\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
JORGE \u00a0HERN\u00c1N D\u00cdAZ SOTO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
STP328-2026 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 151137 \u00a0<\/p>\n
(Acta \u00a0n.\u00b0 006) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintis\u00e9is (2026). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
I. \u00a0ASUNTO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La Sala resuelve \u00a0la impugnaci\u00f3n presentada por YOLANDA P\u00c1JARO DE \u00a0CARRASQUILLA, en calidad de agente oficiosa de MILAGRO DE JES\u00daS \u00a0ROMERO RUIZ, contra la sentencia del 15 de octubre de 2025. Con esta, \u00a0la Sala de Casaci\u00f3n Laboral declar\u00f3 improcedente la \u00a0acci\u00f3n de tutela promovida contra la Sala Laboral del Tribunal \u00a0Superior de Barranquilla y el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de \u00a0esa ciudad, en relaci\u00f3n con la decisi\u00f3n adoptada dentro \u00a0del proceso ordinario laboral n.\u00ba 08001-31-05-008-2012-00339-01 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
II. \u00a0ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. La Sala \u00a0hom\u00f3loga sintetiz\u00f3 los hechos que dieron lugar a la \u00a0presente acci\u00f3n constitucional de la siguiente forma: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0accionante promovi\u00f3 el presente resguardo constitucional para \u00a0obtener el amparo de sus derechos fundamentales a \u00abla seguridad \u00a0social, vida digna y m\u00ednimo vital\u00bb, presuntamente \u00a0vulnerados por las autoridades convocadas. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Ante \u00a0el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla, Milagros de \u00a0Jes\u00fas Romero Ru\u00edz -aqu\u00ed accionante adelant\u00f3 \u00a0proceso ordinario laboral contra Colfondos S.A. Pensiones y Cesant\u00edas \u00a0y Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A a fin de que se \u00a0reconociera en su favor la pensi\u00f3n de invalidez por enfermedad \u00a0profesional pues \u00able \u00a0fue diagnosticada una afectaci\u00f3n en su salud de trastornos \u00a0mentales especificados con ocasi\u00f3n a una lesi\u00f3n y \u00a0disfunci\u00f3n cerebral y trastorno delirante org\u00e1nico\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0sentencia de 13 de abril de 2021, el a quo deneg\u00f3 las \u00a0pretensiones del libelo y, en consecuencia, absolvi\u00f3 a la \u00a0pasiva; inconforme con esa determinaci\u00f3n, la demandante \u00a0present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n ante la Sala Laboral del \u00a0Tribunal Superior de Barranquilla, magistratura que, el 31 de enero \u00a0de 2024 confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado tras \u00a0considerar que (i) el origen de la enfermedad era com\u00fan y (ii) \u00a0la demandante cotiz\u00f3 cero (0) semanas en los tres a\u00f1os \u00a0inmediatamente anteriores a la fecha de estructuraci\u00f3n de la \u00a0invalidez \u00ablo \u00a0cual resulta inferior a las exigidas por la norma, puesto que el \u00a0m\u00ednimo de cotizaciones requerido para que se acceda a la \u00a0prestaci\u00f3n pensional reclamada es de 50\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0precitada determinaci\u00f3n fue notificada en Edicto de 6 de \u00a0febrero de 2024. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0promotora del amparo refiri\u00f3 que el Tribunal convocado \u00a0incurri\u00f3 en error al denegar las pretensiones formuladas en la \u00a0demandada pues no tuvo en cuenta que: (i) la historia laboral \u00a0aportada al plenario demostraba que la demandante s\u00ed cotiz\u00f3 \u00a0m\u00e1s de 50 semanas durante el periodo exigido por el Colegiado; \u00a0(ii) se aportaron reclamaciones de incapacidades generadas por el \u00a0m\u00e9dico tratante hasta septiembre de 2015 \u00abcon lo que se \u00a0demostraba su vigencia en las cotizaciones para esa fecha\u00bb y \u00a0(iii) su apoderado present\u00f3 una solicitud de legalidad ante el \u00a0Magistrado Ponente \u00aby \u00a0esa actuaci\u00f3n no aparece registrada en el historial del \u00a0proceso\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0conformidad con lo anterior, se infiere que la accionante acudi\u00f3 \u00a0al presente mecanismo a fin de que se protejan sus prerrogativas \u00a0superiores y, en consecuencia, se deje sin efecto la sentencia de 31 \u00a0de enero de 2024, para que, en su lugar, se emita una nueva decisi\u00f3n \u00a0en la que se ordene a \u00abColfondos \u00a0recono[cer] la pensi\u00f3n de invalidez e incluirla en n\u00f3mina\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Asimismo, \u00a0solicit\u00f3 que se ordenara a su apoderado \u2013 Zenen Sandoval \u00a0Hern\u00e1ndez- rendir un informe detallado de todas las \u00a0actuaciones que realiz\u00f3 al interior del proceso ordinario \u00a0laboral acusado \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
III. \u00a0FALLO IMPUGNADO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0La Sala de Casaci\u00f3n Laboral declar\u00f3 improcedente la \u00a0acci\u00f3n de tutela promovida por la agente oficiosa de MILAGRO \u00a0DE JES\u00daS ROMERO RUIZ. Consider\u00f3 que la solicitud no \u00a0cumpl\u00eda los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, \u00a0exigidos para activar este mecanismo excepcional contra providencias \u00a0judiciales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0En cuanto a la inmediatez, se\u00f1al\u00f3 que la sentencia \u00a0cuestionada fue notificada el 6 de febrero de 2024, mientras que la \u00a0tutela se interpuso el 2 de octubre de 2025. Ese lapso supera \u00a0ampliamente el t\u00e9rmino razonable fijado por la jurisprudencia \u00a0constitucional para reclamar protecci\u00f3n inmediata. A\u00f1adi\u00f3 \u00a0que la accionante no acredit\u00f3 una circunstancia objetiva que \u00a0justificara la tardanza, ni la existencia de una situaci\u00f3n que \u00a0hiciera persistente la vulneraci\u00f3n alegada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0Frente a la subsidiariedad, concluy\u00f3 que la pretensi\u00f3n \u00a0principal de dejar sin efecto la sentencia del Tribunal y que se \u00a0reconozca la pensi\u00f3n de invalidez, deb\u00eda discutirse en \u00a0casaci\u00f3n, conforme al art\u00edculo 86 del CPTSS. Destac\u00f3 \u00a0que la pensi\u00f3n reclamada constituye una prestaci\u00f3n \u00a0peri\u00f3dica que genera un inter\u00e9s econ\u00f3mico futuro \u00a0suficiente para habilitar ese recurso. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.3. \u00a0La autoridad de primer nivel tambi\u00e9n rechaz\u00f3 las \u00a0pretensiones accesorias relacionadas con la supuesta falta de \u00a0registro de un memorial presentado por el apoderado de la demandante \u00a0y la solicitud de exigirle un informe de gesti\u00f3n. Precis\u00f3 \u00a0que esos reproches deb\u00edan formularse ante el juez natural o \u00a0mediante los mecanismos ordinarios de informaci\u00f3n, como el \u00a0derecho de petici\u00f3n, sin trasladar a la tutela la carga de \u00a0suplir los procedimientos legalmente establecidos. \u00a0<\/p>\n
2.4. \u00a0Finalmente, indic\u00f3 que, si la accionante consideraba que la \u00a0representaci\u00f3n judicial fue negligente, pod\u00eda acudir a \u00a0las autoridades disciplinarias, pues ese asunto no es susceptible de \u00a0estudio en sede constitucional. Con fundamento en lo anterior, la \u00a0Sala concluy\u00f3 que no era posible adelantar un examen de fondo \u00a0y declar\u00f3 improcedente el amparo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
IV. \u00a0DE LA IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0La agente oficiosa de MILAGRO DE JES\u00daS ROMERO RUIZ solicit\u00f3 \u00a0revocar la sentencia del 15 de octubre de 2025. Sostuvo que la acci\u00f3n \u00a0no deb\u00eda rechazarse por inmediatez, pues la afectaci\u00f3n \u00a0de los derechos fundamentales de la accionante ser\u00eda continua \u00a0y se mantendr\u00eda en el tiempo. Indic\u00f3 que la tutela \u00a0puede interponerse \u201cen cualquier momento\u201d. Cit\u00f3 \u00a0jurisprudencia constitucional que, a su juicio, permite flexibilizar \u00a0la exigencia temporal cuando persiste la vulneraci\u00f3n o cuando \u00a0el accionante pertenece a un grupo de especial protecci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3.1. \u00a0Afirm\u00f3 que la accionante padece trastornos mentales, \u00a0disfunci\u00f3n cerebral y trastornos delirantes, por lo que el \u00a0an\u00e1lisis deb\u00eda realizarse con un est\u00e1ndar \u00a0reforzado. Agreg\u00f3 que la valoraci\u00f3n probatoria \u00a0adelantada por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla \u00a0y la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad desconoci\u00f3 \u00a0documentos como la historia laboral, incapacidades y porcentaje de \u00a0p\u00e9rdida de capacidad laboral. Todos esos elementos \u00a0demostrar\u00edan la permanencia del perjuicio. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3.2. \u00a0La impugnante reiter\u00f3 que la tutela debe tramitarse aun cuando \u00a0haya pasado un periodo amplio desde los hechos, siempre que contin\u00fae \u00a0la afectaci\u00f3n. Enfatiz\u00f3 que la condici\u00f3n m\u00e9dica \u00a0de la accionante justificar\u00eda un examen menos estricto del \u00a0requisito temporal. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3.3. \u00a0Finalmente, alleg\u00f3 una historia cl\u00ednica reciente, para \u00a0acreditar el estado de salud actual de la accionante. Solicit\u00f3 \u00a0que se env\u00ede la actuaci\u00f3n al superior funcional para \u00a0que conceda el amparo de los derechos invocados. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
V. \u00a0CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Competencia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0La Sala es competente para pronunciarse sobre la \u00a0impugnaci\u00f3n\u00a0presentada\u00a0contra la decisi\u00f3n \u00a0adoptada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral. Esta facultad est\u00e1 \u00a0se\u00f1alada en el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991 y \u00a0el art\u00edculo 44 del Reglamento Interno de la Corte.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5. El art\u00edculo \u00a086 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece que toda \u00a0persona tendr\u00e1 el mecanismo de tutela para reclamar ante los \u00a0jueces la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales. \u00a0Esta acci\u00f3n preferente opera cuando son vulnerados o \u00a0amenazados por acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad \u00a0o de los particulares en los casos en los que la ley lo contempla. El \u00a0amparo solo procede si el afectado no dispone de otro medio de \u00a0defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio \u00a0para evitar un perjuicio irremediable1. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
6. Ahora, la Sala \u00a0determinar\u00e1 si procede revocar la decisi\u00f3n que declar\u00f3 \u00a0improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por la agente \u00a0oficiosa de Milagro de Jes\u00fas Romero Ruiz. Para el efecto, \u00a0determinar\u00e1 si es determinante que la demanda constitucional \u00a0fue presentada veinte meses despu\u00e9s de la sentencia \u00a0cuestionada. En este lapso la accionante no acudi\u00f3 al recurso \u00a0extraordinario de casaci\u00f3n, mecanismo previsto para denunciar \u00a0la ilegalidad del fallo por los supuestos errores judiciales \u00a0alegados. \u00a0<\/p>\n
7. En sede de \u00a0impugnaci\u00f3n, al juez constitucional corresponde examinar los \u00a0argumentos del recurso, el material probatorio y la decisi\u00f3n \u00a0adoptada en primera instancia. Si se constata que la sentencia carece \u00a0de sustento, deber\u00e1 revocarse; en caso contrario, proceder\u00e1 \u00a0a su confirmaci\u00f3n.2 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
8. Para resolver \u00a0el asunto, conviene reiterar que la Corte Constitucional ha se\u00f1alado \u00a0que la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales es un \u00a0mecanismo estrictamente excepcional, cuya procedencia se supedita al \u00a0cumplimiento de rigurosos requisitos de procedibilidad. Estos se \u00a0dividen en dos categor\u00edas: unos de car\u00e1cter general, \u00a0que habilitan la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n, y otros de \u00a0car\u00e1cter espec\u00edfico, vinculados con la configuraci\u00f3n \u00a0de un defecto de relevancia constitucional. As\u00ed lo precis\u00f3, \u00a0de manera sistem\u00e1tica, la sentencia C-590 de 2005. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
9. En relaci\u00f3n \u00a0con los \u00abrequisitos generales\u00bb de procedencia, la \u00a0jurisprudencia ha considerado que deben acreditarse, en su orden, los \u00a0siguientes: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
a. la cuesti\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
b. se hayan agotado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0todos los medios \u2013ordinarios y extraordinarios\u2013 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0defensa judicial, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de un perjuicio irremediable;\u00a0\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
c. se cumpla el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0requisito de la inmediatez;\u00a0\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
d. cuando se trate \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que afecta los derechos fundamentales de la parte actora;\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
e. el accionante \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0esto hubiere sido posible y;\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
f. no se trate de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sentencias de tutela.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u202f\u202f \u00a0<\/p>\n
10. Por su parte, \u00a0los \u00abrequisitos o causales espec\u00edficas\u00bb hacen \u00a0referencia a determinados escenarios especiales que afectan la \u00a0integridad de la decisi\u00f3n judicial y que justifican la \u00a0intervenci\u00f3n del juez constitucional para salvaguardar los \u00a0derechos fundamentales. En este sentido, para que proceda una tutela \u00a0contra una providencia judicial se requiere que se presente, al \u00a0menos, uno de los siguientes vicios o defectos: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
i) Defecto \u00a0org\u00e1nico: falta de competencia del funcionario judicial; \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ii) Defecto \u00a0procedimental absoluto: desconocer el procedimiento legal \u00a0establecido;\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
iii) Defecto \u00a0f\u00e1ctico: que la decisi\u00f3n carezca de fundamentaci\u00f3n \u00a0probatoria;\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
iv) Defecto \u00a0material o sustantivo: aplicar normas inexistentes o \u00a0inconstitucionales;\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
v) Error inducido: \u00a0que la decisi\u00f3n judicial se haya adoptado con base en el \u00a0enga\u00f1o de un tercero;\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
vi) Decisi\u00f3n \u00a0sin motivaci\u00f3n: ausencia de fundamentos f\u00e1cticos y \u00a0jur\u00eddicos en la decisi\u00f3n;\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
vii) \u00a0Desconocimiento del precedente o violaci\u00f3n directa de la \u00a0Constituci\u00f3n: apartarse de los criterios de interpretaci\u00f3n \u00a0de los derechos definidos por la Corte Constitucional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Caso en \u00a0concreto \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
11. Con base en \u00a0los antecedentes expuestos, la Sala observa que el fallo impugnado \u00a0analiz\u00f3 de manera correcta los requisitos de procedibilidad de \u00a0la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. Para \u00a0resolver la impugnaci\u00f3n, corresponde verificar si la \u00a0accionante acredit\u00f3 razones que permitan flexibilizar los \u00a0presupuestos de inmediatez y subsidiariedad exigidos para activar \u00a0este mecanismo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
12. Del examen del \u00a0expediente se establece que la tutela se interpuso el 2 de octubre de \u00a02025, mientras que la sentencia cuestionada fue notificada el 6 de \u00a0febrero de 2024. Ese intervalo supera de manera amplia el t\u00e9rmino \u00a0razonable que la jurisprudencia constitucional ha fijado para activar \u00a0este mecanismo, especialmente cuando se dirige contra una providencia \u00a0judicial. La demora no se explica con un motivo objetivo que permita \u00a0flexibilizar el presupuesto de inmediatez. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
13. La impugnaci\u00f3n \u00a0afirma que la accionante se encuentra en situaci\u00f3n de especial \u00a0protecci\u00f3n por padecer trastornos mentales y disfunci\u00f3n \u00a0cerebral. Sin embargo, esa circunstancia no demuestra que su \u00a0condici\u00f3n de salud haya impedido acudir en un tiempo oportuno \u00a0a la jurisdicci\u00f3n constitucional. La simple invocaci\u00f3n \u00a0de una afectaci\u00f3n m\u00e9dica no exonera el cumplimiento del \u00a0requisito temporal, pues la flexibilizaci\u00f3n exige una \u00a0justificaci\u00f3n concreta y acreditada de la inactividad, lo que \u00a0no se advierte en este caso. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
14. Tampoco se \u00a0satisface la subsidiariedad. El cuestionamiento formulado por la \u00a0accionante apunta a una supuesta indebida valoraci\u00f3n \u00a0probatoria en relaci\u00f3n con las semanas cotizadas, \u00a0incapacidades y calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad \u00a0laboral. Ese reproche deb\u00eda plantearse mediante el recurso \u00a0extraordinario de casaci\u00f3n, mecanismo id\u00f3neo para \u00a0controvertir los yerros que se atribuyen al Tribunal. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
15. La pensi\u00f3n \u00a0de invalidez reclamada constituye una prestaci\u00f3n peri\u00f3dica \u00a0con efectos econ\u00f3micos futuros, suficiente para cumplir el \u00a0inter\u00e9s econ\u00f3mico exigido para acceder a ese recurso. \u00a0El expediente no muestra que la parte accionante lo hubiera \u00a0interpuesto, ni la impugnaci\u00f3n explica por qu\u00e9 no lo \u00a0hizo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
17. En ese orden, \u00a0persiste la ausencia de los requisitos de procedibilidad que \u00a0gobiernan la tutela contra providencias judiciales. La Sala comparte \u00a0las conclusiones de la decisi\u00f3n impugnada y, por tanto, no \u00a0resulta posible adelantar un examen de fondo sobre la actuaci\u00f3n \u00a0judicial cuestionada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
18. As\u00ed las \u00a0cosas, como la acci\u00f3n constitucional no cumpli\u00f3 los \u00a0presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, y no se acredit\u00f3 \u00a0una circunstancia excepcional que permita flexibilizarlos, la Sala \u00a0concluye que la decisi\u00f3n impugnada se ajusta a la \u00a0jurisprudencia aplicable. En consecuencia, no hay lugar a realizar un \u00a0examen de fondo y se confirmar\u00e1 la improcedencia declarada en \u00a0el fallo de primer nivel. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Cuesti\u00f3n \u00a0final \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
19. Con \u00a0posterioridad a la impugnaci\u00f3n, la agente oficiosa alleg\u00f3 \u00a0un memorial en el que invoca nuevos argumentos relacionados con la \u00a0aplicaci\u00f3n del principio de condici\u00f3n m\u00e1s \u00a0beneficiosa y el precedente constitucional sobre pensiones de \u00a0invalidez. Dichos planteamientos no hicieron parte de la solicitud \u00a0inicial ni del recurso interpuesto y, por tanto, desbordan el marco \u00a0de la controversia fijado en esta instancia. En consecuencia, la Sala \u00a0se limit\u00f3 a examinar los reparos oportunamente formulados, sin \u00a0extender el an\u00e1lisis a pretensiones o cargos nuevos. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por lo expuesto, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Penal \u2013 en Sala de \u00a0Decisi\u00f3n de Acciones de Tutela n.\u00b0 1, administrando \u00a0justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1\u00b0. \u00a0Confirmar la \u00a0sentencia impugnada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2\u00b0. \u00a0Notificar esta \u00a0providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 \u00a0de 1991. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3\u00b0. \u00a0Remitir \u00a0el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, \u00a0una vez en firme. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
FERNANDO LEON \u00a0BOLA\u00d1OS PALACIOS \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
JORGE HERN\u00c1N \u00a0D\u00cdAZ SOTO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CARLOS ROBERTO \u00a0SOL\u00d3RZANO GARAVITO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NUBIA \u00a0YOLANDA NOVA GARC\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Art\u00edculo 1.\u00aa Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Art\u00edculo 32 del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Decreto 2591 de 1991 \u00a0<\/p>\n
P\u00e1gina \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a01 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0| 6 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 JORGE \u00a0HERN\u00c1N D\u00cdAZ SOTO \u00a0 Magistrado \u00a0ponente \u00a0 \u00a0\u00a0 STP328-2026 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 151137 \u00a0 (Acta \u00a0n.\u00b0 006) \u00a0 \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1, \u00a0D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintis\u00e9is (2026). \u00a0 \u00a0\u00a0 I. \u00a0ASUNTO \u00a0 \u00a0\u00a0 La Sala resuelve \u00a0la impugnaci\u00f3n presentada por YOLANDA P\u00c1JARO DE \u00a0CARRASQUILLA, en calidad […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[108],"tags":[],"class_list":["post-91240","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2026"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/91240","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=91240"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/91240\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=91240"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=91240"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=91240"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}