\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
GERSON \u00a0CHAVERRA CASTRO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
AHP033-2026 \u00a0<\/p>\n
Radicado \u00a0N\u00b0 72123 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintis\u00e9is (2026) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ASUNTO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Dentro \u00a0del t\u00e9rmino previsto en el numeral 1 del art\u00edculo 7\u00b0 \u00a0de la Ley 1095 de 20061, \u00a0el Despacho decide la impugnaci\u00f3n \u00a0interpuesta por Diego \u00a0Alberto Londo\u00f1o Henao \u00a0contra el fallo del 17 de febrero de 2026, por medio del cual un \u00a0Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u00a0declar\u00f3 improcedente su solicitud de amparo de habeas \u00a0corpus. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0RELEVANTES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0acuerdo con la informaci\u00f3n obrante en el expediente, se \u00a0sintetizan de la siguiente manera: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
a. \u00a0El 9 de noviembre de 2025, miembros de la Polic\u00eda Nacional \u00a0retuvieron a Diego \u00a0Alberto Londo\u00f1o Henao en \u00a0el municipio de Cisneros, Antioquia, porque en su contra figuraba una \u00a0circular roja de la INTERPOL. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
b. \u00a0El 10 de noviembre siguiente, la Direcci\u00f3n de Asuntos \u00a0Internacionales de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, \u00a0con oficio n\u00b0. 20251700122841, le inform\u00f3 tal novedad a la \u00a0Canciller\u00eda. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, a trav\u00e9s de la Nota Verbal S-DIAJI-25-039870, \u00a0tal cartera ministerial le comunic\u00f3 al Gobierno de la \u00a0Rep\u00fablica del Per\u00fa la situaci\u00f3n de Diego \u00a0Londo\u00f1o Henao. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
c. \u00a0Con Notas Verbales n\u00b0. 5-8-M\/386-2025 y 5-8-M\/392-2025 de fecha \u00a013 y 14 de noviembre de 2025, respectivamente, la Rep\u00fablica \u00a0del Per\u00fa pidi\u00f3 la detenci\u00f3n provisional, con \u00a0fines de extradici\u00f3n, de Londo\u00f1o \u00a0Henao, \u00a0requerido para comparecer ante la \u00abPrimera Sala Penal Superior \u00a0Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional de \u00a0Justicia Penal Especializada\u00bb, por el il\u00edcito de \u00a0\u00abtr\u00e1fico \u00a0il\u00edcito de drogas agravado\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
d. \u00a0Surtidos los tr\u00e1mites administrativos adecuados, el 14 de \u00a0noviembre de 2025, la Fiscal General de la Naci\u00f3n promulg\u00f3 \u00a0una Resoluci\u00f3n para disponer la captura del ciudadano \u00a0colombiano. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
e. \u00a0A trav\u00e9s de Nota Verbal n\u00b0. 5-8-M\/060-2026 del 3 de \u00a0febrero de 2026, el Gobierno de la Rep\u00fablica del Per\u00fa, \u00a0por intermedio de su Embajada en Colombia, formaliz\u00f3 el pedido \u00a0de extradici\u00f3n de Diego \u00a0Londo\u00f1o Henao, \u00a0para lo cual envi\u00f3 la documentaci\u00f3n pertinente. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
f. \u00a0El 6 de febrero de 2026, en la misiva S-DIAJI-26-003843, la Direcci\u00f3n \u00a0de Asuntos Jur\u00eddicos Internacionales del Ministerio de \u00a0Relaciones Exteriores conceptu\u00f3 que, en el caso, deb\u00eda \u00a0procederse con sujeci\u00f3n al \u00abAcuerdo \u00a0sobre extradici\u00f3n\u00bb, \u00a0adoptado en Caracas el 18 de julio de 1911, y el \u00abAcuerdo \u00a0entre el Gobierno de la Rep\u00fablica de Colombia y el Gobierno de \u00a0la Rep\u00fablica del Per\u00fa modificatorio del Convenio \u00a0Bolivariano de Extradici\u00f3n firmado el 18 de julio de 1911\u00bb, \u00a0firmado en lima el 22 de octubre de 2004. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
g. \u00a0Al constatar que la documentaci\u00f3n remitida por el pa\u00eds \u00a0extranjero era suficiente para perfeccionar el expediente, con oficio \u00a0n\u00b0. MJD-OFI26-0005428-GEX-10100 del 16 de febrero de 2026, la \u00a0Direcci\u00f3n de Asuntos Internacionales del Ministerio de \u00a0Justicia y del Derecho remiti\u00f3 la actuaci\u00f3n a la Sala \u00a0de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, para emitir \u00a0el respectivo concepto. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
h. \u00a0Para el d\u00eda 16 de febrero de 2026, el asunto a\u00fan no \u00a0hab\u00eda sido recibido por la Secretar\u00eda de la Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia2. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
DEL \u00a0HABEAS CORPUS \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a016 de febrero de 2026, Diego \u00a0Alberto Londo\u00f1o radic\u00f3 \u00a0demanda de habeas \u00a0corpus contra \u00a0la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la cual se reparti\u00f3 \u00a0a un Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0actor hizo un recuento de las circunstancias de su detenci\u00f3n, \u00a0ocurrida el 9 de noviembre de 2025, en virtud de una notificaci\u00f3n \u00a0roja de INTERPOL. Narr\u00f3 que, luego de ello, fue trasladado a \u00a0una estaci\u00f3n de la Polic\u00eda, y despu\u00e9s, al \u00a0Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogot\u00e1 (La Picota). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0eso expuesto, afirm\u00f3 que, a la fecha, pasaron m\u00e1s de \u00a0cien d\u00edas, sin que se le haya notificado la \u00abformalizaci\u00f3n \u00a0del pedido\u00bb \u00a0de extradici\u00f3n, deber en cabeza de la Rep\u00fablica del \u00a0Per\u00fa, acorde con el art\u00edculo 9\u00ba del Acuerdo entre \u00a0tal pa\u00eds y Colombia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Aunado \u00a0a ello, despu\u00e9s de destacar su edad y condici\u00f3n \u00a0familiar, afirm\u00f3 que no fue llevado ante un Juez de Control de \u00a0Garant\u00edas para legalizar su captura, situaci\u00f3n que \u00a0vulner\u00f3 las normas nacionales sobre tal materia; en concreto, \u00a0los art\u00edculos 297, 302 y 511 del C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento Penal, 28 y 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0fundamento en expuesto, al reiterar el vencimiento del t\u00e9rmino \u00a0convencional para formalizar la extradici\u00f3n, el demandante \u00a0pidi\u00f3 se conceda su libertad inmediata. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Un \u00a0Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u00a0declar\u00f3 improcedente el amparo. Consider\u00f3 que Diego \u00a0Alberto Londo\u00f1o est\u00e1 \u00a0a disposici\u00f3n de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, \u00a0autoridad ante quien deber\u00e1 pedir su libertad, de considerar \u00a0que se excedi\u00f3 el t\u00e9rmino para formalizar el pedido de \u00a0extradici\u00f3n; situaci\u00f3n no acreditada en la actuaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Ante \u00a0tal realidad, concluy\u00f3 que el actor no agot\u00f3, de forma \u00a0preliminar, los mecanismos ordinarios para debatir la prolongaci\u00f3n \u00a0ilegal de su libertad, sin que el juez de habeas \u00a0corpus pueda \u00a0suplir las competencias del ente acusador. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Respecto \u00a0a la omisi\u00f3n de ser puesto ante un funcionario con funci\u00f3n \u00a0de control de garant\u00edas, se\u00f1al\u00f3 que la \u00a0extradici\u00f3n es un mecanismo de cooperaci\u00f3n \u00a0internacional, frente al cual no aplican las normas que regulan la \u00a0captura, privaci\u00f3n de la libertad y concesi\u00f3n de tal \u00a0prerrogativa, como si se tratara de un proceso penal ordinario, al \u00a0existir norma o convenci\u00f3n entre los Estados involucrados. \u00a0<\/p>\n
DE \u00a0LA IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Inconforme \u00a0con la anterior decisi\u00f3n, Diego \u00a0Alberto Londo\u00f1o Henao \u00a0la \u00a0impugn\u00f3. Con miras a revocarla, dijo que su privaci\u00f3n \u00a0de la libertad s\u00ed se prolong\u00f3 ilegalmente, porque se \u00a0super\u00f3 el t\u00e9rmino convencional de noventa d\u00edas \u00a0para que el Gobierno de la Rep\u00fablica del Per\u00fa \u00a0formalizara el pedido de extradici\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Tach\u00f3 \u00a0como falso que el 3 de febrero de 2026, el pa\u00eds requirente \u00a0cumpliera con tal tr\u00e1mite, pues no fue notificado, evento que \u00a0vulner\u00f3 el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica. Tambi\u00e9n, insisti\u00f3 en se\u00f1alar \u00a0que no fue dirigido ante un juez de control de garant\u00edas para \u00a0legalizar su captura. As\u00ed, insisti\u00f3 que debe concederse \u00a0su libertad. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Seg\u00fan \u00a0lo previsto en el art\u00edculo 7 de la Ley 1095 de 2006, el \u00a0Despacho es competente para conocer de la impugnaci\u00f3n \u00a0promovida contra la decisi\u00f3n que declar\u00f3 improcedente \u00a0el habeas \u00a0corpus \u00a0postulado por Diego \u00a0Alberto Londo\u00f1o Henao. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0El art\u00edculo 30 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00a0consagra \u00a0el habeas \u00a0corpus \u00a0en favor de la persona que privada de su libertad por una decisi\u00f3n \u00a0judicial, cree estarlo ilegalmente. La Ley Estatutaria 1095 de 2006, \u00a0a su vez, lo define como derecho fundamental y acci\u00f3n \u00a0constitucional, que tutela la libertad personal de quien es privado \u00a0de ella con violaci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales \u00a0o legales, o cuando esta se prolonga ilegalmente.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
El \u00a0habeas \u00a0corpus\u00a0en \u00a0su car\u00e1cter\u00a0reparador, persigue restablecer la libertad \u00a0personal de quien ha sido privado de ella sin mandato judicial \u00a0(principio de \u00a0reserva judicial), \u00a0salvo la hip\u00f3tesis de la captura en flagrancia prevista en la \u00a0Carta Pol\u00edtica\u00a0y desarrollada legalmente\u00a0en el art. \u00a0301 de la Ley 906 de\u00a02004, modificado por el canon la Ley 1453 \u00a0de 2011, o la del que se encuentra detenido en virtud de decisi\u00f3n \u00a0judicial, pero se prolonga sin justificaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0finalidad del amparo constitucional y legal es la de establecer si la \u00a0aprehensi\u00f3n o privaci\u00f3n efectiva de la persona se \u00a0adelant\u00f3 o cumple con observancia de sus garant\u00edas, \u00a0seg\u00fan lo establece la Ley estatutaria al darle connotaci\u00f3n \u00a0de acci\u00f3n reparadora. De ah\u00ed que cualquier situaci\u00f3n \u00a0distinta a tal comprobaci\u00f3n, resulta ajena al \u00e1mbito de \u00a0protecci\u00f3n del habeas \u00a0corpus. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0este sentido, se tiene dicho que la acci\u00f3n constitucional no \u00a0ha sido instituida para sustituir al funcionario judicial legalmente \u00a0encargado de resolver los recursos, ni tampoco para juzgar la \u00a0conducta del competente para resolver las peticiones de libertad. \u00a0Autorizar una intervenci\u00f3n de esta naturaleza, conducir\u00eda \u00a0a la modificaci\u00f3n de las competencias y procedimientos \u00a0establecidos, y desnaturalizar\u00eda el objeto y fin del amparo \u00a0constitucional. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0ello, el car\u00e1cter supletorio de la acci\u00f3n tutelar de la \u00a0libertad es incuestionable e inmodificable en el sistema jur\u00eddico \u00a0interno. La pretensi\u00f3n de que por esta v\u00eda excepcional \u00a0se solucionen problemas relativos a la libertad y se hagan juicios de \u00a0valor acerca de las decisiones judiciales que la niegan, sin \u00a0intervenci\u00f3n del funcionario judicial legalmente llamado a \u00a0resolverla, ni m\u00e1s ni menos, implica una intromisi\u00f3n \u00a0indebida e intolerable en asuntos que escapan, en principio, al juez \u00a0de habeas \u00a0corpus. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0En \u00a0el caso \u00a0concreto, \u00a0la Sala anticipa que la presente acci\u00f3n impulsada por Diego \u00a0Alberto Londo\u00f1o Henao \u00a0es improcedente, como se procede a sustentar: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
a. \u00a0Seg\u00fan lo reconoci\u00f3 el actor, el 9 de noviembre de 2025 \u00a0fue retenido por miembros de la Polic\u00eda Nacional, por existir \u00a0una notificaci\u00f3n roja de la INTERPOL en su contra, en virtud \u00a0de un requerimiento del Gobierno de la Rep\u00fablica del Per\u00fa. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
b. \u00a0Tal situaci\u00f3n caus\u00f3 que ese pa\u00eds, mediante las \u00a0Notas Verbales 5-8-M\/386-2025 y 5-8-M\/392-2025 del 13 y 14 de \u00a0noviembre de 2025, respectivamente, pidiera la detenci\u00f3n \u00a0provisional de Diego \u00a0Londo\u00f1o \u00a0Henao. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
c. \u00a0Con eso presente, Londo\u00f1o \u00a0Henao acudi\u00f3 \u00a0a la acci\u00f3n constitucional por considerar que el t\u00e9rmino \u00a0convencional para formalizar el pedido de extradici\u00f3n venci\u00f3. \u00a0Es decir, plante\u00f3 una hip\u00f3tesis de prolongaci\u00f3n \u00a0il\u00edcita de la privaci\u00f3n de la libertad. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Pero, \u00a0como concluy\u00f3 la instancia, el desconocimiento del requisito \u00a0de subsidiaridad hace improcedente la solicitud de protecci\u00f3n \u00a0constitucional. En el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n, para \u00a0preservar el derecho a la libertad, la persona reclamada tiene a su \u00a0disposici\u00f3n un mecanismo id\u00f3neo al que debe acudir en \u00a0eventos como el examinado; este es, el establecido en el art. 511 del \u00a0C\u00f3digo de Procedimiento Penal. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
All\u00ed, \u00a0el ordenamiento jur\u00eddico nacional regula cu\u00e1l es la \u00a0autoridad encargada de disponer la libertad del reclamado, lo que es \u00a0competencia exclusiva de la Fiscal General de la Naci\u00f3n, \u00a0quien, no sobra acentuar, tambi\u00e9n es la encargada de ordenar \u00a0la captura, seg\u00fan lo descrito en el art. 509 de la Ley 906 de \u00a02004. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0tal modo, es di\u00e1fano que esa funcionaria es quien se debe \u00a0pronunciar, en primera medida, en torno a situaciones que involucren \u00a0la libertad o detenci\u00f3n del reclamado; a\u00fan m\u00e1s, \u00a0cuando existe una Resoluci\u00f3n que dispuso su detenci\u00f3n \u00a0con fines de extradici\u00f3n, fechada 14 de noviembre de 2025. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0pretermisi\u00f3n de tal postulaci\u00f3n impide un \u00a0pronunciamiento de fondo para verificar si se constituy\u00f3 una \u00a0causal de libertad (vencimiento \u00a0para formalizar el pedido de extradici\u00f3n), \u00a0porque, se insiste, ello es facultad exclusiva de otra autoridad, \u00a0seg\u00fan se anot\u00f3. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Una \u00a0determinaci\u00f3n distinta, avalar\u00eda la arrogaci\u00f3n \u00a0de atribuciones ajenas, lo que se traducir\u00eda en una \u00a0injustificada invasi\u00f3n de la \u00f3rbita del funcionario \u00a0competente. En esos t\u00e9rminos, materializada la captura con \u00a0fines de extradici\u00f3n, a la Fiscal General le ata\u00f1e \u00a0verificar el cumplimiento de los presupuestos convencionales o \u00a0legales previstos, seg\u00fan sea el caso, para la concesi\u00f3n \u00a0de la libertad pretendida3. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed, \u00a0no hay discusi\u00f3n en que la referida autoridad es a quien le \u00a0corresponde determinar si procede, o no, la libertad de Diego \u00a0Alberto Londo\u00f1o, \u00a0y es ante aquella que se deben elevar solicitudes de tal \u00edndole. \u00a0Como el actor no acredit\u00f3 el agotamiento de tal aspecto, \u00a0previo a acudir al juez de habeas \u00a0corpus, \u00a0la conclusi\u00f3n es que no se supera la subsidiariedad. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Adicional \u00a0a ello, el recurrente no dio razones objetivas para cuestionar la \u00a0decisi\u00f3n de primera instancia, pues en su escrito s\u00f3lo \u00a0a\u00f1adi\u00f3 que no se le notific\u00f3 la formalizaci\u00f3n \u00a0de la solicitud de extradici\u00f3n, circunstancia que, ni la ley, \u00a0ni la convenci\u00f3n existente entre Per\u00fa y Colombia, \u00a0contemplan de forma expresa. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Ahora, no hay discusi\u00f3n en que Diego \u00a0Londo\u00f1o est\u00e1 \u00a0privado de su locomoci\u00f3n por una solicitud de extradici\u00f3n \u00a0del Gobierno de la Rep\u00fablica del Per\u00fa. Entonces, es \u00a0inviable afirmar que tal situaci\u00f3n tenga como origen un \u00a0proceso penal iniciado en Colombia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo tanto, no es plausible acudir a la regla del art. 28 de la \u00a0Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, frente al t\u00e9rmino en el \u00a0que una persona privada de la libertad debe ser presentada ante un \u00a0juez de control de garant\u00edas. La raz\u00f3n de tal \u00a0afirmaci\u00f3n es que, \u00abla \u00a0persona requerida en extradici\u00f3n, que puede ser nacional o \u00a0extranjera, no est\u00e1 sujeta, en cuanto al juzgamiento de su \u00a0conducta, a las normas de nuestra legislaci\u00f3n, puesto que no \u00a0va a ser procesada ni juzgada por autoridades nacionales\u00bb4. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00a0la Corte Constitucional ha explicado que: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0En \u00a0el caso de personas solicitadas en extradici\u00f3n, por delitos \u00a0cometidos en otro Estado, es claro que al ser juzgadas por fuera de \u00a0Colombia y ser requeridas por una autoridad extranjera para proseguir \u00a0su juzgamiento o para ejecutar la condena, estar\u00e1n sometidas \u00a0tambi\u00e9n a procedimientos diferentes a los aplicables a quienes \u00a0han delinquido en nuestro territorio, lo cual no vulnera en modo \u00a0alguno el derecho a la igualdad ni constituye discriminaci\u00f3n, \u00a0por tratarse de situaciones jur\u00eddicas no equiparables.5 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0base en ello, el argumento empleado por Londo\u00f1o \u00a0Henao, \u00a0seg\u00fan el cual no haber sido llevado ante los jueces de control \u00a0de garant\u00edas para legalizar su detenci\u00f3n por una \u00a0circular roja de INTERPOL configur\u00f3 un plano irregular, no \u00a0est\u00e1 llamado a prosperar. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Una vez analizados los argumentos empleados por el impugnante, como \u00a0ninguno result\u00f3 suficiente para superar el requisito de \u00a0subsidiariedad, premisa usada por el Tribunal para declarar \u00a0improcedente el amparo, la Corte confirmar\u00e1 la providencia \u00a0impugnada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Penal, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Confirmar la \u00a0decisi\u00f3n impugnada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Contra \u00a0lo dispuesto no procede recurso alguno. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Notif\u00edquese \u00a0y devu\u00e9lvase la actuaci\u00f3n al Tribunal de origen. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
GERSON \u00a0CHAVERRA CASTRO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Nubia \u00a0Yolanda Nova Garc\u00eda \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El reparto se materializ\u00f3 el 19 de noviembre de 2025. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Al revisar el sistema ESAV, se encontr\u00f3 que el asunto fue \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0repartido el 16 de febrero de 2026 y le correspondi\u00f3 al \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Magistrado Gerardo Barbosa Castillo. \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Esto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0tambi\u00e9n tiene sustento en la decisi\u00f3n CC, A-401 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02018, donde la Corte Constitucional determin\u00f3 que, por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0mandato del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, es de resorte de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n: (i) ordenar la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0captura con fines de extradici\u00f3n; y, (ii) resolver las \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0controversias relacionadas con \u00e9sta. \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CC, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0C-700 de 2000. \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00cddem. \u00a0<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Tambi\u00e9n, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en decisi\u00f3n CSJ AP, 8 jun. 2007, rad. 276374, que se volvi\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a citar en CSJ AHP121, 10 sept. 2025, rad. 70380, se indic\u00f3: \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00ab(\u2026) como \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ya ampliamente lo ha dejado sentado la Corte Constitucional, en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0revisi\u00f3n de las normas regulatorias de la extradici\u00f3n, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0se trata aqu\u00ed de un tr\u00e1mite eminentemente \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0administrativo que busca asegurar la presencia del solicitado en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0otro pa\u00eds, mediante el mecanismo de captura y env\u00edo a \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la naci\u00f3n requirente, para lo cual, debe resaltarse, se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0entiende necesario adelantar diligencias, encaminadas precisamente a \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0proteger los derechos del ciudadano, sin que ello implique, como \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0equivocadamente lo entiende la impugnante, que durante el lapso \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0requerido para el efecto haya de intervenir un juez Colombiano, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0entre otras razones, porque ninguna norma habilita la competencia de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0un espec\u00edfico funcionario para el efecto. || Y mal podr\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0hacerlo, cuando es claro que la competencia del juez en nuestro pa\u00eds \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0necesariamente implica que a su cargo se halle el conocimiento de un \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0proceso penal, respecto de un delito cometido en Colombia que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0demanda de la consecuente investigaci\u00f3n. || Si se conoce que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ese delito no tuvo ocurrencia en Colombia, o por su naturaleza \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0global se investiga en el pa\u00eds requirente, de entrada, se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0aprecia la impropiedad de la intervenci\u00f3n del juez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Colombiano, no s\u00f3lo por su ostensible incompetencia, sino \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0porque la captura y actual confinamiento carcelario, se repite, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0operan precisamente para efectos de que la persona sea puesta a \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0disposici\u00f3n del juez o Tribunal competente en el pa\u00eds \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0requirente. \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 GERSON \u00a0CHAVERRA CASTRO \u00a0 \u00a0\u00a0 AHP033-2026 \u00a0 Radicado \u00a0N\u00b0 72123 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1, \u00a0D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintis\u00e9is (2026) \u00a0 \u00a0\u00a0 ASUNTO \u00a0 \u00a0\u00a0 Dentro \u00a0del t\u00e9rmino previsto en el numeral 1 del art\u00edculo 7\u00b0 \u00a0de la Ley 1095 de 20061, \u00a0el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[109],"tags":[],"class_list":["post-91382","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-buscar-en-toda-la-sala-penal"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/91382","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=91382"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/91382\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=91382"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=91382"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=91382"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}