{p}<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
HUGO QUINTERO BERNATE<\/p>\n
Magistrado ponente<\/p>\n
<\/p>\n
STP832-2025<\/p>\n
Radicaci\u00f3n No. 141765<\/p>\n
Aprobado acta No.01<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Bogot\u00e1, D. C. catorce (14) de enero de dos mil veinticinco (2025).\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
VISTOS<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n presentada por JOS\u00c9 GUILLERMO RODR\u00cdGUEZ GUERRERO contra la sentencia de tutela proferida el 14 de noviembre de 2024 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, que neg\u00f3 el amparo reclamado por el nombrado frente a los Juzgados 31 Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas y 14 Penal del Circuito, ambos de Bogot\u00e1, por la presunta vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y propiedad. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Al tr\u00e1mite fueron vinculadas las Fiscal\u00edas 106 y 245 Seccionales de Bogot\u00e1 y las partes e intervinientes dentro del radicado 110016000050201316434.<\/p>\n
FUNDAMENTOS DE LA ACCI\u00d3N<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0A partir del escrito de la demanda y los reportes allegados, se extracta que el 14 de mayo de 2013 JOS\u00c9 GUILLERMO RODR\u00cdGUEZ GUERRERO fue desalojado de una vivienda en virtud de una querella policiva por “perturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n” que fue instaurada por \u00c1lvaro Dami\u00e1n G\u00f3mez Granja y Nidia Valencia.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Seg\u00fan indica el prenombrado, sin haber estado presente en la diligencia, los enseres del inmueble, junto con su veh\u00edculo de placa FUA601, fueron entregados a los querellantes quienes posteriormente los habr\u00edan depositado en una bodega.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Al estimar irregularidades en el procedimiento, RODR\u00cdGUEZ GUERRERO formul\u00f3 tres denuncias bajo los radicados 1100160000502131643400, 11001600005020132446500 y 110016000050201513377, respectivamente, por los delitos de hurto, da\u00f1o en bien ajeno y abuso de confianza. \u00a0Las noticias criminales fueron conexadas.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0El 15 de febrero de 2022, la Fiscal\u00eda 245 Seccional de Bogot\u00e1 profiri\u00f3 resoluci\u00f3n de archivo, por imposibilidad de ubicar o establecer al sujeto pasivo de la acci\u00f3n.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0RODR\u00cdGUEZ GUERRERO present\u00f3 solicitud de desarchivo ante el delegado del \u00f3rgano de persecuci\u00f3n penal que, sin embargo, el 18 de abril de 2023 no accedi\u00f3 a lo requerido, esta vez, por inexistencia del hecho imputado.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0A trav\u00e9s de apoderada judicial, el denunciante solicit\u00f3 audiencia de “desarchivo” que correspondi\u00f3 al Juzgado 31 Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1. No obstante, en decisi\u00f3n del 05 de agosto de 2024 se abstuvo de ordenarlo. Lo anterior, al considerar que no se satisfac\u00edan los requisitos previstos en el art\u00edculo 79 de la Ley 906 de 2004 pues (i) no se aport\u00f3 prueba nueva, pues el comparendo impuesto en 2020 al veh\u00edculo referido no guarda relaci\u00f3n con el proceso penal que buscaba adelantar y, principalmente, por cuanto (ii) la acci\u00f3n penal hab\u00eda prescrito.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Presentada apelaci\u00f3n, el Juzgado 14 Penal del Circuito de esta ciudad, el 13 de septiembre pasado, confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0El ciudadano RODR\u00cdGUEZ GUERRERO acude a la acci\u00f3n de tutela en protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y propiedad. Su menoscabo lo vincula a la negativa de los juzgados referidos a ordenar el desarchivo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Sostiene que, en contrav\u00eda de lo argumentado, no se tuvo en cuenta que el comparendo aportado s\u00ed constituye una prueba nueva y, adem\u00e1s, no debe soportar que, en raz\u00f3n de diferentes vicisitudes, como la inactividad de los diferentes delegados de la Fiscal\u00eda que tuvieron a cargo las noticias criminales, hubiese operado la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0En consecuencia, solicita ordenar el desarchivo de la actuaci\u00f3n.\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
TR\u00c1MITE DE LA PRIMERA INSTANCIA<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Mediante auto del 01 de noviembre de 2024, la Sala de primera instancia avoc\u00f3 el conocimiento de la demanda, y corri\u00f3 el respectivo traslado a las autoridades accionadas y vinculados.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a01. Los Juzgados 14 Penal del Circuito y 31 Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1 defendieron la legalidad de sus determinaciones. Se aport\u00f3 copia del enlace digital del expediente respectivo.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a02. El jefe del grupo de investigaci\u00f3n y judicializaci\u00f3n de intervenci\u00f3n tard\u00eda de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n expuso que el \u00f3rgano de persecuci\u00f3n penal dio respuesta a la solicitud de desarchivo elevada por el accionante quien, ante su inconformidad, agot\u00f3 el procedimiento ante los jueces de control de garant\u00edas.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a03. Los dem\u00e1s vinculados guardaron silencio. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a04. Mediante fallo del 14 de noviembre de 2024, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el amparo deprecado. Tras afirmar el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad, indic\u00f3 que las determinaciones judiciales cuestionadas resultaban razonables en la medida en que advirtieron la inexistencia de prueba nueva y, adem\u00e1s, que devino la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a05. En desacuerdo con la determinaci\u00f3n, el demandante la impugn\u00f3 a fin de solicitar su revocatoria y, en su lugar, la concesi\u00f3n del amparo. \u00a0Al efecto, reiter\u00f3 esencialmente los argumentos plasmados en el escrito inicial.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a01. Conforme con lo establecido en el art\u00edculo 2\u00ba del Decreto 333 de 2021, que modific\u00f3 el Decreto 1069 de 2015, la Sala de Casaci\u00f3n Penal es competente para resolver la impugnaci\u00f3n propuesta contra el fallo proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a02. \u00a0En el presente asunto, el problema jur\u00eddico se circunscribe a establecer si las determinaciones adoptadas los d\u00edas 05 de agosto y 13 de septiembre de 2024 por los juzgados accionados, que negaron la solicitud de desarchivo formulada por RODR\u00cdGUEZ GUERRERO, vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y propiedad. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a03. En primer lugar, se advierte que se satisfacen los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencia judicial (CC C-590\/05), tal y como coligi\u00f3 la Sala de primer grado, motivo por el cual se entrar\u00e1 a examinar el fondo del asunto.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a04. Pese a lo anterior, nada permite afirmar la existencia de un defecto espec\u00edfico en las determinaciones atacadas que exija la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, pues de manera alguna los razonamientos all\u00ed plasmados se perciben ileg\u00edtimos o caprichosos, esto es, constitutivos de una afrenta a los derechos fundamentales invocados.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Al respecto, debe insistirse en que, en el marco del proceso penal, el legislador le otorg\u00f3 la facultad a la titular de la acci\u00f3n penal de archivar la investigaci\u00f3n cuando tenga conocimiento que, respecto de la noticia criminal, “no existen motivos o circunstancias f\u00e1cticas que permitan su caracterizaci\u00f3n como delito” (art. 79, Ley 906 de 2004).<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Con todo, la misma norma consagra la posibilidad de reanudar la investigaci\u00f3n cuando surjan nuevos elementos materiales probatorios y no se haya extinguido la acci\u00f3n penal (CC C-1154\/2005).<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Traslada tal premisa al asunto bajo definici\u00f3n, basta con advertir que los juzgados accionados, para concluir que falta de prosperidad de la postulaci\u00f3n de desarchivo elevada por el ciudadano JOS\u00c9 GUILLERMO RODR\u00cdGUEZ GUERRERO, adoptaron como fundamento la normatividad aplicable, as\u00ed como los lineamientos jurisprudenciales pertinentes.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0En efecto, escuchados los registros de audio correspondientes, se tiene que las autoridades cuestionadas, tras llamar la atenci\u00f3n por diferentes comportamientos emprendidos por el hoy accionante que afectan a la administraci\u00f3n de justicia, encontraron que (i) no aport\u00f3 pruebas novedosas para el desarchivo de la investigaci\u00f3n; y (ii) la acci\u00f3n penal respecto del delito de mayor entidad que fue denunciado, ya hab\u00eda prescrito.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Lo anterior, primero, porque el comparendo impuesto al veh\u00edculo de placa FUA601, con fecha del 11 de febrero de 2020, no pod\u00eda predicarse como “prueba nueva” toda vez que no guarda relaci\u00f3n con la investigaci\u00f3n penal de inter\u00e9s para el demandante, pues es otra persona quien habr\u00eda quedado como custodia de ese bien y quien actualmente ser\u00eda su responsable.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Segundo, porque frente al hecho denunciado que corresponder\u00eda al delito de mayor gravedad, esto es, el abuso de confianza calificado, habr\u00eda devenido la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal. Ello, porque el legislador previ\u00f3 para ese reato una pena m\u00e1xima de 108 meses de prisi\u00f3n, mientras que los hechos habr\u00edan ocurrido el 13 de mayo de 2012.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Lo anterior conlleva dos conclusiones. De un lado, como se indic\u00f3, no se atisba un defecto constitutivo de vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales. De otro, no puede omitirse que, en virtud de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, ante una situaci\u00f3n como la descrita, no es dable al juez de tutela intervenir, m\u00e1s a\u00fan cuando lo pretendido en la demanda de tutela radica en imponer el criterio del accionante a toda costa, como si esta fuera una instancia adicional a la ya surtida que, no fue motivada bajo criterios subjetivos o caprichosos.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Por \u00faltimo, la Sala estima pertinente realizar dos aclaraciones al demandante.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0De una parte, conforme al art\u00edculo 80 de la Ley 906 de 2004, la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal no impide el inicio de un juicio civil en busca de la reparaci\u00f3n de los presuntos da\u00f1os acaecidos por la comisi\u00f3n del delito.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0De otra, si el accionante estima que el comportamiento de los funcionarios que intervinieron en la investigaci\u00f3n fue indebido y que, por ello devino el fen\u00f3meno prescriptivo, en caso de considerarlo pertinente, tiene la posibilidad de acudir a los organismos correspondientes y presentar las quejas a las que haya lugar.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Se confirmar\u00e1, en consecuencia, el fallo objeto de impugnaci\u00f3n.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas N\u00famero 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley,<\/p>\n
<\/p>\n
RESUELVE<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a01. CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida el 14 de noviembre de 2024 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, de acuerdo con las razones se\u00f1aladas en precedencia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a02. NOTIFICAR a los interesados en la forma prevista en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a03. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE.<\/p>\n
<\/p>\n
HUGO QUINTERO BERNATE<\/p>\n
<\/p>\n
GERARDO BARBOSA CASTILLO<\/p>\n
<\/p>\n
JOS\u00c9 JOAQU\u00cdN URBANO MART\u00cdNEZ<\/p>\n
<\/p>\n
NUBIA YOLANDA NOVA GARC\u00cdA<\/p>\n
Secretaria<\/p>\n
<\/p>\n
Tutela de segunda instancia<\/p>\n
N\u00famero interno 141765<\/p>\n
\u00a0CUI 11001220400020240402801<\/p>\n
JOS\u00c9 GUILLERMO RODR\u00cdGUEZ GUERRERO<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
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