\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
GERSON \u00a0CHAVERRA CASTRO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ATP142-2026 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0N\u00b0 151886 \u00a0<\/p>\n
Acta \u00a0No. 010 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., veintid\u00f3s (22) de enero de dos mil veintis\u00e9is \u00a0(2026). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ASUNTO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala procede a dirimir la colisi\u00f3n negativa de competencia \u00a0suscitada entre los Juzgados Octavo de Ejecuci\u00f3n de Penas y \u00a0Medidas de Seguridad de Cali y Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y \u00a0Medidas de Buga, para asumir el conocimiento de la acci\u00f3n de \u00a0tutela promovida por Jos\u00e9 \u00a0Ra\u00fal Salazar C\u00e1rdenas, \u00a0contra la Defensor\u00eda del Pueblo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LA \u00a0DEMANDA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a021 de diciembre de 2025, \u00a0Jos\u00e9 Ra\u00fal Salazar C\u00e1rdenas present\u00f3 \u00a0acci\u00f3n de tutela contra la Defensor\u00eda del Pueblo. En \u00a0escrito breve, afirm\u00f3 que fue condenado a 21 a\u00f1os de \u00a0prisi\u00f3n por el delito de acceso carnal violento. Asimismo, que \u00a0envi\u00f3 petici\u00f3n a la Defensor\u00eda del Pueblo, pero \u00a0\u00abnunca \u00a0contest\u00f3\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 \u00a0que, requiere un abogado que pueda trasladarse al lugar donde est\u00e1 \u00a0recluido, por lo que la pretensi\u00f3n va dirigida a que se ordene \u00a0la designaci\u00f3n inmediata de un defensor p\u00fablico \u00abque \u00a0asuma mi caso de manera presencial y profesional.\u00bb \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0La \u00a0acci\u00f3n de tutela fue repartida al Juzgado Octavo de Ejecuci\u00f3n \u00a0de Penas y Medidas de Seguridad de Cali. En auto del 23 de diciembre \u00a0de 2025, al advertir que Jos\u00e9 \u00a0Ra\u00fal Salazar C\u00e1rdenas est\u00e1 \u00a0privado de la libertad en la C\u00e1rcel y Penitenciar\u00eda de \u00a0Mediana Seguridad de Tulu\u00e1, dijo carecer de competencia. \u00a0Expuso que: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0competencia no se determina por el domicilio de la entidad demandada, \u00a0por cuanto en la acci\u00f3n de tutela el juez constitucional debe \u00a0\u00fanicamente seguir las reglas que ha establecido esta \u00a0Corporaci\u00f3n para determinar la competencia territorial o a \u00a0prevenci\u00f3n, esto es, el lugar de ocurrencia de la vulneraci\u00f3n \u00a0de derechos fundamentales o donde se surtieren sus efectos, bajo el \u00a0entendido que todos los jueces en el respectivo \u00e1mbito \u00a0territorial resultan competentes para conocer del amparo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0ende, orden\u00f3 la remisi\u00f3n inmediata del expediente a los \u00a0juzgados del circuito de Buga. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Esto, \u00a0por cuanto fu en Cali que Salazar C\u00e1rdenas present\u00f3 la \u00a0petici\u00f3n ante la Defensor\u00eda del Pueblo. En ese orden, \u00a0es la ciudad donde tendr\u00eda efectos la presunta omisi\u00f3n \u00a0vulneradora de los derechos constitucionales del accionante. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, si bien, al momento de definir la competencia territorial \u00a0el demandante cuenta con la discrecionalidad de elegir ante qu\u00e9 \u00a0juez o tribunal presenta su solicitud de amparo tuitivo, que, en este \u00a0caso, fue ante los jueces del circuito de Cali, Valle del Cauca; \u00a0tambi\u00e9n es cierto que, por las razones expuestas, el Juzgado \u00a0Octavo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, \u00a0Valle del Cauca, tendr\u00eda la facultad para conocer del presente \u00a0asunto, en consonancia con el art\u00edculo \u00a02.2.3.1.2.1 \u00a0del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba \u00a0del Decreto 333 de 2021. Por lo anterior, esta sede judicial \u00a0declarar\u00e1 la falta de competencia territorial por las razones \u00a0expuestas, aceptando as\u00ed el conflicto negativo propuesto. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0tal virtud, declar\u00f3 falta de competencia, propuso conflicto \u00a0negativo de competencia y orden\u00f3 la remisi\u00f3n del asunto \u00a0a la Corte Suprema de Justicia para dirimirlo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE LA CORTE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0La Sala es competente para dirimir el conflicto negativo de \u00a0competencia suscitado entre los Juzgados Octavo de Ejecuci\u00f3n \u00a0de Penas y Medidas de Seguridad de Cali y Quinto de Ejecuci\u00f3n \u00a0de Penas y Medidas de Buga, conforme lo se\u00f1alado en el inciso \u00a02\u00ba del art\u00edculo 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en armon\u00eda \u00a0con el numeral 3 del art\u00edculo 32 de la Ley 906 de 2004. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Estos \u00a0preceptos resultan aplicables al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n \u00a0de tutela, pues el Decreto 2591 de 1991 no regula expresamente lo \u00a0concerniente a incidentes de colisi\u00f3n de competencia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Ahora \u00a0bien, debe se\u00f1alarse que la competencia para tramitar y \u00a0resolver las acciones de tutela se encuentra determinada por el \u00a0art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, en armon\u00eda con \u00a0el 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1\u00b0 del Decreto 333 de 2021. De \u00a0acuerdo con estas normas, los llamados para conocer de la acci\u00f3n \u00a0de tutela, a \u00a0prevenci\u00f3n, \u00a0son los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar \u00a0donde: (i) \u00a0ocurre la violaci\u00f3n o amenaza para los derechos fundamentales \u00a0o (ii) \u00a0donde se producen sus efectos. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0acuerdo con este sistema atributivo de competencia preventiva, los \u00a0jueces con jurisdicci\u00f3n en cualquiera de estos lugares son \u00a0competentes para conocer de la acci\u00f3n de amparo y, con base en \u00a0esto, el demandante puede escoger libremente entre ellos, sin que al \u00a0juez elegido le sea dable alegar incompetencia por el factor \u00a0territorial. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0lo ha explicado la Corte Constitucional: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Como \u00a0se presenta en el asunto de la referencia, puede ocurrir que se \u00a0verifiquen varias de las alternativas enunciadas y en esa medida \u00a0tanto el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Socorro y el Juzgado \u00a0Cuarto del Circuito Judicial Administrativo de Bucaramanga, pueden \u00a0ser competentes en el tr\u00e1mite de la presente acci\u00f3n. En \u00a0efecto, en el municipio del Socorro se encuentra el inmueble que \u00a0supuestamente presenta fraudes de energ\u00eda; pero, por otro \u00a0lado, se observa en el expediente que el accionante alega la \u00a0vulneraci\u00f3n de su debido proceso y ha presentado varios \u00a0derechos de petici\u00f3n ante la Electrificadora de Santander en \u00a0Bucaramanga, solicitando se le garantice el derecho a la defensa, \u00a0mediante la notificaci\u00f3n del tr\u00e1mite administrativo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4.- \u00a0En este tipo de casos la Corte Constitucional ha fijado la regla \u00a0jurisprudencial seg\u00fan la cual el criterio que deben aplicar \u00a0los jueces o tribunales antes de abstenerse de asumir el conocimiento \u00a0de una solicitud de amparo constitucional es la elecci\u00f3n que \u00a0haya efectuado el accionante respecto al lugar donde desea se tramite \u00a0la acci\u00f3n. \u00a0Lo anterior, a partir de la interpretaci\u00f3n \u00a0sistem\u00e1tica del art\u00edculo 86 Superior y del art\u00edculo \u00a037 del Decreto 2591 de 1991, que garantizan a toda persona reclamar \u00a0\u201cante los jueces – a prevenci\u00f3n\u201d la protecci\u00f3n \u00a0inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales.\u201d (CC \u00a0A \u2013 071 de 2007; asimismo, ATP2141-2025). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bajo \u00a0esa misma l\u00ednea, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que en \u00a0aplicaci\u00f3n de la expresa referencia al factor a \u00a0prevenci\u00f3n, \u00a0destacado normativamente como criterio rector para definir la \u00a0competencia en materia de amparo, debe conocerla el funcionario \u00a0judicial ante quien se formula la solicitud de protecci\u00f3n \u00a0constitucional, siempre que de dicho lugar resulte predicable la \u00a0ocurrencia del quebranto o la de sus efectos.1 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0conclusi\u00f3n, se reitera que el sitio a prevenci\u00f3n \u00a0se determina, no s\u00f3lo por el lugar donde ocurriere la \u00a0violaci\u00f3n o la amenaza, sino tambi\u00e9n por aquel en donde \u00a0nace o se origina el acto que se considera lesivo de los derechos \u00a0fundamentales. En ese sentido, \u00abel \u00a0juez de cualquiera de estos lugares donde se formule la demanda de \u00a0tutela deber\u00e1 asumir la acci\u00f3n constitucional sin que \u00a0le sea procedente alegar la incompetencia, pues bajo el criterio de \u00a0prevenci\u00f3n, es viable su conocimiento.\u00bb (CSJ \u00a0SP Auto may. 22 de 2001, rad. 9596). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0En \u00a0el presente caso, el Juzgado Octavo de Ejecuci\u00f3n de Penas y \u00a0Medidas de Seguridad de Cali, consider\u00f3 que la competencia \u00a0para asumir la acci\u00f3n de tutela radicaba en los jueces de \u00a0Buga, indicando que la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos \u00a0fundamentales del actor tiene lugar en dicha jurisdicci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0su parte, el Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de \u00a0Buga, sostuvo que, por el factor a \u00a0prevenci\u00f3n, \u00a0la competencia para asumir el conocimiento del presente asunto radica \u00a0en su hom\u00f3logo de Cali. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, se advierte que la entidad demandada se encuentra en Cali, \u00a0lugar en el que se produjo la presunta vulneraci\u00f3n \u00a0del derecho fundamental que se reclama y que sus efectos se producen \u00a0en Tulu\u00e1, donde el accionante se encuentra privado de la \u00a0libertad. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Significa \u00a0lo anterior, que los dos juzgados involucrados en conflicto son, en \u00a0principio, competentes para conocer del asunto, pero como el \u00a0demandante seleccion\u00f3 la ciudad de Cali, la competencia para \u00a0conocer de la acci\u00f3n corresponde al Juzgado Octavo \u00a0de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, \u00a0en raz\u00f3n del factor \u00aba \u00a0prevenci\u00f3n\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, se dispone remitir las diligencias a la aludida \u00a0autoridad judicial, para que, sin m\u00e1s dilaciones, asuma el \u00a0conocimiento de la presenta acci\u00f3n de tutela. \u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Penal, en Sala de Decisi\u00f3n de Tutela N\u00b0 3, \u00a0administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
PRIMERO. \u00a0DECLARAR \u00a0que la competencia para conocer la acci\u00f3n de tutela \u00a0interpuesta por Jos\u00e9 \u00a0Ra\u00fal Salazar C\u00e1rdenas \u00a0contra la Defensor\u00eda del Pueblo, corresponde al Juzgado \u00a0Octavo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
SEGUNDO. \u00a0INFORMAR esta \u00a0decisi\u00f3n al accionante y al Juzgado \u00a0Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Buga. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
TERCERO. \u00a0Contra \u00a0esta decisi\u00f3n no procede recurso alguno. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
GERSON \u00a0CHAVERRA CASTRO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
MYRIAM \u00a0\u00c1VILA ROLD\u00c1N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
DIEGO \u00a0EUGENIO CORREDOR BELTR\u00c1N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Nubia \u00a0Yolanda Nova Garc\u00eda \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CSJ ATP1176-2020, 10 nov. 2020 rad. 113594, CSJ ATP492-2021, 13 abr. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02021, rad. 115852, CSJ ATP558-2021, 27 abr. 2021, rad. 116334, CSJ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ATP079-2023, 19 ene. 2023 rad. 128331; entre otras. \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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