\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
JORGE \u00a0HERN\u00c1N D\u00cdAZ SOTO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
STP335-2026 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 151199 \u00a0<\/p>\n
(Acta \u00a0n.\u00b0 006) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintis\u00e9is (2026). \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
I. ASUNTO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sala de \u00a0Decisi\u00f3n de Tutelas N.\u00b0 1 se pronuncia sobre la \u00a0impugnaci\u00f3n formulada por el accionante JUAN FRANCISCO G\u00d3MEZ \u00a0CERCHAR contra la sentencia del 24 de noviembre de 2025. Con esta \u00a0decisi\u00f3n la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal \u00a0Superior de Bogot\u00e1 ampar\u00f3 y declar\u00f3 improcedente \u00a0la solicitud de resguardo. La demanda de tutela se inco\u00f3 en \u00a0contra de la Sociedad de Activos Especiales S.A.E., Oficina de \u00a0Registro e Instrumentos P\u00fablicos Riohacha y la Fiscal\u00eda \u00a019 de Extinci\u00f3n de Dominio. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
II. \u00a0ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El apoderado del \u00a0accionante se\u00f1ala que la Sociedad de Activos Especiales S.A.E. \u00a0expidi\u00f3 la Resoluci\u00f3n No. 341 de 2025, ordenando la \u00a0transferencia del dominio del inmueble identificado con FMI 210-4573 \u00a0al FRISCO, acogi\u00e9ndose a la figura de enajenaci\u00f3n \u00a0temprana prevista en la Ley 1708 de 2014. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Afirma que dicha \u00a0medida exige acreditar alguna causal del art\u00edculo 93 de la Ley \u00a01708, pero la resoluci\u00f3n no identifica ni demuestra la \u00a0configuraci\u00f3n de ninguna de ellas, lo que evidencia falta de \u00a0motivaci\u00f3n y soporte probatorio. Sostiene que ello convierte \u00a0la decisi\u00f3n en un acto arbitrario que afecta de manera directa \u00a0el derecho a la propiedad privada y a la defensa. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Indica que la \u00a0medida desconoce el contenido esencial del derecho de dominio \u00a0consagrado en el art\u00edculo 669 del C\u00f3digo Civil y el \u00a0art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n, pues la transferencia \u00a0patrimonial solo puede perfeccionarse mediante t\u00edtulo y modo \u00a0v\u00e1lidos. A\u00f1ade que la Ley 1579 de 2012 exige que los \u00a0t\u00edtulos inscribibles correspondan a contratos, sentencias o \u00a0laudos ejecutoriados, de modo que un acto administrativo como la \u00a0Resoluci\u00f3n 341 de 2025 no tiene aptitud para generar una \u00a0mutaci\u00f3n registral v\u00e1lida. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Destaca que la \u00a0discusi\u00f3n no tiene naturaleza penal ni se refiere al fondo de \u00a0la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio, sino a la validez \u00a0civil y registral de un acto que pretende transferir el dominio sin \u00a0reunir los requisitos previstos por la legislaci\u00f3n civil. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Sostiene que las \u00a0figuras introducidas por la Ley 1708 de 2014 \u2014 enajenaci\u00f3n \u00a0temprana, r\u00e9gimen de medidas cautelares y control de \u00a0legalidad\u2014 no son aplicables al proceso de su representado, \u00a0pues este se rige por la Ley 793 de 2002, que no contempla dichas \u00a0herramientas. Por ello, considera que la S.A.E. actu\u00f3 por \u00a0fuera del marco normativo aplicable. \u00a0<\/p>\n
Agrega que \u00a0diversas autoridades han omitido actuaciones esenciales: la Fiscal\u00eda \u00a019 no ha decidido sobre el inicio o no de la acci\u00f3n tras m\u00e1s \u00a0de doce a\u00f1os de investigaci\u00f3n; la S.A.E. no valor\u00f3 \u00a0la expectativa razonable de obtener una decisi\u00f3n favorable; y \u00a0la Oficina de Registro de Riohacha no ha cancelado las anotaciones 11 \u00a0y 12 del folio, pese a que las medidas cautelares no pueden \u00a0prolongarse m\u00e1s de seis meses seg\u00fan el art\u00edculo \u00a089 de la Ley 1708. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En consecuencia, \u00a0solicita tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, \u00a0defensa, contradicci\u00f3n, igualdad, propiedad privada y acceso a \u00a0la justicia. Pide suspender los efectos de la Resoluci\u00f3n 341 \u00a0de 2025 y ordenar a la S.A.E. y a la Oficina de Registro abstenerse \u00a0de realizar actos de disposici\u00f3n o inscripci\u00f3n hasta \u00a0que se demuestre la concurrencia de alguna de las causales del \u00a0art\u00edculo 93 de la Ley 1708. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Como pretensiones \u00a0subsidiarias, solicita tutelar los derechos al debido proceso, plazo \u00a0razonable, proporcionalidad y razonabilidad, suspender \u00a0transitoriamente la resoluci\u00f3n cuestionada hasta que la \u00a0Fiscal\u00eda resuelva la procedencia de la acci\u00f3n conforme \u00a0a la Ley 793 de 2002, y advertir a las entidades accionadas sobre el \u00a0incumplimiento de los plazos legales y la afectaci\u00f3n a la \u00a0seguridad jur\u00eddica del accionante. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
III. FALLO \u00a0IMPUGNADO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Para resolver la tutela, el colegiado de primer grado analiz\u00f3 \u00a0dos aspectos: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
i. La \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0mora judicial en la que ha incurrido la Fiscal\u00eda 19 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Especializada de Extinci\u00f3n de Dominio con radicado n.\u00b0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a012692 ED, regulado por la Ley 792 de 2002.<\/p>\n
ii. Sobre \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la procedencia de la acci\u00f3n de tutela para ordenar a la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sociedad de Activos Especiales dejar sin efectos la inscripci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de la medida de enajenaci\u00f3n temprana sobre el inmueble N.\u00b0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0210-4573, hasta tanto se resuelva de fondo el proceso de extinci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de dominio. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0Respecto del primer apartado, el Tribunal encontr\u00f3 configurada \u00a0la mora judicial injustificada. Ello, en atenci\u00f3n a que el \u00a0tr\u00e1mite de la extinci\u00f3n de dominio inici\u00f3 desde \u00a0el 2013. Desde ese entonces, \u00abno existe una actuaci\u00f3n \u00a0sustancial que permita concluir el proceso conforme al r\u00e9gimen \u00a0de la Ley 793 de 2002, ni decisi\u00f3n que defina la situaci\u00f3n \u00a0jur\u00eddica del bien objeto de afectaci\u00f3n. La simple \u00a0programaci\u00f3n de diligencias futuras no enerva la evidente y \u00a0prolongada inactividad hist\u00f3rica que caracteriza el \u00a0expediente\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0En lo que concierne al segundo ac\u00e1pite, se\u00f1al\u00f3 \u00a0que tal pretensi\u00f3n deviene improcedente ante la inobservancia \u00a0del presupuesto de subsidiariedad. Al respecto, la magistratura \u00a0sostuvo que el interesado \u00abcuenta con los mecanismos judiciales \u00a0ordinarios\u00bb para hacer valer tal pretensi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.3. \u00a0Al respecto, sostuvo que la vulneraci\u00f3n alegada por el actor \u00a0en ocasi\u00f3n a la Resoluci\u00f3n 341 de 2025 expedida por la \u00a0S.A.E debe discutirse ante \u00a0la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, donde incluso es \u00a0posible solicitar la suspensi\u00f3n provisional si se cumplen los \u00a0presupuestos legales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.4. \u00a0Advirti\u00f3 que la tutela no puede reemplazar los mecanismos \u00a0destinados al control de legalidad de los actos administrativos. \u00a0Pues, este no constituye el medio id\u00f3neo ni subsidiario para \u00a0resolver las controversias planteadas. Tampoco, encontr\u00f3 la \u00a0configuraci\u00f3n de un perjuicio grave, inminente o irreparable \u00a0que habilite su estudio excepcional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0En consecuencia, la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal \u00a0Superior de Bogot\u00e1, resolvi\u00f3: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
PRIMERO: \u00a0DECLARAR la improcedencia de tutela respecto de los derechos \u00a0fundamentales de defensa, contradicci\u00f3n, igualdad, propiedad \u00a0privada Juan Francisco G\u00f3mez Cerchar, por las razones \u00a0expuestas en esta sentencia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
SEGUNDO: \u00a0DESVINCULAR de la acci\u00f3n constitucional al Ministerio de \u00a0Justicia y del Derecho. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
TERCERO: \u00a0CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales del debido proceso y \u00a0acceso a la administraci\u00f3n de justicia solicitados, por Juan \u00a0Francisco G\u00f3mez Cerchar conforme se indic\u00f3 en la parte \u00a0motiva de esta decisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CUARTO: \u00a0ORDENAR a la Fiscal\u00eda 19 Especializada de Extinci\u00f3n de \u00a0Dominio de Bogot\u00e1 que, dentro del t\u00e9rmino de tres (3) \u00a0meses, contados a partir de la notificaci\u00f3n del presente \u00a0fallo, culmine la investigaci\u00f3n que actualmente se adelanta en \u00a0la etapa probatoria y adopte la decisi\u00f3n que defina la \u00a0situaci\u00f3n jur\u00eddica de los bienes, mediante la \u00a0correspondiente resoluci\u00f3n de procedencia o improcedencia, \u00a0conforme al procedimiento previsto en la Ley 793 de 2002. La \u00a0Direcci\u00f3n Nacional Especializada para la Extinci\u00f3n del \u00a0Derecho de Dominio de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u00a0vigilar\u00e1 y verificar\u00e1 el complimiento de esta orden, \u00a0con fundamento en las razones expuestas. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5.1 \u00a0Destac\u00f3 que la demanda de tutela persigui\u00f3 el resguardo \u00a0al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00a0propiedad privada y petici\u00f3n. En ese sentido refiri\u00f3 \u00a0que \u00ab[I]ndependientemente de que prosperara o no la tutela \u00a0incoada en tales t\u00e9rminos, correspond\u00eda al juez \u00a0constitucional emitir resoluci\u00f3n sobre la totalidad de los \u00a0atributos en menci\u00f3n\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
IV. IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
7. En el escrito \u00a0de alzada expuso que interpon\u00eda el recurso \u00fanicamente \u00a0contra el numeral primero del prove\u00eddo. Esto es, la \u00a0declaratoria de improcedencia del mecanismo constitucional para dejar \u00a0sin efecto la inscripci\u00f3n de la medida de enajenaci\u00f3n \u00a0temprana sobre el inmueble N.\u00b0 210-4573, hasta tanto se resuelva \u00a0de fondo el proceso de extinci\u00f3n de dominio. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
8. Argument\u00f3 \u00a0que \u00abel juez colegiado de primera instancia erradamente \u00a0consider\u00f3 en la parte motiva correspondiente al caso concreto \u00a0que no se cumpl\u00eda con el requisito de subsidiariedad para \u00a0proceder a estudiar de fondo sobre la protecci\u00f3n de los \u00a0derechos vulnerados por la Resoluci\u00f3n 341 de 2005\u00bb. Lo \u00a0anterior, porque la S.A.E en ese acto administrativo en la parte \u00a0resolutiva indic\u00f3 que \u00abcontra ella no procede recurso \u00a0alguno, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 75 de \u00a0la Ley 1437 de 2011\u00bb. Por esta raz\u00f3n, se excluy\u00f3 \u00a0el control judicial. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed, \u00a0solicit\u00f3 que se revoque parcialmente la decisi\u00f3n de \u00a0primera instancia. En ese sentido, se analice de fondo el contenido \u00a0de la Resoluci\u00f3n 341 de 2005. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
V. \u00a0CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
10. \u00a0Esta \u00a0Sala es competente para pronunciarse sobre la impugnaci\u00f3n \u00a0interpuesta contra la sentencia adoptada en primera instancia por la \u00a0Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, \u00a0de quien es su superior funcional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
11. \u00a0El art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica \u00a0dispone que toda persona tendr\u00e1 el mecanismo de tutela para \u00a0reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de sus \u00a0derechos fundamentales. Esta acci\u00f3n preferente opera cuando \u00a0resultan vulnerados o amenazados por acci\u00f3n u omisi\u00f3n \u00a0de cualquier autoridad o de los particulares en los casos en los que \u00a0la ley lo contempla. El amparo solo procede si el afectado no dispone \u00a0de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como \u00a0mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable1. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
12. En sede de \u00a0impugnaci\u00f3n, el juez constitucional debe verificar su \u00a0contenido, el acervo probatorio y el fallo. Si la sentencia no tiene \u00a0fundamento, proceder\u00e1 a revocarla. Si lo tiene, la confirmar\u00e1 \u00a02. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
13. \u00a0Dado que el \u00a0accionante centr\u00f3 su inconformidad en un aspecto espec\u00edfico, \u00a0la Sala enfocar\u00e1 su an\u00e1lisis en aquel reparo. As\u00ed \u00a0las cosas, el problema jur\u00eddico consiste en determinar si la \u00a0magistratura de primera instancia incumpli\u00f3 su deber de \u00a0motivaci\u00f3n al abstenerse de pronunciarse sobre la procedencia \u00a0del amparo respecto a los derechos fundamentales invocados por el \u00a0accionante al debido proceso, defensa, contradicci\u00f3n, \u00a0igualdad, propiedad privada y acceso a la administraci\u00f3n de \u00a0justicia en su demanda de tutela. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
14. Para resolver \u00a0el problema jur\u00eddico que tiene la atenci\u00f3n de la Sala, \u00a0se proceder\u00e1 de la siguiente manera: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
i. Precisar\u00e1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0aspectos generales respecto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a la figura de la enajenaci\u00f3n temprana.<\/p>\n
ii. Abordar\u00e1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el caso concreto. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De la figura de \u00a0la enajenaci\u00f3n temprana \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
16. \u00a0La Corte ha se\u00f1alado4 \u00a0que esta figura consiste en trasferir a terceros el derecho de \u00a0dominio de bienes que cumplan con los requisitos del art 93 de Ley \u00a01708 de 2014. Es de su naturaleza que opere cuando el \u00a0proceso de extinci\u00f3n de dominio a\u00fan no ha concluido con \u00a0sentencia definitiva. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
17. \u00a0Esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que cuando en un proceso de \u00a0extinci\u00f3n de dominio se emite providencia que niega o declara \u00a0su improcedencia, aunque no se encuentre en firme, no resulta viable \u00a0la continuaci\u00f3n del procedimiento de enajenaci\u00f3n \u00a0temprana. Lo anterior porque: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
i. no \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0existe un soporte jur\u00eddico que sustente la medida y<\/p>\n
ii. el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0propietario tiene una expectativa razonable de que se mantenga la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0decisi\u00f3n y que los bienes le sean restituidos. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
18. \u00a0En ese tenor, la Sala ha establecido que es \u00a0posible que en el proceso de extinci\u00f3n de dominio se emita \u00a0providencia que niegue o declare su improcedencia. Tambi\u00e9n, \u00a0que puede que se contin\u00fae el tr\u00e1mite de enajenaci\u00f3n \u00a0temprana. Ante tal caso ha se\u00f1alado que resulta necesaria la \u00a0intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar la \u00a0configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable. \u00a0(CSJ SCP STP16849, rad. 101118, 10 dic.\u00a02018; STP4927, rad. \u00a0104019, 23 abr. 2019; STP5685, rad. 115850, 13 abr. 2021, STP7112, \u00a0rad. 120257, 9 nov. 2021;\u00a0STP1795-2022, STP5607-2022, \u00a0STP7951-2022,\u00a0STP16190-2022y\u00a0STP12077-2023,\u00a0rad. \u00a0133129, 5 oct. 2023\u00a0entre otras). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Caso concreto \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
19. Como se rese\u00f1\u00f3 \u00a0en l\u00edneas anteriores, el promotor de la acci\u00f3n solicit\u00f3 \u00a0el resguardo a sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, \u00a0contradicci\u00f3n, igualdad, propiedad privada y acceso a la \u00a0administraci\u00f3n de justicia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
20. Para realizar \u00a0el an\u00e1lisis correspondiente, el colegiado de primera instancia \u00a0examin\u00f3 dos tem\u00e1ticas: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
iii. La \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0mora judicial en la que ha incurrido la Fiscal\u00eda 19 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Especializada de Extinci\u00f3n de Dominio con radicado n.\u00b0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a012692 ED, regulado por la Ley 792 de 2002. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
iv. La \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0procedencia de la acci\u00f3n de tutela para ordenar a la Sociedad \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de Activos Especiales dejar sin efectos la inscripci\u00f3n de la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0medida de enajenaci\u00f3n temprana sobre el inmueble N.\u00b0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0210-4573, hasta tanto se resuelva de fondo el proceso de extinci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de dominio. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
21. De lo \u00a0anterior, esta Sala advierte que el segundo \u00edtem comprendi\u00f3 \u00a0el estudio de una de pretensiones de la demanda de tutela5. \u00a0Estuvieron sustentadas en la supuesta vulneraci\u00f3n de los \u00a0derechos fundamentales de JUAN \u00a0FRANCISCO G\u00d3MEZ CERCHAR \u00a0al debido proceso, defensa, contradicci\u00f3n, igualdad, propiedad \u00a0privada y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
22. Es decir, \u00a0resulta evidente que la decisi\u00f3n de primera instancia s\u00ed \u00a0emiti\u00f3 el pronunciamiento que el accionante echa de menos en \u00a0esta sede. Es ostensible que el Tribunal de primera instancia, de \u00a0manera somera, declar\u00f3 la improcedencia de dicha solicitud por \u00a0incumplimiento del requisito de subsidiariedad. Por eso esta Sala \u00a0considera pertinente desarrollar de manera m\u00e1s amplia las \u00a0razones por las cuales tal determinaci\u00f3n es acertada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
23. En efecto, \u00a0JUAN \u00a0FRANCISCO G\u00d3MEZ CERCHAR \u00a0pretende que se ordene a la Sociedad \u00a0de Activos Especiales \u00a0-SAE- que deje sin efectos la medida de enajenaci\u00f3n temprana. \u00a0Esta recay\u00f3 sobre el inmueble identificado con matr\u00edcula \u00a0inmobiliaria n\u00fam. 210-4573. \u00a0Para el efecto invoc\u00f3 \u00a0la vulneraci\u00f3n de los derechos al debido proceso, defensa, \u00a0contradicci\u00f3n, igualdad, propiedad privada y acceso a la \u00a0administraci\u00f3n de justicia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
24. Sobre el \u00a0particular, como refiri\u00f3 el fallador de primer grado, tal \u00a0pedimento incumple el presupuesto de subsidiariedad. Es as\u00ed \u00a0porque la medida de enajenaci\u00f3n temprana debi\u00f3 emitirse \u00a0a trav\u00e9s de una resoluci\u00f3n administrativa y dicho acto \u00a0puede objetarse a trav\u00e9s de las acciones previstas en el \u00a0C\u00f3digo \u00a0de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. \u00a0Puntualmente, JUAN \u00a0FRANCISCO G\u00d3MEZ CERCHAR \u00a0tiene \u00a0la posibilidad de solicitar ante esa jurisdicci\u00f3n medidas \u00a0cautelares y con ellas evitar, provisionalmente, la \u00a0ejecuci\u00f3n de dicho acto, seg\u00fan los art\u00edculos \u00a01386 \u00a0y 2297 \u00a0de la norma en menci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
25. \u00a0Por esas razones, no es procedente otorgar el amparo a los derechos \u00a0fundamentales al \u00a0debido proceso, defensa, contradicci\u00f3n, igualdad, propiedad \u00a0privada y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. Como ya se \u00a0dijo, \u00a0el interesado cuenta con medios procesales id\u00f3neos para \u00a0exponer las pretensiones que en esta sede intenta hacer valer. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
26. El agotamiento \u00a0de todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial \u00a0que el ordenamiento tiene previstos en los diferentes reg\u00edmenes \u00a0procesales constituye presupuesto de procedibilidad para el ejercicio \u00a0de la acci\u00f3n de tutela. Al respecto, la Corte Constitucional \u00a0ha se\u00f1alado (CC T-477\/04): \u00a0<\/p>\n
[Q]uien \u00a0no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios\u00a0procesales que \u00a0la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus derechos o \u00a0prerrogativas se abandona voluntariamente a las consecuencias de los \u00a0fallos que le son adversos.\u00a0 De su conducta omisiva no es \u00a0responsable el Estado ni puede admitirse que la firmeza de los \u00a0prove\u00eddos sobre los cuales el interesado no ejerci\u00f3 \u00a0recurso constituya trasgresi\u00f3n u ofensa a unos derechos que, \u00a0pudiendo, no hizo valer en ocasi\u00f3n propicia.\u00a0 Es in\u00fatil, \u00a0por tanto, apelar a la tutela, cual, si se tratara de una instancia \u00a0nueva y extraordinaria, con el prop\u00f3sito de resarcir los da\u00f1os \u00a0causados por el propio descuido procesal.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
27. \u00a0En consecuencia, esta magistratura coincide en que esa pretensi\u00f3n \u00a0del escrito de tutela deviene improcedente, debido al incumplimiento \u00a0de subsidiariedad. Se sustentaba, como se dijo, en la supuesta \u00a0vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido \u00a0proceso, defensa, contradicci\u00f3n, igualdad, propiedad privada y \u00a0acceso a la administraci\u00f3n de justicia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
28. Asimismo, se \u00a0puntualiza que, tal como se indic\u00f3 previamente (\u00a718), la \u00a0intervenci\u00f3n del juez constitucional depende de la existencia \u00a0de una expectativa de retorno del bien al demandante dentro del \u00a0proceso de extinci\u00f3n de dominio. Sin embargo, tal condici\u00f3n \u00a0no se cumple, pues el asunto esta pendiente de que la Fiscal\u00eda \u00a019 de Extinci\u00f3n de Dominio resuelva si inicia o no la acci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
29. Finalmente, \u00a0la Sala encuentra que la pretensi\u00f3n formulada en la \u00a0impugnaci\u00f3n, para que se revise materialmente la enajenaci\u00f3n \u00a0temprana del bien censurado, no \u00a0resulta atendible, \u00a0por las siguientes razones: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
(i) \u00a0La impugnaci\u00f3n no constituye un escenario procesal destinado a \u00a0reformular las tesis expuestas o a introducir planteamientos ajenos a \u00a0los contenidos en la demanda de tutela inicial. Su finalidad radica \u00a0en controvertir los fundamentos del fallo de primera instancia, el \u00a0cual se edifica sobre el an\u00e1lisis de los argumentos \u00a0presentados por las partes. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
(ii) \u00a0Aunado a lo anterior, es preciso aclarar al actor que acceder a su \u00a0solicitud en esta etapa implicar\u00eda desconocer las competencias \u00a0espec\u00edficas que la ley asigna al juez constitucional en su \u00a0calidad de garante de los derechos fundamentales. En tal virtud, no \u00a0le corresponde al juez de tutela intervenir ni revisar las \u00a0actuaciones o decisiones adoptadas por las autoridades de instancia \u00a0dentro de los procesos ordinarios. Es as\u00ed, porque cada una \u00a0act\u00faa dentro del \u00e1mbito de sus atribuciones y conforme \u00a0a los procedimientos legalmente establecidos. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
30. Sin \u00a0precisiones adicionales, la Sala confirmar\u00e1 el fallo proferido \u00a0por la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de \u00a0Bogot\u00e1. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por lo expuesto, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Penal \u2013 en Sala de \u00a0Decisi\u00f3n de Acciones de Tutela N.\u00b0 1, administrando \u00a0justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
V. RESUELVE \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Confirmar \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fallo de tutela impugnado, de conformidad con lo expuesto en la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0parte motiva de esta decisi\u00f3n.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. Notificar \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a los sujetos procesales el presente fallo, por el medio m\u00e1s \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0expedito.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. Enviar \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0revisi\u00f3n, dentro del t\u00e9rmino indicado en el art\u00edculo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a031 del Decreto 2591 de 1991.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
FERNANDO LEON \u00a0BOLA\u00d1OS PALACIOS \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
JORGE HERN\u00c1N \u00a0D\u00cdAZ SOTO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CARLOS ROBERTO \u00a0SOL\u00d3RZANO GARAVITO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Art\u00edculo 1.\u00aa Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Art\u00edculo 32 del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Decreto 2591 de 1991 \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Art\u00edculo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a093 de la Ley 1708 de 2014, modificado por el art\u00edculo 24 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la Ley 1849 de 2017 \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(CSJ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0STP17075-2021, rad. 120229, 16 nov. 2021; STP5607-2022, rad. 123271, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a05\u00a0may. 2022) \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(2) Que se ordene a la SAE \u2013 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sociedad de Activos Especiales dejar sin efectos la inscripci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de la medida de enajenaci\u00f3n temprana sobre el inmueble de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0matr\u00edcula inmobiliaria No. 50C-332612. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Que se disponga la cancelaci\u00f3n inmediata de la medida en el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0folio de matr\u00edcula inmobiliaria correspondiente, hasta tanto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0exista decisi\u00f3n judicial definitiva que lo autorice \u00a0<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Nulidad \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y restablecimiento del derecho \u00a0<\/p>\n
7Procedencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de medidas cautelares. \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 JORGE \u00a0HERN\u00c1N D\u00cdAZ SOTO \u00a0 Magistrado \u00a0ponente \u00a0 \u00a0\u00a0 STP335-2026 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 151199 \u00a0 (Acta \u00a0n.\u00b0 006) \u00a0 \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1 \u00a0D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintis\u00e9is (2026). \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 I. ASUNTO \u00a0 \u00a0\u00a0 La Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Penal de la Corte […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[108],"tags":[],"class_list":["post-91243","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2026"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/91243","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=91243"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/91243\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=91243"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=91243"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=91243"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}