{p}<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
MYRIAM \u00c1VILA ROLD\u00c1N\u00a0<\/p>\n
Magistrada ponente<\/p>\n
<\/p>\n
CUI: 05001220400020240134901<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 141864<\/p>\n
STP323-2025\u00a0<\/p>\n
(Aprobado acta n.\u00b0 2)<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de enero de dos mil veinticinco (2025).<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0I. OBJETO DE LA DECISI\u00d3N<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La Sala resuelve la impugnaci\u00f3n formulada por YULED ALEJANDRA \u00c1LVAREZ ARANGO contra la decisi\u00f3n de primera instancia proferida el 18 de noviembre de 2024 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn, que declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela, por el incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad, que interpuso contra el Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa misma ciudad.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En s\u00edntesis, en el escrito de impugnaci\u00f3n, la actora insiste en que con las providencias que negaron la prisi\u00f3n domiciliaria y la libertad condicional se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad. Sin que exprese las causales espec\u00edficas de procedencia en las que, a su juicio, se habr\u00edan configurado.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
II. HECHOS<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a01. 17 de marzo de 2020, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Rionegro, Antioquia, conden\u00f3 a YULED ALEJANDRA \u00c1LVAREZ ARANGO a 108 meses de prisi\u00f3n, por el delito de fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y neg\u00f3 los subrogados penales.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a02. La vigilancia de la condena correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Medell\u00edn que por auto de 2 de octubre de 2024 neg\u00f3 el beneficio de prisi\u00f3n domiciliaria solicitado por la accionante porque no cumpl\u00eda con el requisito objetivo de haber cumplido el 50% de la condena. Frente a esa decisi\u00f3n la actora no interpuso recurso de reposici\u00f3n ni de apelaci\u00f3n.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a03. El 28 de octubre de 2024, la aqu\u00ed accionante formul\u00f3 una nueva petici\u00f3n, en la cual tambi\u00e9n pidi\u00f3 que se concediera la libertad condicional que por auto del 29 siguiente neg\u00f3 esa petici\u00f3n bajo los mismos argumentos expuestos en el auto del 2 de octubre de ese a\u00f1o, y frente a la nueva petici\u00f3n consider\u00f3 que no se cumpl\u00eda esa misma exigencia. Frente a esa decisi\u00f3n tampoco se interpuso ning\u00fan recurso. \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
III. ANTECEDENTES PROCESALES RELEVANTES<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a04. YULED ALEJANDRA \u00c1LVAREZ ARANGO, promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela para que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, los cuales consider\u00f3 vulnerados con la decisi\u00f3n de negar el beneficio de prisi\u00f3n domiciliaria y libertad condicional.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a05. El 18 de noviembre de 2024, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela al evidenciar que no se cumple el presupuesto de subsidiariedad pues la accionante no interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra las decisiones cuestionadas.\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a06. La accionante present\u00f3 impugnaci\u00f3n en el que reiter\u00f3 los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, sin referirse, espec\u00edficamente a los fundamentos de la decisi\u00f3n recurrida, esto es, el incumplimiento del requisito de subsidiariedad por no presentar los recursos de reposici\u00f3n en subsidio de apelaci\u00f3n.<\/p>\n
<\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
a. Competencia<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a07. La Sala es competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, toda vez que la sentencia de primera instancia fue proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
b. Problema jur\u00eddico<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a08. Corresponde a la Sala determinar si como lo estableci\u00f3 la sentencia de primera instancia, no se cumple el presupuesto de subsidiariedad, en caso de que se supere el examen formal de procedencia, debe analizar si el Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Medell\u00edn vulner\u00f3 los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad con la decisi\u00f3n de negar las solicitudes de prisi\u00f3n domiciliaria (auto de 2 de octubre de 2024) y de libertad condicional (auto de 28 de octubre de 2024), al incurrir en alg\u00fan defecto espec\u00edfico.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
c. Sobre los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a09. La Corte Constitucional, en la Sentencia C-590 de 2005 expreso\u00b4 que la tutela contra providencias judiciales es excepcional\u00edsima y solo procede cuando se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad: unos de car\u00e1cter general, que habilitan la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n y otros de car\u00e1cter espec\u00edfico, relacionados con la procedencia del amparo.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a010. En relaci\u00f3n con los “requisitos generales” de procedencia deben acreditarse, y en su orden, los siguientes: (i) la relevancia constitucional del asunto; (ii) el agotamiento de todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial; (iii) la inmediatez, (iv) que se trate de una irregularidad procesal que tenga una incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisi\u00f3n cuestionada; (v) que se identifiquen razonablemente los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n y los derechos afectados y que se hubiere alegado tal circunstancia al interior del proceso en donde se dict\u00f3 la providencia atacada; y (vi) que no se trate de una tutela contra tutela. Si falta al menos uno de estos requisitos la solicitud de amparo debe declararse improcedente.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a011. En el caso concreto: (i) el asunto ostenta relevancia constitucional pues se invoca la protecci\u00f3n de derechos fundamentales de la accionante, (ii) las providencias cuestionadas datan del 2 y 29 de octubre de 2024 y la acci\u00f3n de tutela se promovi\u00f3 el 1 de noviembre de ese a\u00f1o, es decir, dentro de un plazo razonable, (iii) la irregularidad que alega la accionante tiene una incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisi\u00f3n cuestionada, (iv) se identificaron plenamente en el escrito de tutela los hechos generadores de la presunta vulneraci\u00f3n y los derechos fundamentales afectados y (v) el ataque constitucional no se dirige contra una sentencia de tutela.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a012. Sin embargo, esta Sala no encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad, seg\u00fan el cual, los conflictos jur\u00eddicos deben ser, en principio, definidos por las v\u00edas ordinarias y extraordinarias – administrativas o jurisdiccionales – y s\u00f3lo ante la ausencia de dichos senderos o cuando las mismas no son id\u00f3neas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a este mecanismo preferente.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a013. Lo anterior, en raz\u00f3n a que YULED ALEJANDRA \u00c1LVAREZ ARANGO no interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra las providencias cuestionadas. As\u00ed las cosas, al no haberse hecho uso del medio de impugnaci\u00f3n previsto en el ordenamiento procesal, no es v\u00e1lido que la demandante acuda a esta acci\u00f3n constitucional para revivir t\u00e9rminos u oportunidades procesales que se dejaron expirar en el tr\u00e1mite ordinario. (Cfr. CSJ STP14629-2024, STP 4459-2024, STP10002-2024, STP 10711-2024).<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a014. La Sala ha reiterado que, trat\u00e1ndose de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, es un deber interponer y agotar los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios de defensa. “De no ser as\u00ed, esto es, de asumirse la acci\u00f3n de tutela como un mecanismo de protecci\u00f3n alternativo, se correr\u00eda el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicci\u00f3n constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta \u00faltima” (CSJ STP14629-2024, STP1957-2023, STP2049-2023, STP2311-2023, STP4519-2023, STP4747-2023, STP6579-2023, STP9582-2023 y STP11831-2023; y CC C-590-2005).\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
e. Conclusi\u00f3n<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a015. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la Sala confirmar\u00e1 la sentencia de primera instancia al encontrar incumplido el presupuesto de subsidiariedad, dado que no se interpuso el recurso de apelaci\u00f3n contra los autos proferidos por el Juzgado accionado el 2 y 29 de octubre de 2024 los cuales cuestiona a trav\u00e9s del mecanismo de protecci\u00f3n constitucional.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas n.o 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
RESUELVE<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Primero. Confirmar la decisi\u00f3n de tutela impugnada.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Segundo. Disponer el env\u00edo de las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n de los fallos proferidos\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase,<\/p>\n
<\/p>\n
MYRIAM \u00c1VILA ROLD\u00c1N<\/p>\n
Magistrada<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
GERSON CHAVERRA CASTRO<\/p>\n
Magistrado<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTR\u00c1N<\/p>\n
Magistrado<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
NUBIA YOLANDA NOVA GARC\u00cdA<\/p>\n
Secretaria<\/p>\n
Tutela de segunda instancia\u00a0<\/p>\n
Radicado n.\u00b0 141864<\/p>\n
CUI: 05001220400020240134901<\/p>\n
YULED ALEJANDRA \u00c1LVAREZ ARANGO\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
9<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
{p}<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
{p} MYRIAM \u00c1VILA ROLD\u00c1N\u00a0 Magistrada ponente CUI: 05001220400020240134901 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 141864 STP323-2025\u00a0 (Aprobado acta n.\u00b0 2) \u00a0 \u00a0 \u00a0Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de enero de dos mil veinticinco (2025). \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0I. OBJETO DE LA DECISI\u00d3N \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La Sala resuelve la impugnaci\u00f3n formulada por YULED ALEJANDRA \u00c1LVAREZ ARANGO contra la decisi\u00f3n de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[94],"tags":[],"class_list":["post-84018","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2025"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/84018","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=84018"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/84018\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=84018"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=84018"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=84018"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}