\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
GERSON \u00a0CHAVERRA CASTRO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
STP775-2026 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0N\u00b0 151537 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0No. 010 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ASUNTO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala se pronuncia en relaci\u00f3n con la demanda de tutela \u00a0promovida por Rodrigo \u00a0Tovar Pupo, \u00a0a trav\u00e9s de apoderado judicial, en contra de la Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, por la \u00a0vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y \u00a0acceso a la administraci\u00f3n de justicia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Al \u00a0tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado Primero Penal del \u00a0Circuito Especializado de Descongesti\u00f3n, la Fiscal\u00eda \u00a0Noventa y Cuatro Delegada ante los Jueces Penales del Circuito \u00a0Especializado, todos de Valledupar, y las partes e intervinientes del \u00a0proceso 20001-31-07-001-2015-01155-01. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0acuerdo con la informaci\u00f3n aportada al proceso y la consignada \u00a0en la demanda constitucional, se logr\u00f3 determinar lo \u00a0siguiente: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Por \u00a0hechos ocurridos en octubre de 1996 en el corregimiento de Media \u00a0Luna, perteneciente al municipio de San Diego \u2013 Cesar, donde \u00a0siete personas perdieron la vida1 \u00a0y cuatro resultaron desaparecidas2, \u00a0se adelant\u00f3 el proceso penal 20001-31-07-001-2015-01155-00 \u00a0contra \u00a0Rodrigo Tovar Pupo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bajo \u00a0la Ley 600 de 2000, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u00a0llev\u00f3 a cabo las siguientes actuaciones: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
i. \u00a0Por medio de Resoluci\u00f3n del 31 de enero de 2012, la Fiscal\u00eda \u00a0General de la Naci\u00f3n inici\u00f3 investigaci\u00f3n contra \u00a0Tovar Pupo, \u00a0ordenando o\u00edrlo en indagatoria. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ii. \u00a0El 8 de julio de 2013, el procesado fue vinculado a trav\u00e9s de \u00a0la declaratoria de persona ausente. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
iii. \u00a0El 15 de julio de 2013, resolvi\u00f3 la situaci\u00f3n jur\u00eddica \u00a0del sindicado, por los delitos de homicidio agravado en concurso \u00a0homog\u00e9neo, secuestro extorsivo y desaparici\u00f3n forzada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
iv. \u00a0El 11 de junio de 2015, calific\u00f3 el m\u00e9rito del sumario. \u00a0Acus\u00f3 a Tovar Pupo por los punibles mencionados, providencia \u00a0que qued\u00f3 ejecutoriada el 21 de septiembre de 2015. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0El \u00a06 de noviembre de 2015, el \u00a0Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Descongesti\u00f3n \u00a0de Valledupar avoc\u00f3 conocimiento del tr\u00e1mite. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Agotados \u00a0las fases procesales, el 20 de agosto de 2020 profiri\u00f3 fallo. \u00a0Resolvi\u00f3 declarar a Rodrigo \u00a0Tovar Pupo \u00a0penalmente responsable \u2014en \u00a0calidad de coautor material, a t\u00edtulo de dolo\u2014 de \u00a0los delitos de homicidio agravado y desaparici\u00f3n forzada por \u00a0lo que le impuso las penas de 60 a\u00f1os de prisi\u00f3n, multa \u00a0de 8.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes e \u00a0inhabilitaci\u00f3n para el desempe\u00f1o de funciones y cargos \u00a0p\u00fablicos por 134 meses. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0juez no concedi\u00f3 la suspensi\u00f3n condicional de la \u00a0ejecuci\u00f3n de la pena ni la prisi\u00f3n domiciliaria. En ese \u00a0sentido, requiri\u00f3 a los ministerios de Relaciones Exteriores y \u00a0de Justicia y del Derecho a fin de adelantar los tr\u00e1mites \u00a0necesarios ante el gobierno de Estados Unidos que condujeran a la \u00a0notificaci\u00f3n personal de la sentencia, y a la subsecuente \u00a0extradici\u00f3n de Tovar \u00a0Pupo, \u00a0quien, por \u00faltimo, fue absuelto del delito de secuestro \u00a0extorsivo agravado.3 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0defensa present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n.4 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0El \u00a017 de junio de 2025, la Sala Penal del Tribunal Superior de \u00a0Valledupar confirm\u00f3 la sentencia de primera instancia.5 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a02 de septiembre de 2025, declar\u00f3 desierto el recurso \u00a0extraordinario de casaci\u00f3n. No obstante, el 19 de septiembre \u00a0siguiente, la autoridad repuso la decisi\u00f3n y permiti\u00f3 \u00a0dar continuidad al tr\u00e1mite de casaci\u00f3n. En ese sentido, \u00a0en auto del 22 de octubre de 2025, la Sala Penal del Tribunal \u00a0Superior de Valledupar concedi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n \u00a0y orden\u00f3 remitir el expediente a la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Penal de la Corte Suprema de Justicia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Entretanto, \u00a0el 14 de octubre de 2025 el apoderado judicial de \u00a0Rodrigo Tovar Pupo present\u00f3 \u00a0solicitud de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal ante la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0El \u00a018 de diciembre de 2025 \u00a0Rodrigo Tovar Pupo, \u00a0a trav\u00e9s de apoderado judicial, present\u00f3 acci\u00f3n \u00a0de tutela contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito \u00a0Judicial de Valledupar. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Relat\u00f3 \u00a0los antecedentes procesales del tr\u00e1mite \u00a020001-31-07-001-2015-01155-01. \u00a0En ese contexto, refiri\u00f3 que la defensa present\u00f3 \u00a0vicisitudes en el tr\u00e1mite del recurso de casaci\u00f3n, \u00a0cuando el 2 de septiembre de 2025 fue declarado desierto, las cuales \u00a0fueron superadas con el auto del 19 de septiembre siguiente, el \u00a0Tribunal accionado repuso la decisi\u00f3n anterior y dio \u00a0continuidad al tr\u00e1mite de casaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Afirm\u00f3 \u00a0que su apoderado present\u00f3 solicitud de prescripci\u00f3n, a \u00a0trav\u00e9s de memorial del 14 de octubre de 2025, pero el 24 de \u00a0octubre la Sala Penal del Tribunal Superior \u00a0de Valledupar le \u00a0notific\u00f3 el auto por medio del cual concedi\u00f3 \u00a0el recurso de casaci\u00f3n y advirti\u00f3 que no ten\u00eda \u00a0competencia para resolver aquella solicitud. Tal asunto le \u00a0corresponder\u00eda resolverlo a la Sala de Casaci\u00f3n Penal \u00a0de la Corte Suprema de Justicia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0actor mencion\u00f3 que el Tribunal s\u00ed conservaba la \u00a0competencia y que debe resolver la solicitud de prescripci\u00f3n \u00a0de la acci\u00f3n penal. \u00a0Al no hacerlo, vulner\u00f3 sus derechos fundamentales al debido \u00a0proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Aleg\u00f3 \u00a0que la \u00abdefensa \u00a0no cuenta con otro medio para proteger\u00bb \u00a0sus derechos fundamentales. En tal virtud, pidi\u00f3 al juez de \u00a0tutela: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Pronunciarse de fondo sobre la solicitud de prescripci\u00f3n \u00a0presenta dentro del t\u00e9rmino por la defensa t\u00e9cnica del \u00a0se\u00f1or Rodrigo Tovar Pupo, el pasado 14 de octubre de 2025, al \u00a0ser la autoridad competente para decidir de fondo sobre el tema en \u00a0cuesti\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESPUESTAS \u00a0DE LOS ACCIONADOS \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0La \u00a0Sala \u00a0Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar \u00a0inform\u00f3 que el expediente 20001-31-07-001-2015-01155-00 le fue \u00a0entregado el 4 de junio de 2025, cuatro a\u00f1os despu\u00e9s de \u00a0la emisi\u00f3n de la sentencia de primera instancia; motivo por el \u00a0cual compuls\u00f3 copias disciplinarias y penales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Indic\u00f3 \u00a0que la solicitud de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, \u00a0interpuesta por el apoderado del accionante, fue remitida al despacho \u00a0correspondiente luego de la interposici\u00f3n del recurso \u00a0extraordinario de casaci\u00f3n, \u00abraz\u00f3n \u00a0por la que se consider\u00f3 por parte de esta sala (sic) indicar \u00a0que dicha postulaci\u00f3n se deber\u00eda resolver en el estudio \u00a0del recurso de casaci\u00f3n por parte de la Honorable Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Penal\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0\u00faltimo, indic\u00f3 que ya efectu\u00f3 tr\u00e1mite de \u00a0remisi\u00f3n del expediente ante la Sala de Casaci\u00f3n de la \u00a0Corte Suprema de Justicia, autoridad que de manera oficiosa puede \u00a0decretar la prescripci\u00f3n deprecada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0El \u00a0Juzgado \u00a0Primero Penal del Circuito Especializado de Valledupar narr\u00f3 \u00a0grosso \u00a0modo \u00a0los antecedentes del proceso cuando estuvo a cargo de \u00e9l, \u00a0espec\u00edficamente, relat\u00f3 lo sucedido en el tr\u00e1mite \u00a0del recurso de apelaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Aport\u00f3 \u00a0enlace de acceso al expediente digitalizado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Por su parte, la Fiscal\u00eda Ciento Veinte Delegada ante los \u00a0Jueces Penales del Circuito Especializados, de la Direcci\u00f3n \u00a0Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos \u2014 \u00a0DECVDH, indic\u00f3 que carece de legitimaci\u00f3n en la causa \u00a0por pasiva en tanto la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 dirigida \u00a0exclusivamente contra la Sala \u00a0Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tanto, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0La Sala es competente para conocer del presente asunto conforme con \u00a0lo dispuesto en el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de \u00a02015, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de \u00a02021, toda vez que el reproche constitucional se dirige contra la \u00a0Sala \u00a0Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Seg\u00fan \u00a0lo establece el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica, toda persona tiene la facultad de promover acci\u00f3n \u00a0de tutela ante los jueces con miras a obtener la protecci\u00f3n \u00a0inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando por \u00a0acci\u00f3n u omisi\u00f3n le sean vulnerados o amenazados por \u00a0cualquier autoridad p\u00fablica o por particulares en los casos \u00a0previstos de forma expresa en la ley, siempre que no exista otro \u00a0medio de defensa judicial, a no ser que se utilice como mecanismo \u00a0transitorio para evitar la materializaci\u00f3n de un perjuicio \u00a0irremediable. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0De conformidad con la demanda de tutela, en el presente asunto el \u00a0problema jur\u00eddico se contrae a determinar si es procedente la \u00a0acci\u00f3n de tutela interpuesta por Rodrigo \u00a0Tovar Pupo, \u00a0por conducto de apoderado, contra la Sala \u00a0Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0De \u00a0la acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales presupone la \u00a0concurrencia de unos requisitos de procedibilidad, gen\u00e9ricos y \u00a0espec\u00edficos, que consientan su interposici\u00f3n6; \u00a0esto con la finalidad de evitar que la misma se convierta en un \u00a0instrumento para discutir la disparidad de criterios entre los \u00a0sujetos procesales y la autoridad accionada, contrariando as\u00ed \u00a0su esencia, que no es distinta a denunciar la violaci\u00f3n y \u00a0obtener el restablecimiento de los derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0cuanto a los requisitos gen\u00e9ricos, estos implican (i) \u00a0que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia \u00a0constitucional; (ii) \u00a0que se hayan agotado todos los medios \u2013ordinarios \u00a0y extraordinarios\u2013 de \u00a0defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se \u00a0trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental \u00a0irremediable; (iii) \u00a0que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela \u00a0se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado \u00a0a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) \u00a0que, cuando se trate de una irregularidad procesal, quede claro que \u00a0la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que \u00a0se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte \u00a0actora; (v) \u00a0que \u00a0la parte accionante identifique de manera razonable tanto los hechos \u00a0que generaron la afectaci\u00f3n como los derechos vulnerados y que \u00a0estos se hubiesen alegado en el proceso judicial, siempre que esto \u00a0hubiere sido posible y, por \u00faltimo, (vi) \u00a0que \u00a0no se trate de sentencias de tutela. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora, \u00a0en relaci\u00f3n con los segundos, la jurisprudencia antes referida \u00a0ha reiterado que para verificar su cumplimiento se debe lograr la \u00a0demostraci\u00f3n de por lo menos uno de los siguientes vicios: a) \u00a0un defecto org\u00e1nico (falta de competencia del funcionario \u00a0judicial); b) \u00a0un defecto procedimental absoluto (desconocer el procedimiento legal \u00a0establecido); c) \u00a0un defecto f\u00e1ctico (que la decisi\u00f3n carezca de \u00a0fundamentaci\u00f3n probatoria); d) \u00a0un defecto material o sustantivo (aplicar normas inexistentes o \u00a0inconstitucionales); e) \u00a0un error inducido (que la decisi\u00f3n judicial se haya adoptado \u00a0con base en el enga\u00f1o de un tercero); f) \u00a0una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n (ausencia de fundamentos \u00a0f\u00e1cticos y jur\u00eddicos en la providencia); g) \u00a0un desconocimiento del precedente (apartarse de los criterios de \u00a0interpretaci\u00f3n de los derechos definidos por la Corte \u00a0Constitucional) o h) \u00a0la violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese orden, el interesado debe demostrar de manera clara cu\u00e1l \u00a0es la irregularidad grave en la que incurri\u00f3 el funcionario \u00a0judicial, su efecto decisivo o determinante en la decisi\u00f3n que \u00a0se impugna y c\u00f3mo afecta sus derechos fundamentales. No basta \u00a0con aducir cualquier anomal\u00eda o desacierto dentro del proceso \u00a0para que por v\u00eda de amparo pueda revisarse la actuaci\u00f3n \u00a0de un funcionario judicial, en tanto que el juez constitucional no es \u00a0una instancia adicional revisora \u00a0de \u00a0la actuaci\u00f3n ordinaria.\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0otros t\u00e9rminos, es factible acudir a la tutela frente a una \u00a0irrazonable decisi\u00f3n judicial. Y el error de la autoridad debe \u00a0ser flagrante \u00a0y manifiesto, \u00a0pues no puede el juez constitucional convertirse en un escenario \u00a0supletorio de la actuaci\u00f3n valorativa propia del juez que \u00a0conoce el proceso. Ello desconocer\u00eda su competencia y \u00a0autonom\u00eda.\u00a0\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Del caso concreto. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Pues \u00a0bien, la Sala debe analizar los requisitos generales de \u00a0procedibilidad de tutela contra providencia judicial, antes de \u00a0proceder con el an\u00e1lisis de una eventual configuraci\u00f3n \u00a0de un defecto que amerite el an\u00e1lisis de fondo del amparo (CC \u00a0C-590 de 2005). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0segundo t\u00e9rmino, cumple con el requisito de inmediatez. Esto, \u00a0porque la providencia fue proferida el 22 de octubre de 2025 y la \u00a0acci\u00f3n de tutela fue instaurada el 18 de diciembre de 2025, es \u00a0decir, dentro de un tiempo razonable. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Sin \u00a0embargo, el amparo no satisface el requisito general \u2013de \u00a0tutela contra providencia judicial\u2013 \u00a0de subsidiariedad. Esto, por cuanto el actor present\u00f3 recurso \u00a0extraordinario de casaci\u00f3n contra el fallo de segunda \u00a0instancia y, en tal virtud, el proceso penal est\u00e1 en curso. De \u00a0modo que, es al interior de aqu\u00e9l que debe debatirse las \u00a0cuestiones relativas a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n \u00a0penal al interior del proceso 20001-31-07-001-2015-01155-00. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0acuerdo con la informaci\u00f3n aportada y la consignada en la \u00a0demanda constitucional, en sentencia del 17 de junio de 2025 la Sala \u00a0Penal del Tribunal Superior de Valledupar confirm\u00f3 la \u00a0sentencia de primera instancia, que conden\u00f3 a Tovar \u00a0Pupo \u00a0a la pena principal de 60 a\u00f1os de prisi\u00f3n.7 \u00a0Luego, declar\u00f3 desierto el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, \u00a0en auto del 2 de septiembre de 2025, pero el 19 de septiembre \u00a0siguiente repuso la decisi\u00f3n y permiti\u00f3 dar continuidad \u00a0al tr\u00e1mite de casaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese sentido, en auto del 22 de octubre de 2025, la Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior de Valledupar concedi\u00f3 el recurso de \u00a0casaci\u00f3n y orden\u00f3 remitir el expediente a la Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Y \u00a0si bien en esa providencia el Tribunal afirm\u00f3 que carec\u00eda \u00a0de competencia para resolver la solicitud de prescripci\u00f3n de \u00a0la acci\u00f3n penal, lo hizo bajo el supuesto de que es un tema \u00a0que puede ser desatado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal dela \u00a0Corte Suprema de Justicia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, de acuerdo con la consulta efectuada por la Sala de Decisi\u00f3n \u00a0de Tutelas8, \u00a0el expediente lleg\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta \u00a0Corporaci\u00f3n el 28 de octubre de 2025, como se aprecia en la \u00a0imagen 1: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Imagen \u00a01 \u00a0<\/p>\n
Petici\u00f3n \u00a0de extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal que, en efecto, puede \u00a0ser resuelto por la Corporaci\u00f3n a la que ya le fue asignado el \u00a0asunto, de manera que no es necesaria la intervenci\u00f3n del juez \u00a0constitucional, pues, se reitera, la solicitud en comento es \u00a0susceptible de ser desatada durante el tr\u00e1mite de casaci\u00f3n \u00a0que actualmente cumple su tr\u00e1mite. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Ello, \u00a0en la medida que la pretensi\u00f3n final del demandante se dirige \u00a0a obtener un pronunciamiento sobre su petici\u00f3n extintiva. \u00a0<\/p>\n
Bajo \u00a0esa perspectiva, inhabilitado se encuentra el juez de tutela para \u00a0realizar cualquier tipo de pronunciamiento sobre el punto en \u00a0discusi\u00f3n, ya que de hacerlo estar\u00eda desconociendo el \u00a0car\u00e1cter residual de la acci\u00f3n constitucional (Cfr. CSJ \u00a0STP3275-2022, STP7647-2024, STP9367-2024, STP10886-2024, \u00a0STP11381-2024 y STP11750-2024, entre otras). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Actuar \u00a0de manera distinta, por v\u00eda de la acci\u00f3n de tutela, \u00a0ser\u00eda ignorar y desconfigurar los fines para los cuales fue \u00a0creada, ya que se le brindar\u00eda un uso alternativo, orientado a \u00a0suplantar, tanto al procedimiento como a los jueces ordinarios. \u00a0Situaci\u00f3n que podr\u00eda poner en riesgo la seguridad \u00a0jur\u00eddica, as\u00ed como los derechos de las dem\u00e1s \u00a0partes e intervinientes dentro del proceso que se encuentra en curso, \u00a0como de las actuaciones que se podr\u00edan emprender, raz\u00f3n \u00a0suficiente para tener por improcedente el amparo deprecado (CSJ \u00a0STP5704-2025). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0anterior posici\u00f3n se encuentra soportada en el contenido del \u00a0art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991 que desarrolla el \u00a0principio constitucional regulado en el inciso 3\u00b0 del art\u00edculo \u00a086 Superior y que en su numeral 1\u00b0 consagra como causal de \u00a0improcedencia de la acci\u00f3n de tutela la existencia \u00abde \u00a0otros recursos o medios de defensa judiciales\u00bb, \u00a0salvo que se la utilice como mecanismo transitorio para evitar un \u00a0perjuicio irremediable, que en este no se advierte latente. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0s\u00edntesis, la Corte advierte que el proceso penal est\u00e1 \u00a0en curso y, por ende, es en el escenario id\u00f3neo donde se puede \u00a0resolver los reparos que pretendi\u00f3 exponer a trav\u00e9s de \u00a0un mecanismo subsidiario como la acci\u00f3n de tutela. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0todo lo anterior, el amparo ser\u00e1 declarado improcedente. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Penal, en Sala de Decisi\u00f3n de Tutela N\u00b0 3, \u00a0administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
PRIMERO. \u00a0DECLARAR \u00a0improcedente la acci\u00f3n de tutela. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
SEGUNDO. \u00a0De \u00a0no ser impugnado, enviar el expediente a la Corte Constitucional para \u00a0su eventual revisi\u00f3n, conforme lo establece el art\u00edculo \u00a032 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
GERSON \u00a0CHAVERRA CASTRO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
MYRIAM \u00a0\u00c1VILA ROLD\u00c1N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
DIEGO \u00a0EUGENIO CORREDOR BELTR\u00c1N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Nubia \u00a0Yolanda Nova Garc\u00eda \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Jes\u00fas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cardoza, Jorge Cardoza Puentes, Aurelio Lindarte Prado, Alirio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Quintero Trillos, Huber Ascanio Abril, Enemias Dur\u00e1n P\u00e9rez \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y Carlos Uriel C\u00e1rdenas. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Geovany Parra Garc\u00eda, Noel Dur\u00e1n P\u00e9rez, Gerardo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ar\u00e9valo y Olger Quintana S\u00e1nchez. \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Expediente \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0penal: 38Sentencia.pdf. \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a043RecursoApenlacion.pdf. \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Providencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0remitida por el Tribunal a la Corte, junto a la contestaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de la tutela. \u00a0<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CC C-590 de 2005, SU-195 de 2012 y T-137 de 2017, entre otras. \u00a0<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Providencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0remitida por el Tribunal a la Corte, junto a la contestaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de la tutela. \u00a0<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Consulta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en el Ecosistema Digital de Acciones Virtuales \u2014 ESAV. \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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