigencia de los tipos penales imputados en el pliego acusatorio, explica el alcance de la acusación y realiza una síntesis de los hechos, de la actuación procesal y de los cargos atribuidos al solicitado en extradición.
Por su parte, el Agente Especial Louis A. D’Ambrosio relata, de manera pormenorizada, los hechos objeto de juzgamiento ante el citado Tribunal y la participación en los mismos por parte del requerido en extradición, respecto de quien suministra la información necesaria sobre su identidad.
4.3. Así mismo, se informó que el solicitado, Juan Camilo Arango Luna “es ciudadano de Colombia, nacido el 13 de julio de 1976, en Colombia. Es portador de la Cédula Colombiana Nº 71.787.073”.
4.4. Se adjuntó copia del texto de las disposiciones del Código de los Estados Unidos de América que se afirman fueron infringidas por el solicitado en extradición y que se encontraban vigentes para la época de ocurrencia de los hechos.
4.5. Por último, se incorporó copia de la orden de captura proferida en contra del requerido en extradición y dictada por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de América, Distrito Sur de Florida.
PERÍODO PROBATORIO
Ninguna de las partes solicitaron pruebas ni la Corte consideró procedente decretar de oficio.
ALEGATO DEL SOLICITADO EN EXTRADICIÓN
Después de enunciar los cargos por los cuales ha sido solicitado en extradición, de manifestar que “la nota verbal diplomática menciona, sin precisar la época precisa, mes o lugar que fue en el año 2006, cuando varias agencias norteamericanas…, habían conducido la investigación Santo Frió” y de su preocupación por ser requerido por una Corte de los Estados Unidos por delitos contra la salud. Acota su imposibilidad física, material, económica y anímica para haber participado en la comisión de las conductas punibles señaladas en la nota diplomática.
Así mismo, aduce que desde principios de marzo de 2006 le fue detectado y diagnosticado “un peligroso cáncer”.
Sostiene que ese tratamiento lo “sacó de circulación, prácticamente, hasta el día en que el Fiscal General me mandó a encarcelar…”, por lo que solicita a la Corte se estudie su caso dado que el delito que se le imputa no es cierto y no era de su conocimiento.
ALEGATO DEL PROCURADOR PRIMERO
DELEGADO PARA LA CASACIÓN PENAL
El representante del Ministerio Público, después de relacionar de manera detallada los hechos, los antecedentes, el trámite adelantado y los instrumentos allegados a este diligenciamiento, dice que en lo que respecta a la validez formal de los documentos, el Estado solicitante aportó, debidamente traducidas y autenticadas, las piezas acusatorias, en las que se reseñaron el lugar y las fechas donde ocurrieron los hechos y los delitos imputados, las normas penales y las declaraciones de apoyo a la solicitud de extradición, motivo por el cual se cumple con esta exigencia legal.
En torno a la demostración plena de la identidad del requerido, asevera que los datos suministrados por las autoridades del país requirente coinciden con los de la persona que fue notificada de la resolución expedida por la Fiscalía General de la Nación, por medio de la cual se ordenó su captura y que en este momento se encuentra detenida con fines de extradición.
Agrega que en la Nota Verbal allegada al presente trámite se consignaron sus datos personales, es decir, que se trata de un ciudadano colombiano, nacido el 13 de julio de 1976 y que es portador de la cédula de ciudadanía número 71.787.073, datos que confirman dicha identidad, los cuales coinciden con los que suministró Juan Camilo Arango Luna al momento de su captura, sin que al respecto se haya mostrado ninguna objeción.
En lo que tiene que ver con el principio de la doble incriminación, sostiene que los cargos imputados a Juan Camilo Arango Luna encuentran adecuación típica en el artículo 340 modificado por las Leyes 733 de 2002 y 1121 de 2006, y el artículo 376, modificado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, del Código Penal, los cuales consagran los delitos de concierto para delinquir para cometer delitos de narcotráfico y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, cuya pena privativa de la libertad no es inferior a 4 años, lo que le permite concluir que este postulado también se cumple.
En cuanto a la equivalencia de la providencia dictada en el extranjero, dice que “…basta que exista equivalencia sustancial …”, con lo cual en este asunto se encuentra satisfecho este presupuesto, por lo que estima que las formalidades legales se cumplen cabalmente para que la Corte proceda a emitir concepto favorable de la solicitud de extradición que el Gobierno de los Estados Unidos de América elevó respecto del ciudadano Juan Camilo Arango Luna.
Por último, en orden a garantizar los derechos fundamentales del ciudadano colombiano requerido en extradición, el Procurador Delegado sugiere a la Corte exhorte al Gobierno Nacional para que, en caso de que se conceda la extradición, se condicione la misma en el sentido de que el solicitado no sea juzgado por hechos anteriores al 17 de diciembre de 1997 ni condenado a cadena perpetua, ni sometido a desaparición forzada, torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a la pena de muerte etc.
En consecuencia, reitera la Delegada que las formalidades legales se cumplen cabalmente y sugiere que la Corte proceda a emitir concepto favorable respecto de la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Juan Camilo Arango Luna.
CONCEPTO DE LA CORTE
I. Acotación previa
Previamente a emitir el concepto de rigor, procede la Sala a responder los planteamientos hechos por el solicitado en extradición, así:
En primer lugar, la Corte lamenta la enfermedad que dice el memorialista padecer.
Ahora bien, la competencia de la Corte dentro del trámite de extradición está enfocada a expresar un concepto sobre la procedencia de entregar o no a la persona solicitada por un país extranjero, después de examinar los puntos a que se refieren los artículos 493, 495 y 502 del Código de Procedimiento Penal, sin dejar de considerar que el artículo 35 de la Constitución Política en su inciso 2º, autoriza la extradición de colombianos por nacimiento cuando son reclamados por delitos cometidos en el exterior y que las conductas que los originan así también se consideren en la legislación penal colombiana.
Empero, el trámite judicial que se cumple en la Corporación no constituye el escenario natural para controvertir los cargos que le imputan los tribunales extranjeros. Es decir, que cualquier aspecto referido a la existencia del hecho y a la responsabilidad se debe ventilar ante esas autoridades, en la medida en que ellas son las que tienen jurisdicción y competencia para resolver ese tipo de inquietudes.
Frente a lo anterior, vale citar lo que de manera pacífica y reiterada ha dicho la Corte: “La extradición no es un juicio sobre los hechos para cuestionar su ilicitud, ni es tampoco un juicio sobre el autor para negar su culpabilidad. Es un simple incidente de carácter administrativo donde sólo se ventilan las condiciones requeridas, por una ley o por un tratado, para la entrega del delincuente o de quien se presume que lo sea. La Corte dentro del trámite de extradición que adelanta no verifica ningún juicio sobre la responsabilidad del requerido. Ese juicio se realiza o se realizó – según el caso concreto – en el país requirente y es allí frente a los Jueces del Estado que ha solicitado la cooperación internacional del colombiano, donde deben plantearse todos los problemas atinentes al contenido sustancial de la resolución de acusación o su equivalente que haya sido proferida en ese Estado. Frente a la Corte Suprema de Justicia de Colombia el debate probatorio en ese punto se limita al contenido formal de ese tipo de providencia, no a su contenido sustancial, ni a su corrección o presunta incorrección”. (Cfr. Auto Extradición octubre 19/2006. Rad. 25900).
En tales condiciones, todos aquellos aspectos referidos a la imposiblidad física, material, económica y anímica que le impidieron al solicitado en extradición cometer las conductas punibles que se le atribuyen, deben ser objeto de controversia en las cortes extranjeras y no al interior de este trámite.
En cuanto a la impresión en las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, constituye una afirmación personal del memorialista, dado que tales aspectos están sustentados en las declaraciones juradas apoyo a la solicitud de extradición y en la correspondiente acusación.
De ahí que no le asista la razón al solicitado en extradición.
El artículo 502 del Código de Procedimiento Penal estatuye que el concepto que emite la Sala debe estar centrado en establecer la validez formal de la documentación presentada, en la demostración plena de la identidad del solicitado, en el principio de la doble incriminación, en la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y, cuando fuere el caso, en el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos.
En esas condiciones, se procederá a emitir concepto, así:
1. La validez formal de los documentos aportados
Advierte la Sala que la documentación presentada como soporte de la petición de extradición de Juan Camilo Arango Luna, cumple con las exigencias legales contempladas en los Códigos de Procedimiento Penal y Civil para tenerla como apta para fundar el respectivo concepto.
En efecto, no hay duda que los documentos se allegaron por vía diplomática, habiendo sido debidamente traducidos y autenticados, dentro de los cuales obra la copia de la Acusación número 08-20483 CR-COOKE del 30 de mayo de 2008, dictada por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Florida, la cual fue firmada por el Portavoz del Gran Jurado, el Fiscal de los Estados Unidos y por el Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos de América, documentos cuya autenticidad de su contenido fue certificada con las firmas y el sello pertenecientes al secretario de dicho Tribunal.
A su vez, obran las declaraciones juradas de Sean Paul Cronin, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, y de Louis A. D’Ambrosio, Agente Especial de la Administración Antinarcóticos de los Estados Unidos (D.E.A.), cuyos contenidos y traducción al español, junto con el resto de la documentación que las acompaña, fueron certificados, el 20 de agosto de 2008, por Thomas C. Black, Director Asociado de la Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América.
Así mismo, aparece que la documentación anexa hace referencia a la orden de captura, a la resolución de acusación y a las normas aplicables al caso, esto es, el Título 18, Secciones 2° (autores) y 3282 (delitos no conminados con la pena de muerte) y el Título 21, Secciones 812 (listas de sustancias controladas), 853 (extinción penal del derecho de dominio), 952 (importación de sustancias controladas), 959 (posesión, fabricación o distribución de sustancias controladas), 960 (actos prohibidos) y 963 (tentativa y concierto) del Código de los Estados Unidos de América.
Por su parte, la rúbrica y el cargo del señor Thomas C. Black fueron certificados por el señor Michael B. Mukasey, Procurador de los Estados Unidos, quien según su propia afirmación escrita, ordenó que se estampara el sello del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, siendo atestada la firma de aquél por el Director Adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal, y el sello del Departamento de Estado fue ordenado por la Secretaria de Estado, señora Condoleezza Rice, de cuyo nombre dio fe el funcionario de Autenticaciones de la misma oficina.
Por último, dichos documentos fueron presentados para su autenticación ante el Cónsul de Colombia en Washington D. C., señor Julio Cesar Aldana Bula, como así lo constató y lo avaló la Oficina de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, cumpliéndose con lo establecido por el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el 1°, numeral 118 del D. E. 2282 de 1989 que dice: “Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de éste o con su intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República, y en su defecto por el de una nación amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron conforme a la ley del respectivo país. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de éste por el cónsul colombiano”, disposición aplicable al caso en virtud del principio de integración previsto en los artículos 25 y 495, último inciso, del Código de Procedimiento Penal de 2004.
Además, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante oficio OAJ.E. 1845 del 15 de septiembre de 2008, certificó que la documentación del expediente procedente de la Embajada de los Estados Unidos de América fue presentada “debidamente autenticada”.
Por lo tanto, teniendo en cuenta que la solicitud de extradición de Juan Camilo Arango Luna se hizo por la vía diplomática y que en la expedición y trámite de los mencionados documentos, así como en su traducción, se cumplieron todos los ritos formales de legalización prescritos por las normas de los Estados Unidos de América, la Corte los tendrá como aptos para servir de prueba en este asunto, cumpliéndose así con la primera exigencia legal.
2. La identificación plena del solicitado en extradición
No hay duda que el colombiano Juan Camilo Arango Luna, a quien se refiere este trámite, es la persona solicitada en extradición por el Gobierno de los Estados Unidos de América.
En efecto, de la documentación remitida por vía diplomática se colige claramente, como lo destaca el Procurador Delegado, que se trata de Juan Camilo Arango Luna, pues basta observar que el número de cédula de ciudadanía que suministró la Embajada de los Estados Unidos de América, a través de la Nota Verbal número 2600 del 12 de septiembre de 2008, concuerda con el que aparece en el acta de notificación personal de la providencia por medio de la cual se dispuso su captura, en la diligencia mediante la cual se le comunicó sus derechos de capturado por razón de este trámite, en el acta de buen trato suscrita por él y en la tarjeta decadactilar expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil (71.787.073), además de que ninguno de los sujetos procesales ha cuestionado dicha identidad.
De igual manera, todos los datos suministrados coinciden con los que obran en la documentación, es decir, que nació el 13 de julio de 1976 en Colombia y que se identifica con la cédula de ciudadanía No. 71.787.073, información que concuerda integralmente con aquella que aparece registrada en el expediente, sin dejar pasar por alto que se aportó fotocopia de una fotografía de su rostro.
En esas condiciones, resulta evidente que la persona detenida es Juan Camilo Arango Luna, de nacionalidad colombiana y es el ciudadano requerido en extradición por el Gobierno de los Estados Unidos de América.
3. El principio de la doble incriminación
De conformidad con el numeral 1° del artículo 493 del Código de Procedimiento Penal de 2004, para que la extradición se pueda conceder se requiere que el hecho que la motiva esté previsto como delito en Colombia y reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años.
Teniendo en cuenta la Acusación número 08-20483 CR-COOKE del 30 de mayo de 2008, por medio de la cual la Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Florida, se sabe que a Juan Camilo Arango Luna se le acusó de “Concierto para importar a los Estados Unidos, desde un lugar fuera de los Estados Unidos, uno o más kilogramos de una sustancia controlada (heroína) y quinientos gramos de una sustancia controlada (cocaína) (cargo uno) y “Distribución de un kilogramo o más de una sustancia controlada (heroína) con la intención y el conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, y ayuda y facilitación de dicho delito…” (cargo cuatro), y de acuerdo con las normas penales del país requirente en precedencia citadas.
En esas condiciones, advierte la Sala que el cargo uno, según los hechos que se imputan y las normas allegadas, encuentran adecuación típica en nuestro sistema penal en lo reglado por el artículo 340 del Código Penal, modificado por la Ley 733 del 29 de enero de 2002 y por el artículo 19 de la Ley 1121 de 2006, que prevén el concierto para delinquir relacionado con narcotráfico, habida cuenta que, como quedó visto, Juan Camilo Arango Luna, con conocimiento de causa e intencionalmente, se concertó para importar uno o más kilogramos de una sustancia controlada (heroína) y quinientos gramos de una sustancia controlada (cocaína).
Y, en lo atinente al cargo cuatro, el mismo encuentra adecuación típica en artículo 376, inciso 1°, de la Ley 599 de 2000, modificado por artículo 14 de la Ley 890 de 2004, norma que consagra la conducta punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, habida cuenta que, como quedó visto, Juan Camilo Arango Luna, con conocimiento de causa e intencionalmente, importó a los Estados Unidos de América una sustancia que contenía una cantidad perceptible de heroína.
Cabe agregar que los citados delitos esto es, de concierto para delinquir (relacionado con el tráfico de estupefacientes) y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, de acuerdo con la legislación nacional anteriormente citada, contemplan una pena privativa de la libertad que supera los cuatro (4) años, según lo previsto en el artículo 493, numeral 1° de la Ley 906 de 2004.
Así las cosas, surge evidente que se cumple con el principio de la doble incriminación.
4. Equivalencia de la providencia proferida en el extranjero
Por último, advierte la Corte que no existe dificultad alguna para concluir que se cumple con el requisito de la equivalencia contemplado en el numeral 2° del artículo 493 del Código de Procedimiento Penal de 2004, el cual exige “que por lo menos se haya dictado en el exterior resolución de acusación o su equivalente”.
En efecto, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Florida, acusó a Juan Camilo Arango Luna por la conducta punible señalada anteriormente, mediante acto procesal que en nuestra legislación equivale a la acusación, como emerge de las siguientes similitudes, que las tornan equivalentes:
a. Es un pliego concreto de cargos en contra del acusado para que se defienda de ellos en el juicio.
a. Formulada la acusación se inicia el juicio oral que finaliza con el respectivo fallo de mérito.
a. Se señalan los hechos, con especificación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron y la calificación jurídica de las conductas, con indicación de las disposiciones sustanciales aplicables.
Ahora bien, para entender la naturaleza y contenido de esa pieza acusatoria o indictment resulta pertinente señalar que esta es una forma de formular la acusación dentro del sistema procesal estadounidense en el nivel federal. El Gran Jurado, en ese escenario, se reúne por convocatoria que le hace el tribunal respectivo –de Distrito- y su función es determinar si en un caso criminal existe o no causa probable para acusar (probable cause). La causa probable es el soporte razonable que permite conjeturar que una persona ha cometido un crimen.
Como puede observarse, es bien disímil la forma de introducir la acusación en el sistema federal acusatorio de Estados Unidos a como se hace en Colombia, ya sea según el esquema procesal de la Ley 600 de 2000 o en lo consagrado por la Ley 906 de 2004 y, por tanto, difiere el contenido del indictment con el de la acusación patria en cualquiera de las modalidades procesales actualmente en vigencia.
Sin embargo, como se anotó, eso no obsta para sostener que el mencionado indictment equivale a nuestra resolución de acusación, pues, básicamente, marca el comienzo del juicio en donde el acusado puede ejercer a plenitud la defensa, sin dejar de mencionar que en todo caso allí, en esa acusación, se plasma la conducta por la cual es llamado a responder, la época de su ejecución y las normas infringidas.
Por lo tanto, se observa que la acusación emitida por el tribunal extranjero es equivalente y tiene la misma fuerza vinculante de la acusación propia de nuestro sistema judicial.
ACOTACIÓN FINAL
Como lo resaltó el Ministerio Público, se pone de presente al Gobierno Nacional que en caso de concederse la extradición, debe condicionar la entrega en el sentido de que Juan Camilo Arango Luna no será juzgado por hechos distintos a los que originaron la reclamación, ni sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le impondrá la pena capital o perpetua, al tenor del artículo 494 del Código de Procedimiento Penal de 2004.
Así mismo, al Gobierno Nacional le corresponde condicionar la entrega a que el país reclamante, de acuerdo a sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para que el requerido pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 1991 reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección que a ese núcleo también prodigan la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 17 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el 23.
Además, conforme precisó la Corte en el Concepto del 15 de mayo de 2008 (Rad. 29024), como el mecanismo de la extradición entre Estados Unidos de América y Colombia se rige, en ausencia de un instrumento internacional que la regule, por las normas contenidas en la Constitución Política (artículo 35) y en el Código de Procedimiento Penal (artículos 490 a 514 de la Ley 906 de 2004), el Gobierno Nacional debe hacer las exigencias que estime convenientes en orden a que en el Estado reclamante se le reconozcan todos los derechos y garantías inherentes a la persona del solicitado, en especial las contenidas en la Carta Fundamental y en el denominado bloque de constitucionalidad, es decir, en aquellos convenios internacionales ratificados por Colombia que consagran y desarrollan derechos humanos (artículo 93 de la Constitución, Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), en virtud del deber de protección a esos derechos que para todas las autoridades públicas emana del artículo 2° ibídem.
De la misma manera, se exhorta al Gobierno, encabezado por señor Presidente de la República como supremo director de la política exterior y las relaciones internacionales, para que efectúe el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan a la concesión de la extradición y determinar las consecuencias que se derivarían de su eventual incumplimiento, al tenor de lo señalado en el ordinal 2° del artículo 189 de la Constitución Política.
En caso de que Juan Camilo Arango Luna sea absuelto, sobreseído, declarado no culpable o por cualquier otra vía legal, de los cargos que dieron origen a su extradición y dejado en libertad, al regresar éste al país de origen, el Estado requirente deberá asumir los gastos de transporte y manutención del extraditado de acuerdo con su dignidad humana (artículos 1° y 93 de la Constitución Política).
Por último, se pide al ejecutivo que recomiende al Estado requirente que, en caso de condena, tenga en cuenta como parte de la pena el tiempo que el solicitado haya podido estar privado de la libertad con motivo del trámite de extradición.
En consecuencia, como la totalidad de los requisitos formales contemplados en el artículo 502 del Código de Procedimiento Penal se cumplen satisfactoriamente, la Corte CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la solicitud de extradición elevada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, respecto del ciudadano colombiano JUAN CAMILO ARANGO LUNA, en cuanto tiene que ver con los cargos uno y cuarto que le fueron imputados en la Acusación número 08-20483 CR-COOKE del 30 de mayo de 2008, dictada por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Florida.
Comuníquese esta determinación al requerido ciudadano Juan Camilo Arango Luna, a su defensor, al Ministerio Público y al Fiscal General de la Nación, para lo de su cargo.
Devuélvase el expediente al Ministerio del Interior y de Justicia, para lo de ley.
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS
AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMÁN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS
YESID RAMÍREZ BASTIDAS JAVIER ZAPATA ORTIZ
TERESA RUÍZ NUÑEZ
Secretaria