{p}<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0JORGE HERN\u00c1N D\u00cdAZ SOTO<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Magistrado Ponente<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0STP534-2025<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Radicaci\u00f3n n.\u00b0 141938<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0(Acta n.\u00b0 05)<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil veinticinco (2025).<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0I. ASUNTO<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a01. Decide la Sala la impugnaci\u00f3n interpuesta por la accionante MARLENY BARRAG\u00c1N MONTOYA, contra el fallo de tutela del 20 de noviembre del 2024. Con esta decisi\u00f3n la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio declar\u00f3 improcedente el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, vida, dignidad humana, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Polic\u00eda Nacional de Colombia, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la Registradur\u00eda Nacional de Colombia.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a02. Del tr\u00e1mite se comunic\u00f3 a todas las partes e intervinientes en relaci\u00f3n con la indagaci\u00f3n penal CUI 505686000575202300003, frente a los hechos y pretensiones de la demanda.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0II. HECHOS<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a03. Fueron expuestos en la decisi\u00f3n de primera instancia, en los siguientes t\u00e9rminos:<\/p>\n
<\/p>\n
La se\u00f1ora Marleny Barrag\u00e1n Montoya, manifest\u00f3 ser v\u00edctima del conflicto armado, por lo cual se encuentra registrada en el Registro \u00danico de V\u00edctimas (RUV).<\/p>\n
<\/p>\n
Aduj\u00f3 ser v\u00edctima del crimen cometido por presuntos grupos paramilitares asentados en el municipio de Puerto Gait\u00e1n (Meta), de su hijo, quien en vida se identific\u00f3 como Jhon Eider Torres Barrag\u00e1n.<\/p>\n
<\/p>\n
Sostuvo que su hijo (Jhon Eider Torres Barrag\u00e1n), estuvo vinculado laboralmente a las empresas Aliar S.A. la Fazenda- y Frutaliar S.A.S-, desempe\u00f1ando sus funciones en el municipio de Puerto Gait\u00e1n (Meta), hasta semanas antes de su asesinato.<\/p>\n
<\/p>\n
Asegur\u00f3 que para finales del a\u00f1o dos mil veintid\u00f3s (2022), por amenazas y\/o conflictos con contratistas, las prenombradas empresas decidieron despedir a su hijo sin justa causa.<\/p>\n
<\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, con ocasi\u00f3n al despido injustificado de su hijo, este decidi\u00f3 realizar reclamos verbales, adem\u00e1s, elev\u00f3 escritos exigiendo el pago de sus prestaciones sociales conforme a los derechos laborales adquiridos. Sin embargo, nunca obtuvo respuesta frente a sus requerimientos.<\/p>\n
<\/p>\n
El d\u00eda tres (3) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023), afirm\u00f3 que, su hijo fue asesinado de manera violenta al interior de su residencia ubicada en el municipio de Puerto Gait\u00e1n (Meta) por presuntos grupos paramilitares asentados en dicha municipalidad.<\/p>\n
<\/p>\n
Indic\u00f3 que las entidades accionadas realizaron los actos urgentes y por tanto, cuentan con evidencia f\u00edsica y digital, inclusive con declaraciones de testigos. Recalc\u00f3 que las mencionadas accionadas, catalogaron y tipificaron en el -certificado de defunci\u00f3n como “muerte natural”.<\/p>\n
<\/p>\n
Conforme a lo expuesto, asegur\u00f3 afectaciones graves y catastr\u00f3ficas en su salud, lo que le ha imposibilitado asistir de manera personal a las sedes de las entidades accionadas.<\/p>\n
<\/p>\n
Adicionalmente, destac\u00f3 que el actuar de las demandadas deben ser calificadas como fraude procesal y, por tanto, se debe ordenar compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.<\/p>\n
<\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, solicit\u00f3 el amparo a sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se ordene a las accionadas “(…) se le d\u00e9 cumplimiento inmediato, oportuno, eficiente y eficaz a TODO, esto es TIPIFICAR Y CATALOGAR PROCESAL Y JUDICIALMENTE EL CRIMEN POR GRUPOS PARAMILITARES PRESUNTAMENTE ASENTADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN (META) AUTORES MATERIALES DEL ASESINATO TIPO SICARIATO DE JHON EIDER TORRES BARRAGAN EL 3 DE ENERO DE 2023 (…)” (sic).<\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed mismo, se disponga la inmediata -nulidad- de los actos administrativos, certificado de defunci\u00f3n, antecedente para el registro civil n\u00famero 23018820146950 y registro civil de defunci\u00f3n n\u00famero serial 08174555.<\/p>\n
<\/p>\n
Igualmente, se conmine a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para que modifique, ampl\u00ede, corrija, subsane, aclare y\/o reinicie el programa metodol\u00f3gico ordenado dentro de la noticia criminal o expediente penal SPOA n\u00famero 505686000575202300003.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0III. EL FALLO IMPUGNADO<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a04. El Tribunal encontr\u00f3 que el amparo invocado es improcedente, toda vez que no se cumple con el requisito de subsidiariedad. La actora de manera abstracta dirigi\u00f3 su solicitud contra la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Polic\u00eda Nacional de Colombia, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la Registradur\u00eda Nacional de Colombia. Sin embargo, no especific\u00f3 una acci\u00f3n u omisi\u00f3n vulneradora de los derechos fundamentales.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a04.1. Puntualiz\u00f3 que la actora pretende a trav\u00e9s de este mecanismo se d\u00e9 una la calificaci\u00f3n jur\u00eddica espec\u00edfica a los hechos acaecidos el 3 de enero de 2023. De igual manera, que se declare nulo el certificado de defunci\u00f3n con serial n.\u00b0 23018820146950. Adem\u00e1s, que se ordene a la Fiscal\u00eda que modifique el plan metodol\u00f3gico en la noticia criminal 505686000575202300003.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a04.2. Sin embargo, ante las autoridades accionadas, la actora no demostr\u00f3 que hubiera dirigido peticiones al respecto. Por esto no puede utilizarse la tutela como mecanismo supletorio cuando existen la posibilidad de hacer los respectivos requerimientos ante cada instituci\u00f3n.\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0IV. LA IMPUGNACI\u00d3N<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a05. En la impugnaci\u00f3n, la actora insisti\u00f3 en los hechos y pretensiones de la demanda e indic\u00f3 que el juez constitucional de primera instancia debi\u00f3 pedir explicaci\u00f3n a las entidades accionadas frente a la presunta situaci\u00f3n vulneradora de derechos.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a05.1. De la misma forma, refiri\u00f3 que acudi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela para prevenir un da\u00f1o inmediato y futuro, mucho mayor al ya causado por su “DEBILIDAD MANIFIESTA”. Esta se configura porque se ha visto deteriorada su salud mental ante la impotencia de acceder a la administraci\u00f3n de justicia por el cruel asesinato de su hijo.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0V. CONSIDERACIONES DE LA SALA<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a06. Seg\u00fan el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala es competente para resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta por la accionante MARLENY BARRAG\u00c1N. El fallo atacado es el de tutela del 20 de noviembre del 2024, dictado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, del que es superior funcional.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a07. El problema jur\u00eddico planteado en la demanda es que se ordene a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n que tipifique la conducta que dio origen a la indagaci\u00f3n CUI 05686000575202300003, como un<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
“CRIMEN POR GRUPOS PARAMILITARES PRESUNTAMENTE ASENTADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN (META) AUTORES MATERIALES DEL ASESINATO TIPO SICARIATO DE JHON EIDER TORRES BARRAGAN EL 3 DE ENERO DE 2023 (sic)”.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a07.1. Como consecuencia de lo anterior, se busca reestructurar el programa metodol\u00f3gico planteado por el ente acusador para investigar la citada noticia criminal.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a07.2. De igual forma, se pretende la nulidad del certificado de defunci\u00f3n n\u00famero serial 08174555, correspondiente al fallecimiento del hijo de la actora, por consignar que el deceso obedeci\u00f3 a causas naturales.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Requisitos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a08. El art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo judicial subsidiario, residual, aut\u00f3nomo e informal, para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales mediante un procedimiento preferente y sumario.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a08.1. Los requisitos generales para su procedencia son:\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0i) legitimaci\u00f3n en la causa;\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0ii) inmediatez, y\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0iii) subsidiariedad.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a08.2. Por ende, el juez de tutela debe constatar el cumplimiento de tales exigencias para emitir un fallo de fondo.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0An\u00e1lisis del caso concreto:<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a09. La aplicaci\u00f3n de las anteriores premisas al asunto que ahora es objeto de an\u00e1lisis, permite a la Corte observar cumplidos parcialmente tales requisitos.\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Frente a la inmediatez, la situaci\u00f3n vulneradora se habr\u00eda derivado a partir de la muerte de Jhon Eider Torres Barrag\u00e1n (hijo de la actora), ocurrida el 3 de enero de 2023. Pero esa fecha no es el punto de partida para contabilizar el plazo razonable para acudir a la tutela, que en principio es de 6 meses, seg\u00fan la Corte Constitucional.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a010. V\u00e9ase que la actora reclama a la Fiscal\u00eda que la muerte de su hijo1 se califique jur\u00eddicamente como un homicidio y se impute a quien haya lugar, por haber sido perpetrado por actores del conflicto armado. Tal variaci\u00f3n, seg\u00fan inform\u00f3 la Fiscal\u00eda 35 Seccional de Villavicencio, no es posible, pues las diligencias a\u00fan est\u00e1n en etapa de investigaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a011. Entonces, como la pretensi\u00f3n se centra en que se d\u00e9 celeridad a la indagaci\u00f3n de los hechos comentados, el tiempo que se ha tomado la entidad accionada no puede endilg\u00e1rsele a la actora, porque la din\u00e1mica de las pesquisas es de resorte del ente acusador.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a012. Tambi\u00e9n se solicita que la anulaci\u00f3n del registro civil de defunci\u00f3n de Jhon Eider Torres Barrag\u00e1n, con serial n.\u00b0 08174555, inscrito el 19 de enero de 2023 en la Registradur\u00eda Municipal del Estado Civil de Puerto Gait\u00e1n – Meta. El motivo es que la impugnante no est\u00e1 de acuerdo con que en el documento no se hubiera consignado que falleci\u00f3 a causa de muerte violenta.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a013. Sobre el punto se observa la Registradur\u00eda del Estado Civil inform\u00f3 que en el documento se consigna el dato que corresponda, seg\u00fan lo establece el Decreto 1260 de 1970. Una muerte violenta debe ser registrada en concordancia con lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 79 de la mencionada normatividad2, es decir, seg\u00fan la informaci\u00f3n de autoridad judicial.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a014. De tal forma, como el asunto se trata de una investigaci\u00f3n preliminar en curso, no puede endilgarse a la actora el tiempo que ha transcurrido desde que se emiti\u00f3 el documento p\u00fablico, cuya anulaci\u00f3n solicita.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a015. Ahora, sobre el requisito de la legitimidad en la causa, resulta evidente que la se\u00f1ora MARLENY BARRANG\u00c1N MONTOYA, como progenitora de quien falleci\u00f3, puede ser v\u00edctima directa de los hechos denunciados.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a016. Al contrario, el requisito de la subsidiariedad no est\u00e1 satisfecho, pues no se present\u00f3 soporte de alguna postulaci\u00f3n o petici\u00f3n ante las entidades demandadas para obtener lo pretendido en esta oportunidad.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a017. Como lo reconoci\u00f3 la propia actora, no antecedi\u00f3 a la demanda constitucional el agotamiento del derecho de petici\u00f3n o de postulaci\u00f3n, para dirigirse a las diferentes entidades convocadas. Aquella entiende que cuando puso en conocimiento la situaci\u00f3n que califica como vulneradora de sus derechos fundamentales al juez, es \u00e9ste quien debe corroborar si es cierta o no.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a018. Tal afirmaci\u00f3n resulta parcialmente acertada. En efecto, cuando se admite a tr\u00e1mite la acci\u00f3n se convoca a todos los involucrados para que se pronuncien respecto de los hechos y pretensiones de la demanda. Pero esto no puede entenderse como que se les est\u00e9 requiriendo para que cumplan con el pedimento de la accionante.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a019. Una situaci\u00f3n como la expuesta devela que no existe objeto de potencial protecci\u00f3n. Cuando quien demanda protecci\u00f3n de derechos que estima vulnerados con antelaci\u00f3n no ha solicitado a las autoridades accionadas un acto espec\u00edfico, no es posible requerirlas para que expliquen algo que no han conocido.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a020. Por eso, es preciso recordar que la acci\u00f3n de tutela no es un medio alternativo o supletorio para resolver asuntos que deben ser conocidos en primer lugar por las autoridades convocadas. Estas deben tomar sus decisiones conforme a sus competencias y dentro de los plazos razonables y establecidos por la ley. Solo si no lo hacen de tal manera, surge la legitimaci\u00f3n para acudir al amparo.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a021. De tal modo, se presenta el incumplimiento del requisito de subsidiariedad para la procedencia de la acci\u00f3n constituci\u00f3n. En efecto, el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991 estableci\u00f3 como causal de improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, el agotamiento de mecanismos establecidos para realizar postulaciones ante las autoridades competentes.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a022. En conclusi\u00f3n, la Sala confirmar\u00e1 el fallo impugnado porque no est\u00e1 dado el requisito de procedibilidad de la acci\u00f3n constitucional. Tampoco se argument\u00f3 ni demostr\u00f3 un perjuicio irremediable que justifique la interferencia del juez de tutela en una investigaci\u00f3n en curso.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0V. RESUELVE<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a01. Confirmar el fallo de tutela impugnado.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a02. Notificar a los sujetos procesales el presente fallo, por el medio m\u00e1s expedito.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a03. Env\u00edese la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, dentro del t\u00e9rmino indicado en el art\u00edculo 31 del Decreto 2591 de 1991.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
FERNANDO LEON BOLA\u00d1OS PALACIOS<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
JORGE HERN\u00c1N D\u00cdAZ SOTO<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
CARLOS ROBERTO SOL\u00d3RZANO GARAVITO<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
NUBIA YOLANDA NOVA GARC\u00cdA<\/p>\n
Secretaria<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1 Seg\u00fan se entiende de la descripci\u00f3n de la situaci\u00f3n vulneradora que realiza la accionante, pretende que el proceso penal por la muerte de su descendiente se siga por el delito de homicidio en persona protegida.<\/p>\n
2 ARTICULO 79. <MUERTE VIOLENTA>. Si la muerte fue violenta, su registro estar\u00e1 precedido de autorizaci\u00f3n judicial. Tambi\u00e9n se requiere esa decisi\u00f3n en el evento de una defunci\u00f3n cierta, cuando no se encuentre o no exista el cad\u00e1ver”<\/p>\n
—————<\/p>\n
<\/p>\n
————————————————————<\/p>\n
<\/p>\n
—————<\/p>\n
<\/p>\n
————————————————————<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Tutela de segunda instancia rad. 141938<\/p>\n
Marleny Barrag\u00e1n Montoya<\/p>\n
CUI 50001220400020240051501<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
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{p} \u00a0 \u00a0 \u00a0JORGE HERN\u00c1N D\u00cdAZ SOTO \u00a0 \u00a0 \u00a0Magistrado Ponente \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0STP534-2025 \u00a0 \u00a0 \u00a0Radicaci\u00f3n n.\u00b0 141938 \u00a0 \u00a0 \u00a0(Acta n.\u00b0 05) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil veinticinco (2025). \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0I. ASUNTO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[94],"tags":[],"class_list":["post-84052","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2025"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/84052","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=84052"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/84052\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=84052"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=84052"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=84052"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}