\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
JORGE \u00a0HERN\u00c1N D\u00cdAZ SOTO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
STP745-2026 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 151875 \u00a0<\/p>\n
(Acta \u00a0n.\u00b0 015) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintis\u00e9is (2026). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ASUNTO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. La Sala se \u00a0pronuncia sobre la acci\u00f3n de tutela promovida por JES\u00daS \u00a0ANDR\u00c9S CHOREN V\u00c9LEZ. La dirige contra la Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior de Bogot\u00e1. Alega la protecci\u00f3n de su \u00a0derecho fundamental al debido proceso. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0Y FUNDAMENTOS DE LA ACCI\u00d3N. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. JES\u00daS \u00a0ANDR\u00c9S CHOREN VELEZ expone que el Juzgado Cuarto Penal \u00a0Especializado de Bogot\u00e1 en sentencia condenatoria del 15 de \u00a0abril de 2024 lo hall\u00f3 responsable del delito de secuestro \u00a0extorsivo agravado. En contra de esa decisi\u00f3n se interpuso \u00a0recurso de apelaci\u00f3n, que le correspondi\u00f3 resolver a la \u00a0Sala Penal del Tribunal de Bogot\u00e1. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. Se\u00f1ala \u00a0que esa Sala incurre en una demora injustificada para resolver el \u00a0recurso y eso prolonga ilegalmente su restricci\u00f3n al derecho \u00a0de libertad. Por eso, pretende que se amparen sus derechos \u00a0fundamentales y se le ordene a la referida sala que decida la \u00a0apelaci\u00f3n en un t\u00e9rmino perentorio. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
TR\u00c1MITE \u00a0DE PRIMERA INSTANCIA. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. Esta Sala avoc\u00f3 \u00a0el conocimiento de la acci\u00f3n constitucional en auto del 20 de \u00a0enero de 2026. Orden\u00f3 el traslado a las autoridades \u00a0accionadas, al CPAMSPY- C\u00e1rcel y Penitenciaria con Alta y \u00a0Media Seguridad de Popay\u00e1n y a las partes intervinientes en el \u00a0proceso penal de radicado 11001610165320198007600. \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0El Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1 \u00a0asegur\u00f3 que no ha incurrido en ning\u00fan acto que vulnere \u00a0las garant\u00edas constitucionales del accionante. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 asegur\u00f3 \u00a0que se trata de un proceso de alta complejidad y que adem\u00e1s el \u00a0despacho tuvo el conocimiento del proceso del ciudadano \u00c1lvaro \u00a0Uribe V\u00e9lez, por lo que tuvo suspensi\u00f3n de reparto y \u00a0medidas de descongesti\u00f3n que no le permitieron atender otros \u00a0asuntos. Sin embargo, inform\u00f3 que el proceso est\u00e1 en \u00a0turno cuatro para resolver. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
7. \u00a0No se recibieron m\u00e1s informes. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
IV. \u00a0CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
8. Esta \u00a0Sala es competente para resolver la demanda de tutela instaurada por \u00a0JES\u00daS ANDR\u00c9S CHOREN VELEZ \u00a0porque \u00a0la accionada es \u00a0la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. Tal facultad \u00a0est\u00e1 prevista en \u00a0el art\u00edculo \u00a02.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el 1\u00ba del \u00a0Decreto 333 de 2021. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
9. \u00a0El art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica cre\u00f3 \u00a0la acci\u00f3n de tutela como un mecanismo para la protecci\u00f3n \u00a0de los derechos constitucionales fundamentales. Procede ante el \u00a0menoscabo o la amenaza derivados de acciones u omisiones atribuible a \u00a0las autoridades o a los particulares en las situaciones \u00a0espec\u00edficamente precisadas en la ley. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Problema \u00a0jur\u00eddico. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
10. \u00a0La Corte debe establecer si la acci\u00f3n de tutela procede como \u00a0mecanismo transitorio para salvaguardar los derechos fundamentales \u00a0del accionante. En concreto, ante la posible demora injustificada en \u00a0la que incurre la Sala Penal del Tribunal de Bogot\u00e1 para \u00a0resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la \u00a0sentencia del 15 \u00a0de abril de 2024. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0la presunta mora en actuaciones judiciales\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
11. Seg\u00fan \u00a0los art\u00edculos 29 y 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, \u00a0toda persona tiene derecho a que la actuaci\u00f3n (judicial \u00a0o administrativa) se \u00a0lleve a cabo sin dilaciones injustificadas. De no ser as\u00ed, se \u00a0vulneran los derechos al debido proceso y de acceso efectivo a la \u00a0administraci\u00f3n de justicia (T-348\/1993), porque se incumplen \u00a0los principios que la rigen (celeridad, \u00a0eficiencia y respeto de los derechos de quienes intervienen en el \u00a0proceso).\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
12. No obstante, \u00a0la mora de las autoridades en materia judicial no se deduce por el \u00a0mero paso del tiempo, sino que se debe hacer un an\u00e1lisis \u00a0completo del caso en concreto.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
13. En este \u00a0sentido, la jurisprudencia constitucional, con sujeci\u00f3n a \u00a0pronunciamientos de la CIDH y de la Corte (T-052\/18, T-186\/2017, \u00a0T-803\/2012 y T-945A\/2008), \u00a0ha \u00a0se\u00f1alado las circunstancias en las que se presenta la figura \u00a0de mora judicial en la administraci\u00f3n de justicia, para lo \u00a0cual debe estudiarse:\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
i. Si se presenta un \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0incumplimiento de los t\u00e9rminos se\u00f1alados en la ley \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0para adelantar alguna actuaci\u00f3n judicial;\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ii. Si no existe un \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0congesti\u00f3n judicial o el volumen de trabajo, cuando el n\u00famero \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de procesos que corresponde resolver al funcionario es elevado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(T-030\/2005), de tal forma que la capacidad log\u00edstica y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0humana est\u00e1 mermada y se dificulta evacuarlos en tiempo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(T494\/14), entre otras m\u00faltiples causas (T-527\/2009); y\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
iii. Si la tardanza es \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0imputable a la omisi\u00f3n en el cumplimiento de las funciones \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0por parte de una autoridad judicial \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(T-230\/2013, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0reiterada en T-186\/2017).\u00a0 \u00a0<\/p>\n
14. No obstante, \u00a0el juez constitucional tiene el deber de evaluar si la mora judicial \u00a0es justificada o no, pues no se presume ni es absoluta (T-357\/2007).\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
15. As\u00ed, el \u00a0juez de tutela, en caso de determinar que la mora judicial estuvo \u2013 \u00a0o est\u00e1 \u2013 justificada, siguiendo los postulados de la \u00a0sentencia T-230\/2013, tiene tres alternativas distintas de soluci\u00f3n:\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
16. Negar la \u00a0vulneraci\u00f3n de los derechos al debido proceso y al acceso a la \u00a0administraci\u00f3n de justicia, por lo que se reitera la \u00a0obligaci\u00f3n de someterse al sistema de turnos, en t\u00e9rminos \u00a0de igualdad.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
17. Ordenar \u00a0excepcionalmente la alteraci\u00f3n del orden para emitir la \u00a0decisi\u00f3n que se echa de menos, cuando el juez est\u00e1 en \u00a0presencia de un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, \u00a0o cuando el atraso supere los plazos razonables y tolerables de \u00a0soluci\u00f3n, en contraste con las condiciones de espera \u00a0particulares del afectado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
18. Conceder un \u00a0amparo transitorio en relaci\u00f3n con los derechos fundamentales \u00a0comprometidos, mientras la autoridad judicial competente se pronuncia \u00a0de forma definitiva en torno a la controversia planteada.\u00a0\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Caso concreto. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
19. \u00a0\u00a0En efecto, se advierte que el Tribunal incumpli\u00f3 el \u00a0t\u00e9rmino legal previsto en el art\u00edculo 179, inciso 2\u00b0 \u00a0de la Ley 906 de 2004. Esta morma\u00a0establece que el magistrado \u00a0ponente\u00a0tiene\u00a0(10) d\u00edas para registrar el proyecto y \u00a0cinco (5) m\u00e1s para que la Sala efect\u00fae el estudio y \u00a0tome la decisi\u00f3n.\u00a0En\u00a0este caso, la sentencia es del \u00a015 de abril de 2024 y a la fecha de interposici\u00f3n de tutela, \u00a0es evidente que se super\u00f3 el t\u00e9rmino. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
20. \u00a0Examinados los elementos de juicio y valorada la eventual tardanza, \u00a0esta no puede calificarse como injustificada. La demora encuentra \u00a0sustento en la complejidad del asunto. Adem\u00e1s, en las medidas \u00a0adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura, para que el \u00a0despacho se dedicara de manera exclusiva al tr\u00e1mite del \u00a0proceso seguido contra \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
21. \u00a0En ese orden de ideas, es pertinente concluir que la elevada carga \u00a0laboral del despacho se vio represada como consecuencia de la \u00a0dedicaci\u00f3n exclusiva sobre un asunto que fue autorizada. Por \u00a0ello, no puede afirmarse que el retraso alegado sea producto del \u00a0incumplimiento de deberes funcionales ni de una actuaci\u00f3n \u00a0negligente. Menos aun cuando de la respuesta rendida se desprende que \u00a0el expediente est\u00e1 en el turno cuarto de procesos con persona \u00a0privada de la libertad, para la emisi\u00f3n de la sentencia de \u00a0segunda instancia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
22. \u00a0Todas estas consideraciones se amparan en el respeto y la asignaci\u00f3n \u00a0de turnos con la que deben resolverse los procesos en la \u00a0administraci\u00f3n de justicia, turnos que solo se pueden \u00a0adelantar cuando concurra una situaci\u00f3n de fuerza mayor que lo \u00a0permita. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
23. Bajo esas \u00a0consideraciones no queda un camino distinto que negar el amparo \u00a0solicitado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas \u00a0n.\u00b0 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
V. \u00a0RESUELVE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1\u00ba. \u00a0NEGAR \u00a0el \u00a0amparo de tutela invocado por JES\u00daS ANDR\u00c9S CHOREN \u00a0V\u00c9LEZ. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2\u00b0. \u00a0NOTIFICAR \u00a0este fallo a las partes, de conformidad con el art\u00edculo 30 del \u00a0Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3\u00ba. \u00a0ENVIAR \u00a0el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n \u00a0de este fallo, en caso de no impugnarse. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
FERNANDO LEON \u00a0BOLA\u00d1OS PALACIOS \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
JORGE HERN\u00c1N \u00a0D\u00cdAZ SOTO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CARLOS ROBERTO \u00a0SOL\u00d3RZANO GARAVITO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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