{p}<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
JORGE HERN\u00c1N D\u00cdAZ SOTO<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Magistrado Ponente<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0STP544-2025<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Radicaci\u00f3n n.\u00ba 142312<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0(Acta n.\u00b0 05)<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil veinticinco (2025).<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0I. ASUNTO<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a01. Se pronuncia la Sala sobre la demanda de tutela presentada por ERMIDES RAFAEL FONTALVO D\u00cdAZ, contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de C\u00f3rdoba. Alega la presunta vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la defensa, debido proceso, a la doble instancia, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, dignidad humana, m\u00ednimo vital y al trabajo, en el proceso disciplinario No. 23001250200120230059400.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0II. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCI\u00d3N<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a02. La actuaci\u00f3n disciplinaria radicado 23001250200120230059400 seguida en contra del actor ERMIDES RAFAEL FONTALVO D\u00cdAZ, se origin\u00f3 por la queja presentada por el se\u00f1or Jorge Eliecer P\u00e1ez Julio el 4 de septiembre de 2023, por los hechos que se describen a continuaci\u00f3n:\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a03. Jorge Eli\u00e9cer P\u00e1ez Julio contrat\u00f3 al abogado FONTALVO D\u00cdAZ para que promoviera un proceso judicial para obtener el reconocimiento y pago de unas incapacidades que deb\u00eda pagar el entonces Instituto de Seguro Social. La gesti\u00f3n result\u00f3 a su favor, por lo que el abogado \u00fanicamente le entreg\u00f3 $21.000.000 MCTE, pero no supo qu\u00e9 suma le descont\u00f3 por honorarios.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a04. Se\u00f1al\u00f3 que a\u00f1os despu\u00e9s, a su domicilio lleg\u00f3 la Resoluci\u00f3n No. 344 del 23 de septiembre de 2019, mediante la cual Colpensiones declar\u00f3 el cumplimiento total del fallo judicial que lo benefici\u00f3 en virtud del pago realizado mediante t\u00edtulo judicial del 1\u00b0 de marzo de 2014 por valor de $51.000.000 MCTE.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a05. Al enterarse de la suma de dinero que recibi\u00f3 el abogado, lo requiri\u00f3 y a pesar de que le contestaba los mensajes v\u00eda WhatsApp, nunca le aclar\u00f3 la situaci\u00f3n relacionada con el dinero que recibi\u00f3. Por lo anterior, solicit\u00f3 investigar al letrado.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a06. En sentencia del 1\u00ba de noviembre de 2023 la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de C\u00f3rdoba sancion\u00f3 al abogado ERMIDES RAFAEL FONTALVO D\u00cdAZ, con suspensi\u00f3n del ejercicio de la profesi\u00f3n por 8 meses y multa de 6 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. Esto, porque incurri\u00f3 en a falta dolosa del art\u00edculo 35.4, en desconocimiento del deber consagrado el art\u00edculo 28.8, ambos de la Ley 1123 de 2007.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a07. Esta decisi\u00f3n fue apelada por la parte actora y en fallo del 4 de septiembre de 2024 la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial neg\u00f3 las solicitudes probatorias y confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a08. El accionante aleg\u00f3 que existi\u00f3 un defecto procedimental absoluto por la negativa de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial de valorar las pruebas que aport\u00f3 junto con el recurso de apelaci\u00f3n, que demuestran la inexistencia de falta disciplinaria. En su criterio se desconoci\u00f3 lo dispuesto en los art\u00edculos 164 y 327 del C\u00f3digo General del Proceso, pues no se tuvo en cuenta que no aport\u00f3 la prueba por un caso fortuito. Adem\u00e1s, porque hubo una deficiente valoraci\u00f3n probatoria que vulner\u00f3 el principio in dubio pro disciplinado, al darle validez al testimonio de la esposa del quejoso, el cual resultaba desfavorable para sus intereses.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a09. Acude a este tr\u00e1mite constitucional para que se revoquen las decisiones tomadas en primera y segunda instancia que lo sancion\u00f3 disciplinariamente, para que en su lugar sea absuelto de dicha responsabilidad.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0II. TR\u00c1MITE Y RESPUESTAS\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a010. Mediante auto del 18 de diciembre de 2024, esta Sala avoc\u00f3 el conocimiento y orden\u00f3 correr traslado de la demanda a los accionados y vinculados, a efectos de garantizar su derecho de defensa y contradicci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a011. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de C\u00f3rdoba remiti\u00f3 el enlace del expediente e hizo un recuento de la actuaci\u00f3n. Sostiene que no ha vulnerado los derechos constitucionales del actor, pues otorg\u00f3 todas las garant\u00edas para que concurriera al proceso. Adem\u00e1s, la sanci\u00f3n impuesta por ese despacho judicial fue producto de lo f\u00e1ctico y probatoriamente acreditado en el curso de la investigaci\u00f3n.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a012. La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial sostuvo que el accionante fue disciplinado por incurrir en la falta consagrada en el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 35 de la Ley 1123 de 2007, a t\u00edtulo de dolo.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a013. Lo anterior, porque la Seccional de instancia evidenci\u00f3 que el tutelante recibi\u00f3 el 9 de abril de 2014 la suma de $51.000.000, producto de la gesti\u00f3n judicial encomendada por el quejoso, sin embargo, “no entreg\u00f3 a su cliente a la menor brevedad posible la suma de $4.382.750.”<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 14. En consecuencia, resolvi\u00f3 imponer como sanci\u00f3n la suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n por el t\u00e9rmino de 8 meses y multa de 6 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. Sostuvo que su decisi\u00f3n se fundament\u00f3 en los elementos de prueba aportados al proceso y no incurri\u00f3 en el defecto f\u00e1ctico denunciado por el accionante en la tutela.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a014.1 Adujo que lo que pretende el accionante en esta instancia constitucional es que se realice un juicio de correcci\u00f3n sobre la providencia del 4 de septiembre de 2024, a partir del an\u00e1lisis de documentos que no fueron aportados en el proceso disciplinario. A esto se agrega la reiteraci\u00f3n de los argumentos que tuvieron respuesta en la sentencia objeto de este tr\u00e1mite, lo que no le est\u00e1 permitido al juez de tutela abordar este tema nuevamente. Adicionalmente, el accionante no demostr\u00f3 de que forma la decisi\u00f3n afect\u00f3 sus derechos fundamentales, por qu\u00e9 la consider\u00f3 desproporcionada o arbitraria, ni aport\u00f3 elementos suficientes que adviertan una irregularidad en las actuaciones de esta sede.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a014.2. Mencion\u00f3 esa Corporaci\u00f3n la cr\u00edtica sobre la no valoraci\u00f3n de las pruebas aportadas por el abogado con el recurso de apelaci\u00f3n, que demostrar\u00edan la inexistencia de falta disciplinaria.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a014.3. Al respecto, hizo ver que se le aclar\u00f3 al accionante que en los procesos disciplinarios seguidos en contra de abogados que son de conocimiento de esa Corporaci\u00f3n, debe observarse procesalmente la Ley 1123 de 2007 y la jurisprudencia correspondiente. Por esto, en lo referente a la oportunidad para aportar y practicar pruebas en procesos disciplinarios, esta autoridad judicial como sus Seccionales deben sujetarse a lo dispuesto en el c\u00f3digo deontol\u00f3gico del abogado.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a014.4. En consecuencia, no es posible aplicar las normas del C\u00f3digo General del Proceso, como afirm\u00f3 el tutelante, pues hay norma especial y expresa sobre la oportunidad de presentar pruebas en el recurso de apelaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a014.5. Recalc\u00f3 que el in dubio pro disciplinado no era aplicable, porque esa corporaci\u00f3n encontr\u00f3 acreditada la responsabilidad disciplinaria del sancionado a partir de la valoraci\u00f3n completa del acervo probatorio. En efecto, en la providencia acusada en esta tutela se explic\u00f3 de forma detallada las razones por las cuales se acredit\u00f3, m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable, la responsabilidad disciplinaria del abogado ERMIDES RAFAEL FONTALVO D\u00cdAZ.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a014.6. Finalmente, no desconoci\u00f3 el derecho al debido proceso del quejoso y durante el interrogatorio no le formularon preguntas cerradas.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0En consecuencia, solicit\u00f3 que se declare la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a015. Seg\u00fan lo establecido en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el Decreto 333 de 2021), la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para resolver la demanda de tutela formulada por ERMIDES RAFAEL FONTALVO D\u00cdAZ.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a016. Dispone el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, reiterado por el 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991, que toda persona tendr\u00e1 acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales. Procede cuando estos resulten vulnerados o amenazados por acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad o de los particulares en los casos que la ley contempla. Este amparo solo proceder\u00e1 si el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a017. Es necesario acotar que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo de protecci\u00f3n excepcional frente a providencias judiciales. Su prosperidad depende del cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad (generales y espec\u00edficos), que implican una carga para el demandante, tanto en su planteamiento, como en su demostraci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a017.1 Los primeros se concretan en que:\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0i) la cuesti\u00f3n que se discuta tenga evidente relevancia constitucional;\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0ii) se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable;\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0iii) se cumpla el requisito de la inmediatez;\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora;\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0v) el accionante identifique de manera razonable los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n y los derechos vulnerados, y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible;\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0vi) no se trate de sentencias de tutela1.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a017.2 Los espec\u00edficos, implican la demostraci\u00f3n de, por lo menos, uno de los siguientes vicios:\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0i) defecto org\u00e1nico (falta de competencia del funcionario judicial);\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0ii) defecto procedimental absoluto (desconocer el procedimiento legal establecido);\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0iii) defecto f\u00e1ctico (que la decisi\u00f3n carezca de fundamentaci\u00f3n probatoria);\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0iv) defecto material o sustantivo (aplicar normas inexistentes o inconstitucionales);\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0v) error inducido (que la decisi\u00f3n judicial se haya adoptado con base en el enga\u00f1o de un tercero);\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0vi) decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n (ausencia de fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos en la decisi\u00f3n);\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0vii) desconocimiento del precedente (apartarse de los criterios de interpretaci\u00f3n de los derechos definidos por la Corte Constitucional) y,\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0viii) violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n (CC C-590\/05).<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a018. Cuando lo \u00fanico que se pretende es insistir en puntos que ya fueron planteados ante los jueces ordinarios, para que el juez de tutela aborde nuevamente el debate, la acci\u00f3n es improcedente.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a019. Del caso en concreto<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a019.1 Sobre los requisitos generales, se evidencia lo siguiente:<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0(i) el asunto es de relevancia constitucional, ya que la decisi\u00f3n censurada involucra derechos superiores como el debido proceso;\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0(ii) el accionante no tiene otros medios de defensa judicial, pues contra la decisi\u00f3n emitida por la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial no proceden recursos;\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0(iii) est\u00e1 acreditado el requisito de inmediatez, toda vez que se acudi\u00f3 a esta v\u00eda excepcional dentro de un t\u00e9rmino razonable;\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0(iv) identific\u00f3 los hechos que generaron la presunta vulneraci\u00f3n de su derecho fundamental;\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0(v) no se dirige contra un fallo de tutela.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0As\u00ed las cosas, es clara la observancia de los requisitos generales.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a019.2 Sin embargo, aunque tales exigencias se verifiquen, el reclamo que de fondo postula el demandante no tiene vocaci\u00f3n de prosperar.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a020. Para el caso, el examen de la providencia cuestionada muestra que, contrario a los fundamentos del libelo de tutela, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial s\u00ed explic\u00f3 el motivo por el que no valor\u00f3 las pruebas aportadas con la apelaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a021. Esas razones est\u00e1n integradas en la sentencia del 4 de septiembre de 2024, en la cual el m\u00e1ximo \u00f3rgano de disciplina judicial estim\u00f3\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0que:<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
(…) el inciso segundo del art\u00edculo 107 de la Ley 1123 de 2007, que regula el tr\u00e1mite de segunda instancia, no contempla la posibilidad de decretar pruebas a solicitud de parte y, por el contrario, solo es posible decretar pruebas de oficio cuando sean necesarias. Bajo ese contexto, es claro que la solicitud no resulta procedente y en todo caso no podr\u00eda la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial considerar la posibilidad de decretar la prueba de oficio en la medida en que no resulta necesaria (…)<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a022. Frente a la presunta vulneraci\u00f3n del principio in dubio pro disciplinado al tener en cuenta pruebas desfavorables a los intereses del actor que resalt\u00f3 la accionada que tienen el deber de evaluar apreciar de forma integral el acervo probatorio. Esa directriz est\u00e1 contenida en el art\u00edculo 962 de la Ley 1123 de 2007, cuya aplicaci\u00f3n no contrar\u00eda aquel principio en menci\u00f3n pues manifest\u00f3 que el mismo solo es aplicable, si existiese una duda razonable. Esto no sucedi\u00f3 en este caso, porque ese Alto Tribunal encontr\u00f3 acreditada la responsabilidad disciplinaria del sancionado a partir de la valoraci\u00f3n completa del acervo probatorio.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a023. En efecto, de la lectura de la decisi\u00f3n objeto de debate se entiende que la Comisi\u00f3n explic\u00f3 de forma detallada las razones por las cuales hall\u00f3 acreditada la responsabilidad disciplinaria del abogado ERMIDES RAFAEL FONTALVO D\u00cdAZ, m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable. Lo dej\u00f3 sentado con las siguientes consideraciones:<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0[…]<\/p>\n
1. El quejoso encomend\u00f3 la reclamaci\u00f3n judicial de incapacidades a el jurista Fontalvo D\u00edaz, encargo profesional en virtud del cual pactaron honorarios as\u00ed: “(…) honorarios. EL CLIENTE pagar\u00e1 por concepto de honorarios el treinta por ciento (30%) del valor total del pago de las incapacidades y\/o sus intereses moratorios que se ordenen: en caso de condenas en costas (agencias en derecho) en contra de la demandada, estas ser\u00e1n exclusivamente para el abogado (…)”. (Se resalta).<\/p>\n
<\/p>\n
2. El 7 de abril de 2014, el despacho resolvi\u00f3 que “(…) [e]l t\u00edtulo judicial n\u00famero 43937 por valor de $51.000.000, previo el lleno de los requisitos legales h\u00e1gasele entrega al apoderado del actor como pago total de la obligaci\u00f3n. (…)<\/p>\n
Dineros que fueron pagados al profesional del derecho Ermides Rafael Fontalvo D\u00edaz, el 9 de abril de 2014, tal y como lo inform\u00f3 ante este proceso el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Monter\u00eda.\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
[…]<\/p>\n
<\/p>\n
4. Del valor reconocido por incapacidades y sus intereses de $37.118.215, se tiene que el 30% corresponder\u00eda al pago de honorarios profesionales del letrado, lo que asciende a la suma de $11.135.465. Y, el 70% restante, que corresponde al valor de $25.982.750, ser\u00eda lo que debi\u00f3 entregar el letrado a su cliente.<\/p>\n
<\/p>\n
5. Sin embargo, con los testimonios que, bajo la gravedad de juramento, y de forma elocuente, coherente y solida rindieron el quejoso y de su esposa, se tiene que el abogado, solamente les entreg\u00f3 la suma de $21.600.000, cuando en realidad le correspond\u00edan $25.982.750 (…)<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a024. En estos razonamientos no aparece ninguno que permita inferir que se declar\u00f3 la responsabilidad disciplinaria del accionante con desconocimiento del in dubio pro disciplinado.\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a025. Encuentra la Sala que la providencia censurada tiene un an\u00e1lisis objetivo y razonable, en lo que toca a la negaci\u00f3n de la solicitud de pr\u00e1ctica de pruebas y al principio de in dubio pro disciplinario, que no solo est\u00e1 ajustado a la normatividad, sino tambi\u00e9n al criterio que en esa Corporaci\u00f3n se sigue sobre ese asunto.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a026. Tal an\u00e1lisis, independientemente de que sea compartido o no, se fundament\u00f3 en premisas f\u00e1cticas y normativas. Examin\u00f3 todas las cuestiones sometidas a su consideraci\u00f3n sin que se configure un yerro de entendimiento manifiesto u ostensible, que justifique la intervenci\u00f3n del juez de tutela.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a027. No puede olvidarse que la aplicaci\u00f3n sistem\u00e1tica de las disposiciones normativas, su interpretaci\u00f3n ponderada, as\u00ed como la apreciaci\u00f3n de las pruebas, hacen parte de la \u00f3rbita de autonom\u00eda e independencia del funcionario judicial. Esta gama de atribuciones no son objeto de debate en el marco de la acci\u00f3n constitucional.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a028. Admitir que el juez de tutela verifique la juridicidad de los tr\u00e1mites o los posibles desaciertos en la interpretaci\u00f3n de las normas jur\u00eddicas por los funcionarios de instancia, significa desconocer principios que disciplinan la actividad de los jueces ordinarios. Entre estos los de independencia y sujeci\u00f3n exclusiva a la ley, previstos en los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica. Del mismo modo, los del juez natural y los de las formas propias del debido proceso, contenidos en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a029. Corolario de lo anterior, al no observarse ninguna v\u00eda de hecho en la providencia cuestionada, ni la trasgresi\u00f3n de derecho fundamental alguno, la demanda de amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. En consecuencia, se negar\u00e1 el derecho \u00a0invocado.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley,<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
IV. RESUELVE<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a01. Negar el amparo constitucional reclamado por ERMIDES RAFAEL FONTALVO D\u00cdAZ, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta decisi\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a02. Notificar este fallo a las partes de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a03. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n de este fallo, en caso de no ser impugnado.<\/p>\n
<\/p>\n
C\u00famplase,<\/p>\n
<\/p>\n
FERNANDO LEON BOLA\u00d1OS PALACIOS<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
JORGE HERN\u00c1N D\u00cdAZ SOTO<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
CARLOS ROBERTO SOL\u00d3RZANO GARAVITO<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
NUBIA YOLANDA NOVA GARC\u00cdA<\/p>\n
Secretaria<\/p>\n
<\/p>\n
1 CC C-590\/05; T-780\/06; T-332\/12 -entre otras.<\/p>\n
2 “(…) Art\u00edculo 96. Apreciaci\u00f3n integral. Las pruebas deber\u00e1n apreciarse conjuntamente de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, y valorarse razonadamente (…)”.<\/p>\n
—————<\/p>\n
<\/p>\n
————————————————————<\/p>\n
<\/p>\n
—————<\/p>\n
<\/p>\n
————————————————————<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
CUI 11001023000020240166800<\/p>\n
Tutela de primera instancia 142312<\/p>\n
\u00a0ERMIDES RAFAEL FONTALVO D\u00cdAZ<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
11<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
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{p} JORGE HERN\u00c1N D\u00cdAZ SOTO \u00a0 \u00a0 \u00a0Magistrado Ponente \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0STP544-2025 \u00a0 \u00a0 \u00a0Radicaci\u00f3n n.\u00ba 142312 \u00a0 \u00a0 \u00a0(Acta n.\u00b0 05) \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil veinticinco (2025). \u00a0 \u00a0 \u00a0I. ASUNTO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a01. Se pronuncia la Sala sobre la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[94],"tags":[],"class_list":["post-84062","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2025"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/84062","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=84062"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/84062\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=84062"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=84062"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=84062"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}