\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
DIEGO \u00a0EUGENIO CORREDOR BELTR\u00c1N \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
STP1091- \u00a02026 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0 151674 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0N\u00b0 18 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintis\u00e9is (2026). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ASUNTO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Resolver \u00a0la impugnaci\u00f3n presentada por el accionante Mario \u00a0Enrique Alegr\u00eda Prado en \u00a0nombre propio y \u00a0por \u00a0conducto de apoderado en \u00a0relaci\u00f3n con el fallo proferido el 22 \u00a0de octubre de 20251 \u00a0por la Sala Penal \u00a0del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, \u00a0que declar\u00f3 improcedente el amparo del derecho fundamental al \u00a0debido proceso y el que se denomin\u00f3 \u201clibertad\u201d, \u00a0presuntamente vulnerado por el Juzgado Octavo de Ejecuci\u00f3n de \u00a0Penas y Medidas de Seguridad de Ibagu\u00e9. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
HECHOS, \u00a0FUNDAMENTOS DE LA ACCI\u00d3N Y \u00a0<\/p>\n
PRETENSIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Fueron \u00a0resumidos por el Tribunal a \u00a0quo, \u00a0como sigue: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cRefiere \u00a0el apoderado del se\u00f1or Mario Enrique Alegr\u00eda Prado, que \u00a0instaura acci\u00f3n de tutela contra el Juzgado Octavo de \u00a0Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagu\u00e9, al \u00a0estimar que vulnera los derechos fundamentales al debido proceso, \u00a0dignidad humana y libertad personal, por los siguientes hechos: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0se\u00f1or Alegr\u00eda Prado lleva 29 a\u00f1os, 5 meses y 19 \u00a0d\u00edas privado de la libertad, cumpliendo una pena acumulada de \u00a040 a\u00f1os de prisi\u00f3n por delitos de secuestro extorsivo y \u00a0otros, derivados de hechos ocurridos en junio y noviembre de 2004. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0mayo de 2024, la defensa solicit\u00f3 la libertad condicional con \u00a0fundamento en el art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal, \u00a0modificado por la Ley 1709 de 2014, acreditando el cumplimiento de \u00a0los requisitos legales: haber descontado m\u00e1s de las tres \u00a0quintas partes de la pena, buen comportamiento, arraigo familiar y \u00a0social, y demostraci\u00f3n de insolvencia econ\u00f3mica. Sin \u00a0embargo, el despacho judicial neg\u00f3 la solicitud mediante auto \u00a0del 9 de octubre de 2024, invocando la prohibici\u00f3n contenida \u00a0en la Ley 733 de 2002. Posteriormente, al resolver el recurso de \u00a0reposici\u00f3n, reiter\u00f3 la negativa, argumentando que dicha \u00a0prohibici\u00f3n era aplicable por la fecha de los hechos. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, en sede de apelaci\u00f3n, \u00a0declar\u00f3 la nulidad parcial de la actuaci\u00f3n por indebida \u00a0motivaci\u00f3n, ordenando al juzgado emitir una nueva decisi\u00f3n \u00a0considerando el principio de favorabilidad. No obstante, el 3 de \u00a0octubre de 2025, el juez volvi\u00f3 a negar la libertad \u00a0condicional, esta vez con base en la prohibici\u00f3n del art\u00edculo \u00a026 de la Ley 1121 de 2006, pese a reconocer que el condenado cumpl\u00eda \u00a0todos los requisitos del art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00a0argumenta que la acci\u00f3n de tutela es procedente por \u00a0configurarse una actuaci\u00f3n arbitraria e ileg\u00edtima, que \u00a0vulnera derechos fundamentales y no puede ser corregida mediante \u00a0recursos ordinarios, dada \u00a0la dilaci\u00f3n injustificada del tr\u00e1mite (m\u00e1s de 17 \u00a0meses sin decisi\u00f3n definitiva). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, solicita al juez constitucional dejar sin efectos el \u00a0auto del 3 de octubre de 2025 y ordenar al juzgado accionado proferir \u00a0una nueva decisi\u00f3n ajustada a los principios constitucionales, \u00a0en especial al de favorabilidad, para resolver de fondo la solicitud \u00a0de libertad condicional\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
FALLO \u00a0RECURRIDO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 \u00a0destac\u00f3 que en el proceso 19001310700220050011500, seguido en \u00a0contra del accionante, el Juez Octavo de Ejecuci\u00f3n de Penas y \u00a0Medidas de Seguridad de Ibagu\u00e9 vigila la pena acumulada de 40 \u00a0a\u00f1os de prisi\u00f3n y multa de 21.250 SMLMV, entre otros, \u00a0por el delito de secuestro extorsivo agravado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Precis\u00f3 \u00a0que en ese asunto se emiti\u00f3 auto 517 el 3 de octubre de 2025, \u00a0a trav\u00e9s del cual se readecuaron las redenciones de pena \u00a0conforme al art\u00edculo 19 de la Ley 2466 de 2025 y se neg\u00f3 \u00a0la libertad condicional por prohibici\u00f3n expresa de la Ley 733 \u00a0de 2002, vigente para el momento de los hechos. Decisi\u00f3n \u00a0respecto de la cual se promovi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n \u00a0que se encuentra en tr\u00e1mite. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo tanto, se\u00f1al\u00f3 que, al no acreditarse el requisito de \u00a0la subsidiariedad, lo que correspond\u00eda era declarar \u00a0improcedente el amparo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LA \u00a0IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Fue \u00a0presentada por Mario \u00a0Enrique Alegr\u00eda Prado en \u00a0nombre propio y \u00a0por \u00a0conducto de apoderado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Ambos \u00a0coinciden en se\u00f1alar que el \u00fanico motivo para negar el \u00a0amparo fue el hecho de haber promovido recurso de apelaci\u00f3n \u00a0contra el auto del 3 de octubre de 2025, pero que se desconoce que \u00a0esa decisi\u00f3n afecta los derechos que se reclaman porque aplica \u00a0\u201cuna \u00a0prohibici\u00f3n establecida en una ley posterior que le es \u00a0desfavorable al mismo\u201d porque \u00a0los hechos sucedieron en 2004 \u201cy \u00a0la norma que se aplica para mantenerlo privado de la libertad es el \u00a0art\u00edculo 26 de la ley 1121 de 2006, que es posterior a los \u00a0hechos juzgados, y, adem\u00e1s, es desfavorable al procesado\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Se\u00f1alan \u00a0que los recursos ordinarios no garantizan el derecho a la libertad, \u00a0dada su tardanza; que se debe revocar la decisi\u00f3n y acceder al \u00a0amparo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0conformidad con el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991, en \u00a0concordancia con el canon 46 del Reglamento General de la Corte \u00a0Suprema de Justicia2 \u00a0es competente la Sala para pronunciarse sobre la impugnaci\u00f3n \u00a0interpuesta contra la sentencia de tutela adoptada en primera \u00a0instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito \u00a0Judicial de Ibagu\u00e9, al ser su superior funcional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica \u00a0establece que toda persona tiene derecho a promover acci\u00f3n de \u00a0tutela ante los jueces, con miras a obtener la protecci\u00f3n \u00a0inmediata de sus derechos fundamentales, cuando por acci\u00f3n u \u00a0omisi\u00f3n le sean vulnerados o amenazados por cualquier \u00a0autoridad p\u00fablica o por particulares, en los casos previstos \u00a0de forma expresa en la ley; siempre que no exista otro medio de \u00a0defensa judicial o, existiendo, la misma se utilice como mecanismo \u00a0transitorio para evitar la materializaci\u00f3n de un perjuicio de \u00a0car\u00e1cter irremediable. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0el caso concreto, el problema jur\u00eddico por resolver consiste \u00a0en determinar si el Tribunal a \u00a0quo \u00a0acert\u00f3 al declarar improcedente el amparo del \u00a0derecho fundamental al debido proceso y el que se denomin\u00f3 \u00a0\u201clibertad\u201d, \u00a0reclamado \u00a0por Mario \u00a0Enrique Alegr\u00eda Prado, \u00a0luego de considerar que no se cumpli\u00f3 el requisito de la \u00a0subsidiariedad porque contra el auto 517 del 3 de octubre de 2025, se \u00a0promovi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n que est\u00e1 en \u00a0tr\u00e1mite. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0consiguiente, lo que corresponde es identificar los requisitos de \u00a0procedibilidad de la tutela contra actuaciones judiciales y luego se \u00a0analizar\u00e1 el caso en concreto. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Procedencia excepcional de tutela contra decisiones judiciales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Esta \u00a0Corporaci\u00f3n ha sostenido3 \u00a0de manera insistente que este instrumento de defensa tiene un \u00a0car\u00e1cter estrictamente subsidiario y como tal no constituye un \u00a0medio alternativo para atacar, impugnar o censurar las \u00a0determinaciones expedidas dentro de un proceso judicial o \u00a0administrativo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Sin \u00a0embargo, tambi\u00e9n ha indicado que excepcionalmente \u00a0esta herramienta puede ejercitarse para demandar el amparo de un \u00a0derecho fundamental que resulta vulnerado: cuando en el tr\u00e1mite \u00a0procesal se act\u00faa y resuelve de manera arbitraria o \u00a0caprichosa, o en aquellos eventos en los cuales es expedido un \u00a0mandato judicial desbordando el \u00e1mbito funcional o en forma \u00a0manifiestamente contraria al ordenamiento jur\u00eddico, esto es, \u00a0en el evento en que se configuren las llamadas causales \u00a0de procedibilidad, \u00a0o en el supuesto que el mecanismo pertinente, previamente \u00a0establecido, sea claramente ineficaz para la defensa de las garant\u00edas \u00a0constitucionales, caso en el cual, procede como dispositivo \u00a0transitorio, con el fin de evitar un perjuicio de car\u00e1cter \u00a0irremediable. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0esta manera, la acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales \u00a0presupone la concurrencia de unos requisitos de procedibilidad que \u00a0consientan su interposici\u00f3n: generales4 \u00a0y especiales5, \u00a0esto con la finalidad de evitar que la misma se convierta en un \u00a0instrumento para discutir la disparidad de criterios entre los \u00a0sujetos procesales y la autoridad accionada, contrariando su esencia, \u00a0que no es distinta a denunciar la violaci\u00f3n de los derechos \u00a0fundamentales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Frente \u00a0a los requisitos generales, concretamente el de la subsidiariedad, \u00a0que \u00a0interesa para la resoluci\u00f3n del caso concreto, este consiste \u00a0en que el afectado haya agotado todas las herramientas ordinarias y \u00a0extraordinarias de protecci\u00f3n judicial6 \u00a0y, en consecuencia, no disponga de otro medio judicial para su \u00a0defensa, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable. Esto, \u00a0porque es ante el fallador natural, el estadio adecuado donde el \u00a0peticionario puede plantear sus desavenencias, expresar los motivos \u00a0de su desacuerdo frente a las disposiciones adoptadas y recurrirlas. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0virtud de ese presupuesto, la jurisprudencia constitucional ha \u00a0identificado tres causales que conllevan a la improcedencia de la \u00a0acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, que consisten \u00a0en: que i) \u00a0el asunto est\u00e9 en tr\u00e1mite; ii) \u00a0no \u00a0se hayan agotado los medios de defensa \u00a0judicial \u00a0ordinarios y extraordinarios; \u00a0y, iii) \u00a0el \u00a0amparo constitucional se utilice para revivir etapas procesales en \u00a0donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento \u00a0jur\u00eddico.7 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Y \u00a0en relaci\u00f3n con el test de procedencia de este requisito, en \u00a0sentencia SU038-23, \u00a0la Corte Constitucional se\u00f1al\u00f3: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c95.\u00a0En \u00a0este punto, la Sala Plena considera necesario\u00a0precisar\u00a0su \u00a0jurisprudencia en relaci\u00f3n con la aplicaci\u00f3n del \u00a0denominado\u00a0test \u00a0de procedencia\u00a0cuando \u00a0se promueven acciones de tutela contra providencias judiciales. Al \u00a0respecto, corresponde reiterar que el requisito de subsidiariedad \u00a0respecto de este tipo de decisiones supone el agotamiento de todos \u00a0los medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada8. \u00a0Bajo este entendimiento, cuando los accionantes no disponen de ning\u00fan \u00a0otro mecanismo de protecci\u00f3n judicial porque acudieron a las \u00a0acciones y recursos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico y \u00a0culminaron las etapas procesales respectivas, se considera acreditada \u00a0la exigencia de subsidiariedad\u201d (Negrillas fuera de texto) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, el aludido requisito exige el agotamiento, por parte del \u00a0interesado, de todos los medios de defensa dentro del tr\u00e1mite \u00a0propio de la actuaci\u00f3n que se se\u00f1ala de afectar \u00a0garant\u00edas fundamentales, sin lo cual no est\u00e1 facultado \u00a0para demandar, mediante solicitud de amparo, las decisiones \u00a0judiciales que en ella se profieran. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.- Caso concreto. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0esta oportunidad no se cumplen en su integridad todos los requisitos \u00a0gen\u00e9ricos antes destacados, esto es, el de la subsidiariedad. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Revisado \u00a0el presente asunto, se tiene que en el proceso no. \u00a019001310700220050011500, \u00a0que se adelanta contra Mario \u00a0Enrique Alegr\u00eda Prado, \u00a0el Juzgado Octavo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad \u00a0de Ibagu\u00e9 emiti\u00f3 \u00a0auto \u00a0interlocutorio 517 el 3 de octubre de 2025, donde resolvi\u00f3: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cSEGUNDO. \u00a0READECUAR las \u00a0redenciones de pena reconocidas con anterioridad al se\u00f1or \u00a0MARIO ENRIQUE ALEGRIA PRADO, en virtud de lo consignado en el \u00a0art\u00edculo 19 de la Ley 2466 de 2025. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
TERCERO: \u00a0COMO CONSECUENCIA DE LA ANTERIOR READECUACION, se \u00a0tiene que el tiempo reconocido por concepto de redenci\u00f3n de \u00a0pena al referido sentenciado asciende a 8 \u00a0ANOS, 5 MESES, 25 DIAS, 12 HORAS. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CUARTO: \u00a0RECONOCER redenci\u00f3n \u00a0de pena por trabajo al sentenciado MARIO ENRIQUE ALEGRIA PRADO en \u00a0cuant\u00eda de DOS \u00a0(2) MESES, VEINTE (20) DIAS, TRECE (13) HORAS, de \u00a0conformidad con los certificados de computes n\u00fameros 19577897 \u00a0y 19649881. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
QUINTO: \u00a0NEGAR al \u00a0citado sentenciado la libertad condicional, conforme lo expuesto en \u00a0la parte motiva de este auto. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
S\u00c9PTIMO: \u00a0CONTRA esta \u00a0providencia proceden los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n\u201d \u00a0(sic) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Contra \u00a0esa decisi\u00f3n se promovi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n \u00a0que se concedi\u00f3 en auto del 18 de diciembre de 20259. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, se reitera, no se verifica el requisito de la \u00a0subsidiariedad, seg\u00fan el cual los conflictos jur\u00eddicos \u00a0deben ser, en principio, definidos por las v\u00edas ordinarias y \u00a0extraordinarias – administrativas o jurisdiccionales – y s\u00f3lo \u00a0ante la ausencia de dichos senderos o cuando las mismas no son \u00a0id\u00f3neas para evitar la ocurrencia de un perjuicio \u00a0irremediable, resulta admisible acudir a este mecanismo preferente. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora \u00a0bien, los impugnantes se\u00f1alan que los recursos ordinarios no \u00a0garantizan el derecho a la libertad, puesto que el auto cuestionado \u00a0evidentemente vulnera las prerrogativas que se reclaman; empero, \u00a0mientras la v\u00eda judicial ordinaria atienda el asunto, no es \u00a0posible que el juez de tutela intervenga. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Adicionalmente, \u00a0lo que discute Mario \u00a0Enrique \u00a0Alegr\u00eda Prado es \u00a0la interpretaci\u00f3n \u00a0y aplicaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico de cara a la \u00a0fecha, tema que es de competencia exclusiva del juez ordinario. El \u00a0car\u00e1cter residual y subsidiario de este mecanismo \u00a0constitucional no le permite intervenir cuando existan otros medios \u00a0de defensa judicial. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Lo \u00a0dicho en precedencia es raz\u00f3n suficiente para \u00a0confirmar la sentencia de primera instancia que declar\u00f3 \u00a0improcedente el amparo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala \u00a0de Decisi\u00f3n de Tutelas N\u00ba 03 de la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Penal de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
PRIMERO: \u00a0CONFIRMAR \u00a0el \u00a0fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
SEGUNDO: \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0REMITIR \u00a0el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, \u00a0en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de \u00a01991. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Notif\u00edquese \u00a0y c\u00famplase \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
DIEGO \u00a0EUGENIO CORREDOR BELTR\u00c1N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
MYRIAM \u00a0\u00c1VILA ROLD\u00c1N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
GERSON \u00a0CHAVERRA CASTRO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El acta de reparto a esta Corporaci\u00f3n data del 14 de enero de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02026. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Acuerdo N\u00ba 2175 del 7 de diciembre de 2023 \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CSJ STP8641-2018, 5 jul 2018, Rad. 99281; STP8369-2018, 28 jun 2018, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Rad. 98927; entre otros \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Seg\u00fan \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0lo expuso por la Corte Constitucional en Sentencia C-590 de 2005, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0los requisitos generales de procedencia excepcional de la acci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de tutela contra providencias judiciales son: (i) que la cuesti\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que se discuta tenga relevancia constitucional; (ii) que se cumpla \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0con el presupuesto de subsidiariedad que caracteriza a la tutela; \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, (iv) cuando se trate \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de una irregularidad procesal, \u00e9sta debe tener un efecto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0decisivo en la sentencia que se impugna; (v) que la parte actora \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0vulneraci\u00f3n, y (vi) que no se trate de sentencias de tutela. \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En lo que tiene que ver con los requisitos de orden espec\u00edfico, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el \u00f3rgano de cierre constitucional en la misma providencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0los clasific\u00f3 en: (i) defecto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0org\u00e1nico; ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0f\u00e1ctico; iv) defecto material o sustantivo; v) error \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0inducido; vi) decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; vii) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0desconocimiento del precedente y viii) violaci\u00f3n directa de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la Constituci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CC \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0C-590- 2005 y CC T-332-2006; CSJ STP16324-2016, 10 nov. 2016, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0radicado 89049. \u00a0<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CC-T-016-19. \u00a0<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sentencias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0SU-136 de 2022, SU-026 de 2021, SU-073 de 2020 y C-590 de 2005, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0entre otras. \u00a0<\/p>\n