{"id":91186,"date":"2026-03-09T19:45:55","date_gmt":"2026-03-09T19:45:55","guid":{"rendered":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/2026\/03\/09\/stp1145-2026\/"},"modified":"2026-03-09T19:45:55","modified_gmt":"2026-03-09T19:45:55","slug":"stp1145-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/2026\/03\/09\/stp1145-2026\/","title":{"rendered":"STP1145-2026"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>GERSON \u00a0CHAVERRA CASTRO \u00a0<\/p>\n<p>Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>STP1145-2026 \u00a0<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n \u00a0N\u00b0 151820 \u00a0<\/p>\n<p>Acta \u00a0No. 018 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Bogot\u00e1, \u00a0D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintis\u00e9is (2026). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>La \u00a0Sala se pronuncia en relaci\u00f3n con la demanda de tutela \u00a0promovida por Julio \u00a0Bayardo Coral Burgos, \u00a0a trav\u00e9s de apoderado, en contra de la Sala Penal del Tribunal \u00a0Superior de Buga y el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y \u00a0Medidas de Seguridad de Palmira, por la presunta vulneraci\u00f3n \u00a0de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, dignidad \u00a0humana y tutela judicial efectiva. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Al \u00a0tr\u00e1mite fueron vinculados la Sala Penal del Tribunal Superior \u00a0de Pasto y el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de esa \u00a0misma ciudad, as\u00ed como a las partes e intervinientes en el \u00a0proceso radicado 523566000512200880452. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0El \u00a07 de octubre de 2008, al interior del proceso 523566000512200880452, \u00a0el Juzgado Promiscuo Municipal de Pupiales, legaliz\u00f3 la \u00a0captura de Julio \u00a0Bayardo Coral Burgos, \u00a0Marino Alexander Moreno Usama y Franci Edelmira Toro Andrade, tras lo \u00a0cual la Fiscal\u00eda les imput\u00f3 el delito de secuestro \u00a0extorsivo agravado, derivado de los hechos ocurridos el 26 de \u00a0septiembre de dicha anualidad. Se les impuso medida de aseguramiento. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Penal del Circuito \u00a0Especializado de Pasto, el cual realiz\u00f3 las audiencias de \u00a0formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n y preparatoria. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0En la fecha se\u00f1alada para llevar a cabo el juicio oral, se \u00a0vari\u00f3 el objeto de la audiencia. La Fiscal\u00eda sustent\u00f3 \u00a0los t\u00e9rminos del preacuerdo realizado con los procesados, \u00a0quienes aceptaron su responsabilidad en el delito de secuestro \u00a0extorsivo agravado a cambio de que se les impusiera la pena m\u00ednima \u00a0contemplada en el art\u00edculo 170 del C\u00f3digo Penal. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>4. \u00a0El 15 de mayo de 2009, se aprob\u00f3 dicha negociaci\u00f3n y el \u00a016 de junio siguiente, se conden\u00f3 a Julio \u00a0Bayardo Coral Burgos \u00a0y a Marino Alexander Moreno Usama, por la aluda conducta punible \u00a0atentatoria de la libertad individual. En consecuencia, se les impuso \u00a0la pena de 448 meses de prisi\u00f3n y multa de 6.666 salarios \u00a0m\u00ednimos legales mensuales vigentes1. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>5. \u00a0La \u00a0defensa interpuso acci\u00f3n de revisi\u00f3n, con fundamento en \u00a0la causal 7\u00aa del art\u00edculo 192 de la Ley 906 de 2004 \u00a0\u2013cuando \u00a0mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado \u00a0favorablemente el criterio jur\u00eddico que sirvi\u00f3 para \u00a0sustentar la sentencia condenatoria, tanto respecto de la \u00a0responsabilidad como de la punibilidad-, la \u00a0cual, el 27 de febrero de 2017, declar\u00f3 fundada la Sala Penal \u00a0del Tribunal Superior de Pasto. En consecuencia, redujo la pena a 336 \u00a0meses de prisi\u00f3n y multa de 5.000 salarios m\u00ednimos \u00a0legales mensuales vigentes2. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>6. \u00a0La \u00a0vigilancia de la sanci\u00f3n, correspondi\u00f3 al Juzgado \u00a0Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de \u00a0Palmira. Ante dicha autoridad judicial, el defensor de Coral \u00a0Burgos solicit\u00f3 \u00a0aplicaci\u00f3n \u2014bajo \u00a0el principio de favorabilidad\u2014 \u00a0de la Ley 2477 de 2025. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>7. \u00a0El 2 de septiembre de 2025, el juez vig\u00eda neg\u00f3 la \u00a0postulaci\u00f3n. Contra la decisi\u00f3n, el sentenciado \u00a0interpuso los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n.3 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>8. \u00a0Como \u00a0el Ejecutor mantuvo inc\u00f3lume su decisi\u00f3n, remiti\u00f3 \u00a0las diligencias a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito \u00a0Judicial de Buga. Corporaci\u00f3n que, el 20 de noviembre de 2025, \u00a0confirm\u00f3 el prove\u00eddo impugnado4. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>10. \u00a0Julio Bayardo Coral Burgos \u00a0present\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra la Sala Penal del \u00a0Tribunal Superior de Buga y el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de \u00a0Penas y Medidas de Seguridad de Palmira, tras considerar que \u00a0vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, \u00a0dignidad humana y el que denomin\u00f3 \u00abtutela \u00a0judicial efectiva\u00bb, \u00a0al desconocer el principio de favorabilidad. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Refiri\u00f3 \u00a0que, con fundamento en el aludido principio, es procedente aplicar lo \u00a0dispuesto en el art\u00edculo 12 de la Ley 2477 de 2025 y rebajarle \u00a0la pena impuesta en la mitad, pues preacord\u00f3 con la Fiscal\u00eda \u00a0y le fue atribuido uno de los delitos enlistados en el art\u00edculo \u00a026 de la Ley 1121 de 2006. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Indic\u00f3 \u00a0que a Marino Alexander Moreno Usama, \u00abquien \u00a0fue procesado y condenado por los mismos hechos\u00bb, \u00a0se le aplic\u00f3 favorablemente la Ley 2477 de 2025 y ahora \u00abest\u00e1 \u00a0disfrutando del beneficio de la libertad por pena cumplida\u00bb, \u00a0para enfatizar en el derecho a la igualdad. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Por \u00a0lo anterior, solicita que se deje sin efecto los prove\u00eddos del \u00a02 de septiembre y 20 de noviembre de 2025, proferidos por las \u00a0autoridades judiciales demandadas y, en consecuencia, se conceda la \u00a0rebaja punitiva prevista en la Ley 2477 de dicha anualidad. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>RESPUESTAS \u00a0DE LOS ACCIONADOS \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0La \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto, se\u00f1al\u00f3 que, \u00a0en efecto, el 7 de marzo de 2017, declar\u00f3 fundada la acci\u00f3n \u00a0de revisi\u00f3n interpuesta al interior del proceso 200880452. En \u00a0consecuencia, redujo la pena impuesta a Julio \u00a0Bayardo Coral Burgos \u00a0a 336 meses de prisi\u00f3n y multa de 5.000 salarios m\u00ednimos \u00a0legales mensuales vigentes. Decisi\u00f3n que no se cuestiona en el \u00a0libelo tutelar, por cuya raz\u00f3n concluy\u00f3 que carece de \u00a0legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva y, en ese orden, debe ser \u00a0desvinculado de la actuaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0El Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de \u00a0Seguridad de Palmira, manifest\u00f3 que no vulner\u00f3 al actor \u00a0derecho fundamental alguno, por cuanto la negativa de la aplicaci\u00f3n \u00a0de la Ley 2477 de 2025, obedeci\u00f3 a que la condena deriv\u00f3 \u00a0de un preacuerdo; el sentenciado -en \u00a0sede de revisi\u00f3n- \u00a0fue beneficiado punitivamente, en aplicaci\u00f3n del principio de \u00a0favorabilidad, y la norma invocada desmejora la situaci\u00f3n del \u00a0actor. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Pasto, realiz\u00f3 \u00a0un recuento de la actuaci\u00f3n procesal, al interior de la cual, \u00a0en el a\u00f1o 2009, profiri\u00f3 sentencia condenatoria en \u00a0contra de Coral \u00a0Burgos. \u00a0Destac\u00f3 que los reparos contenidos en la demanda son ajenos a \u00a0lo ocurrido en la fase de juzgamiento. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>4. \u00a0La Fiscal\u00eda Doscientos Cincuenta y Uno Especializada de Pasto, \u00a0sostuvo que, contra ella, el actor no dirige ning\u00fan reproche, \u00a0motivo por el que solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0La Sala es competente para conocer del presente asunto conforme con \u00a0lo dispuesto en el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de \u00a02015, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de \u00a02021, toda vez que el reproche constitucional se dirige contra la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior de Buga. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0De conformidad con la demanda de tutela, en el presente asunto, el \u00a0problema jur\u00eddico se contrae a determinar si las providencias \u00a0proferidas por el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y \u00a0Medidas de Seguridad de Palmira y la Sala Penal del Tribunal Superior \u00a0de Buga, el 2 de septiembre y 20 de noviembre de 2025, vulneraron los \u00a0derechos fundamentales de Julio \u00a0Bayardo Coral Burgos \u00a0al debido proceso, igualdad, dignidad humana y el que denomin\u00f3 \u00a0\u00abtutela \u00a0judicial efectiva\u00bb. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>4. \u00a0De \u00a0la acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>La \u00a0acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales presupone la \u00a0concurrencia de unos requisitos de procedibilidad, gen\u00e9ricos y \u00a0espec\u00edficos, que consientan su interposici\u00f3n5; \u00a0esto con la finalidad de evitar que la misma se convierta en un \u00a0instrumento para discutir la disparidad de criterios entre los \u00a0sujetos procesales y la autoridad accionada, contrariando as\u00ed \u00a0su esencia, que no es distinta a denunciar la violaci\u00f3n y \u00a0obtener el restablecimiento de los derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0cuanto a los requisitos gen\u00e9ricos, estos implican (i) \u00a0que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia \u00a0constitucional; (ii) \u00a0que se hayan agotado todos los medios \u2013ordinarios \u00a0y extraordinarios\u2013 de \u00a0defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se \u00a0trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental \u00a0irremediable; (iii) \u00a0que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela \u00a0se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado \u00a0a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) \u00a0que, cuando se trate de una irregularidad procesal, quede claro que \u00a0la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que \u00a0se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte \u00a0actora; (v) \u00a0que \u00a0la parte accionante identifique de manera razonable tanto los hechos \u00a0que generaron la afectaci\u00f3n como los derechos vulnerados y que \u00a0estos se hubiesen alegado en el proceso judicial, siempre que esto \u00a0hubiere sido posible y, por \u00faltimo, (vi) \u00a0que \u00a0no se trate de sentencias de tutela. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Ahora, \u00a0en relaci\u00f3n con los segundos, la jurisprudencia antes referida \u00a0ha reiterado que para verificar su cumplimiento se debe lograr la \u00a0demostraci\u00f3n de por lo menos uno de los siguientes vicios: a) \u00a0un defecto org\u00e1nico (falta de competencia del funcionario \u00a0judicial); b) \u00a0un defecto procedimental absoluto (desconocer el procedimiento legal \u00a0establecido); c) \u00a0un defecto f\u00e1ctico (que la decisi\u00f3n carezca de \u00a0fundamentaci\u00f3n probatoria); d) \u00a0un defecto material o sustantivo (aplicar normas inexistentes o \u00a0inconstitucionales); e) \u00a0un error inducido (que la decisi\u00f3n judicial se haya adoptado \u00a0con base en el enga\u00f1o de un tercero); f) \u00a0una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n (ausencia de fundamentos \u00a0f\u00e1cticos y jur\u00eddicos en la providencia); g) \u00a0un desconocimiento del precedente (apartarse de los criterios de \u00a0interpretaci\u00f3n de los derechos definidos por la Corte \u00a0Constitucional) o h) \u00a0la violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0ese orden, el interesado debe demostrar de manera clara cu\u00e1l \u00a0es la irregularidad grave en la que incurri\u00f3 el funcionario \u00a0judicial, su efecto decisivo o determinante en la decisi\u00f3n que \u00a0se impugna y c\u00f3mo afecta sus derechos fundamentales. No basta \u00a0con aducir cualquier anomal\u00eda o desacierto dentro del proceso \u00a0para que por v\u00eda de amparo pueda revisarse la actuaci\u00f3n \u00a0de un funcionario judicial, en tanto que el juez constitucional no es \u00a0una instancia adicional revisora \u00a0de \u00a0la actuaci\u00f3n ordinaria. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0otros t\u00e9rminos, es factible acudir a la tutela frente a una \u00a0irrazonable decisi\u00f3n judicial. Y el error de la autoridad debe \u00a0ser flagrante \u00a0y manifiesto, \u00a0pues no puede el juez constitucional convertirse en un escenario \u00a0supletorio de la actuaci\u00f3n valorativa propia del juez que \u00a0conoce el proceso. Ello desconocer\u00eda su competencia y \u00a0autonom\u00eda.\u00a0\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>5. \u00a0Del caso concreto. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Trat\u00e1ndose \u00a0de una acci\u00f3n de tutela dirigida contra providencia judicial, \u00a0la Corte iniciar\u00e1 el estudio de los requisitos generales de \u00a0procedibilidad. De ser superados, estudiar\u00e1 los espec\u00edficos. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Inicialmente, \u00a0resulta incuestionable que se est\u00e1 frente a un asunto de \u00a0relevancia constitucional, pues se trata de analizar si los jueces \u00a0accionados, a trav\u00e9s de sus pronunciamientos, trasgredieron \u00a0los derechos fundamentales de Julio \u00a0Bayardo Coral Burgos al \u00a0debido proceso, igualdad, dignidad humana y el que denomin\u00f3 \u00a0\u00abtutela \u00a0judicial efectiva\u00bb. \u00a0<\/p>\n<p>Sin \u00a0embargo, en cuanto al agotamiento de todos los medios de defensa \u00a0ordinarios, para la Sala deviene claro que ello no aconteci\u00f3, \u00a0por las razones que se pasar\u00e1n a explicar. Por tanto, no se \u00a0satisfizo el car\u00e1cter residual que reviste a la acci\u00f3n \u00a0de amparo (Cfr. \u00a0CSJ STP20178-2025, STP20180-2025, STP19766-2025, STP19171-2025, \u00a0STP19181-2025, STP19449-2025, STP19447-2025, STP19547-2025, \u00a0STP18065-2025, STP17775-2025, entre otras). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Al \u00a0respecto, resulta pertinente indicar que, como lo dispone el art\u00edculo \u00a086 de la Constituci\u00f3n, la acci\u00f3n de tutela es \u00a0procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa \u00a0judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar \u00a0un perjuicio irremediable. Lo anterior en cuanto, como ha se\u00f1alado \u00a0la Corte Constitucional en un sinn\u00famero de sentencias, el \u00a0mecanismo en cuesti\u00f3n est\u00e1 revestido de un car\u00e1cter \u00a0subsidiario y residual, el cual: \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>[P]ermite \u00a0reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios \u00a0de protecci\u00f3n judicial, como dispositivos leg\u00edtimos y \u00a0prevalentes para la salvaguarda de los derechos. Es ese \u00a0reconocimiento el que obliga a los asociados a incoar los recursos \u00a0jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar la situaci\u00f3n \u00a0que estimen lesiva de sus derechos.6 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0el presente caso, la pretensi\u00f3n del actor est\u00e1 \u00a0orientada a la aplicaci\u00f3n favorable de la Ley 2477 de 2025, \u00a0con miras a que se le rebaje la pena impuesta. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Sobre \u00a0el particular, no puede perderse de vista que la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Penal de esta Corporaci\u00f3n, en reciente decisi\u00f3n7, \u00a0se pronunci\u00f3 sobre el alcance hermene\u00fatico de dicha \u00a0normatividad y su correcto entendimiento, en punto a la forma en que \u00a0debe calcularse los aumentos punitivos, fij\u00e1ndose un criterio \u00a0jurisprudencial. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Situaci\u00f3n \u00a0que se ajusta al supuesto contemplado en el numeral 7\u00ba del \u00a0art\u00edculo 192 de la Ley 906 de 2004, consiste en que la acci\u00f3n \u00a0de revisi\u00f3n procede sobre sentencias ejecutoriadas, cuando \u00a0\u00abmediante \u00a0pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado favorablemente el \u00a0criterio jur\u00eddico que sirvi\u00f3 para sustentar la \u00a0sentencia condenatoria, tanto respecto de la responsabilidad como de \u00a0la punibilidad\u00bb. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Significa \u00a0lo anterior, que Julio \u00a0Bayardo Coral Burgos \u00a0cuenta con la acci\u00f3n de revisi\u00f3n, mecanismo judicial \u00a0espec\u00edfico, id\u00f3neo y eficaz, para proponer la discusi\u00f3n \u00a0que, a trav\u00e9s de esta v\u00eda excepcional, plantea. \u00a0Conclusi\u00f3n que encuentra sustento en la decisi\u00f3n \u00a0proferida el 28 de enero del a\u00f1o en curso, por la Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n8. \u00a0Oportunidad en la que, en sede de revisi\u00f3n, se resolvi\u00f3 \u00a0un asunto similar al que aqu\u00ed se presenta. \u00a0<\/p>\n<p>Por \u00a0tanto, al existir un mecanismo especial e id\u00f3neo, al interior \u00a0de la actuaci\u00f3n penal, debe ser a trav\u00e9s de esa v\u00eda \u00a0donde se genere el debate en torno a aplicaci\u00f3n favorable de \u00a0la Ley 2477 de 2025 y sus efectos punitivos, (Cfr. \u00a0CSJ STP17450-2025, STP11514-2025, STP11015-2025, STP8653-2025, \u00a0STP8618-2025, STP8953-2025, STP13023-2023, STP12113-2023, \u00a0STP11801-2023, STP4184 -2015, STP2782-2014). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Por \u00a0lo anterior, la Sala declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n \u00a0de tutela presentada por Julio \u00a0Bayardo Coral Burgos. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Penal, en Sala de Decisi\u00f3n de Tutela N\u00b0 3, \u00a0administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>RESUELVE \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>PRIMERO. \u00a0DECLARAR improcedente \u00a0el amparo invocado \u00a0por Julio \u00a0Bayardo Coral Burgos. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>SEGUNDO. \u00a0De \u00a0no ser impugnado, enviar el expediente a la Corte Constitucional para \u00a0su eventual revisi\u00f3n, conforme al art\u00edculo 32 del \u00a0Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>GERSON \u00a0CHAVERRA CASTRO \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>MYRIAM \u00a0\u00c1VILA ROLD\u00c1N \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>DIEGO \u00a0EUGENIO CORREDOR BELTR\u00c1N \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Nubia \u00a0Yolanda Nova Garc\u00eda \u00a0<\/p>\n<p>Secretaria \u00a0<\/p>\n<p>1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Antecedentes procesales contenidos en la sentencia condenatoria del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a016 de junio de 2009, aportada por el Juzgado Primero Penal del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Circuito Especializado de Pasto. \u00a0<\/p>\n<p>2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ibid., \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0p. 49. \u00a0<\/p>\n<p>3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Providencia contenida en la demanda y anexos, pp. 40-46. \u00a0<\/p>\n<p>4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Demanda y anexos, pp. 48-64. \u00a0<\/p>\n<p>5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CC C-590 de 2005, SU-195 de 2012 y T-137 de 2017, entre otras. \u00a0<\/p>\n<p>6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CC T- \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sala modific\u00f3 la forma de calcular los aumentos de pena para \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0estos delitos, as\u00ed:375 de 2018. \u00a0<\/p>\n<p>7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CSJ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0SP013-2026, 21 ene. 2026, rad. 70306. \u00a0<\/p>\n<p>8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Rad. 65543. \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 GERSON \u00a0CHAVERRA CASTRO \u00a0 Magistrado \u00a0Ponente \u00a0 \u00a0\u00a0 STP1145-2026 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0N\u00b0 151820 \u00a0 Acta \u00a0No. 018 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1, \u00a0D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintis\u00e9is (2026). \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 La \u00a0Sala se pronuncia en relaci\u00f3n con la demanda de tutela \u00a0promovida por Julio \u00a0Bayardo 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