\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
JORGE \u00a0HERN\u00c1N D\u00cdAZ SOTO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0STP739-2026 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 151191 \u00a0<\/p>\n
(Acta \u00a0n.\u00b0 015) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintis\u00e9is (2026). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
I. \u00a0ASUNTO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0La Sala decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por \u00a0IBRAIN L\u00d3PEZ HIDALGO a trav\u00e9s de apoderado, \u00a0contra el fallo de tutela del 3 de octubre de 2025. Con este, la Sala \u00a0Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla \u00a0neg\u00f3 el amparo al derecho fundamental al debido proceso, \u00a0presuntamente \u00a0vulnerado por \u00a0el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Soledad (Atl\u00e1ntico). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Ahora \u00a0bien, la Sala conoci\u00f3 anteriormente de la impugnaci\u00f3n \u00a0en el asunto de la referencia. Oportunidad en la cual con auto del 19 \u00a0de agosto de 2025 declar\u00f3 la nulidad de la sentencia de tutela \u00a0de primera instancia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0Aquella decisi\u00f3n se tom\u00f3 porque no \u00a0se orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n del abogado Johan \u00a0Eduardo Sierra Salcedo, a pesar de haber sido quien represent\u00f3 \u00a0los intereses del accionante y a quien le constan las aseveraciones \u00a0de la demanda. Ni fue convocada la Defensor\u00eda P\u00fablica \u00a0de Soledad (Atl\u00e1ntico) a la cual pertenece. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0Dicha \u00a0situaci\u00f3n fue subsanada por el Tribunal comunicando del \u00a0tr\u00e1mite al profesional y a la autoridad accionada en relaci\u00f3n \u00a0con el proceso rad. 08758600110620240044200. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
II. \u00a0HECHOS \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Los hechos planteados en la decisi\u00f3n de primera instancia, son \u00a0los siguientes: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Inform\u00f3 \u00a0el apoderado que, el 16 de febrero de 2024, siendo las 18:50 horas, a \u00a0la altura de la calle 30 con carrera 16, v\u00eda p\u00fablica \u00a0del barrio Manuela Beltr\u00e1n de Soledad, el se\u00f1or Ibrahim \u00a0L\u00f3pez Hidalgo fue capturado por agentes de la Polic\u00eda \u00a0Nacional cuando este portaba en la pretina de su bermuda un arma de \u00a0fuego de fabricaci\u00f3n artesanal (hechiza) con cuerpo met\u00e1lico \u00a0de color negro, con cachas de madera color caf\u00e9 y mecanismo de \u00a0disparo en la parte superior. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Detall\u00f3 \u00a0que, la Fiscal\u00eda Primera Delegada ante los Jueces Penales del \u00a0Circuito de Soledad present\u00f3 escrito de acusaci\u00f3n en \u00a0contra del entonces imputado, tras considerar que de los elementos \u00a0materiales probatorios, de la evidencia f\u00edsica, y de la \u00a0informaci\u00f3n legalmente obtenida se pod\u00eda afirmar con \u00a0probabilidad de verdad que la conducta delictiva de fabricaci\u00f3n, \u00a0tr\u00e1fico, porte o tenencia de arma de fuego, accesorios, partes \u00a0y\/o municiones existi\u00f3 y que Ibrahim L\u00f3pez Hidalgo fue \u00a0autor de la misma. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0esa l\u00ednea, se\u00f1al\u00f3 que, el Juzgado Sexto Penal \u00a0del Circuito de Soledad avoc\u00f3 el conocimiento de la causa \u00a0penal el d\u00eda 9 de abril de 2024, y se realiz\u00f3 la \u00a0audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n el d\u00eda 18 \u00a0de abril del 2024. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Indic\u00f3 \u00a0que, el 5 de mayo del 2024 se realiz\u00f3 la audiencia \u00a0preparatoria, donde el defensor solicit\u00f3 la declaraci\u00f3n \u00a0del procesado, lo cual era innecesario, dado que ello es un derecho \u00a0del acusado y puede hacer uso de ello si as\u00ed lo decide. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0otro lado, apunt\u00f3 que, culminada la audiencia preparatoria, el \u00a0d\u00eda 11 de julio del 2024 se llev\u00f3 a cabo el juicio \u00a0oral, donde la defensa no present\u00f3 teor\u00eda del caso, \u00a0se\u00f1alando que, los esfuerzos realizados para localizar al \u00a0procesado hab\u00edan sido infructuosos. Adem\u00e1s, la fiscal\u00eda \u00a0present\u00f3 4 testigos, quienes rindieron su testimonio y el \u00a0defensor no hizo uso de contrainterrogatorio. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Subray\u00f3 \u00a0que, se concedi\u00f3 el uso de la palabra para que la defensa \u00a0presentara sus pruebas, sin embargo, el defensor p\u00fablico Dr. \u00a0JOHAN EDUARDO SIERRA SALCEDO manifest\u00f3 que renunciar\u00eda \u00a0al testimonio del procesado, toda vez que no se hab\u00eda podido \u00a0comunicar con este. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Finalmente, \u00a0en la oportunidad de los alegatos de conclusi\u00f3n, el defensor \u00a0del procesado reiter\u00f3 la imposibilidad de comunicaci\u00f3n \u00a0con su prohijado, por lo que desisti\u00f3 de presentar los \u00a0alegatos de cierre. Adicionalmente, el Juez anunci\u00f3 el sentido \u00a0del fallo condenatorio y dict\u00f3 sentencia; la defensa no \u00a0interpuso recurso de apelaci\u00f3n y la sentencia cobr\u00f3 \u00a0ejecutoria inmediatamente. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, el accionante manifest\u00f3 que, no fue citado \u00a0debidamente a las audiencias procesales, lo cual es un requisito \u00a0esencial para validar el procedimiento, pues alega que, aunque \u00a0exist\u00edan formatos de citaci\u00f3n, no hay pruebas de que \u00a0estas fueran enviadas o recibidas correctamente. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00a0advirti\u00f3 que, la defensa p\u00fablica mostr\u00f3 \u00a0pasividad y falta de diligencia en la defensa material del acusado, \u00a0sin ejercer contrainterrogatorios ni presentar una teor\u00eda del \u00a0caso. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0esta forma, concluy\u00f3 que, la omisi\u00f3n en la notificaci\u00f3n \u00a0y la inacci\u00f3n de la defensa configuran una vulneraci\u00f3n \u00a0grave al derecho al debido proceso, en particular al derecho a la \u00a0defensa t\u00e9cnica y a la participaci\u00f3n efectiva en el \u00a0proceso penal. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0En consecuencia, pidi\u00f3 que se revoque la sentencia \u00a0condenatoria del 17 de julio de 2024, por el delito de fabricaci\u00f3n, \u00a0tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, \u00a0partes o municiones. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
III. \u00a0EL FALLO IMPUGNADO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Ante el amparo solicitado, el Tribunal encontr\u00f3 que proced\u00eda \u00a0su denegatoria. Al contrario de la afirmaci\u00f3n seg\u00fan la \u00a0cual el actor no fue citado debidamente a las diferentes audiencias \u00a0al interior del proceso penal en su contra, en el expediente se \u00a0encontraron las constancias \u00a0de notificaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5.1. \u00a0Adem\u00e1s, IBRAIN \u00a0L\u00d3PEZ HIDALGO ten\u00eda conocimiento de la actuaci\u00f3n \u00a0en su contra, dado que asisti\u00f3 a la audiencia de imputaci\u00f3n \u00a0celebrada el 17 de febrero de 2024. Adem\u00e1s, suministr\u00f3 \u00a0sus datos de notificaci\u00f3n en el momento de la captura. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5.2. \u00a0Tales circunstancias permitieron colegir que el procesado opt\u00f3 \u00a0por eludir deliberadamente la acci\u00f3n de la justicia como una \u00a0estrategia defensiva, lo que excluye cualquier afectaci\u00f3n a su \u00a0derecho de defensa atribuible a las autoridades judiciales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5.3. \u00a0Por otra parte, respecto a la falta de defensa t\u00e9cnica la \u00a0Corporaci\u00f3n a \u00a0quo \u00a0concluy\u00f3 que el defensor p\u00fablico obr\u00f3 conforme a \u00a0los elementos con los que contaba ante la falta de comparecencia del \u00a0accionante. Adem\u00e1s, que su desempe\u00f1o no da lugar a una \u00a0nulidad. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
IV. \u00a0LA IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0En representaci\u00f3n del actor, el abogado insiste en los \u00a0siguientes t\u00f3picos: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
i) \u00a0Que, aunque el accionante hubiera tenido conocimiento del \u00a0procedimiento adelantado en su contra, desde el desarrollo de la \u00a0audiencia preliminar, tal circunstancia no exime al despacho \u00a0convocado de realizar las citaciones a las audiencias de manera \u00a0correcta. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ii) \u00a0Que, el fallo constitucional de primera instancia hace conjeturas \u00a0sobre cambio de domicilio del accionante, o que \u00e9ste \u00a0suministr\u00f3 la direcci\u00f3n incorrecta. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
iii) \u00a0Que, no existe ni reposa ning\u00fan elemento material de prueba o \u00a0constancia alguna, de que las citaciones hayan sido enviadas y \u00a0recibidas por el actor. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
iv) \u00a0Y que, la sola presencia del defensor p\u00fablico no garantiza el \u00a0derecho de defensa. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0conclusi\u00f3n, reitera la situaci\u00f3n planteada desde un \u00a0inicio como vulneradora de derechos fundamentales. Por lo que \u00a0solicit\u00f3 la revocatoria del fallo constitucional de primera \u00a0instancia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
V. \u00a0CONSIDERACIONES DE LA SALA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
7. \u00a0La \u00a0Sala es competente para resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta \u00a0por \u00a0IBRAIN L\u00d3PEZ HIDALGO a trav\u00e9s de apoderado, \u00a0en \u00a0contra del fallo de tutela del 3 de octubre de 2025, dictado por la \u00a0Sala Penal del Tribunal de Barranquilla, como \u00a0superior funcional. As\u00ed lo establece \u00a0el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
8. \u00a0Corresponde \u00a0determinar si el Tribunal acert\u00f3 en denegar el amparo \u00a0solicitado. Ello implica que se evalu\u00e9 si procede la \u00a0revocatoria de la sentencia condenatoria del 17 de julio de 2024, \u00a0dictada en contra del actor por el delito de fabricaci\u00f3n, \u00a0tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, \u00a0partes y\/o municiones. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Requisitos \u00a0de procedencia de la acci\u00f3n de tutela \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
9. \u00a0El art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es \u00a0claro al establecer que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo \u00a0judicial subsidiario, residual, aut\u00f3nomo e informal, destinado \u00a0a la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales \u00a0mediante un procedimiento preferente y sumario. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
9.1. \u00a0Los requisitos generales para su procedencia son: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
i) \u00a0legitimaci\u00f3n en la causa; \u00a0<\/p>\n
ii) \u00a0relevancia constitucional; \u00a0<\/p>\n
iii) \u00a0que no se trate de tutela contra decisi\u00f3n de la misma \u00a0naturaleza; \u00a0<\/p>\n
iii) \u00a0subsidiariedad. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
9.2. \u00a0Dentro de ese marco, el juez de tutela tiene la obligaci\u00f3n de \u00a0constatar el cumplimiento de tales exigencias para emitir un fallo de \u00a0fondo, bajo el entendido que por igual se extienden cuando la acci\u00f3n \u00a0de tutela se formula en relaci\u00f3n con un proceso penal. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
10. \u00a0Requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra \u00a0providencias judiciales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
10.1. \u00a0La tutela es un mecanismo de protecci\u00f3n excepcional frente a \u00a0providencias judiciales. Su prosperidad va ligada al cumplimiento de \u00a0estrictos requisitos \u00a0de \u00a0procedibilidad que implican una carga para el actor, en su \u00a0planteamiento y demostraci\u00f3n, como lo ha expuesto la Corte \u00a0Constitucional1. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
10.2. \u00a0La acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales exige: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
a. Que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0constitucional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
b. Que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0irremediable. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
c. Que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
d. Cuando \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0se trate de una irregularidad procesal, debe se\u00f1alarse que la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0impugna y que ata\u00f1e a los derechos fundamentales del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0accionante. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
e. Que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la parte actora identifique razonablemente los hechos que generaron \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la vulneraci\u00f3n y los derechos desconocidos y que hubiere \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0alegado tal infracci\u00f3n en el proceso judicial si esto es \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0posible. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
f. Que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0no se trate de sentencias de tutela. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
10.3. \u00a0Sobre las exigencias espec\u00edficas, se han establecido las que a \u00a0continuaci\u00f3n se relacionan: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
i. Defecto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0org\u00e1nico, que se presenta cuando el funcionario judicial que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0profiri\u00f3 la providencia impugnada carece absolutamente de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0competencia para ello. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ii. Defecto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actu\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0completamente al margen del procedimiento establecido. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
iii. Defecto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0f\u00e1ctico, el cual surge cuando el juez carece del apoyo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0probatorio que permita la aplicaci\u00f3n del supuesto legal en el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que se sustenta la decisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
iv. Defecto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en normas inexistentes o inconstitucionales3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0o que presentan una evidente y grosera contradicci\u00f3n entre \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0los fundamentos y la decisi\u00f3n; \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
v. Error \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue v\u00edctima \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de un enga\u00f1o por parte de terceros y ese enga\u00f1o lo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0condujo a la toma de una decisi\u00f3n que afecta derechos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fundamentales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
vi. Decisi\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sin motivaci\u00f3n, que implica el incumplimiento de los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0funcionarios judiciales de explicitar los fundamentos f\u00e1cticos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0jur\u00eddicos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de sus decisiones, en el entendido que precisamente en esa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0motivaci\u00f3n reposa la legitimidad de su \u00f3rbita \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0funcional. \u00a0<\/p>\n
vii. Desconocimiento \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del precedente, hip\u00f3tesis que se presenta, por ejemplo, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0mecanismo para garantizar la eficacia jur\u00eddica del contenido \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado4. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
viii. Violaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0directa de la Constituci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
10.4. \u00a0Los \u00a0anteriores requisitos fueron desarrollados por la Corte \u00a0Constitucional en la sentencia C-590 \u00a0de 2005 y reiterados en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006. \u00a0Con esos pronunciamientos se refuerza el criterio seg\u00fan el \u00a0cual cuando se trata \u00a0de acciones de tutela contra providencias judiciales, proceden solo \u00a0\u00ab\u2026 \u00a0si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. \u00a0Dentro de estos pueden distinguirse unos de car\u00e1cter general, \u00a0que habilitan la interposici\u00f3n de la tutela, y otros de \u00a0car\u00e1cter espec\u00edfico, que tocan con la procedencia misma \u00a0del amparo, una vez interpuesta\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
An\u00e1lisis \u00a0del caso concreto: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
11. \u00a0La Sala indica que hay legitimidad en la causa, en raz\u00f3n a que \u00a0fue presentada por el apoderado de IBRAIN \u00a0L\u00d3PEZ HIDALGO con \u00a0poder legalmente otorgado. De la misma forma, interpuso la tutela en \u00a0procura del derecho fundamental al debido proceso, \u00a0por \u00a0lo cual el asunto reviste inter\u00e9s constitucional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
12. \u00a0Igualmente, en la demanda se identificaron correctamente los hechos y \u00a0pretensiones. A su vez, no se trata de tutela contra decisi\u00f3n \u00a0de la misma naturaleza. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
13. \u00a0Ahora \u00a0bien, la acci\u00f3n pretende que se declare la nulidad de la \u00a0sentencia condenatoria en contra del accionante dictada el 17 \u00a0de julio de 2024. Seg\u00fan asegur\u00f3 tuvo conocimiento de \u00a0ella hasta el 14 de enero del 2025 cuando fue capturado. Entonces, \u00a0desde la \u00faltima fecha hasta \u00a0cuando se interpuso la acci\u00f3n de tutela (16 \u00a0de mayo del mismo a\u00f1o) no se super\u00f3 el lapso de \u00a0seis meses. Espacio de tiempo que la jurisprudencia constitucional \u00a0considera razonable para acceder a este mecanismo excepcional, \u00a0concebido como una medida urgente. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
14. \u00a0Por \u00a0otra parte, como ya lo ha indicado la Sala,\u00a0en materia penal el \u00a0derecho a ejercer una defensa material, como parte integral del \u00a0debido proceso, debe ser reconocido \u00edntegramente a lo largo de \u00a0toda la actuaci\u00f3n. Implica que el procesado debe ser citado \u00a0adecuadamente a la totalidad de las audiencias. Distinto es que, por \u00a0su propia voluntad, decida no acudir5. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
15. \u00a0De \u00a0tal forma, las autoridades judiciales tienen el deber de procurar la \u00a0comparecencia del procesado que se encuentra en libertad a la \u00a0totalidad de las diligencias. Pero una vez este es enterado del \u00a0proceso en su contra tiene el deber de comparecencia6. \u00a0Al respecto la Corte ha indicado que: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00ab(\u2026) \u00a0conoc\u00eda la existencia del proceso en su contra, era su deber \u00a0acercarse a los despachos judiciales para enterarse de su evoluci\u00f3n \u00a0o mantener comunicaci\u00f3n con el profesional que design\u00f3 \u00a0como abogado de confianza, lo que no hizo. Por lo tanto, es \u00a0inadecuado acudir ahora a esta excepcional v\u00eda para subsanar \u00a0dicha omisi\u00f3n, desconociendo el principio acorde con el cual \u00a0nadie puede alegar su propia culpa (CC T-1231 de 2008)\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
16. \u00a0Aclarado lo anterior, se observa en el expediente que IBRAIN \u00a0L\u00d3PEZ HIDALGO tuvo \u00a0conocimiento del proceso penal en su contra (rad. \u00a008758600110620240044200) \u00a0pues \u00a0asisti\u00f3 a la imputaci\u00f3n realizada el 17 de febrero de \u00a02024. Sin embargo, luego dej\u00f3 de comparecer a las \u00a0subsiguientes audiencias a pesar de ser debidamente citado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
17. \u00a0Sobre el particular, se encontraron varios oficios de notificaci\u00f3n \u00a0dirigidos al accionante identificados con los n\u00fameros 0008 del \u00a08 de abril, 0027 del 25 de abril, 0055 del 6 de mayo, 0077 del 15 de \u00a0mayo y 0153 del 18 de junio todos del 2024. En todos ellos se \u00a0consign\u00f3 como direcci\u00f3n de env\u00edo la residencia \u00a0f\u00edsica registrada por el procesado Calle 55B n.\u00b0 1A \u2013 \u00a060, barrio Ciudad Para\u00edso del municipio de Soledad. Y se \u00a0verific\u00f3 que no existiera error en la nomenclatura con misi\u00f3n \u00a0de investigador de campo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
18. \u00a0De tal forma, el accionante no ejerci\u00f3 la defensa material ni \u00a0proporcion\u00f3 elementos de prueba al profesional designado por \u00a0la Defensor\u00eda P\u00fablica para su representaci\u00f3n. \u00a0Esa actitud incidi\u00f3 en que la defensa de sus intereses no \u00a0fuera tan eficaz como quisiera, lo que no puede cargarse al abogado \u00a0que la ejerci\u00f3. Este, guiado por su criterio, no apel\u00f3 \u00a0por carencia de fundamentos. \u00a0<\/p>\n
19. \u00a0Finalmente, \u00a0como no se interpusieron los recursos ordinarios en contra de la \u00a0sentencia condenatoria del 17 de julio de 2024, no se agotaron los \u00a0mecanismos id\u00f3neos. Tal omisi\u00f3n impide que se acuda a \u00a0la acci\u00f3n de tutela. Se subraya, en todo caso, que esa falta \u00a0de interposici\u00f3n no puede ser atribuida a la judicatura sino \u00a0al abandono del proceso por parte del actor. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
20. \u00a0En consecuencia, la Sala insiste en que la acci\u00f3n de tutela no \u00a0es un medio alternativo o supletorio para resolver asuntos que el \u00a0juez natural debe conocer como encargado del proceso penal. Adem\u00e1s, \u00a0no aparece acreditada la inminencia de causarse un perjuicio \u00a0irremediable o situaci\u00f3n de suma urgencia, que amerite la \u00a0intromisi\u00f3n del constitucional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
21. \u00a0En \u00a0conclusi\u00f3n, \u00a0la \u00a0Corte confirmar\u00e1 el fallo impugnado, obra del Tribunal de \u00a0Barranquilla, con la claridad de que se debe declarar improcedente el \u00a0amparo al aducir del requisito de subsidiariedad. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACI\u00d3N \u00a0PENAL \u2013 EN SALA DE DECISI\u00d3N DE ACCIONES DE TUTELA N.\u00ba \u00a01, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
V. \u00a0RESUELVE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0CONFIRMAR \u00a0el fallo de tutela impugnado, por las razones expuestas en esta \u00a0providencia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0NOTIFICAR a los sujetos procesales el presente fallo, por el medio \u00a0m\u00e1s expedito. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0ENV\u00cdESE \u00a0la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual \u00a0revisi\u00f3n, dentro del t\u00e9rmino indicado en el art\u00edculo \u00a031 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0LEON BOLA\u00d1OS PALACIOS \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
JORGE \u00a0HERN\u00c1N D\u00cdAZ SOTO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CARLOS \u00a0ROBERTO SOL\u00d3RZANO GARAVITO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fallos C-590 de 2005 y T-332 de 2006. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ibidem. \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sentencia T-522 de 2001. \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0T-1031 de 2001. \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0STP17104-2025, rad. 149462 del 28 de octubre de 2025, entre otras. \u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 JORGE \u00a0HERN\u00c1N D\u00cdAZ SOTO \u00a0 Magistrado \u00a0Ponente \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0STP739-2026 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 151191 \u00a0 (Acta \u00a0n.\u00b0 015) \u00a0 \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1 \u00a0D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintis\u00e9is (2026). \u00a0 \u00a0\u00a0 I. \u00a0ASUNTO \u00a0 \u00a0\u00a0 1. \u00a0La Sala decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por \u00a0IBRAIN L\u00d3PEZ HIDALGO a trav\u00e9s […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[108],"tags":[],"class_list":["post-91348","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2026"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/91348","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=91348"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/91348\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=91348"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=91348"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=91348"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}