\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
DIEGO \u00a0EUGENIO CORREDOR BELTR\u00c1N \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
STP669 \u00a0-2026 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0 151150 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0N\u00b0 010 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., veintid\u00f3s (22) de enero de dos mil veintis\u00e9is \u00a0(2026) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ASUNTO \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala resuelve la impugnaci\u00f3n \u00a0interpuesta por Juan \u00a0Carlos Echeverry Vel\u00e1squez, \u00a0contra \u00a0el fallo proferido el 18 de noviembre de 2025 por la Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, que \u00a0declar\u00f3 improcedente el amparo de su derecho fundamental al \u00a0debido proceso, presuntamente vulnerados por el Juzgado 3\u00ba de \u00a0Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa misma ciudad. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
HECHOS \u00a0Y FUNDAMENTOS DE LA ACCI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Fueron \u00a0rese\u00f1ados por el A \u00a0quo \u00a0constitucional, de la siguiente forma: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEl \u00a0accionante interpuso la acci\u00f3n constitucional para solicitar \u00a0la revisi\u00f3n de los c\u00f3mputos enviados desde julio hasta \u00a0septiembre, debido a que su disciplina est\u00e1 deficiente e \u00a0indic\u00f3 que se encuentra incapacitado desde el 1\u00ba de abril \u00a0del a\u00f1o en curso.\u201d \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
FALLO \u00a0RECURRIDO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 \u00a0consider\u00f3 que no se configuraba vulneraci\u00f3n alguna de \u00a0los derechos fundamentales del accionante, toda vez que el despacho \u00a0accionado, con anterioridad a la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n \u00a0de tutela, resolvi\u00f3 la solicitud de \u201cprisi\u00f3n \u00a0domiciliaria \u00a0por \u00a0enfermedad grave\u201d \u00a0presentada por el actor mediante Auto No. J03PI-AI-202-2413 del 7 de \u00a0octubre de 2025. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Igualmente, \u00a0se\u00f1al\u00f3 que, de la revisi\u00f3n efectuada en la \u00a0p\u00e1gina de consulta de procesos de la Rama Judicial, se \u00a0evidenci\u00f3 que el juzgado no hab\u00eda recibido nuevas \u00a0solicitudes de estudio de c\u00f3mputo ni peticiones de otra \u00edndole \u00a0por parte del accionante que se encuentren pendientes de resolver. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, al no evidenciarse la trasgresi\u00f3n alegada por el \u00a0demandante por parte del juzgado accionado, declar\u00f3 \u00a0improcedente el amparo deprecado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LA \u00a0IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Fue presentada por \u00a0la parte accionante, quien, en el documento de notificaci\u00f3n de \u00a0la decisi\u00f3n de primer grado, se limit\u00f3 a se\u00f1alar \u00a0\u201capelo \u00a0la decicion (sic)\u201d \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De conformidad con \u00a0lo establecido en el art\u00edculo \u00a086 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el canon 32 del \u00a0Decreto 2591 de 1991, \u00a0es competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnaci\u00f3n \u00a0presentada contra una decisi\u00f3n emitida por la Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, cuyo \u00a0superior jer\u00e1rquico es esta Corporaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0problema jur\u00eddico a resolver consiste en establecer si el a \u00a0quo constitucional acert\u00f3 al declarar improcedente el amparo \u00a0invocado por Juan \u00a0Carlos Echeverry Vel\u00e1squez, \u00a0al considerar que el Juzgado \u00a03\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagu\u00e9 \u00a0no hab\u00eda transgredido los derechos fundamentales del \u00a0accionante, en tanto las solicitudes presentadas por este hab\u00edan \u00a0sido debidamente atendidas, sin encontrarse ninguna pendiente de \u00a0resoluci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Para el \u00a0accionante, el juzgado no realiz\u00f3 un adecuado estudio en \u00a0cuanto a la redenci\u00f3n de pena aludida, por lo que solicita se \u00a0deje sin efecto dicha contabilizaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed, aun \u00a0cuando el accionante no precis\u00f3 con exactitud cu\u00e1l era \u00a0la decisi\u00f3n del Juzgado 3\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y \u00a0Medidas de Seguridad de Ibagu\u00e9 sobre la cual reca\u00eda la \u00a0vulneraci\u00f3n alegada, lo cierto es que la \u00faltima \u00a0actuaci\u00f3n que obra en el expediente corresponde al auto \u00a0emitido el 7 de octubre de 2025 mediante el cual se resolvi\u00f3: \u00a0i) la solicitud de prisi\u00f3n domiciliaria por enfermedad grave \u00a0presentada, y ii) la solicitud de redenci\u00f3n de pena formulada \u00a0por Echeverry \u00a0Vel\u00e1squez. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora bien, como \u00a0es bien sabido, la acci\u00f3n de tutela tiene por objeto proteger \u00a0de manera efectiva e inmediata las garant\u00edas fundamentales, \u00a0cuando resulten vulnerados o amenazados por acci\u00f3n u omisi\u00f3n \u00a0de las autoridades, y de los particulares en los casos que la ley \u00a0regula, siempre que el afectado no disponga de otros medios de \u00a0defensa judicial. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Al ser la tutela \u00a0un mecanismo de protecci\u00f3n excepcional frente a providencias \u00a0judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de \u00abciertos \u00a0y rigurosos requisitos de procedibilidad\u00bb1 \u00a0que implican una carga para el actor, no s\u00f3lo en su \u00a0planteamiento, sino tambi\u00e9n en su demostraci\u00f3n, como lo \u00a0ha expuesto la propia Corte Constitucional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed, uno de \u00a0los presupuestos generales de procedencia de la acci\u00f3n \u00a0constitucional contra providencias judiciales es el agotamiento de \u00a0\u00abtodos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa \u00a0judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de \u00a0evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental \u00a0irremediable\u00bb.2 \u00a0Baste, entonces, con que se incumpla tal requisito, para relevar al \u00a0juez constitucional del estudio de fondo del asunto puesto a su \u00a0conocimiento. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed, \u00a0en este punto, se advierte inviable abrir paso a la protecci\u00f3n \u00a0constitucional invocada, pues el accionante incumple con la exigencia \u00a0de subsidiariedad, dado que no hizo uso del instrumento judicial que \u00a0ten\u00eda a su alcance para controvertir el auto que le neg\u00f3 \u00a0la prisi\u00f3n domiciliaria por enfermedad grave y en el que se \u00a0analiz\u00f3 la redenci\u00f3n de pena reconocida al actor, \u00a0providencia que ahora ataca por esta v\u00eda preferente y sumaria. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0concreto, del expediente se desprende que, mediante el auto No. \u00a0J03PI-AI-2025-2413 del 7 de octubre de 2025, el Juzgado 3\u00ba de \u00a0Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagu\u00e9 \u00a0neg\u00f3 la solicitud de prisi\u00f3n domiciliaria por \u00a0enfermedad grave presentada por Juan \u00a0Carlos Echeverry Vel\u00e1squez, \u00a0al considerar que, del dictamen m\u00e9dico forense allegado por el \u00a0Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, no se acredit\u00f3 \u00a0el estado de grave enfermedad aducido por el condenado ni la \u00a0incompatibilidad de su situaci\u00f3n de salud con la reclusi\u00f3n \u00a0intramural. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Igualmente, \u00a0en lo que respecta a la situaci\u00f3n jur\u00eddica del penado, \u00a0el juzgado indic\u00f3 que, de los 210 meses de prisi\u00f3n a \u00a0los que hab\u00eda sido condenado Echeverry \u00a0Vel\u00e1squez, \u00a0hab\u00eda cumplido un total de 77 meses, 15 d\u00edas y 8 horas \u00a0de privaci\u00f3n de la libertad. Ello, en raz\u00f3n a que hab\u00eda \u00a0cumplido efectivamente 75 meses de prisi\u00f3n, m\u00e1s los 2 \u00a0meses y 15 d\u00edas reconocidos por redenci\u00f3n de pena. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Contra \u00a0esta determinaci\u00f3n, el interesado present\u00f3 recurso de \u00a0apelaci\u00f3n. No obstante, tal como consta en la p\u00e1gina de \u00a0consulta de la Rama Judicial, el actor desisti\u00f3 de su \u00a0presentaci\u00f3n el pasado 29 de octubre, dejando as\u00ed de \u00a0utilizar el escenario \u00a0id\u00f3neo para controvertir la decisi\u00f3n emitida en su \u00a0disfavor. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Entonces, \u00a0permitir que sin el agotamiento de los recursos ordinarios se acuda \u00a0directamente al juez de tutela, ser\u00eda aceptar que este \u00a0mecanismo excepcional de defensa de los derechos fundamentales pierda \u00a0tal car\u00e1cter y se convierta en general y paralelo a los \u00a0mismos. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Ello \u00a0se opone expresamente a lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la \u00a0Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, el cual dispone: \u00abEsta \u00a0acci\u00f3n solo proceder\u00e1 cuando el afectado no disponga de \u00a0otro medio de defensa judicial\u00bb; y \u00a0lo reafirma el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991: \u00a0\u00abLa acci\u00f3n de tutela no proceder\u00e1: 1. Cuando \u00a0existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0esta suerte, resulta inviable que el actor pretenda, a trav\u00e9s \u00a0de este mecanismo de amparo, incursionar en el cuestionamiento de la \u00a0decisi\u00f3n que neg\u00f3 \u00a0la prisi\u00f3n domiciliaria por enfermedad grave y en el que se \u00a0analiz\u00f3 la redenci\u00f3n de pena reconocida al actor, \u00a0cuando no agot\u00f3 \u00a0los medios ofrecidos por el ordenamiento \u00a0jur\u00eddico, en perspectiva de propender por la defensa de sus \u00a0intereses. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bajo \u00a0tales consideraciones, la Sala confirmar\u00e1 la improcedencia del \u00a0amparo deprecado, pero por los motivos expuestos en precedencia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala \u00a0de Decisi\u00f3n de Tutelas N\u00ba 3 de la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Penal de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Primero: \u00a0Confirmar el \u00a0fallo impugnado, pero \u00a0por los motivos expuestos en este prove\u00eddo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Segundo: \u00a0Remitir \u00a0el expediente a \u00a0la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Notif\u00edquese \u00a0y C\u00famplase. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
DIEGO \u00a0EUGENIO CORREDOR BELTR\u00c1N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
MYRIAM \u00a0\u00c1VILA ROLD\u00c1N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
GERSON \u00a0CHAVERRA CASTRO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CC C-590\/05, T-332\/06, SU-659\/15, SU-090\/18, SU-116\/18 y SU-108\/20. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ibidem. \u00a0<\/p>\n
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