\u00a0 \u00a0 \u00a0 CUI \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a073001220400020250125101 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
N\u00famero \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Interno 152109 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Tutela \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02\u00aa Instancia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ANDERSON \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0FABI\u00c1N TOVAR MARROQU\u00cdN \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CARLOS \u00a0ROBERTO SOL\u00d3RZANO GARAVITO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
STP1112-2026 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0N.\u00b0 152109 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0No. 020 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D. C., tres (3) de febrero de dos mil veintis\u00e9is (2026). \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
I. OBJETO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0DE LA DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala se pronuncia sobre la impugnaci\u00f3n instaurada por ANDERSON \u00a0FABI\u00c1N TOVAR MARROQU\u00cdN, \u00a0frente al fallo de tutela proferido el 12 de diciembre de 2025, por \u00a0la Sala \u00a0de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial \u00a0de Ibagu\u00e9, \u00a0mediante \u00a0el \u00a0cual declar\u00f3 improcedente el amparo a su derecho fundamental \u00a0al debido proceso, que le fue presuntamente conculcado por el Juzgado \u00a0Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la \u00a0misma ciudad. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tr\u00e1mite se orden\u00f3 vincular a la Direcci\u00f3n y al \u00a0\u00c1rea Jur\u00eddica del Complejo Carcelario y Penitenciario \u00a0COIBA \u2013 Picale\u00f1a, todos de Ibagu\u00e9; y al \u00a0Ministerio P\u00fablico\u2013 Regional Tolima-. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
II. ANTECEDENTES \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Y FUNDAMENTOS \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0los delimit\u00f3 el Tribunal de primer grado: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0accionante interpuso la acci\u00f3n constitucional con el fin que \u00a0se ampare el derecho fundamental citado ut supra al considerar que el \u00a0Juzgado 5\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad \u00a0de Ibagu\u00e9 incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho al \u00a0negarle la concesi\u00f3n de beneficios y subrogados penales, a \u00a0trav\u00e9s del auto No. 685 del 3 de julio de 2025, toda vez que, \u00a0a su parecer, no puede fundamentarse exclusivamente en el art\u00edculo \u00a0199 de la Ley 1098 de 2006, en raz\u00f3n a que la v\u00edctima \u00a0del delito por el que fue condenado era menor de edad. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, solicita se ordene al juzgado accionado que deje sin \u00a0efectos los autos por medio de los que le ha negado sus solicitudes \u00a0de beneficios o subrogados penales, que estuvieren sustentados en la \u00a0referida norma. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
III. EL \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0FALLO IMPUGNADO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, luego de referirse a las \u00a0respuestas allegadas, declar\u00f3 la improcedencia del amparo, \u00a0toda vez que el actor no agot\u00f3 los recursos ordinarios que \u00a0proced\u00edan en contra del auto por medio del cual se le neg\u00f3 \u00a0el permiso administrativo de 72 horas y la redosificaci\u00f3n de \u00a0la pena. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
IV. LA \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0accionante manifiesta que (i) si la tutela era improcedente no deb\u00eda \u00a0admitirse, pues afecta la eficacia de este mecanismo, (ii) la \u00a0jurisprudencia constitucional colombiana ha indicado que los jueces \u00a0pueden incurrir en v\u00edas de hecho cuando emiten decisiones \u00a0arbitrarias y caprichosas en las que desconocen el ordenamiento \u00a0jur\u00eddico. Por eso, pide que \u00abinicien \u00a0el proceso humano que reconozca mis derechos en lugar de la \u00a0aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica de una norma restrictiva\u00bb, \u00a0y, \u00a0por \u00faltimo, (iii) trae a colaci\u00f3n los tipos de vicios \u00a0espec\u00edficos de las providencias judiciales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, pide conceder el amparo invocado. \u00a0<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0DE LA CORTE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0De \u00a0conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 32 del Decreto \u00a02591 de 1991, la Sala es competente para resolver la impugnaci\u00f3n \u00a0instaurada por el accionante, contra el fallo de tutela que emiti\u00f3 \u00a0una Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial, de quien \u00a0es su superior funcional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0La \u00a0acci\u00f3n de tutela es un mecanismo de protecci\u00f3n \u00a0excepcional\u00edsimo cuando se dirige en contra de providencias \u00a0judiciales y su prosperidad va ligada al cumplimiento de rigurosos \u00a0requisitos de procedibilidad que esta Corporaci\u00f3n, en posici\u00f3n \u00a0compartida por la Corte Constitucional en fallos C-590 de 2005 y \u00a0T-332 de 2006, entre otros, ha venido acogiendo y que implican una \u00a0carga para el actor, no s\u00f3lo en su planteamiento, sino tambi\u00e9n \u00a0en su demostraci\u00f3n. \u00a0Para esos efectos, se han establecido unos requisitos de car\u00e1cter \u00a0general, \u00a0que habilitan la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n y otros de \u00a0car\u00e1cter \u00a0espec\u00edfico, \u00a0relacionados con la procedencia del amparo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0Seg\u00fan \u00a0la jurisprudencia constitucional, los \u00a0requisitos generales se contraen a que: i) la cuesti\u00f3n que se \u00a0discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) se hayan \u00a0agotado todos los medios \u2013ordinarios y extraordinarios\u2013 \u00a0de defensa judicial, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n \u00a0de un perjuicio irremediable; iii) se cumpla el requisito de la \u00a0inmediatez; iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe \u00a0quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en \u00a0la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales \u00a0de la parte actora; v) el accionante identifique de manera razonable \u00a0tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los \u00a0derechos quebrantados y que hubiere alegado tal circunstancia en el \u00a0proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y; vi) no se \u00a0trate de sentencias de tutela. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0De otra parte, los requisitos de car\u00e1cter espec\u00edfico \u00a0implican \u00a0la demostraci\u00f3n de, por lo menos, uno de los siguientes \u00a0vicios: i) defecto org\u00e1nico (falta de competencia del \u00a0funcionario judicial); ii) defecto procedimental absoluto (desconocer \u00a0el procedimiento legal establecido); iii) defecto f\u00e1ctico (que \u00a0la decisi\u00f3n carezca de fundamentaci\u00f3n probatoria); iv) \u00a0defecto material o sustantivo (aplicar normas inexistentes o \u00a0inconstitucionales); v) error inducido (que la decisi\u00f3n \u00a0judicial se haya adoptado con base en el enga\u00f1o de un \u00a0tercero); vi) decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n (ausencia de \u00a0fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos en la decisi\u00f3n); \u00a0vii) desconocimiento del precedente (apartarse de los criterios de \u00a0interpretaci\u00f3n de los derechos definidos por la Corte \u00a0Constitucional) y viii) violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n \u00a0(CC C-590\/05). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0En \u00a0sede de impugnaci\u00f3n, el juez constitucional debe verificar el \u00a0contenido de la misma, en contraste con el acervo probatorio y el \u00a0fallo, tanto que, si a su juicio la sentencia carece de fundamento, \u00a0proceder\u00e1 a revocarla o de lo contrario la confirmar\u00e1, \u00a0tal como lo dispone el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991, \u00a0por el cual se regula el tr\u00e1mite de impugnaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
An\u00e1lisis \u00a0del caso \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0La Corte anticipa que se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n \u00a0impugnada, pues no se advierte que exista un error susceptible de \u00a0correcci\u00f3n en esta sede. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4.1. \u00a0En efecto, el accionante no confronta el hecho de que no present\u00f3 \u00a0recursos en contra del auto del 3 de julio de 2025, mediante el cual, \u00a0el Juzgado 5\u00b0 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad \u00a0de Ibagu\u00e9, le neg\u00f3 el permiso de 72 horas y la \u00a0redosificaci\u00f3n de su pena. Lo anterior, en l\u00edneas \u00a0generales, al encontrarse prohibido el beneficio por la Ley 1098 de \u00a02006, pues la conducta recay\u00f3 en contra de un menor de edad y \u00a0tampoco era viable el reajuste de la sanci\u00f3n por aplicaci\u00f3n \u00a0favorable de otra norma, de conformidad con los lineamientos de la \u00a0C-015 de 2018. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4.2. \u00a0En lo que respecta a los requisitos generales para la prosperidad de \u00a0la tutela contra providencias judiciales, se trata de un asunto de \u00a0relevancia constitucional, pues se alega la presunta afectaci\u00f3n \u00a0del derecho fundamental al debido proceso; \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4.3. \u00a0Sin embargo, se distanci\u00f3 de los requisitos de subsidiariedad \u00a0y residualidad \u00a0que habilitan el an\u00e1lisis sobre los supuestos yerros \u00a0espec\u00edficos. En efecto, la Corte Constitucional, en \u00a0providencia CC T-001-2017, entre otras, manifest\u00f3 que se \u00a0incumple, en los siguientes supuestos: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Asi\u0301 \u00a0pues, existen razones constitucionales esenciales que justifican la \u00a0necesidad de encontrar acreditado el cumplimiento del requisito de \u00a0subsidiariedad para la procedencia de la accio\u0301n de tutela \u00a0contra providencias judiciales. En este sentido, la jurisprudencia \u00a0constitucional ha identificado tres causales que conllevan a la \u00a0improcedencia de la accio\u0301n de tutela contra una providencia \u00a0judicial, por no cumplir con el requisito de subsidiariedad. Estas \u00a0son (i) el asunto esta\u0301 en tra\u0301mite; (ii) no \u00a0se han agotado los medios de defensa judicial ordinarios y \u00a0extraordinarios; \u00a0y (iii) se usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de \u00a0emplear los recursos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico\u00bb \u00a0(negrilla fuera del texto original). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4.4. \u00a0En este caso, el actor pudo \u00a0interponer el recurso de reposici\u00f3n y\/o apelaci\u00f3n en \u00a0contra del auto censurado, para exponer los errores en los que \u00a0supuestamente incurri\u00f3 el juzgado accionado y que hoy pretende \u00a0ventilar a trav\u00e9s del mecanismo excepcional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4.6. \u00a0Como \u00a0el libelista no interpuso recursos contra esa decisi\u00f3n, la \u00a0solicitud de amparo se torna improcedente \u00abnumeral \u00a01\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991\u00bb, \u00a0tal como lo ha reconocido la Corte Constitucional en sus diversas \u00a0decisiones (sentencias \u00a0SU\u2013111 de 1997 y T\u20131217 de 2003, entre otras), \u00a0pues no es adecuado invocar este medio de defensa excepcional cuando \u00a0no se agotan en debida forma los recursos ordinarios y \u00a0extraordinarios establecidos por el Legislador. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4.7. \u00a0Por su parte, la impugnaci\u00f3n no rebate las consideraciones que \u00a0sirvieron a la primera instancia para negar el amparo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4.8. \u00a0Al respecto, debe agregarse que para la admisi\u00f3n de la tutela \u00a0basta con el cumplimiento de unos requisitos m\u00ednimos, como la \u00a0legitimaci\u00f3n en la causa y la claridad en los fundamentos y \u00a0pretensiones, entre otros, pero de ninguna manera implica la adopci\u00f3n \u00a0de una decisi\u00f3n de fondo. Por el contrario, permite que los \u00a0convocados e interesados ejerzan sus derechos de defensa y \u00a0contradicci\u00f3n para luego habilitar un pronunciamiento por \u00a0parte del fallador. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4.9. \u00a0De otro lado, es cierto que la jurisprudencia constitucional ha \u00a0permitido la procedencia de la tutela en contra de providencias \u00a0judiciales. Sin embargo, como ya se explic\u00f3, se trata de un \u00a0mecanismo excepcional que implica el cumplimiento de unos requisitos \u00a0generales, que, solo una vez superados, s\u00ed habilitan el \u00a0estudio de eventuales defectos de fondo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4.10. \u00a0Para el asunto, no se super\u00f3 dicho umbral, por incumplimiento \u00a0del requisito general de subsidiariedad, lo cual impide el \u00a0subsiguiente an\u00e1lisis sobre los defectos espec\u00edficos. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4.11. \u00a0Adicionalmente, no se advierte la presencia de un perjuicio \u00a0irremediable, con las notas de grave, inminente y cierto, que exija \u00a0medidas urgentes por parte del juez constitucional, como para \u00a0flexibilizar este requisito. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0En consecuencia, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada, \u00a0por las razones ya referidas. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, LA \u00a0SALA DE DECISI\u00d3N DE ACCIONES DE TUTELA No. 1, DE LA SALA DE \u00a0CASACI\u00d3N PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, \u00a0administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
VI. RESUELVE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0CONFIRMAR \u00a0la \u00a0providencia impugnada \u00a0con \u00a0las precisiones anotadas. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0NOTIFICAR \u00a0a los sujetos procesales el presente fallo, por el medio m\u00e1s \u00a0expedito. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0LE\u00d3N BOLA\u00d1OS PALACIOS \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
JORGE \u00a0HERN\u00c1N D\u00cdAZ SOTO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CARLOS \u00a0ROBERTO SOL\u00d3RZANO GARAVITO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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