{"id":91303,"date":"2026-03-09T19:46:28","date_gmt":"2026-03-09T19:46:28","guid":{"rendered":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/2026\/03\/09\/stp684-2026\/"},"modified":"2026-03-09T19:46:28","modified_gmt":"2026-03-09T19:46:28","slug":"stp684-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/2026\/03\/09\/stp684-2026\/","title":{"rendered":"STP684-2026"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CARLOS \u00a0ROBERTO SOL\u00d3RZANO GARAVITO \u00a0<\/p>\n<p>Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>STP684-2026 \u00a0<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0. 151656 \u00a0<\/p>\n<p>Acta \u00a0No. 015 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Bogot\u00e1, \u00a0D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintis\u00e9is (2026). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>I. \u00a0VISTOS \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0Se pronuncia la Sala sobre la impugnaci\u00f3n instaurada por \u00a0AUDREY \u00a0CRISTINA CASTA\u00d1EDA PI\u00d1EROS, JOAN LEONARDO CASTA\u00d1EDA \u00a0PI\u00d1EROS, EDGAR MAURICIO CASTA\u00d1EDA PI\u00d1EROS, MARBY \u00a0AUDREY PI\u00d1EROS LEZAMA, EDGAR CASTA\u00d1EDA REYES y JOS\u00c9 \u00a0ORDUAY CASTA\u00d1EDA REYES, \u00a0frente al fallo de tutela proferido el 6 de noviembre de 2025, por la \u00a0SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, \u00a0mediante \u00a0el cual neg\u00f3 el amparo constitucional solicitado dentro de la \u00a0acci\u00f3n promovida contra la Sala de Casaci\u00f3n Civil, \u00a0Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0por la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales al \u00a0debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u201clos \u00a0irrestrictos t\u00e9rminos de la acci\u00f3n de tutela de 10 d\u00edas \u00a0-Derecho aut\u00f3nomo y constitucional\u201d. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>II. \u00a0ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0AUDREY CRISTINA CASTA\u00d1EDA PI\u00d1EROS, JOAN LEONARDO \u00a0CASTA\u00d1EDA PI\u00d1EROS, EDGAR MAURICIO CASTA\u00d1EDA \u00a0PI\u00d1EROS, MARBY AUDREY PI\u00d1EROS LEZAMA, EDGAR CASTA\u00d1EDA \u00a0REYES y JOS\u00c9 ORDUAY CASTA\u00d1EDA REYES, promovieron acci\u00f3n \u00a0de tutela contra la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de \u00a0la Corte Suprema de Justicia, al estimar vulnerados sus derechos \u00a0fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n \u00a0de justicia, con ocasi\u00f3n de la presunta mora judicial \u00a0injustificada en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela \u00a0identificada con el radicado 11001020300020250411000, en la cual \u00a0act\u00faan como accionantes. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0Relataron que el 22 de agosto de 2025 interpusieron la referida \u00a0acci\u00f3n constitucional contra diversas autoridades del orden \u00a0nacional. Indicaron que el asunto fue inicialmente repartido al \u00a0Juzgado Veintiocho Administrativo de Bogot\u00e1, despacho que, \u00a0mediante auto del 25 de agosto de 2025, orden\u00f3 remitir la \u00a0actuaci\u00f3n a la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural \u00a0de la Corte Suprema de Justicia, al advertir que la demanda se \u00a0dirig\u00eda, entre otras autoridades, contra la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Penal de esta Corporaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>4. \u00a0Manifestaron que, una vez radicado el expediente en la Secretar\u00eda \u00a0de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, el tr\u00e1mite se vio \u00a0afectado por la sucesiva manifestaci\u00f3n de impedimentos por \u00a0parte de varios magistrados, sin que, a su juicio, se hubiera avocado \u00a0oportunamente el conocimiento del asunto ni impartido el impulso \u00a0procesal correspondiente dentro de los t\u00e9rminos propios de la \u00a0acci\u00f3n de tutela, circunstancia que consideran constitutiva de \u00a0dilaci\u00f3n indebida. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>5. \u00a0Afirmaron que la falta de definici\u00f3n del despacho competente y \u00a0de adopci\u00f3n de decisiones dentro del tr\u00e1mite \u00a0constitucional desconoc\u00eda el car\u00e1cter preferente, \u00a0sumario y de 10 d\u00edas propio de la acci\u00f3n de tutela, \u00a0raz\u00f3n por la cual estimaron vulnerados sus derechos \u00a0fundamentales. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>6. \u00a0Indicaron, adem\u00e1s, que durante el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n \u00a0constitucional radicada bajo el n\u00famero \u00a011001020300020250411000, presentaron solicitudes de impulso procesal \u00a0ante la autoridad accionada, sin que se hubiera emitido respuesta \u00a0oportuna a las mismas. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>7. \u00a0Se\u00f1alaron igualmente que acudieron ante el Consejo Seccional \u00a0de la Judicatura de Bogot\u00e1 para solicitar la vigilancia \u00a0judicial administrativa del referido tr\u00e1mite constitucional, \u00a0al considerar que la demora en avocar conocimiento desconoc\u00eda \u00a0los t\u00e9rminos propios de la acci\u00f3n de tutela. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>8. \u00a0Con fundamento en lo anterior, los accionantes solicitaron el amparo \u00a0de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidieron \u00a0que se ordenara a la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural \u00a0de la Corte Suprema de Justicia impartir el tr\u00e1mite \u00a0correspondiente a la acci\u00f3n de tutela radicada bajo el n\u00famero \u00a011001020300020250411000, as\u00ed como adoptar las medidas \u00a0necesarias para garantizar su pronta resoluci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>III. \u00a0EL FALLO IMPUGNADO \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>9. \u00a0La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0mediante sentencia STL20014-2025 del 6 de noviembre de 2025, neg\u00f3 \u00a0el amparo constitucional solicitado por AUDREY \u00a0CRISTINA CASTA\u00d1EDA PI\u00d1EROS, JOAN LEONARDO CASTA\u00d1EDA \u00a0PI\u00d1EROS, EDGAR MAURICIO CASTA\u00d1EDA PI\u00d1EROS, MARBY \u00a0AUDREY PI\u00d1EROS LEZAMA, EDGAR CASTA\u00d1EDA REYES y JOS\u00c9 \u00a0ORDUAY CASTA\u00d1EDA REYES, \u00a0dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida contra la Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de \u00a0Justicia. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>10. \u00a0Fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en que la situaci\u00f3n \u00a0planteada por los accionantes no configuraba una vulneraci\u00f3n \u00a0de derechos fundamentales atribuible a una actuaci\u00f3n \u00a0arbitraria o negligente de la autoridad judicial accionada, sino que \u00a0obedec\u00eda al tr\u00e1mite propio del proceso constitucional, \u00a0en particular a las manifestaciones de impedimento sucesivas que \u00a0debieron resolverse para definir el despacho competente y el \u00a0magistrado ponente llamado a conocer del asunto. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>11. \u00a0Se\u00f1al\u00f3 que, si bien los accionantes alegaron la \u00a0existencia de una demora injustificada en el tr\u00e1mite de la \u00a0acci\u00f3n constitucional, no se acredit\u00f3 una inactividad \u00a0absoluta o desatenci\u00f3n del expediente, sino que el mismo \u00a0estuvo sujeto a actuaciones propias del procedimiento, las cuales \u00a0incidieron en los tiempos de decisi\u00f3n sin que ello pudiera \u00a0calificarse como mora judicial constitucionalmente relevante. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>12. \u00a0Advirti\u00f3, adem\u00e1s, que la acci\u00f3n de tutela no \u00a0puede emplearse como un mecanismo para dirigir o acelerar el tr\u00e1mite \u00a0interno de otros procesos judiciales, ni para imponer \u00f3rdenes \u00a0que desconozcan las reglas procedimentales y la autonom\u00eda \u00a0judicial, salvo que se demuestre una dilaci\u00f3n grave, \u00a0injustificada y claramente atribuible a la autoridad accionada, \u00a0circunstancia que no se evidenci\u00f3 en el caso concreto. \u00a0<\/p>\n<p>13. \u00a0Concluy\u00f3 que no se acredit\u00f3 la vulneraci\u00f3n de \u00a0los derechos fundamentales invocados, raz\u00f3n por la cual no \u00a0resultaba procedente impartir orden alguna en sede de tutela, en la \u00a0medida en que acceder a lo pretendido implicar\u00eda una indebida \u00a0injerencia del juez constitucional en el tr\u00e1mite judicial \u00a0cuestionado. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>14. \u00a0En consecuencia, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral consider\u00f3 \u00a0que no hab\u00eda lugar a conceder el amparo solicitado, por cuanto \u00a0las circunstancias expuestas por los accionantes no superaban el \u00a0umbral constitucional requerido para habilitar la intervenci\u00f3n \u00a0del juez de tutela. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>IV. \u00a0LA IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>15. \u00a0Inconformes con la decisi\u00f3n adoptada en primera instancia, los \u00a0accionantes impugnaron el fallo que neg\u00f3 el amparo \u00a0constitucional, al considerar que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral \u00a0incurri\u00f3 en una apreciaci\u00f3n err\u00f3nea de los \u00a0hechos y en una indebida valoraci\u00f3n de la situaci\u00f3n \u00a0planteada. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>16. \u00a0Sostuvieron que la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n \u00a0de tutela radicada bajo el n\u00famero 11001020300020250411000 \u00a0resulta injustificada, en la medida en que, pese al car\u00e1cter \u00a0preferente y sumario de este mecanismo constitucional, no se habr\u00eda \u00a0definido oportunamente el despacho competente ni se habr\u00eda \u00a0impartido el impulso procesal correspondiente dentro de los t\u00e9rminos \u00a0legales. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>17. \u00a0Alegaron que las manifestaciones de impedimento sucesivas no \u00a0constituyen una raz\u00f3n v\u00e1lida para justificar la \u00a0prolongaci\u00f3n del tr\u00e1mite, pues a su juicio, tales \u00a0circunstancias no pueden trasladarse en perjuicio de los accionantes \u00a0ni desnaturalizar la finalidad de la acci\u00f3n de tutela como \u00a0instrumento eficaz para la protecci\u00f3n inmediata de los \u00a0derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>18. \u00a0Indicaron que la falta de una decisi\u00f3n oportuna por parte de \u00a0la autoridad judicial accionada vulnera sus derechos fundamentales al \u00a0debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, al \u00a0prolongar de manera indefinida la definici\u00f3n de la acci\u00f3n \u00a0constitucional inicialmente promovida. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>19. \u00a0En ese sentido, solicitaron a esta Sala revocar la sentencia \u00a0impugnada y, en su lugar, conceder el amparo invocado, impartiendo \u00a0las \u00f3rdenes necesarias para que la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia avocara de \u00a0manera inmediata el conocimiento de la acci\u00f3n de tutela \u00a0referida y resolviera de fondo lo solicitado. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>V. \u00a0CONSIDERACIONES DE LA SALA \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Competencia. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>20. \u00a0De conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 32 del \u00a0Decreto 2591 de 1991, concordante con el reglamento General de la \u00a0Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casaci\u00f3n Penal es \u00a0competente para resolver la impugnaci\u00f3n formulada contra el \u00a0fallo de tutela que emiti\u00f3 la hom\u00f3loga Sala Laboral de \u00a0esta Corporaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>21. \u00a0En el presente evento, preciso \u00a0es recordar que al tenor de lo previsto en el art\u00edculo 86 de \u00a0la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, toda persona puede invocar la \u00a0acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, en todo \u00a0momento y lugar, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su \u00a0nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos \u00a0constitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos \u00a0resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n \u00a0de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>22. \u00a0Adem\u00e1s, de acuerdo con lo normado en el inciso 3\u00ba del \u00a0art\u00edculo 86 ejusdem, \u00a0en concordancia con el numeral 1 del art\u00edculo 6 del Decreto \u00a02591 de 19911, \u00a0la acci\u00f3n de tutela \u00fanicamente es procedente cuando el \u00a0afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se \u00a0utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio \u00a0irremediable. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>An\u00e1lisis \u00a0del caso concreto. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>23. \u00a0En el caso objeto de an\u00e1lisis, Audrey Cristina Casta\u00f1eda \u00a0Pi\u00f1eros, Joan Leonardo Casta\u00f1eda Pi\u00f1eros, Edgar \u00a0Mauricio Casta\u00f1eda Pi\u00f1eros, Marby Audrey Pi\u00f1eros \u00a0Lezama, Edgar Casta\u00f1eda Reyes y Jos\u00e9 Orduay Casta\u00f1eda \u00a0Reyes afirmaron que, dentro del tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de \u00a0tutela identificada con el radicado 11001020300020250411000, se \u00a0habr\u00eda configurado una mora judicial injustificada, atribuible \u00a0a la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte \u00a0Suprema de Justicia, al no haberse avocado oportunamente el \u00a0conocimiento del asunto ni adoptado decisi\u00f3n dentro de los \u00a0t\u00e9rminos propios de la acci\u00f3n constitucional. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Consideraciones \u00a0en relaci\u00f3n con la mora judicial. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>24. \u00a0Reza el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica \u00a0que toda persona tiene derecho a un debido proceso sin dilaciones \u00a0injustificadas. En el mismo sentido, el precepto 228 superior \u00a0expresamente ordena que los t\u00e9rminos procesales se observen \u00a0con diligencia y que su incumplimiento debe ser sancionado. Del mismo \u00a0modo, la Ley 270 de 1996 regula como principios que informan la \u00a0administraci\u00f3n de justicia, los de acceso a la justicia, \u00a0celeridad y eficiencia (c\u00e1nones 2, 4 y 7, respectivamente). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>25. \u00a0Es as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el \u00a0ordenamiento legal protegen al ciudadano de los excesos de los \u00a0servidores p\u00fablicos en el ejercicio de sus funciones, \u00a0imponi\u00e9ndoles a estos la obligaci\u00f3n de respetar los \u00a0t\u00e9rminos judiciales previamente establecidos por el \u00a0legislador, de tal suerte que obtenga una soluci\u00f3n oportuna a \u00a0las controversias \u00a0planteadas ante la jurisdicci\u00f3n, en aras de garantizar el \u00a0derecho a la tutela judicial efectiva. \u00a0<\/p>\n<p>26. \u00a0No obstante, la tardanza de las autoridades en materia judicial no se \u00a0deduce por el tiempo, sino que exige un an\u00e1lisis completo de \u00a0la situaci\u00f3n. Para determinar cu\u00e1ndo se presentan \u00a0dilaciones \u00a0injustificadas en \u00a0la administraci\u00f3n de justicia y, por consiguiente, en qu\u00e9 \u00a0eventos procede la acci\u00f3n de tutela, la jurisprudencia \u00a0constitucional, sentencia (T-052-2018, T-186-2017, T-803-2012 y \u00a0T-945A-2008), ha indicado que debe estudiarse si: \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>i) \u00a0Se \u00a0presenta un incumplimiento de los t\u00e9rminos establecidos en la \u00a0ley para adelantar alguna actuaci\u00f3n judicial; \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>ii) \u00a0No \u00a0existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la \u00a0congesti\u00f3n judicial o el volumen de trabajo, cuando el n\u00famero \u00a0de procesos que corresponde resolver al funcionario es elevado \u00a0(T-030\/2005), de tal forma que la capacidad log\u00edstica y humana \u00a0est\u00e1 mermada y se dificulta evacuarlos en tiempo (T494\/14), \u00a0entre otras m\u00faltiples causas (T-527\/2009); y \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>iii) \u00a0La \u00a0tardanza es imputable a la omisi\u00f3n en el cumplimiento de las \u00a0funciones por parte de una autoridad judicial (T-230\/2013, reiterada \u00a0en T-186\/2017). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>27. \u00a0As\u00ed \u00a0entonces, resulta necesario para el juez constitucional evaluar, bajo \u00a0el acervo probatorio correspondiente, si en casos de mora judicial \u00a0\u00e9sta es justificada o no (T-357\/2007). Una vez hecho ese \u00a0ejercicio, si el juez de tutela encuentra que la dilaci\u00f3n no \u00a0tiene justificaci\u00f3n alguna, habr\u00e1 de intervenir en \u00a0defensa de los derechos fundamentales del afectado. Y en caso de \u00a0determinar que la mora judicial estuvo \u2013 o est\u00e1 \u2013 \u00a0justificada, \u00a0siguiendo los postulados de la sentencia T-230-2013, cuenta con tres \u00a0alternativas distintas de soluci\u00f3n: \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>i) \u00a0Negar \u00a0la violaci\u00f3n de los derechos al debido proceso y al acceso a \u00a0la administraci\u00f3n de justicia, por lo que se reitera la \u00a0obligaci\u00f3n de someterse al sistema de turnos, en t\u00e9rminos \u00a0de igualdad; \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>ii) \u00a0Disponer \u00a0excepcionalmente la alteraci\u00f3n del orden para proferir la \u00a0decisi\u00f3n que se eche de menos, cuando el juez est\u00e1 en \u00a0presencia de un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, \u00a0o cuando la mora judicial supere los plazos razonables y tolerables \u00a0de soluci\u00f3n, en contraste con las condiciones de espera \u00a0particulares del afectado; y \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>iii) \u00a0Ordenar \u00a0un amparo transitorio en relaci\u00f3n con los derechos \u00a0fundamentales comprometidos, mientras la autoridad judicial \u00a0competente se pronuncia de forma definitiva en torno a la \u00a0controversia planteada. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>28. \u00a0Con \u00a0base en las anteriores consideraciones, esta Sala debe determinar si \u00a0se han vulnerado los derechos fundamentales del accionante con \u00a0ocasi\u00f3n a una presunta mora judicial injustificada, o si, por \u00a0el contrario, se encuentra una raz\u00f3n que permita descartar la \u00a0afectaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>29. \u00a0Al \u00a0examinar el acervo probatorio, se advierte que la situaci\u00f3n \u00a0cuestionada se origin\u00f3 en el marco del tr\u00e1mite interno \u00a0de la acci\u00f3n de tutela, particularmente por la manifestaci\u00f3n \u00a0sucesiva de impedimentos por parte de varios magistrados de la Sala \u00a0de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, circunstancia que incidi\u00f3 \u00a0en la definici\u00f3n del despacho competente y en la asignaci\u00f3n \u00a0del magistrado ponente. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>30. \u00a0Dichas actuaciones, lejos de evidenciar abandono o desatenci\u00f3n \u00a0del expediente, responden al cumplimiento de las garant\u00edas de \u00a0imparcialidad y debido proceso, propias del ejercicio de la funci\u00f3n \u00a0judicial, y constituyen un motivo objetivo y razonable que explica el \u00a0tiempo transcurrido sin que pueda predicarse una omisi\u00f3n \u00a0injustificada atribuible a la autoridad accionada. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>31. \u00a0Bajo ese escenario, no se advierte que el tr\u00e1mite \u00a0constitucional haya permanecido paralizado por causa imputable a la \u00a0Sala accionada, pues el expediente estuvo sujeto a actuaciones \u00a0propias del procedimiento, tales como reparto, manifestaciones de \u00a0impedimento y reasignaci\u00f3n, las cuales descartan la existencia \u00a0de una mora judicial constitucionalmente relevante. \u00a0<\/p>\n<p>32. \u00a0En ese sentido, la Sala comparte la conclusi\u00f3n del juez de \u00a0primera instancia, en cuanto estim\u00f3 que la situaci\u00f3n \u00a0planteada por los accionantes no supera el umbral exigido para la \u00a0intervenci\u00f3n del juez constitucional, al no acreditarse una \u00a0dilaci\u00f3n grave, injustificada y claramente imputable que \u00a0comprometa los derechos fundamentales invocados. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>33. \u00a0En consecuencia, esta Sala concluye que no se configur\u00f3 una \u00a0mora judicial injustificada atribuible a la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, raz\u00f3n \u00a0por la cual no se evidencia la vulneraci\u00f3n de los derechos \u00a0fundamentales al debido proceso ni al acceso a la administraci\u00f3n \u00a0de justicia alegados por los accionantes. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>34. \u00a0As\u00ed las cosas, lo procedente es confirmar el fallo impugnado, \u00a0mediante el cual se neg\u00f3 el amparo constitucional, al no \u00a0acreditarse la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales que \u00a0habilite la concesi\u00f3n de la tutela. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, LA \u00a0SALA DE DECISI\u00d3N DE ACCIONES DE TUTELA No. 1, DE LA SALA DE \u00a0CASACI\u00d3N PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, \u00a0administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>RESUELVE \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>PRIMERO: \u00a0CONFIRMAR el \u00a0fallo impugnado, \u00a0de \u00a0conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>SEGUNDO. \u00a0NOTIFICAR esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>TERCERO: \u00a0REMITIR el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, \u00a0una vez en firme. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>NOTIF\u00cdQUESE \u00a0y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>FERNANDO \u00a0LE\u00d3N BOLA\u00d1OS PALACIOS \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>JORGE \u00a0HERN\u00c1N D\u00cdAZ SOTO \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CARLOS \u00a0ROBERTO SOL\u00d3RZANO GARAVITO \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n<p>Secretaria \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Por el cual se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0reglamenta la acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a086 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 CARLOS \u00a0ROBERTO SOL\u00d3RZANO GARAVITO \u00a0 Magistrado \u00a0Ponente \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 STP684-2026 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0. 151656 \u00a0 Acta \u00a0No. 015 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1, \u00a0D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintis\u00e9is (2026). \u00a0 \u00a0\u00a0 I. \u00a0VISTOS \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 1. \u00a0Se pronuncia la Sala sobre la 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