\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
FERNANDO LE\u00d3N \u00a0BOLA\u00d1OS PALACIOS \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
STP624-2026 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0N\u00b0. 151278 \u00a0<\/p>\n
(Aprobaci\u00f3n \u00a0Acta No.015) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C, \u00a0veintisiete \u00a0(27) de enero \u00a0de \u00a0dos mil veintis\u00e9is (2026). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
I. ASUNTO \u00a0<\/p>\n
1. Decide la Sala \u00a0la impugnaci\u00f3n interpuesta por el \u00abapoderado\u00bb \u00a0de BLANCA NIDIA D\u00cdAZ SILVA, contra el fallo de tutela \u00a0proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito \u00a0Judicial de Manizales, el 21 de noviembre 20251, \u00a0que declar\u00f3 improcedente el amparo de su derecho fundamental \u00a0de petici\u00f3n, presuntamente vulnerado por la Fiscal\u00eda 2\u00b0 \u00a0Seccional de Puerto Boyac\u00e1. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
-. Al tr\u00e1mite \u00a0se vincul\u00f3 a la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas \u00a0de Caldas. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
II. HECHOS \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. Fueron \u00a0expuestos por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito \u00a0Judicial de Manizales, en los siguientes t\u00e9rminos: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00abAfirm\u00f3 \u00a0el abogado Cristian Camilo Flor Dorado, quien originalmente dijo \u00a0actuar por propia cuenta, en calidad de apoderado de la se\u00f1ora \u00a0Blanca Nidia D\u00edaz Silva y a su vez como agente oficioso, que \u00a0aquella es presunta v\u00edctima dentro de la investigaci\u00f3n \u00a0identificada con el NUNC 155726103198201280324, y que, haciendo uso \u00a0del derecho de petici\u00f3n, el 7 de octubre de 2025 se radic\u00f3 \u00a0una solicitud ante la Fiscal\u00eda Segunda Seccional de Puerto \u00a0Boyac\u00e1. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Que, \u00a0el prop\u00f3sito de dicho requerimiento fue obtener copia del plan \u00a0metodol\u00f3gico, acceder a lo obrante en la investigaci\u00f3n, \u00a0conocer las razones por las cuales no se ha procedido con la \u00a0imputaci\u00f3n de cargos, recaudar informaci\u00f3n sobre las \u00a0pr\u00f3ximas actividades investigativas, as\u00ed como otros \u00a0datos que estim\u00f3 relevantes. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Sin \u00a0embargo, a la fecha de la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de \u00a0tutela, no hab\u00eda recibido respuesta alguna por parte de la \u00a0autoridad requerida. En consecuencia, pretendi\u00f3 que se obligue \u00a0a la accionada a proferir una respuesta dentro del t\u00e9rmino de \u00a03 d\u00edas.\u00bb \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
III. \u00a0EL FALLO IMPUGNADO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. La Sala Penal \u00a0del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, mediante \u00a0sentencia de 21 de noviembre de 2025, declar\u00f3 la improcedencia \u00a0de conformidad con lo siguiente: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3.1. El abogado \u00a0que interpuso la acci\u00f3n constitucional en calidad de apoderado \u00a0de BLANCA NIDIA D\u00cdAZ SILVA, \u00a0si bien alleg\u00f3 poder, el mismo no expresaba que lo facultaba \u00a0para adelantar el tr\u00e1mite constitucional, sino en la actuaci\u00f3n \u00a0penal con radicado 155726103198201280324. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3.2. Tampoco \u00a0explic\u00f3, si quiera de manera sumaria, las razones por las \u00a0cuales la interesada se encontraba impedida para ejercer directamente \u00a0la acci\u00f3n de tutela, ni aport\u00f3 constancia alguna de que \u00a0ella hubiese dado su consentimiento para iniciar la acci\u00f3n en \u00a0su nombre. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
IV. LA \u00a0IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. El \u00abapoderado\u00bb \u00a0de BLANCA NIDIA D\u00cdAZ SILVA impugn\u00f3 el fallo con el fin \u00a0de que se revoque la sentencia de primera instancia para, en su \u00a0lugar, reconocer la legitimaci\u00f3n en la causa por activa y \u00a0conceder el amparo con fundamento en lo siguiente: \u00a0<\/p>\n
4.1. Expuso que \u00a0las formalidades no pueden estar por encima del derecho sustancial. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4.2. Consider\u00f3 \u00a0que se deb\u00eda enviar un mensaje al Tribunal por el \u00abda\u00f1o\u00bb \u00a0que le ha hecho a su prohijada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4.3. Por lo \u00a0anterior, solicit\u00f3 se revoque el fallo de tutela de primera \u00a0instancia y en su lugar amparar los derechos de la accionante. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
V. \u00a0CONSIDERACIONES DE LA SALA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5. De \u00a0conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 32 del Decreto \u00a02591 de 1991, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la \u00a0impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida en \u00a0primera instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior del \u00a0Distrito Judicial de Manizales, de quien es su superior funcional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0Dispone \u00a0el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, y \u00a0as\u00ed lo reitera el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 2591 de \u00a01991, que \u00a0toda persona tendr\u00e1 acci\u00f3n de tutela para reclamar ante \u00a0los jueces la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos \u00a0fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o \u00a0amenazados por acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad \u00a0p\u00fablica o de los particulares en los casos que la ley \u00a0contempla; amparo que solo proceder\u00e1 si el afectado no dispone \u00a0de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como \u00a0mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De la \u00a0legitimidad por activa \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
7. \u00a0Sobre este aspecto, el art\u00edculo 10\u00ba del Decreto 2591 \u00a0de 1991 dispone que la tutela:\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00ab(\u2026) \u00a0podr\u00e1 ser ejercida en todo momento y lugar, \u00a0por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos \u00a0fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s \u00a0de representante. \u00a0Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se \u00a0pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no \u00a0est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal \u00a0circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud. \u00a0Tambi\u00e9n \u00a0podr\u00e1n ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros \u00a0municipales. (Resalta \u00a0la Sala).\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
(i) \u00a0Que la persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos \u00a0fundamentales est\u00e1 legitimada para interponer la acci\u00f3n \u00a0de tutela de manera directa o por medio de representante, bien que \u00a0\u00e9ste sea apoderado judicial o act\u00fae como agente \u00a0oficioso.\u00a0\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
(ii) \u00a0Que cuando se trata de un apoderado judicial, que ha de ser, por \u00a0supuesto, un abogado titulado, surge la obligaci\u00f3n de \u00a0demostrar la existencia del correspondiente mandato, pues por \u00a0tratarse de derechos fundamentales se requiere de poder especial que, \u00a0en cualquier caso, se presumir\u00e1 aut\u00e9ntico.\u00a0\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
(iii) Y, que \u00a0cuando quien interpone la acci\u00f3n de amparo act\u00faa como \u00a0agente oficioso, tiene la obligaci\u00f3n de: (a) manifestar tal \u00a0circunstancia en la solicitud y (b) acreditar la indefensi\u00f3n \u00a0del titular de las garant\u00edas cuya tutela se demanda. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
7.2. \u00a0La jurisprudencia constitucional ha precisado la importancia de la \u00a0acreditaci\u00f3n de la legitimidad en la causa por activa como \u00a0requisito de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. Al \u00a0respecto, la Corte Constitucional, en la sentencia CC T-511 de 2017, \u00a0basada en la sentencia CC T-416 de 1997, record\u00f3 que \u00abla \u00a0legitimaci\u00f3n en la causa por activa constituye un presupuesto \u00a0de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad \u00a0subjetiva de las partes respecto del inter\u00e9s sustancial que se \u00a0discute en el proceso de tutela\u00bb.\u00a0\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Caso \u00a0concreto \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
8. En el presente \u00a0asunto, esta Sala considera que, en efecto, el presunto apoderado de \u00a0BLANCA NIDIA D\u00cdAZ SILVA no se encuentra legitimado en la causa \u00a0por activa para representar sus intereses en la acci\u00f3n \u00a0constitucional, por lo que se torna innecesario realizar un an\u00e1lisis \u00a0de fondo del presupuesto de subsidiariedad. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
9. Si bien el \u00a0abogado alleg\u00f3 poder, lo cierto es que no cumple los criterios \u00a0establecidos por la Corte Constitucional2, \u00a0pues v\u00e9ase que el mismo es del siguiente tenor: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
10. Analizado \u00a0dicho documento, es claro que se refiere al mandato para representar \u00a0a BLANCA NIDIA D\u00cdAZ SILVA, en calidad de v\u00edctima, como \u00a0interviniente especial dentro del proceso penal con radicado \u00a015572610319820128032400 y no para la presente acci\u00f3n \u00a0constitucional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
11. En igual \u00a0sentido, se advierte que tampoco acredit\u00f3 la agencia oficiosa \u00a0en favor de la accionante, pues no demostr\u00f3 imposibilidad \u00a0alguna que impidiera a la actora acudir directamente a la presente \u00a0acci\u00f3n constitucional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
12. En ese \u00a0sentido, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Manizales no incurri\u00f3 en yerro alguno al considerar la falta \u00a0de legitimaci\u00f3n por activa del abogado que afirm\u00f3 \u00a0actuar en favor de BLANCA NIDIA D\u00cdAZ SILVA, pues no aport\u00f3 \u00a0debidamente poder especial que as\u00ed lo facultara ni tampoco \u00a0acredit\u00f3 la agencia oficiosa en favor de ella. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
13. En \u00a0conclusi\u00f3n, estima la Sala que la decisi\u00f3n recurrida \u00a0debe ser confirmada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por lo expuesto, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Penal \u2013 en Sala de \u00a0Decisi\u00f3n de Acciones de Tutela N\u00b0 1, administrando \u00a0justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
VI. RESUELVE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. CONFIRMAR \u00a0el fallo de tutela impugnado, conforme \u00a0a las razones expuestas en la parte motiva de esta decisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Notificar \u00a0a los sujetos \u00a0procesales este fallo de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo \u00a030 del Decreto 2591 de 1991 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Env\u00edese \u00a0la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual \u00a0revisi\u00f3n, dentro del t\u00e9rmino indicado en el art\u00edculo \u00a031 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0LE\u00d3N BOLA\u00d1OS PALACIOS \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
JORGE \u00a0HERN\u00c1N D\u00cdAZ SOTO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CARLOS ROBERTO \u00a0SOL\u00d3RZANO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Expediente asignado por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0reparto al despacho del Magistrado Ponente el 9 de diciembre de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02025. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0T-1026-2025, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00ablo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que ha dicho la CC que elementos debe contener el poder especial en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0tutela (i) los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que se pretende proteger y garantizar.\u00bb \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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