{"id":84105,"date":"2025-04-08T19:22:14","date_gmt":"2025-04-08T19:22:14","guid":{"rendered":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/2025\/04\/08\/stp594-2025\/"},"modified":"2025-04-08T19:22:14","modified_gmt":"2025-04-08T19:22:14","slug":"stp594-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/2025\/04\/08\/stp594-2025\/","title":{"rendered":"STP594-2025"},"content":{"rendered":"\n<p style=\"text-align: center; text-indent: 0px; padding: 0px 0px 0px 0px; margin: 0px 0px 0px 0px;\">{p}<\/p>\n<p> <br clear=\"all\"\/> <\/p>\n<p><\/p>\n<p>MYRIAM \u00c1VILA ROLD\u00c1N\u00a0<\/p>\n<p>Magistrada ponente<\/p>\n<p><\/p>\n<p>CUI: 25000220400020240063701<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n n.\u00b0 142029<\/p>\n<p>STP594-2025\u00a0<\/p>\n<p>(Aprobado acta n. \u00b09)<\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de enero de dos mil veinticinco (2025).<\/p>\n<p><\/p>\n<p>I. OBJETO DE LA DECISI\u00d3N<\/p>\n<p><\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0La Sala resuelve la impugnaci\u00f3n formulada por MARLON CASTA\u00d1EDA MONTENEGRO, contra la decisi\u00f3n de primera instancia de 20 de noviembre de 2024 proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca y Amazonas, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida contra la Fiscal\u00eda Seccional 2 de Vida de Funza, con el fin de que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, petici\u00f3n y de acceso a la administraci\u00f3n de justicia los cuales consider\u00f3 vulnerados con la tardanza en resolver la etapa de indagaci\u00f3n previa y porque no se ha dado respuesta a la solicitud probatoria radicada el 15 de octubre de 2024.<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0En s\u00edntesis, en el escrito de impugnaci\u00f3n, el actor insisti\u00f3 en que la tardanza en resolver de fondo la denuncia formulada el 9 de mayo de 2024, contra uniformados de la Polic\u00eda Nacional, por los delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, injuria, calumnia y secuestro se vulneran sus derechos fundamentales.\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>II. HECHOS<\/p>\n<p><\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a01. MARLON CASTA\u00d1EDA MONTENEGRO, formul\u00f3 denuncia contra miembros de la Polic\u00eda Nacional pertenecientes a la estaci\u00f3n de Mosquera que se encontraban en turno el 9 de mayo de 2024. En esa ocasi\u00f3n relat\u00f3 que ese d\u00eda se encontraba en la puerta del colegio de su hijo cuando fue retenido por varios uniformados durante dos horas quienes lo acusaban de cometer un hurto de un veh\u00edculo.<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a02. La denuncia fue radicada bajo el No. 251266000415202415734 y correspondi\u00f3 a la Fiscal\u00eda Segunda Seccional de Funza.\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>III. ANTECEDENTES PROCESALES RELEVANTES<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a03. \u00a0MARLON CASTA\u00d1EDA MONTENEGRO promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra el Fiscal\u00eda Segunda Seccional de Funza, al considerar que con la tardanza en proferir una decisi\u00f3n de fondo respecto de la denuncia formulada el 9 de mayo de 2024, la accionada est\u00e1 vulnerando sus derechos fundamentales. De igual modo, reproch\u00f3 que no se hubiese dado respuesta a la solicitud de practica de pruebas testimoniales radicada el 15 de octubre de 2024.<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a04. El 20 de noviembre de 2024, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca y Amazonas neg\u00f3 las pretensiones de la solicitud de amparo en lo pertinente con la situaci\u00f3n de mora judicial y declar\u00f3 carencia actual de objeto respecto de la falta de respuesta a la solicitud formulada el 15 de octubre de 2024.<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a05.- El actor impugn\u00f3 la sentencia de primera instancia, insistiendo en los argumentos expresados en la solicitud de amparo. En ese sentido, adujo que la Fiscal\u00eda no ha adelantado ninguna actuaci\u00f3n dentro de la investigaci\u00f3n, por lo que pidi\u00f3 que se ordene a la autoridad accionada &#8220;impartir el tr\u00e1mite legal a la denuncia colocada hace 6 meses y dar curso a las solicitudes de pruebas&#8221;.\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>IV. CONSIDERACIONES<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>a. Competencia<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a06.- La Sala es competente para conocer de la impugnaci\u00f3n propuesta, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el Decreto 333 de 2021, toda vez que la decisi\u00f3n de primera instancia fue emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas.\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>b. Problema jur\u00eddico<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a07.- En los t\u00e9rminos del escrito de impugnaci\u00f3n, corresponde a la Sala determinar si, como lo estableci\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas en la sentencia de primera instancia, la Fiscal\u00eda no incurri\u00f3 en situaci\u00f3n de mora judicial injustificada en el tr\u00e1mite de la denuncia formulada el 9 de mayo de 2024.<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0c. Del instituto jur\u00eddico de la mora judicial y su an\u00e1lisis en el caso concreto<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a08.- Entre las disposiciones de derecho internacional de los derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad existe consenso en se\u00f1alar que los procedimientos de car\u00e1cter judicial deben tener un l\u00edmite temporal razonable para su desarrollo y culminaci\u00f3n. Por consiguiente, los tr\u00e1mites judiciales no pueden tener una duraci\u00f3n indefinida ni se pueden ver obstaculizados por dilaciones injustificadas, pues una reacci\u00f3n tard\u00eda por parte de los organismos judiciales implica el desconocimiento de las prerrogativas procedimentales y los derechos sustanciales de los sujetos procesales que someten la definici\u00f3n de sus problem\u00e1ticas al poder judicial. En \u00faltimas, el paso injustificado del tiempo en la gesti\u00f3n de las causas judiciales hace que la justicia pierda su esencia y naturaleza.<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a09.- As\u00ed, la necesidad de que las causas judiciales avancen en debida forma y dentro de los t\u00e9rminos definidos por la ley implica la salvaguarda de derechos de los sujetos procesales tales como el debido proceso, el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, la tutela judicial efectiva, el derecho de contradicci\u00f3n, entre otros, al tiempo que se garantiza la efectividad de los fines y funciones del Estado.<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a010.- Por lo anterior, las dilaciones injustificadas representan vulneraciones a los derechos de los sujetos procesales, pues, las demoras en las diligencias judiciales pueden generar una prolongaci\u00f3n de los da\u00f1os y perjuicios que fueron sometidos a consideraci\u00f3n de la judicatura o, tambi\u00e9n, pueden implicar limitaciones prolongadas carentes de fundamento de los derechos de las partes.<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a011.- La Corte Constitucional ha determinado que la acci\u00f3n de tutela es procedente para proteger los derechos fundamentales que puedan ser vulnerados en aquellos casos en los cuales es evidente una dilaci\u00f3n injustificada en los procedimientos y se est\u00e9 ante la existencia de un perjuicio irremediable.<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a012.- Metodol\u00f3gicamente, la demora o dilaci\u00f3n injustificada en los procedimientos judiciales se establece a partir del concepto de &#8220;plazo razonable&#8221;. Para ello, la jurisprudencia constitucional con base en los instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos1 ha precisado la existencia de unos est\u00e1ndares para evaluar cada situaci\u00f3n. En concreto, se ha definido la necesidad de ponderar aspectos como: (i) la complejidad del asunto; (ii) la conducta procesal de los intervinientes; (iii) la gesti\u00f3n de las autoridades judiciales; (iv) las posibilidades materiales del restablecimiento de los derechos de los sujetos procesales, entre otros.<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a013.- As\u00ed las cosas, aunque proferir las decisiones dentro de los tiempos fijados en la ley para el procedimiento que regula la actuaci\u00f3n constituye un imperativo de obligatorio cumplimiento para el funcionario judicial, el solo vencimiento de los t\u00e9rminos judiciales no transgrede per se el derecho al debido proceso ni implica la configuraci\u00f3n de una mora judicial. Para ello, es necesario determinar, con base en los elementos se\u00f1alados en el p\u00e1rrafo anterior, que la tardanza en resolver el asunto carece de una justificaci\u00f3n constitucionalmente admisible.<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a014.- De acuerdo con el par\u00e1grafo 1 del art\u00edculo 175 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, &#8220;La Fiscal\u00eda tendr\u00e1 un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de dos a\u00f1os contados a partir de la recepci\u00f3n de la noticia criminis para formular imputaci\u00f3n u ordenar motivadamente el archivo de la indagaci\u00f3n. Este t\u00e9rmino m\u00e1ximo ser\u00e1 de tres a\u00f1os cuando se presente concurso de delitos, o cuando sean tres o m\u00e1s los imputados. Cuando se trate de investigaciones por delitos que sean de competencia de los jueces penales del circuito especializado el t\u00e9rmino m\u00e1ximo ser\u00e1 de cinco a\u00f1os&#8221;.<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a015.- En ese orden de ideas, como lo concluy\u00f3 el Tribunal en primera instancia, la Fiscal\u00eda accionada cuenta con un plazo de dos a\u00f1os para tramitar la etapa de indagaci\u00f3n, lo que se cumple solo hasta el 9 de mayo de 2026.<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a016.- As\u00ed las cosas, la Fiscal\u00eda no ha superado el t\u00e9rmino que el ordenamiento jur\u00eddico le concede para investigar la presunta conducta punible cometida por MARLON CASTA\u00d1EDA MONTENEGRO. Por este motivo, no resulta necesario analizar los presupuestos del plazo razonable, ya que ni siquiera se han desbordado los t\u00e9rminos legales y, en esa medida, no hay lugar a decretar una mora judicial.<\/p>\n<p><\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0d. Conclusi\u00f3n<\/p>\n<p><\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a017.- En consideraci\u00f3n a las razones expuestas, esta Sala confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. En realidad, se pudo establecer que la Fiscal\u00eda accionada no ha superado el plazo legal para desarrollar la investigaci\u00f3n que surgi\u00f3 como consecuencia de la denuncia formulada por MARLON CASTA\u00d1EDA MONTENEGRO. En consecuencia, no se cumple el presupuesto principal para la configuraci\u00f3n de la mora judicial y, en esa medida, tampoco es necesario ahondar en el estudio de los aspectos que constituyen el plazo razonable.<\/p>\n<p><\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley,<\/p>\n<p><\/p>\n<p>RESUELVE<\/p>\n<p><\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0Primero: Confirmar la decisi\u00f3n impugnada.<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0Segundo. Disponer el env\u00edo de las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n de los fallos proferidos.\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0Tercero. Notificar esta decisi\u00f3n de acuerdo con lo previsto por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991.<\/p>\n<p><\/p>\n<p>Notif\u00edquese y c\u00famplase<\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p>MYRIAM \u00c1VILA ROLD\u00c1N<\/p>\n<p>Magistrada<\/p>\n<p><\/p>\n<p>GERSON CHAVERRA CASTRO<\/p>\n<p>Magistrado<\/p>\n<p><\/p>\n<p>DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTR\u00c1N<\/p>\n<p>Magistrado<\/p>\n<p><\/p>\n<p>NUBIA YOLANDA NOVA GARC\u00cdA<\/p>\n<p>Secretaria<\/p>\n<p>1 Al respecto, es preciso destacar que Colombia ha ratificado los instrumentos internacionales que contienen los criterios orientadores del &#8220;plazo razonable&#8221;, las &#8220;dilaciones injustificadas&#8221; y la &#8220;administraci\u00f3n de justicia pronta&#8221; a trav\u00e9s de las siguientes leyes: Ley 74 de 1968 -Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos-; Ley 12 de 1991 -Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o-; Ley 146 de 1994 -Convenci\u00f3n sobre los Derechos de los Migrantes-; Ley 16 de 1972 -Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos-.<\/p>\n<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<\/p>\n<p><\/p>\n<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<\/p>\n<p><\/p>\n<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p>Tutela de segunda instancia\u00a0<\/p>\n<p>Radicado n.\u00b0 142029<\/p>\n<p>CUI: 25000220400020240063701<\/p>\n<p>MARLON CASTA\u00d1EDA MONTENEGRO\u00a0<\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p>2<\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p> <br clear=\"all\"\/> <\/p>\n<p style=\"text-align: center; text-indent: 0px; padding: 0px 0px 0px 0px; margin: 0px 0px 0px 0px;\">{p}<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>{p} MYRIAM \u00c1VILA ROLD\u00c1N\u00a0 Magistrada ponente CUI: 25000220400020240063701 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 142029 STP594-2025\u00a0 (Aprobado acta n. \u00b09) \u00a0 \u00a0 \u00a0Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de enero de dos mil veinticinco (2025). 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