\u00a0 \u00a0 \u00a0 CUI \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a011001020500020250242801 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
N\u00famero \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0interno 152259 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Tutela \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0impugnaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
H\u00c9CTOR \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0JES\u00daS MEDINA URIBE y Otro \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CARLOS \u00a0ROBERTO SOL\u00d3RZANO GARAVITO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
STP1113-2026 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0N.\u00b0 152259 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0No. 020 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintis\u00e9is (2026). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
I. OBJETO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0DE DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Se \u00a0pronuncia la Sala sobre la impugnaci\u00f3n instaurada por H\u00c9CTOR \u00a0JES\u00daS MEDINA URIBE \u00a0y \u00a0H\u00c9CTOR YAMID MEDINA ROJAS, \u00a0frente al fallo de tutela proferido el \u00a013 de noviembre de 2025, por \u00a0la SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, \u00a0mediante \u00a0el \u00a0cual declar\u00f3 improcedente el amparo \u00a0a sus \u00a0derechos fundamentales a la igualdad, acceso a la administraci\u00f3n \u00a0de justicia y \u00aba la primac\u00eda del derecho sustancial \u00a0sobre el formal\u00bb, que presuntamente les fueron conculcados por \u00a0la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Bucaramanga y el Juzgado 6 Laboral del circuito de la misma ciudad. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tr\u00e1mite se orden\u00f3 vincular a las autoridades, partes e \u00a0intervinientes dentro del proceso laboral bajo el radicado n.o \u00a068001-31-05-006-2023- 00372-00\/01. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
II. ANTECEDENTES \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Y FUNDAMENTOS \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0los rese\u00f1\u00f3 la Sala hom\u00f3loga Laboral: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0parte actora promovi\u00f3 la presente acci\u00f3n de tutela con \u00a0el prop\u00f3sito de obtener el amparo de sus derechos \u00a0fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n \u00a0de justicia y \u00aba la primac\u00eda del derecho sustancial \u00a0sobre el formal\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades \u00a0judiciales convocadas. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0lo que interesa al presente tr\u00e1mite constitucional, del \u00a0escrito de tutela y de las pruebas obrantes en el plenario, se extrae \u00a0lo siguiente: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0extremo accionante pretendi\u00f3, mediante demanda ordinaria \u00a0laboral, que se declarara la \u00abnulidad de traslado\u00bb que \u00a0Ernestina Rojas de Medina realiz\u00f3 del R\u00e9gimen Solidario \u00a0de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida (RSPMPD) al sistema de \u00a0Beneficios Econ\u00f3micos Peri\u00f3dicos (BEPS) -ambos \u00a0administrados por Colpensiones- y, en consecuencia, se \u00abdeje \u00a0sin efecto\u00bb la indemnizaci\u00f3n sustitutiva reconocida; se \u00a0conserven esos fondos en el RSPMPD; se ordene a Colpensiones devolver \u00a0los dineros que fueron trasladados al sistema BEPS, junto a las sumas \u00a0adicionales, frutos e intereses; que la demandada pagara las agencias \u00a0en derecho \u00a0<\/p>\n
y \u00a0las costas del proceso, as\u00ed como los derechos que resultaran \u00a0probados conforme a las facultades ultra y extra petita. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bucaramanga, al que le \u00a0correspondi\u00f3 por reparto el tr\u00e1mite de la primera \u00a0instancia, le asign\u00f3 la radicaci\u00f3n n.o \u00a068001-31-05-006-2023- 00372-00 y, por sentencia de 31 de octubre de \u00a02024, neg\u00f3 a las pretensiones de la demanda. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Al \u00a0decidir el grado jurisdiccional de consulta a favor de la parte \u00a0demandante -en tanto ese extremo no interpuso recurso de apelaci\u00f3n-, \u00a0la Sala Laboral accionada, a trav\u00e9s de \u00a0sentencia \u00a0de 18 de junio de 2025, confirm\u00f3 la providencia de \u00a0<\/p>\n
primer \u00a0grado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0providencia en comento fue notificada por edicto fijado el 19 de \u00a0junio de 2025 y al no interponer las partes recursos o presentar \u00a0solicitudes, el expediente fue devuelto al Juzgado de origen, el cual \u00a0por auto de 22 de julio de 2025 obedeci\u00f3 lo dispuesto por su \u00a0superior. La parte accionante censur\u00f3 las sentencias de 31 de \u00a0octubre de 2024 y de 18 de junio de 2025, ya que, en su sentir, los \u00a0estrados convocados incurrieron en \u00abgraves errores de hecho y \u00a0de derecho\u00bb, debido a que desestimaron sin argumentos \u00a0suficientes las pruebas que evidenciaban las irregularidades de la \u00a0actuaci\u00f3n de Colpensiones en la afiliaci\u00f3n al sistema \u00a0BEPS y las que demostraban las situaciones especiales -estado de \u00a0invalidez y tercera edad- de los aqu\u00ed accionantes. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0concreto, se\u00f1al\u00f3 que la parte accionada en sus \u00a0providencias desestim\u00f3 el porcentaje de p\u00e9rdida de \u00a0capacidad laboral de H\u00e9ctor Yamid Medina Rojas, as\u00ed \u00a0como la condici\u00f3n de c\u00f3nyuge superviviente de H\u00e9ctor \u00a0Jes\u00fas Medina Uribe; y que por estas tienen derecho a una \u00a0pensi\u00f3n de sobrevivientes. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0base en tales supuestos, los promotores solicitaron tutelar los \u00a0derechos fundamentales invocados y en concreto \u00a0<\/p>\n
que: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Se \u00a0ordene a COLPENSIONES, dejar sin efecto los formularios \u00a0<\/p>\n
diligenciados \u00a0y firmados por la se\u00f1ora ERNESTINA ROJAS, para que pueda mi \u00a0hijo y el suscrito acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
III. EL \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0FALLO IMPUGNADO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala hom\u00f3loga Laboral, luego de rese\u00f1ar las respuestas \u00a0de las autoridades accionadas y vinculadas, declar\u00f3 la \u00a0improcedencia del amparo, por incumplir el requisito de \u00a0subsidiariedad que rige la tutela. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0particular, sostuvo que \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
si \u00a0la parte actora considera que existen defectos en la valoraci\u00f3n \u00a0probatoria y estos condicionaron el sentido de la decisi\u00f3n de \u00a0primera instancia, lo oportuno era que se formularan los reparos a \u00a0trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n (art. 66 CPTSS) y, en \u00a0esa misma l\u00ednea, como la no concesi\u00f3n de las \u00a0pretensiones en segunda instancia, en su sentir, cercen\u00f3 el \u00a0acceso ulterior a una prestaci\u00f3n econ\u00f3mica de tracto \u00a0sucesivo, debi\u00f3 invocar esa circunstancia e interponer el \u00a0recurso extraordinario de casaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Agreg\u00f3 \u00a0que el tema relacionado con la solicitud de la pensi\u00f3n de \u00a0sobrevivientes ni siquiera ha sido objeto de un proceso ordinario \u00a0laboral, por lo que tambi\u00e9n escapa de la \u00f3rbita del \u00a0juez de tutela. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Tambi\u00e9n \u00a0descart\u00f3 que exista un perjuicio irremediable. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, declar\u00f3 la improcedencia del amparo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
IV. LA \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Fue \u00a0propuesta por los accionantes, quienes se\u00f1alaron lo siguiente: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0primera instancia err\u00f3 al valorar el perjuicio irremediable, \u00a0pues son sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional. Lo \u00a0anterior, porque MEDINA ROJAS tiene una p\u00e9rdida de capacidad \u00a0laboral y MEDINA URIBE es un adulto mayor. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0consiguiente, el requisito de subsidiariedad debe flexibilizarse y la \u00a0exigencia de agotar casaci\u00f3n es una carga desproporcionada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0su vez, agrega que existieron omisiones probatorias determinantes, \u00a0por lo que reitera que las instancias ordinarias incurrieron en \u00a0defectos f\u00e1cticos, interpretaciones erradas, desconocieron el \u00a0principio de realidad sobre las formas, entre los dem\u00e1s vicios \u00a0que expusieron en la demanda inicial. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0DE LA CORTE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Conforme \u00a0lo establecido en el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991, en \u00a0concordancia con el canon 44 del Reglamento General de la Corte \u00a0Suprema de Justicia, es competente esta Sala para pronunciarse sobre \u00a0la impugnaci\u00f3n interpuesta, en tanto lo es en relaci\u00f3n \u00a0con la sentencia de tutela adoptada en primera instancia por la Sala \u00a0de Casaci\u00f3n Laboral. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0La \u00a0acci\u00f3n de tutela es un mecanismo de protecci\u00f3n \u00a0excepcional\u00edsimo cuando se dirige en contra de providencias \u00a0judiciales y su prosperidad va ligada al cumplimiento de rigurosos \u00a0requisitos de procedibilidad que esta Corporaci\u00f3n, en posici\u00f3n \u00a0compartida por la Corte Constitucional en fallos C-590 de 2005 y \u00a0T-332 de 2006, entre otros, ha venido acogiendo y que implican una \u00a0carga para el actor, no s\u00f3lo en su planteamiento, sino tambi\u00e9n \u00a0en su demostraci\u00f3n. \u00a0Para esos efectos, se han establecido unos requisitos de car\u00e1cter \u00a0general, \u00a0que habilitan la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n y otros de \u00a0car\u00e1cter \u00a0espec\u00edfico, \u00a0relacionados con la procedencia del amparo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0Seg\u00fan \u00a0la jurisprudencia constitucional, los \u00a0requisitos generales se contraen a que: i) la cuesti\u00f3n que se \u00a0discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) se hayan \u00a0agotado todos los medios \u2013ordinarios y extraordinarios\u2013 \u00a0de defensa judicial, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n \u00a0de un perjuicio irremediable; iii) se cumpla el requisito de la \u00a0inmediatez; iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe \u00a0quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en \u00a0la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales \u00a0de la parte actora; v) el accionante identifique de manera razonable \u00a0tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los \u00a0derechos quebrantados y que hubiere alegado tal circunstancia en el \u00a0proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y; vi) no se \u00a0trate de sentencias de tutela. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0De otra parte, los requisitos de car\u00e1cter espec\u00edfico \u00a0implican \u00a0la demostraci\u00f3n de, por lo menos, uno de los siguientes \u00a0vicios: i) defecto org\u00e1nico (falta de competencia del \u00a0funcionario judicial); ii) defecto procedimental absoluto (desconocer \u00a0el procedimiento legal establecido); iii) defecto f\u00e1ctico (que \u00a0la decisi\u00f3n carezca de fundamentaci\u00f3n probatoria); iv) \u00a0defecto material o sustantivo (aplicar normas inexistentes o \u00a0inconstitucionales); v) error inducido (que la decisi\u00f3n \u00a0judicial se haya adoptado con base en el enga\u00f1o de un \u00a0tercero); vi) decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n (ausencia de \u00a0fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos en la decisi\u00f3n); \u00a0vii) desconocimiento del precedente (apartarse de los criterios de \u00a0interpretaci\u00f3n de los derechos definidos por la Corte \u00a0Constitucional) y viii) violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n \u00a0(CC C-590\/05). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0En \u00a0sede de impugnaci\u00f3n, el juez constitucional debe verificar el \u00a0contenido de la misma, en contraste con el acervo probatorio y el \u00a0fallo, tanto que, si a su juicio la sentencia carece de fundamento, \u00a0proceder\u00e1 a revocarla o de lo contrario la confirmar\u00e1, \u00a0tal como lo dispone el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991, \u00a0por el cual se regula el tr\u00e1mite de impugnaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
An\u00e1lisis \u00a0del caso concreto \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0En este caso, la parte activa acude a la demanda de tutela por una \u00a0presunta lesi\u00f3n a sus derechos fundamentales generada con \u00a0ocasi\u00f3n de la sentencia proferida el 18 de junio de 2025 por \u00a0el Tribunal Superior de Bucaramanga, que confirm\u00f3 la de primer \u00a0grado. Por ello, es necesario analizar si la acci\u00f3n cumple con \u00a0los presupuestos generales y espec\u00edficos de procedencia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4.1. \u00a0En lo que respecta a los requisitos generales, se trata de un asunto \u00a0de relevancia constitucional, pues se alega la presunta afectaci\u00f3n \u00a0del derecho fundamental al debido proceso. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4.2. \u00a0Sin embargo, no ocurre lo mismo con el de subsidiariedad \u00a0y residualidad \u00a0que habilita el an\u00e1lisis sobre los supuestos yerros \u00a0espec\u00edficos a los que alude la demanda, conforme lo concluy\u00f3 \u00a0la Sala hom\u00f3loga Laboral. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4.3. \u00a0En efecto, la Corte Constitucional, en providencia CC T-001-2017, \u00a0entre otras, manifest\u00f3 que se incumple con ese presupuesto, en \u00a0los siguientes supuestos: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Asi\u0301 \u00a0pues, existen razones constitucionales esenciales que justifican la \u00a0necesidad de encontrar acreditado el cumplimiento del requisito de \u00a0subsidiariedad para la procedencia de la accio\u0301n de tutela \u00a0contra providencias judiciales. En este sentido, la jurisprudencia \u00a0constitucional ha identificado tres causales que conllevan a la \u00a0improcedencia de la accio\u0301n de tutela contra una providencia \u00a0judicial, por no cumplir con el requisito de subsidiariedad. Estas \u00a0son (i) el asunto esta\u0301 en tra\u0301mite; (ii) no \u00a0se han agotado los medios de defensa judicial ordinarios y \u00a0extraordinarios; \u00a0y (iii) se usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de \u00a0emplear los recursos previstos en el ordenamiento juri\u0301dico\u00bb \u00a0(negrilla fuera del texto original). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4.4. \u00a0Entonces, en este caso no se interpuso el recurso extraordinario de \u00a0casaci\u00f3n para que fuera la Corte Suprema de Justicia en su \u00a0especialidad Laboral, quien dirimiera definitivamente el conflicto, \u00a0actuando como el juez ordinario y natural de la causa. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4.5. \u00a0Como \u00a0el promotor no interpuso recursos contra esa decisi\u00f3n, la \u00a0solicitud de amparo se torna improcedente \u00abnumeral \u00a01\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991\u00bb, \u00a0tal como lo ha reconocido la Corte Constitucional en sus diversas \u00a0decisiones (sentencias \u00a0SU\u2013111 de 1997 y T\u20131217 de 2003, entre otras), \u00a0pues no es adecuado invocar este medio de defensa excepcional cuando \u00a0no se agotan en debida forma los recursos ordinarios y \u00a0extraordinarios establecidos por el Legislador. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4.6. \u00a0En sentencia T-108 de 2003, la Corte Constitucional estableci\u00f3: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0recurso extraordinario de casaci\u00f3n constituye un requisito de \u00a0procedibilidad de la tutela contra sentencias judiciales, pues al \u00a0menos debe haberse intentado su ejercicio antes de acudir al \u00a0mecanismo excepcional previsto en el art\u00edculo 86 Superior. De \u00a0lo contrario la acci\u00f3n de tutela se convertir\u00eda en una \u00a0v\u00eda alterna para la resoluci\u00f3n de las controversias y \u00a0se desvanecer\u00eda con ello su car\u00e1cter subsidiario y \u00a0residual. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4.7. \u00a0La casaci\u00f3n era el \u00a0mecanismo natural para promover la defensa de los derechos \u00a0fundamentales que los accionantes consideran vulnerados, porque \u00a0hubiera permitido subsanar los posibles errores en que habr\u00eda \u00a0incurrido la providencia atacada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4.8. \u00a0En consecuencia, al no haberse agotado los mecanismos ordinarios de \u00a0defensa con los que contaban los accionantes, el juez constitucional \u00a0est\u00e1 impedido para valorar el fondo de sus pretensiones, de \u00a0acuerdo con el requisito de subsidiariedad que rige la demanda de \u00a0amparo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4.9. \u00a0La Sala no advierte que existan motivos que permitan flexibilizar el \u00a0an\u00e1lisis de este requisito. Lo anterior, pues no concurren los \u00a0par\u00e1metros para acreditar un perjuicio irremediable, es decir, \u00a0un riesgo cierto, inminente, grave que exija medidas urgentes de \u00a0intervenci\u00f3n por parte del juez constitucional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4.10. \u00a0Bajo esa l\u00ednea, los accionantes no explican por qu\u00e9 la \u00a0p\u00e9rdida de capacidad laboral o la edad es un factor que les \u00a0impidi\u00f3 ejercer en debida forma los medios de defensa \u00a0ordinarios que se encontraban disponibles y, en contraposici\u00f3n, \u00a0optaron por preferir este mecanismo extraordinario. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Bajo este entendido, \u00a0se impone confirmar la providencia de primer grado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
VI. RESUELVE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0CONFIRMAR \u00a0la \u00a0providencia impugnada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0NOTIFICAR \u00a0a los sujetos procesales el presente fallo, por el medio m\u00e1s \u00a0expedito. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0ENV\u00cdESE \u00a0la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual \u00a0revisi\u00f3n, conforme lo indicado en el art\u00edculo 32 del \u00a0Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0LE\u00d3N BOLA\u00d1OS PALACIOS \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
JORGE \u00a0HERN\u00c1N D\u00cdAZ SOTO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CARLOS \u00a0ROBERTO SOL\u00d3RZANO GARAVITO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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