\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
DIEGO EUGENIO \u00a0CORREDOR BELTR\u00c1N \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
STP282-2026 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0 150906 \u00a0<\/p>\n
Acta 03 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., quince (15) de enero de dos mil veintis\u00e9is (2026) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ASUNTO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Procede la Sala a \u00a0decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta por la accionante Lilia \u00a0Alberta Ospina Fuentes, \u00a0frente al fallo proferido el 12 de noviembre de 2025 por la Sala \u00a0Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, \u00a0que tutel\u00f3 el derecho fundamental al debido proceso en contra \u00a0del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n \u00a0de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
HECHOS, \u00a0FUNDAMENTOS DE LA ACCI\u00d3N Y \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Refiere \u00a0Lilia \u00a0Alberta Ospina Fuentes que \u00a0radic\u00f3 ante el Centro de Servicios \u00a0Administrativos de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y \u00a0Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 las siguientes solicitudes: \u00a0<\/p>\n
i) \u00a0El 22 de julio de 2025, a trav\u00e9s de la cual requiri\u00f3 la \u00a0aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 19 de la Ley 2466 de 202. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ii) \u00a0El 23 de julio, donde pretendi\u00f3 la revocatoria del poder \u00a0otorgado al abogado Luis Carlos Barreto. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
iii) \u00a0El 12 de septiembre de 2025, donde peticion\u00f3 la rebaja del 50% \u00a0de la pena de conformidad con la Ley 2477 de 2025. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Asegura \u00a0que el Centro de Servicios no ha remitido esos documentos al Juzgado \u00a0Doce de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, despacho \u00a0que vigila el cumplimiento de su sentencia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo tanto, solicit\u00f3: i) \u00a0ordenar al Centro de Servicios Administrativo de los Juzgados de \u00a0Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 que \u00a0de forma inmediata remita esas solicitudes al juzgado vig\u00eda. \u00a0ii) Adoptar las \u00a0medidas administrativas pertinentes para garantizar el tr\u00e1mite \u00a0oportuno de futuras peticiones presentadas por las personas privadas \u00a0de la libertad. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
FALLO RECURRIDO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La Sala \u00a0Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 \u00a0refiri\u00f3 que de acuerdo con la informaci\u00f3n suministrada \u00a0por el Juzgado Doce de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de \u00a0Seguridad, la solicitud del 22 de julio de 2025 fue resuelta en auto \u00a0del 28 de octubre siguiente y que estaba en tr\u00e1mite de \u00a0notificaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00a0en lo referente a las solicitudes del 23 de julio y 12 de septiembre \u00a0de 2025, ese despacho indic\u00f3 no haberlas recibido. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En consecuencia, \u00a0tutel\u00f3 el derecho al debido proceso y orden\u00f3 al Centro \u00a0de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de \u00a0Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 que, en el t\u00e9rmino \u00a0de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificaci\u00f3n de \u00a0fallo, remitiera esos documentos al juzgado vig\u00eda. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Adicionalmente, \u00a0inst\u00f3 al Juzgado \u00a0Doce de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad para que, \u00a0recibidas las solicitudes, procediera a resolverlas en los t\u00e9rminos \u00a0de ley. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Fue promovida por \u00a0la accionante, quien se\u00f1al\u00f3 que el 12 de septiembre de \u00a02025 solicit\u00f3 \u00a0al Juzgado Doce de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad \u00a0determinar la posibilidad de pena cumplida por la rebaja del 50% y \u00a0conceder su libertad inmediata; pretensi\u00f3n que no ha sido \u00a0dirimida y que en el fallo de tutela de primera instancia se concedi\u00f3 \u00a0el t\u00e9rmino legal a ese despacho para resolver, orden que \u00a0desconoce el \u201ccar\u00e1cter \u00a0preferente, prevalente y urgente del derecho a la libertad\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo tanto, solicit\u00f3 revocar la expresi\u00f3n \u201ctermino \u00a0(sic) legal\u201d \u00a0y ordenar al juzgado, resolver su pretensi\u00f3n en m\u00e1ximo \u00a0cuarenta y ocho horas. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Conforme lo \u00a0establece el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991, es \u00a0competente la Sala para pronunciarse sobre la impugnaci\u00f3n \u00a0interpuesta contra la sentencia de tutela adoptada en primera \u00a0instancia por la Sala \u00a0Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, \u00a0al ser su superior funcional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica \u00a0establece que toda persona tiene derecho a promover acci\u00f3n de \u00a0tutela ante los jueces, con miras a obtener la protecci\u00f3n \u00a0inmediata de sus derechos fundamentales, cuando por acci\u00f3n u \u00a0omisi\u00f3n le sean vulnerados o amenazados por cualquier \u00a0autoridad p\u00fablica o por particulares, en los casos previstos \u00a0de forma expresa en la ley; siempre que no exista otro medio de \u00a0defensa judicial o, existiendo, la misma se utilice como mecanismo \u00a0transitorio para evitar la materializaci\u00f3n de un perjuicio de \u00a0car\u00e1cter irremediable. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El problema \u00a0jur\u00eddico por resolver consiste en determinar si la Sala \u00a0Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 \u00a0acert\u00f3 \u00a0al tutelar el derecho fundamental al debido proceso e instar al \u00a0Juzgado Doce de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de \u00a0Bogot\u00e1 a resolver las solicitudes del 23 de julio y 12 de \u00a0septiembre de 2025, en el t\u00e9rmino legal. \u00a0<\/p>\n
Fallo que \u00a0cuestiona \u00a0Lilia \u00a0Alberta Ospina Fuentes \u00a0porque considera que no se debi\u00f3 otorgar el t\u00e9rmino \u00a0legal, sino un plazo de cuarenta y ocho horas, porque se trata de su \u00a0derecho a la libertad. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Pues \u00a0bien, desde ya se anuncia que se confirmar\u00e1 el fallo objeto de \u00a0impugnaci\u00f3n, por las razones que se exponen enseguida. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1.- Derecho \u00a0de postulaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La Corte ha \u00a0se\u00f1alado que cuando los sujetos procesales presentan \u00a0peticiones ante autoridades judiciales en el curso de actuaciones \u00a0donde se encuentren vinculados, la falta de resoluci\u00f3n de \u00a0estas desconoce el derecho al debido proceso, en su manifestaci\u00f3n \u00a0del derecho de postulaci\u00f3n, y no el de petici\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Ello es as\u00ed \u00a0porque, cuando se solicita a un funcionario judicial que haga o deje \u00a0de hacer algo dentro de su funci\u00f3n, \u00e9l est\u00e1 \u00a0regulado por los principios, t\u00e9rminos y normas del proceso; en \u00a0otras palabras, su gesti\u00f3n est\u00e1 gobernada por el debido \u00a0proceso. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En ese mismo \u00a0sentido, impera precisar que la omisi\u00f3n del funcionario \u00a0judicial en resolver las solicitudes formuladas por las partes o \u00a0intervinientes, propias de la actividad jurisdiccional, configura una \u00a0violaci\u00f3n al debido proceso y al acceso de la administraci\u00f3n \u00a0de justicia, en la medida en que dicha conducta, al desconocer los \u00a0t\u00e9rminos de la ley sin motivo razonable, implica una dilaci\u00f3n \u00a0injustificada al interior del tr\u00e1mite judicial, la cual est\u00e1 \u00a0proscrita por el ordenamiento1. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.- \u00a0Caso concreto. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0actora acudi\u00f3 a esta acci\u00f3n de tutela para que se \u00a0ordenara al Centro de Servicios Administrativo de \u00a0los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de \u00a0Bogot\u00e1 que de forma inmediata remitiera al Juzgado Doce de esa \u00a0especialidad las solicitudes presentadas el 22 y \u00a023 de julio de 2025, as\u00ed como la radicada el 12 de septiembre \u00a0siguiente. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0Tribunal se\u00f1al\u00f3 que el requerimiento del 22 de julio ya \u00a0fue resuelto, pero advirti\u00f3 que las otras dos solicitudes no \u00a0hab\u00edan sido trasladadas al juzgado vig\u00eda. \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo tanto, tutel\u00f3 el derecho fundamental al debido proceso, \u00a0orden\u00f3 al Centro \u00a0de Servicios Administrativo de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de \u00a0Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 \u00a0enviar esos documentos al Juzgado Doce y lo inst\u00f3 a \u00a0resolverlas en el t\u00e9rmino legal. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Ese \u00a0tema es cuestionado por la impugnante porque refiere que como el \u00a0requerimiento del \u00a012 de septiembre de 2025 est\u00e1 relacionado con la rebaja del \u00a050% y que como consecuencia de ello se conceda la libertad inmediata; \u00a0el plazo para que el juzgado resuelva \u00a0no debe ser el t\u00e9rmino legal, \u00a0sino el de cuarenta \u00a0y ocho horas. \u00a0<\/p>\n
Revisado \u00a0el expediente, se observa pantallazo de la solicitud presentada el 12 \u00a0de septiembre de 2025 y, seg\u00fan los registros de la p\u00e1gina \u00a0web de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de \u00a0Seguridad2, \u00a0ese documento ingres\u00f3 al Juzgado Doce de esa especialidad el \u00a010 de diciembre de 20253 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora bien, no es \u00a0viable acceder a la solicitud de la impugnante de disponer un plazo \u00a0de cuarenta \u00a0y ocho horas, puesto que, de \u00a0un lado, \u00a0la pretensi\u00f3n inicial de la demanda de tutela se orient\u00f3 \u00a0a obtener orden para que el Centro de Servicios remitiera las \u00a0solicitudes al juzgado vig\u00eda, lo que as\u00ed sucedi\u00f3. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0otra \u00a0parte, \u00a0solo en virtud de esta acci\u00f3n de tutela fue que el Juzgado \u00a0Doce de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad recibi\u00f3 \u00a0solicitud, se reitera, el 10 de diciembre pasado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo tanto, estima la Sala que el instar al Juzgado Doce de Ejecuci\u00f3n \u00a0de Penas y Medidas de Seguridad a dirimir el asunto en el plazo \u00a0legal, resulta suficiente para garantizar el derecho al debido \u00a0proceso que se tutel\u00f3; dado que para el momento en que se \u00a0emiti\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia el \u00a0requerimiento no hab\u00eda ingresado al despacho. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed las \u00a0cosas, las \u00a0anteriores consideraciones resultan suficientes para concluir que se \u00a0confirmar\u00e1 el fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte \u00a0Suprema de Justicia, en Sala de Decisi\u00f3n Penal de Tutelas No. \u00a03, \u00a0administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la Ley, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
PRIMERO: \u00a0CONFIRMAR \u00a0la \u00a0decisi\u00f3n impugnada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
SEGUNDO: \u00a0REMITIR \u00a0el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, \u00a0de conformidad con el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Notif\u00edquese \u00a0y c\u00famplase, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
DIEGO EUGENIO \u00a0CORREDOR BELTR\u00c1N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
MYRIAM \u00c1VILA \u00a0ROLD\u00c1N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
GERSON CHAVERRA \u00a0CASTRO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0C.P., arts. 29 y 229 y CC T-377 de 2000. \u00a0<\/p>\n