{p}<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
HUGO QUINTERO BERNATE<\/p>\n
Magistrado ponente<\/p>\n
<\/p>\n
STP828-2025<\/p>\n
Radicaci\u00f3n No. 141757<\/p>\n
Aprobado acta No.01<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de enero de dos mil veinticinco (2025).<\/p>\n
<\/p>\n
VISTOS<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n presentada por el apoderado judicial del accionante, JHON HAROLD GAVIRIA ESCOBAR, contra la sentencia del 23 de octubre de 2024 proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, y que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela presentada por el citado accionante en procura de la protecci\u00f3n a su derecho fundamental al debido proceso, posiblemente vulnerado por la Sala Primera de Decisi\u00f3n Laboral del Tribunal Superior de Buga y el Juzgado Tercero (3\u00ba) Laboral del Circuito de Palmira.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Al tr\u00e1mite, fueron vinculados oficiosamente las partes e intervinientes en el proceso ordinario laboral con Rad. 76-520-31-05-003-2019-00425-01, promovido por el accionante contra T\u00e9cnika Saray S.A. y Juan Fernando Saray.<\/p>\n
<\/p>\n
FUNDAMENTOS DE LA ACCI\u00d3N<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Fueron resumidos por la Corporaci\u00f3n A quo, de la siguiente manera:\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
“[…] el accionante instaur\u00f3 demanda ordinaria laboral contra la sociedad T\u00e9cnika Saray S.A. y, de manera solidaria, contra Juan Fernando Saray, para que se declarara la existencia de un contrato de trabajo a t\u00e9rmino fijo que inici\u00f3 el 12 de septiembre de 2016 con la primera, que se encontraba vigente al momento de interponer la demanda.\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
Asimismo, que el 13 de septiembre de 2016 sufri\u00f3 un accidente laboral por falta de medidas de prevenci\u00f3n e incumplimiento de las medidas de salud ocupacional por parte de su empleador.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En consecuencia, se condenara solidariamente a los demandados al pago de la indemnizaci\u00f3n plena de perjuicios contenida en el art\u00edculo 216 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, en la modalidad de perjuicios morales y da\u00f1o en la vida en relaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
El proceso se asign\u00f3 por reparto al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Palmira bajo el radicado 76520310500320190042500, autoridad que, en auto de 28 de febrero de 2020, admiti\u00f3 la demanda y orden\u00f3 su notificaci\u00f3n a los convocados.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
En el momento oportuno, el demandante reform\u00f3 el escrito inaugural, en el sentido de solicitar al despacho:\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
“En aplicaci\u00f3n a lo establecido en el art\u00edculo 227 del CGP solicito en atenci\u00f3n a los fundamentos de la contestacio\u00b4n de la demanda, al momento de decretar pruebas se nos permita aportar dictamen particular de perito id\u00f3neo para que rinda peritaje en relaci\u00f3n a las similitudes y diferencias en el manejo de la maquinaria de inyecci\u00f3n de vapor utilizada para la elaboracio\u00b4n de llantas y la maquinaria de inyeccio\u00b4n de aluminio utilizado en la empresa T\u00e9cnika Saray S.A. para lo cual deber\u00e1n considerarse los elementos allegados al proceso (demanda, contestaci\u00f3n, pruebas documentales) […].”\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
En audiencia del 11 de diciembre de 2023, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Palmira neg\u00f3 el decreto de dicha prueba, argumentando que el dictamen debi\u00f3 ser aportado con la demanda o su reforma o, en su defecto, solicitarse con la advertencia de que las oportunidades probatorias resultaban insuficientes para obtenerlo.\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
Contra la anterior decisi\u00f3n, el demandante, aqu\u00ed accionante, present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n. Frente al primero, el juzgado mantuvo inc\u00f3lume su decisio\u00b4n en dicha diligencia y concedi\u00f3 el recurso de alzada.\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, mediante auto de 18 de abril de 2024, confirm\u00f3 el auto recurrido al estimar que la “prueba” solicitada por el demandante no se aport\u00f3 de manera oportuna.\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
El accionante acude a la tutela porque considera que las autoridades accionadas vulneraron sus prerrogativas superiores al expedir las providencias de 11 de diciembre de 2023 y 18 de abril de 2024, toda vez que incurrieron en “causal especial de procedibilidad de la accio\u00b4n de tutela como defecto procedimental absoluto”, al desconocer la norma adjetiva que regula el decreto de la prueba de peritaje privado previsto en el art\u00edculo 227 del Co\u00b4digo General del Proceso.”.\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
TR\u00c1MITE EN PRIMERA INSTANCIA<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Mediante auto del 15 de octubre de 2024, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, orden\u00f3 notificar a las autoridades accionadas y vincular a las partes e intervinientes en el proceso que motiv\u00f3 la interposici\u00f3n del instrumento de resguardo constitucional, para que ejercieran su derecho de contradicci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a01. Durante el t\u00e9rmino de traslado, el Juzgado 3\u00ba Laboral del Circuito de Palmira se pronunci\u00f3 sobre los hechos que motivaron esta acci\u00f3n, haciendo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, y solicitando que se negara la presente acci\u00f3n de tutela.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Se\u00f1al\u00f3 que actu\u00f3 con diligencia y respeto de las garant\u00edas procesales del entonces demandante, decretando “incluso de oficio” pruebas en su favor, y que procedi\u00f3 a negar el dictamen pericial solicitado por \u00e9ste en la reforma a la demanda por cuanto no se atendieron los supuestos del art\u00edculo 227 del CGP, esto es, que fuera aportado con la demanda o su reforma, o que hubiera sido solicitado con la advertencia de que las oportunidades probatorias resultaban insuficientes para obtenerlo.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Indic\u00f3 que dicha decisi\u00f3n fue debidamente motivada y ajustada a los lineamientos legales, doctrinales y jurisprudenciales del derecho fundamental a la prueba, raz\u00f3n por la cual dicha providencia fue confirmada.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Por esta raz\u00f3n no se advierte alguna actuaci\u00f3n que hubiera vulnerado los derechos fundamentales de la accionante, pues el proceso se ci\u00f1\u00f3 a los postulados del debido proceso, en especial al de publicidad de las actuaciones.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a02. Por su parte, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga present\u00f3 escrito de respuesta en el que, luego de hacer un recuento de las actuaciones surtidas en esa instancia, indic\u00f3 que lo planteado por el accionante en la solicitud de amparo no es m\u00e1s que una divergencia interpretativa, un desacuerdo con la forma en que esa magistratura resolvi\u00f3 la controversia, que no la explicaci\u00f3n de alg\u00fan defecto en que hubiere incurrido.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Resalt\u00f3 que dicha sala decidi\u00f3 en derecho y conforme con la jurisprudencia de las altas cortes y conforme a las previsiones del art\u00edculo 227 del CGP, las cuales, insiste, no cumpli\u00f3 el accionante.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a03. Finalmente, intervinieron Juan Fernando Saray y T\u00e9cnika Saray S.A., quienes adujeron que “el uso inadecuado de este mecanismo judicial no debe prosperar”, al considerarse que su procedencia se encuentra limitada a situaciones excepcionales en las cuales la actuaci\u00f3n del juez conlleve una vulneraci\u00f3n o amenaza grave a un derecho fundamental y, en el presente caso, no evidenciaba la configuraci\u00f3n de circunstancias excepcionales.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Surtida dicha etapa procesal, mediante sentencia del 15 de octubre de 2024, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 la presente acci\u00f3n de tutela.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Para arribar a dicha conclusi\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 la A-quo que no se demostr\u00f3 que la autoridad accionada hubiera incurrido en los errores endilgados por el actor “dado que revis\u00f3 la actuaci\u00f3n procesal, cit\u00f3 la normativa aplicable al caso y construy\u00f3 una decisi\u00f3n que consulta reglas m\u00ednimas de razonabilidad jur\u00eddica.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Inconforme con esta decisi\u00f3n, dentro del t\u00e9rmino establecido en el Decreto 2591 de 1991, el accionante la impugn\u00f3 mediante escrito en el que reiter\u00f3 los argumentos planteados en el escrito inicial, y resalt\u00f3 que la Corporaci\u00f3n A-quo no aplic\u00f3 el principio in-dubio pro-operario.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Por lo anterior, solicit\u00f3 que se revoque la decisi\u00f3n de primera instancia y, en su lugar, se tutele el derecho fundamental al debido proceso.\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a01. De conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 2.2.3.1.2.4 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 2\u00ba del Decreto 333 de 2021, el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el Reglamento Interno de la Corporaci\u00f3n, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para resolver la impugnaci\u00f3n instaurada contra el fallo emitido por su hom\u00f3loga Laboral.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a02. El problema jur\u00eddico que debe resolver la Sala, es determinar si el auto del 18 de abril de 2024, proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga dentro del proceso 2017-00425, que confirm\u00f3 a su vez el proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Palmira el 11 de diciembre de 2023, y que neg\u00f3 la prueba pericial solicitada en la reforma a la demanda por el accionante, conculc\u00f3 el derecho fundamental al debido proceso.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a03. Ahora, como se trata de una acci\u00f3n de tutela contra una providencia judicial, debe primero verificarse, como bien lo hizo la Sala A-quo, que se re\u00fanan los requisitos de procedibilidad que ha establecido la jurisprudencia constitucional para dictaminar la procedencia o no de dicho amparo cuando la misma se presente contra decisiones judiciales (C-590\/05).\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a04. En este sentido, la Sala discrepa del an\u00e1lisis que a este respecto hizo el A-quo, pues en efecto en el presente caso no se cumple la totalidad de dichos requisitos. \u00a0Si bien es cierto se trata de un asunto de indiscutible relevancia constitucional, como lo es el debido proceso, y se interpuso la presente acci\u00f3n dentro de un plazo razonable (inmediatez), no lo es menos que el proceso laboral denunciado se encuentra en curso, por lo que aqu\u00e9l se erige como un escenario apropiado para reclamar la protecci\u00f3n de los alegados derechos fundamentales, y en el que el accionante, all\u00e1 demandante, cuenta con los mecanismos de defensa judicial para buscar dicha protecci\u00f3n (Cfr. CSJ STP17189-2023, 15 dic 2023, Rad. 134838 y STP4059-2022, 31 mar. 2022, Rad. 122938).<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a05. Esta sola situaci\u00f3n impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a06. Con todo, si a\u00fan as\u00ed procediera el an\u00e1lisis de fondo de esta controversia, emerge con palmaria nitidez que el accionante pretende someter a discusi\u00f3n de esta Sala una controversia que ya resolvi\u00f3 la jurisdicci\u00f3n laboral, de manera coherente, congruente, precisa, concreta y, advierte la Sala, respetando el debido proceso del accionante, como bien lo anot\u00f3 la Corporaci\u00f3n A-quo.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a07. A juicio de esta Sala, concluy\u00f3 v\u00e1lidamente el tribunal que la solicitud probatoria impetrada por el accionante carec\u00eda de respaldo jur\u00eddico, espec\u00edficamente, por no cumplir con los supuestos establecidos por el art\u00edculo 227 del CGP, en tanto el demandante no se allan\u00f3 a indicar por qu\u00e9 el t\u00e9rmino previsto para aportar el dictamen pericial, esto es, la demanda o su reforma, era insuficiente y que en este caso requer\u00eda un plazo adicional otorgado por el juzgado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a08. Para claridad en este argumento, cita la Sala el art\u00edculo 227 del CGP, sobre cuya interpretaci\u00f3n vers\u00f3 esta controversia constitucional:\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
“ART\u00cdCULO 227. DICTAMEN APORTADO POR UNA DE LAS PARTES. La parte que pretenda valerse de un dictamen pericial deber\u00e1 aportarlo en la respectiva oportunidad para pedir pruebas. Cuando el t\u00e9rmino previsto sea insuficiente para aportar el dictamen, la parte interesada podr\u00e1 anunciarlo en el escrito respectivo y deber\u00e1 aportarlo dentro del t\u00e9rmino que el juez conceda, que en ning\u00fan caso podr\u00e1 ser inferior a diez (10) d\u00edas. En este evento el juez har\u00e1 los requerimientos pertinentes a las partes y terceros que deban colaborar con la pr\u00e1ctica de la prueba.” (Se resalta).<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a09. En este sentido, yerra el accionante en su interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 227 citado, pues en efecto all\u00ed se dispone que si la parte que quiera aportar un dictamen pericial considera que el plazo procesal para aportarlo, valga aclararlo, la demanda, su reforma o su contestaci\u00f3n1, es insuficiente, debe indicarlo as\u00ed en la respectiva solicitud y esperar a que el juzgado le otorgue un plazo para aportarlo.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a010. Empero, producto de una interpretaci\u00f3n inadecuada el accionante insiste obstinadamente en que la disposici\u00f3n legal en cita no lo obliga a indicarle al juez porqu\u00e9 el t\u00e9rmino con el que contaba para aportar el dictamen pericial no fue suficiente, cuando de la lectura de la misma se extrae f\u00e1cilmente que dicha carga procesal s\u00ed le es impuesta. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a011. De manera que, no incurre la decisi\u00f3n atacada en los yerros enrostrados por la accionante, debido a que se bas\u00f3 en las normas llamadas a resolver el caso, lo que la torna en razonable y ajustada a derecho (Cfr. STP10827-2024).\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a012. Lo que encuentra la Sala en esta controversia constitucional, es que el accionante manifiesta la disparidad de criterios con las sentencias atacadas y expresa su desacuerdo con las decisiones all\u00ed tomadas, pero no m\u00e1s.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a013. Al respecto, conviene citar a la Sala, que actuando como juez de tutela reconoci\u00f3 que los funcionarios judiciales tienen autonom\u00eda en la interpretaci\u00f3n de las normas llamadas a resolver el caso concreto y que la razonabilidad de la argumentaci\u00f3n resulta relevante para determinar si hubo o no un defecto sustantivo (CSJ SP 03 de diciembre de 2019, rad. 107596).<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a014. Para la Sala, las decisiones aqu\u00ed atacadas no desconocieron la realidad procesal puesta de manifiesto, y fallaron congruentemente con los hechos y pruebas practicadas.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley,<\/p>\n
<\/p>\n
RESUELVE<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a01. CONFIRMAR la sentencia del 23 de octubre de 2024, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, por las razones expuestas en precedencia.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a02. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a03. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
HUGO QUINTERO BERNATE\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
GERARDO BARBOSA CASTILLO\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
JOS\u00c9 JOAQU\u00cdN URBANO MART\u00cdNEZ<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
NUBIA YOLANDA NOVA GARC\u00cdA\u00a0<\/p>\n
Secretaria\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
1 Cfr. n\u00fam. 6\u00ba del art\u00edculo 82 y n\u00fam. 4\u00ba del art. 96 del CGP<\/p>\n
—————<\/p>\n
<\/p>\n
————————————————————<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
—————<\/p>\n
<\/p>\n
————————————————————<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
CUI 11001020500020240173601<\/p>\n
\u00a0N\u00famero Interno 141757<\/p>\n
Impugnaci\u00f3n de tutela<\/p>\n
JHON HAROLD GAVIRIA ESCOBAR<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
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