\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
GERSON \u00a0CHAVERRA CASTRO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
STP1147-2026 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0N\u00b0 152014 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0No. 018 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintis\u00e9is (2026). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ASUNTO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala se pronuncia en relaci\u00f3n con la acci\u00f3n de tutela \u00a0promovida por el apoderado de Luis \u00a0Alberto Prisco Agudelo, \u00a0contra la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn, por la presunta \u00a0vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y \u00a0acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tr\u00e1mite que se \u00a0hizo extensivo al Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y \u00a0Medidas de Seguridad de dicha ciudad. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Con \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ocasi\u00f3n del allanamiento a cargos realizado Luis \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Alberto Prisco Agudelo, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en audiencia preparatoria llevada a cabo al interior del proceso que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0curso en su contra el 19 de abril de 2010, el Juzgado Segundo Penal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del Circuito Especializado de Antioquia, profiri\u00f3 sentencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0condenatoria por los delitos de secuestro extorsivo agravado y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0secuestro simple. En consecuencia, impuso al procesado la pena de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0460 meses de prisi\u00f3n y multa de 7.000 salarios m\u00ednimos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0legales mensuales vigentes. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. El \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a013 de diciembre de 2016, la Sala Penal del Tribunal Superior de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Antioquia, declar\u00f3 fundada la acci\u00f3n de revisi\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0interpuesta por Prisco \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Agudelo. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0No aplic\u00f3 el increment\u00f3 punitivo contemplado en la Ley \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0890 de 2004 y redujo la pena impuesta a 345 meses de prisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0En fase de ejecuci\u00f3n, el sentenciado solicit\u00f3 al \u00a0Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Pena y Medidas de Seguridad de \u00a0Medell\u00edn, la aplicaci\u00f3n favorable del art\u00edculo \u00a012 de la Ley 2477 de 2025. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0El \u00a06 de octubre de 2025, el Ejecutor neg\u00f3 dicha postulaci\u00f3n. \u00a0Decisi\u00f3n que el 24 de noviembre siguiente, confirm\u00f3 la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Luis \u00a0Alberto Prisco Agudelo \u00a0acude a la acci\u00f3n de tutela en busca de la protecci\u00f3n \u00a0de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la \u00a0administraci\u00f3n de justicia, cuya vulneraci\u00f3n atribuye \u00a0al Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Pena y Medidas de Seguridad \u00a0de Medell\u00edn y el Tribunal Superior de dicha ciudad. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0su sentir, resulta procedente aplicar, por favorabilidad, lo \u00a0dispuesto en la Ley 2477 de 2025. Incluso, en fase de ejecuci\u00f3n \u00a0de la pena. Sin embargo, el Tribunal demandado \u00abcondicion\u00f3 \u00a0su aplicaci\u00f3n a una reconstrucci\u00f3n ex nihilo- de la \u00a0nada-, de la pena (reimposici\u00f3n del incremento de la Ley \u00a0890\/2004) que transforma la ejecuci\u00f3n en una nueva \u00a0dosificaci\u00f3n; acto que parece violar la inmodificabilidad de \u00a0la sentencia y el \u00e1mbito competencial del juez de ejecuci\u00f3n\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Refiere \u00a0que, con la decisi\u00f3n de segunda instancia, se incurri\u00f3 \u00a0en falta de motivaci\u00f3n, al no indicar por qu\u00e9 la \u00a0aplicaci\u00f3n de la Ley 2477 de 2025, dejar\u00eda sin efecto \u00a0la decisi\u00f3n que, en sede de revisi\u00f3n, se emiti\u00f3, \u00a0lo cual extracta de la operaci\u00f3n que hizo el Tribunal, en la \u00a0que incluy\u00f3 el incremento de la Ley 890 de 2004, para concluir \u00a0que la primera normatividad en menci\u00f3n no resultaba favorable. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo tanto, -se \u00a0entiende- \u00a0que lo pretendido por el accionante es que se deje sin efecto la \u00a0decisi\u00f3n de segunda instancia, proferida el 24 de noviembre de \u00a02025, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn, \u00a0para que se emita una nueva en la que se aplique lo dispuesto en el \u00a0art\u00edculo 12 de la Ley 2477 de dicha anualidad. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESPUESTAS \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Ello, \u00a0porque resultaba m\u00e1s beneficioso para Luis \u00a0Alberto Prisco Agudelo \u00a0no redosificar la pena impuesta, pues implicar\u00eda aplicar el \u00a0incremento punitivo contemplado en la Ley 890 de 2004, lo cual \u00a0aumentar\u00eda la pena impuesta. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Es \u00a0la Corte competente para conocer de la petici\u00f3n de amparo al \u00a0tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto \u00a01069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, toda \u00a0vez que la queja se dirige contra la Sala Penal del Tribunal Superior \u00a0de Medell\u00edn. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica, toda persona tiene la facultad de promover acci\u00f3n \u00a0de tutela ante los jueces con miras a obtener la protecci\u00f3n \u00a0inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando por \u00a0acci\u00f3n u omisi\u00f3n le sean vulnerados o amenazados por \u00a0cualquier autoridad p\u00fablica o por particulares en los casos \u00a0previstos de forma \u00a0expresa \u00a0en \u00a0la \u00a0ley, \u00a0siempre \u00a0que \u00a0no \u00a0 exista \u00a0otro medio \u00a0de \u00a0defensa \u00a0judicial, a no ser que se utilice como \u00a0mecanismo transitorio para evitar la materializaci\u00f3n de un \u00a0perjuicio de car\u00e1cter irremediable. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0En el asunto bajo estudio, el problema jur\u00eddico se contrae a \u00a0determinar si la acci\u00f3n de tutela es procedente para revisar \u00a0las decisiones proferidas el 6 de octubre y 24 de noviembre de 2025, \u00a0por el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de \u00a0Seguridad de Medell\u00edn y la Sala Penal del Tribunal Superior de \u00a0dicha ciudad, respectivamente, que negaron la redosificaci\u00f3n \u00a0de la pena con fundamento en la Ley 2477 de 2025, deprecada por el \u00a0sentenciado Luis \u00a0Alberto Prisco Agudelo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0De \u00a0la acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales presupone la \u00a0concurrencia de unos requisitos de procedibilidad, gen\u00e9ricos y \u00a0espec\u00edficos, que consientan su interposici\u00f3n; esto con \u00a0la finalidad de evitar que la misma se convierta en un instrumento \u00a0para discutir la disparidad de criterios entre los sujetos procesales \u00a0y la autoridad accionada, contrariando as\u00ed su esencia, que no \u00a0es distinta a denunciar la violaci\u00f3n y obtener el \u00a0restablecimiento de los derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0cuanto a los requisitos gen\u00e9ricos, estos implican (i) \u00a0que \u00a0la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia \u00a0constitucional; (ii) \u00a0que se hayan agotado todos los medios \u2013ordinarios \u00a0y extraordinarios\u2013 \u00a0de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se \u00a0trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental \u00a0irremediable; (iii) \u00a0que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela \u00a0se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado \u00a0a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) \u00a0que, cuando se trate de una irregularidad procesal, quede claro que \u00a0la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que \u00a0se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte \u00a0actora; (v) \u00a0que \u00a0la parte accionante identifique de manera razonable tanto los hechos \u00a0que generaron la afectaci\u00f3n como los derechos vulnerados y que \u00a0estos se hubiesen alegado en el proceso judicial, siempre que esto \u00a0hubiere sido posible y, por \u00faltimo, (vi) \u00a0que \u00a0no se trate de sentencias de tutela. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora, \u00a0en relaci\u00f3n con los segundos, la jurisprudencia antes referida \u00a0ha reiterado que para verificar su cumplimiento se debe lograr la \u00a0demostraci\u00f3n de por lo menos uno de los siguientes vicios: a) \u00a0un defecto org\u00e1nico (falta de competencia del funcionario \u00a0judicial); b) \u00a0un defecto procedimental absoluto (desconocer el procedimiento legal \u00a0establecido); c) \u00a0un defecto f\u00e1ctico (que la decisi\u00f3n carezca de \u00a0fundamentaci\u00f3n probatoria); d) \u00a0un defecto material o sustantivo (aplicar normas inexistentes o \u00a0inconstitucionales); e) \u00a0un error inducido (que la decisi\u00f3n judicial se haya adoptado \u00a0con base en el enga\u00f1o de un tercero); f) \u00a0una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n (ausencia de fundamentos \u00a0f\u00e1cticos y jur\u00eddicos en la providencia); g) \u00a0un desconocimiento del precedente (apartarse de los criterios de \u00a0interpretaci\u00f3n de los derechos definidos por la Corte \u00a0Constitucional) o h) \u00a0la violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u202f\u00a0 \u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese orden, el interesado debe demostrar de manera clara cu\u00e1l \u00a0es la irregularidad grave en la que incurri\u00f3 el funcionario \u00a0judicial, su efecto decisivo o determinante en la decisi\u00f3n que \u00a0se impugna y c\u00f3mo afecta sus derechos fundamentales. No basta \u00a0con aducir cualquier anomal\u00eda o desacierto dentro del proceso \u00a0para que por v\u00eda de amparo pueda revisarse la actuaci\u00f3n \u00a0de un funcionario judicial, en tanto que el juez constitucional no es \u00a0una instancia adicional revisora \u00a0de \u00a0la actuaci\u00f3n ordinaria.\u202f\u202f\u202f \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
En \u00a0otros t\u00e9rminos, es factible acudir a la tutela frente a una \u00a0irrazonable decisi\u00f3n judicial. Y el error de la autoridad debe \u00a0ser flagrante \u00a0y manifiesto, \u00a0pues no puede el juez constitucional convertirse en un escenario \u00a0supletorio de la actuaci\u00f3n valorativa propia del juez que \u00a0conoce el proceso. Ello desconocer\u00eda su competencia y \u00a0autonom\u00eda.\u202f\u202f \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0Del caso concreto.\u00a0\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Trat\u00e1ndose \u00a0de una acci\u00f3n de tutela dirigida contra providencia judicial, \u00a0la Corte iniciar\u00e1 el estudio de los requisitos generales de \u00a0procedibilidad. De ser superados, estudiar\u00e1 los espec\u00edficos. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Inicialmente, \u00a0resulta incuestionable que se est\u00e1 frente a un asunto de \u00a0relevancia constitucional, pues se trata de analizar si los jueces \u00a0accionados, a trav\u00e9s de sus pronunciamientos, trasgredieron \u00a0los derechos fundamentales de Luis \u00a0Alberto Prisco Agudelo \u00a0al debido proceso, igualdad, dignidad humana y el que denomin\u00f3 \u00a0\u00abtutela \u00a0judicial efectiva\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Sin \u00a0embargo, en cuanto al agotamiento de todos los medios de defensa \u00a0ordinarios, para la Sala deviene claro que ello no aconteci\u00f3, \u00a0por las razones que se pasar\u00e1n a explicar. Por tanto, no se \u00a0satisfizo el car\u00e1cter residual que reviste a la acci\u00f3n \u00a0de amparo (Cfr. \u00a0CSJ STP20178-2025, STP20180-2025, STP19766-2025, STP19171-2025, \u00a0STP19181-2025, STP19449-2025, STP19447-2025, STP19547-2025, \u00a0STP18065-2025, STP17775-2025, entre otras). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Al \u00a0respecto, resulta pertinente indicar que, como lo dispone el art\u00edculo \u00a086 de la Constituci\u00f3n, la acci\u00f3n de tutela es \u00a0procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa \u00a0judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar \u00a0un perjuicio irremediable. Lo anterior en cuanto, como ha se\u00f1alado \u00a0la Corte Constitucional en un sinn\u00famero de sentencias, el \u00a0mecanismo en cuesti\u00f3n est\u00e1 revestido de un car\u00e1cter \u00a0subsidiario y residual, el cual: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
[P]ermite \u00a0reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios \u00a0de protecci\u00f3n judicial, como dispositivos leg\u00edtimos y \u00a0prevalentes para la salvaguarda de los derechos. Es ese \u00a0reconocimiento el que obliga a los asociados a incoar los recursos \u00a0jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar la situaci\u00f3n \u00a0que estimen lesiva de sus derechos.1 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0el presente caso, la pretensi\u00f3n del actor est\u00e1 \u00a0orientada a la aplicaci\u00f3n favorable de la Ley 2477 de 2025, \u00a0con miras a que se le rebaje la pena impuesta. \u00a0<\/p>\n
Sobre el \u00a0particular, no puede perderse de vista que la \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en \u00a0reciente \u00a0decisi\u00f3n2, \u00a0se pronunci\u00f3 sobre \u00a0el alcance hermene\u00fatico de dicha normatividad y su correcto \u00a0entendimiento, \u00a0en punto a la forma en que debe calcularse los aumentos punitivos, \u00a0fij\u00e1ndose \u00a0un criterio \u00a0jurisprudencial. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Situaci\u00f3n \u00a0que \u00a0se \u00a0ajusta \u00a0al supuesto contemplado en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 192 \u00a0de la Ley 906 de 2004, consiste en que la acci\u00f3n de revisi\u00f3n \u00a0procede sobre sentencias ejecutoriadas, cuando \u00abmediante \u00a0pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado favorablemente el \u00a0criterio jur\u00eddico que sirvi\u00f3 para sustentar la \u00a0sentencia condenatoria, tanto respecto de la responsabilidad como de \u00a0la punibilidad\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Significa lo \u00a0anterior, que Luis \u00a0Alberto Prisco Agudelo \u00a0cuenta con la acci\u00f3n de revisi\u00f3n, mecanismo \u00a0judicial espec\u00edfico, id\u00f3neo y eficaz, \u00a0para proponer la discusi\u00f3n que, a trav\u00e9s de esta v\u00eda \u00a0excepcional, plantea. Conclusi\u00f3n que encuentra sustento en la \u00a0decisi\u00f3n proferida el 28 de enero del a\u00f1o en curso, por \u00a0la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n3. \u00a0Oportunidad en la que, en sede de revisi\u00f3n, se resolvi\u00f3 \u00a0un asunto similar al que aqu\u00ed se presenta. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo anterior, la Sala declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n \u00a0de tutela presentada por Luis \u00a0Alberto Prisco Agudelo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Penal, en Sala de Decisi\u00f3n de Tutela N\u00b0 \u00a03,\u00a0administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0por autoridad de la ley,\u00a0\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
PRIMERO. \u00a0DECLARAR IMPROCEDENTE la \u00a0acci\u00f3n de tutela promovida por Luis \u00a0Alberto Prisco Agudelo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
SEGUNDO: \u00a0De \u00a0no ser impugnado, enviar el expediente a la Corte Constitucional para \u00a0su eventual revisi\u00f3n, conforme lo establece el art\u00edculo \u00a032 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
GERSON \u00a0CHAVERRA CASTRO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
MYRIAM \u00a0\u00c1VILA ROLD\u00c1N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
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DIEGO \u00a0EUGENIO CORREDOR BELTR\u00c1N \u00a0<\/p>\n
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Nubia \u00a0Yolanda Nova Garc\u00eda \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CC T- \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sala modific\u00f3 la forma de calcular los aumentos de pena para \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0estos delitos, as\u00ed:375 de 2018. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CSJ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0SP013-2026, 21 ene. 2026, rad. 70306. \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Rad. 65543. \u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 GERSON \u00a0CHAVERRA CASTRO \u00a0 Magistrado \u00a0Ponente \u00a0 STP1147-2026 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0N\u00b0 152014 \u00a0 Acta \u00a0No. 018 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1, \u00a0D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintis\u00e9is (2026). \u00a0 \u00a0\u00a0 ASUNTO \u00a0 \u00a0\u00a0 La \u00a0Sala se pronuncia en relaci\u00f3n con la acci\u00f3n de tutela […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[108],"tags":[],"class_list":["post-91188","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2026"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/91188","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=91188"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/91188\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=91188"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=91188"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=91188"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}