{"id":84090,"date":"2025-04-08T19:22:12","date_gmt":"2025-04-08T19:22:12","guid":{"rendered":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/2025\/04\/08\/stp575-2025\/"},"modified":"2025-04-08T19:22:12","modified_gmt":"2025-04-08T19:22:12","slug":"stp575-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/2025\/04\/08\/stp575-2025\/","title":{"rendered":"STP575-2025"},"content":{"rendered":"\n<p style=\"text-align: center; text-indent: 0px; padding: 0px 0px 0px 0px; margin: 0px 0px 0px 0px;\">{p}<\/p>\n<p> <br clear=\"all\"\/> <\/p>\n<p>MYRIAM \u00c1VILA ROLD\u00c1N<\/p>\n<p>Magistrada ponente<\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p>CUI: 11001220400020240420401<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n n.\u00b0 141950<\/p>\n<p>STP575-2025<\/p>\n<p>(Aprobado acta n.\u00b09)<\/p>\n<p><\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)<\/p>\n<p><\/p>\n<p>I. OBJETO DE LA DECISI\u00d3N<\/p>\n<p><\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0La Sala resuelve la impugnaci\u00f3n formulada por LUC\u00cdA ESCARRIAGA TRIANA contra la sentencia de tutela de primera instancia proferida el 22 de noviembre de 2024 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 que declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida contra la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y las Fiscal\u00edas 515 Local y 170 Seccional de Bogot\u00e1, por inexistencia de una causa de amenaza o vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados.<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0En s\u00edntesis, en el escrito de impugnaci\u00f3n, la accionante insisti\u00f3 en la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana, integridad f\u00edsica, protecci\u00f3n especial de personas en situaci\u00f3n de discapacidad por la tardanza en resolver la investigaci\u00f3n preliminar No. 110016000016202318487, con ocasi\u00f3n a la denuncia formulada por el delito de lesiones personales.<\/p>\n<p><\/p>\n<p>II. HECHOS<\/p>\n<p><\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a01. El 19 de octubre de 2023, LUC\u00cdA ESCARRIAGA TRIANA formul\u00f3 denuncia por el delito de lesiones personales, por hechos ocurridos ese d\u00eda con la propietaria del inmueble en el que reside en calidad de arrendataria.\u00a0<\/p>\n<p><\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a02. La investigaci\u00f3n fue asignada a la Fiscal\u00eda 515 local de la Unidad de delitos querellables.\u00a0<\/p>\n<p><\/p>\n<p>III. ANTECEDENTES PROCESALES RELEVANTES<\/p>\n<p><\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a03. LUC\u00cdA ESCARRIAGA TRIANA present\u00f3 la acci\u00f3n de tutela contra la Fiscal\u00eda 515 local de la unidad de delitos querellables al considerar que, con la tardanza en definir la etapa de la indagaci\u00f3n preliminar No 110016000016202318487, se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana, integridad f\u00edsica, protecci\u00f3n especial de personas en situaci\u00f3n de discapacidad.<\/p>\n<p><\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a04. El 22 de noviembre de 2024, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela bajo el argumento de que al no haberse vencido el plazo previsto en el art\u00edculo 175 de la Ley 906 de 2004 no se vulneraron los derechos fundamentales invocados.<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a05. La accionante present\u00f3 impugnaci\u00f3n contra el fallo de primera instancia. Insisti\u00f3 en los argumentos expuesto en la solicitud de amparo, relativos la vulneraci\u00f3n ius fundamental invocada por la situaci\u00f3n de mora judicial en la que incurri\u00f3 la autoridad accionada. Tambi\u00e9n, manifest\u00f3 que posterior a la sentencia, la Fiscal\u00eda accionada orden\u00f3 la valoraci\u00f3n por medicinal legal, sin embargo, se consignaron los datos de otra persona y no se pidi\u00f3 la valoraci\u00f3n de los perjuicios morales.<\/p>\n<p><\/p>\n<p>IV. CONSIDERACIONES<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0a. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Competencia<\/p>\n<p><\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a06.- La Sala es competente para conocer de la impugnaci\u00f3n propuesta, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991, porque la decisi\u00f3n de primera instancia fue emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, del cual es superior funcional.<\/p>\n<p><\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0b. Problema jur\u00eddico<\/p>\n<p><\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a07.- En los t\u00e9rminos del escrito de impugnaci\u00f3n, corresponde a la Sala determinar si la Fiscal\u00eda 515 Local de Bogot\u00e1 incurri\u00f3 en una mora judicial injustificada en relaci\u00f3n con el tr\u00e1mite de la denuncia instaurada por LUC\u00cdA ESCARRIAGA TRIANA puesto que a\u00fan no ha emitido una decisi\u00f3n de fondo al respecto.<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0c. Del instituto jur\u00eddico de la mora judicial y su an\u00e1lisis en el caso concreto<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a08.- Entre las disposiciones de derecho internacional de los derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad existe consenso en se\u00f1alar que los procedimientos de car\u00e1cter judicial deben tener un l\u00edmite temporal razonable para su desarrollo y culminaci\u00f3n. Por consiguiente, los tr\u00e1mites judiciales no pueden tener una duraci\u00f3n indefinida ni se pueden ver obstaculizados por dilaciones injustificadas, pues una reacci\u00f3n tard\u00eda por parte de los organismos judiciales implica el desconocimiento de las prerrogativas procedimentales y los derechos sustanciales de los sujetos procesales que someten la definici\u00f3n de sus problem\u00e1ticas al poder judicial. En \u00faltimas, el paso injustificado del tiempo en la gesti\u00f3n de las causas judiciales hace que la justicia pierda su esencia y naturaleza.<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a09.- As\u00ed, la necesidad de que las causas judiciales avancen en debida forma y dentro de los t\u00e9rminos definidos por la ley implica la salvaguarda de derechos de los sujetos procesales tales como el debido proceso, el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, la tutela judicial efectiva, el derecho de contradicci\u00f3n, entre otros, al tiempo que se garantiza la efectividad de los fines y funciones del Estado.<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a010.- Por lo anterior, las dilaciones injustificadas representan vulneraciones a los derechos de los sujetos procesales, pues, las demoras en las diligencias judiciales pueden generar una prolongaci\u00f3n de los da\u00f1os y perjuicios que fueron sometidos a consideraci\u00f3n de la judicatura o, tambi\u00e9n, pueden implicar limitaciones prolongadas carentes de fundamento de los derechos de las partes.<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a011.- La Corte Constitucional ha determinado que la acci\u00f3n de tutela es procedente para proteger los derechos fundamentales que puedan ser vulnerados en aquellos casos en los cuales es evidente una dilaci\u00f3n injustificada en los procedimientos y se est\u00e9 ante la existencia de un perjuicio irremediable.<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a012.- Metodol\u00f3gicamente, la demora o dilaci\u00f3n injustificada en los procedimientos judiciales se establece a partir del concepto de &#8220;plazo razonable&#8221;. Para ello, la jurisprudencia constitucional con base en los instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos ha precisado la existencia de unos est\u00e1ndares para evaluar cada situaci\u00f3n. En concreto, se ha definido la necesidad de ponderar aspectos como: (i) la complejidad del asunto; (ii) la conducta procesal de los intervinientes; (iii) la gesti\u00f3n de las autoridades judiciales; (iv) las posibilidades materiales del restablecimiento de los derechos de los sujetos procesales, entre otros.<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a013.- As\u00ed las cosas, aunque proferir las decisiones dentro de los tiempos fijados en la ley para el procedimiento que regula la actuaci\u00f3n constituye un imperativo de obligatorio cumplimiento para el funcionario judicial, el solo vencimiento de los t\u00e9rminos judiciales no transgrede per se el derecho al debido proceso ni implica la configuraci\u00f3n de una mora judicial. Para ello, es necesario determinar, con base en los elementos se\u00f1alados en el p\u00e1rrafo anterior, que la tardanza en resolver el asunto carece de una justificaci\u00f3n constitucionalmente admisible.<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a014.- El par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 175 de la Ley 906 de 2004 prev\u00e9 que &#8220;La Fiscal\u00eda tendr\u00e1 un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de dos a\u00f1os contados a partir de la recepci\u00f3n de la noticia criminis para formular imputaci\u00f3n u ordenar motivadamente el archivo de la indagaci\u00f3n. Este t\u00e9rmino m\u00e1ximo ser\u00e1 de tres a\u00f1os cuando se presente concurso de delitos, o cuando sean tres o m\u00e1s los imputados. Cuando se trate de investigaciones por delitos que sean de competencia de los jueces penales del circuito especializado el t\u00e9rmino m\u00e1ximo ser\u00e1 de cinco a\u00f1os&#8221;.<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a015. En ese orden de ideas, como lo concluy\u00f3 en el fallo de primera instancia la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, la Fiscal\u00eda accionada cuenta con dos a\u00f1os para adoptar una decisi\u00f3n de fondo en relaci\u00f3n con la investigaci\u00f3n, plazo que se cumple solo hasta el 19 de octubre de 2025.<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a016.- As\u00ed las cosas, la Fiscal\u00eda no ha superado el t\u00e9rmino que el ordenamiento jur\u00eddico le concede para proferir una decisi\u00f3n de fondo respecto de la denuncia formulada por la accionante. Por este motivo, es in\u00fatil analizar los presupuestos del plazo razonable, ya que ni siquiera se han desbordado los t\u00e9rminos legales y, en esa medida, no hay lugar a decretar una mora judicial.<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0d. Conclusi\u00f3n<\/p>\n<p><\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a017.- En consideraci\u00f3n a las razones expuestas, esta Sala modificar\u00e1 la sentencia impugnada que declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela en el sentido de negar el amparo. Ello, teniendo en cuenta que la Fiscal\u00eda accionada no ha superado el plazo legal para adelantar la investigaci\u00f3n adelantada en virtud de la denuncia formulada por LUC\u00cdA ESCARRIAGA TRIANA. En consecuencia, no se cumple el presupuesto principal para la configuraci\u00f3n de la mora judicial y, en esa medida, tampoco es necesario ahondar en el estudio de los aspectos que constituyen el plazo razonable.<\/p>\n<p><\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley,<\/p>\n<p><\/p>\n<p>RESUELVE<\/p>\n<p><\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0Primero: Modificar la sentencia impugnada\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela en el sentido de negar las pretensiones de la solicitud de amparo.<\/p>\n<p><\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0Segundo: Disponer el env\u00edo de las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n de los fallos proferidos.<\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p>Notif\u00edquese y c\u00famplase,<\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p>MYRIAM \u00c1VILA ROLD\u00c1N<\/p>\n<p>Magistrada<\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p>GERSON CHAVERRA CASTRO<\/p>\n<p>Magistrado<\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p>DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTR\u00c1N<\/p>\n<p>Magistrado<\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p>NUBIA YOLANDA NOVA GARC\u00cdA<\/p>\n<p>Secretaria<\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p>Tutela de segunda instancia<\/p>\n<p>CUI: 11001220400020240420401<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n n.\u00b0 141950\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0LUC\u00cdA ESCARRIAGA TRIANA<\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p>7<\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p> <br clear=\"all\"\/> <\/p>\n<p style=\"text-align: center; text-indent: 0px; padding: 0px 0px 0px 0px; margin: 0px 0px 0px 0px;\">{p}<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>{p} MYRIAM \u00c1VILA ROLD\u00c1N Magistrada ponente CUI: 11001220400020240420401 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 141950 STP575-2025 (Aprobado acta n.\u00b09) \u00a0 \u00a0 \u00a0Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de enero de dos mil veinticinco (2025) I. 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