{p}<\/p>\n
<\/p>\n
DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTR\u00c1N<\/p>\n
Magistrado ponente<\/p>\n
<\/p>\n
STP312-2025<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 142231<\/p>\n
Acta N\u00b0. 2<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de enero de dos mil veinticinco (2025)<\/p>\n
<\/p>\n
ASUNTO<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0La Sala decide la impugnaci\u00f3n presentada por J.A.M.P. , en relaci\u00f3n con el fallo proferido el 19 de septiembre de 20241, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Antioquia, que neg\u00f3 el amparo de los fundamentales al buen nombre, habeas data, entre otros, presuntamente vulnerados por la Fiscal\u00eda 35 Seccional de T\u00e1mesis (Antioquia).<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0HECHOS Y FUNDAMENTOS DE LA ACCI\u00d3N<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Fueron rese\u00f1ados por el A quo constitucional, de la forma como sigue:<\/p>\n
“Afirma el accionante que, en el a\u00f1o 2023, enfrent\u00f3 un proceso penal por el delito de tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes. La investigaci\u00f3n fue iniciada por el Fiscal 35 seccional de T\u00e1mesis y asignada al Juzgado Promiscuo del Circuito de T\u00e1mesis. El Juzgado Promiscuo lo eximi\u00f3 de responsabilidad penal, ya que se demostr\u00f3 su inocencia y no se comprob\u00f3 su participaci\u00f3n en los hechos delictivos.<\/p>\n
<\/p>\n
Refiere que este a\u00f1o, se postul\u00f3 a varias vacantes laborales, incluyendo una en la Empresa RG en el \u00e1rea de transportes, pero no fue seleccionado. Lo anterior, debido a la existencia de una “novedad” en sus antecedentes.<\/p>\n
<\/p>\n
Ante esta situaci\u00f3n, present\u00f3 petici\u00f3n al Fiscal encargado, solicitando que eliminara su informaci\u00f3n del SPOA y de sus registros, pues dicha informaci\u00f3n est\u00e1 afectando su vida social y laboral.\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
Agrega que el Fiscal respondi\u00f3 su petici\u00f3n indicando que la informaci\u00f3n en el SPOA figura como “INACTIVA”, pero no accedi\u00f3 a su solicitud de eliminarla completamente. Adem\u00e1s, en una segunda respuesta, afirm\u00f3 que no era posible borrar la noticia criminal por ser informaci\u00f3n reservada, aunque, claramente, esta informaci\u00f3n ha sido accesible a las empresas a las que ha aplicado.<\/p>\n
<\/p>\n
PRETENSI\u00d3N CONSTITUCIONAL<\/p>\n
<\/p>\n
Ordenar a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n o a la Fiscal\u00eda 35 Seccional T\u00e1mesis Antioquia que, proceda a eliminar de cualquier registro o base de datos la informaci\u00f3n penal que hay en su contra. Lo anterior amparando sus derechos al buen nombre y habeas data”.<\/p>\n
<\/p>\n
DEL FALLO RECURRIDO<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0La Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Antioquia, neg\u00f3 el amparo deprecado, pues al verificar en el sistema de consultas p\u00fablicas de la Fiscal\u00eda el radicado057896000351XXXXXXXXX, el cual J.A.M.P. \u00a0cataloga como lesivo de sus garant\u00edas fundamentales, no se encontraron datos personales del accionante que pudieran afectar sus derechos al habeas data y al buen nombre.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Record\u00f3 que, los registros contendidos en Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), son una base de datos internos y reservados de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n los cuales no son de acceso p\u00fablico y que solo pueden ser consultados por el ente acusador para el cumplimiento de sus funciones legales.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Por lo tanto, al no haber sido demostrada la divulgaci\u00f3n de dicha informaci\u00f3n por parte de la Fiscal\u00eda, no se lograba acreditar la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados por el demandante.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0IMPUGNACI\u00d3N<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Fue presentada oportunamente por la parte accionante, quien se\u00f1al\u00f3 que, contrario a lo referido en el fallo de primera instancia, la informaci\u00f3n contendida en el SPOA no es de uso interno de la Fiscal\u00eda, toda vez que cualquier persona puede ingresar y consultar los datos all\u00ed contenidos, lo que permite establecer que dicho registro s\u00ed es p\u00fablico.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Se\u00f1al\u00f3 que, al ingresar el radicado057896000351XXXXXXXXX en dicha base de consulta, se encuentra la investigaci\u00f3n en estado inactiva, no obstante, “las personas del com\u00fan que por cualquier raz\u00f3n o motivo decidan ir a indagar en la p\u00e1gina de la Fiscal\u00eda, podr\u00edan no saber que es preclusi\u00f3n y entender este registro como un antecedente penal, as\u00ed mismo, al decir INACTIVO, dejar\u00eda la interpretaci\u00f3n para las personas que no son estudiadas en derecho de manera ambigua”.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Igualmente, indic\u00f3 que el fallador de primera instancia no tuvo en cuenta que, tal como se evidencia en los anexos, existe divulgaci\u00f3n de sus datos personales, informaci\u00f3n que, en su parecer, resulta violatoria de sus derechos fundamentales.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Por lo expuesto, solicit\u00f3 se revoque el fallo de primer grado y, en su lugar, se conceda el amparo deprecado.<\/p>\n
CONSIDERACIONES<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0De acuerdo con el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala es competente para pronunciarse sobre la impugnaci\u00f3n interpuesta, en tanto lo es en relaci\u00f3n con la sentencia de tutela adoptada en primera instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, al ser su superior funcional.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0El art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece que toda persona tiene la facultad de promover acci\u00f3n de tutela ante los jueces con miras a obtener la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales, cuando por acci\u00f3n u omisi\u00f3n son vulnerados o amenazados por cualquier autoridad p\u00fablica o por particulares en los casos previstos de forma expresa en la ley.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0El problema jur\u00eddico a resolver se contrae a determinar si el A quo constitucional acert\u00f3 o no, al negar el amparo invocado por J.A.M.P. , al considerar que no exist\u00eda vulneraci\u00f3n los derechos fundamentales por parte de la Fiscal\u00eda 35 Seccional de T\u00e1mesis (Antioquia), pues al verificar en el sistema de consultas p\u00fablicas del ente acusador, al interior del radicado057896000351XXXXXXXXX, no se encontraron datos personales del accionante que pudieran afectar sus derechos al habeas data y al buen nombre.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0La jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en sus diferentes Salas de Decisi\u00f3n de Tutelas (STP2939-2021, STP13907-2019, STP19851-2017, STP4323-2017, STP7978-2023, STP7428-2023 entre otras), ha sido pacifica en se\u00f1alar que las anotaciones que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n mantiene en los sistemas de gesti\u00f3n de procesos SIJUF – Ley 600 de 2000- y SPOA – Ley 906 de 2004- no desconoce los derechos al buen nombre, a la honra y al h\u00e1beas data, por tratarse de un hecho hist\u00f3rico sobre el cual el Estado tuvo intervenci\u00f3n y, por ende, debe conservar su registro.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Asimismo, se ha decantado que la informaci\u00f3n all\u00ed contenida no constituye antecedente y su objetivo es simplemente reflejar el cumplimiento del deber funcional de la Fiscal\u00eda; aspecto que explica la raz\u00f3n por la cual su contenido no est\u00e1 abierto al p\u00fablico en general, sino solo a un grupo reducido de funcionarios de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0En id\u00e9ntico sentido, la jurisprudencia constitucional (CC T-509-2020) ha resaltado que, las anotaciones o registros de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n no vulneran el derecho al habeas data de las personas, en tanto este repositorio cumple un fin institucional, siendo claro que:<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
no constituyen antecedentes penales pues, reit\u00e9rese, no se derivan de sentencias condenatorias en firme. Entre los repositorios de informaci\u00f3n administrados por esa entidad se encuentran el SIJUF y el SPOA. el contenido de este \u00faltimo -ll\u00e1mese anotaciones o registros- se refiere a informaci\u00f3n sobre el desarrollo de las actuaciones penales, por ejemplo, el estado procesal y la identificaci\u00f3n de las personas que en ella participan. Estos registros facilitan el funcionamiento administrativo que implica el ejercicio de la acci\u00f3n penal, esto es, la investigaci\u00f3n y acusaci\u00f3n de los hechos que revistan las caracter\u00edsticas de un delito -art. 250 C.P.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00danicamente se ha habilitado la intromisi\u00f3n del juez de tutela frente a los reportes contenidos en el Sistema Penal Oral Acusatorio -SPOA-, cuando la informaci\u00f3n contenida en esa base de datos no refleja la realidad del estado actual del proceso.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0En el asunto bajo estudio, el actor no cuestiona la veracidad y actualizaci\u00f3n de los datos reportados en el SPOA y SIJUF, pues parte del presupuesto de que en dicho aplicativo se registra la terminaci\u00f3n del proceso por preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0En tal sentido, y conforme a lo expuesto en precedencia, para la Sala no es posible la pretensi\u00f3n de eliminar la totalidad del registro de la actuaci\u00f3n, pues, la conservaci\u00f3n de esa informaci\u00f3n obedece a un fin constitucionalmente leg\u00edtimo.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Esto es, mantener un reporte de todos los asuntos donde el Estado a trav\u00e9s del \u00f3rgano de persecuci\u00f3n ha intervenido, que tiene efectos importantes no s\u00f3lo a nivel estad\u00edstico, sino que son parte de los aspectos que indudablemente se tiene en cuenta al momento de establecerse la pol\u00edtica criminal e incluso, inciden en la adopci\u00f3n de otras pol\u00edticas por parte del Estado.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0En todo caso, verificado el aplicativo SPOA con la informaci\u00f3n suministrada, la Sala no advierte la presencia del nombre o de alg\u00fan dato que permita la identificaci\u00f3n del demandante. Lo anterior permite acreditar que, contrario a lo manifestado por el accionante, la informaci\u00f3n all\u00ed contenida no refleja alg\u00fan dato de identificaci\u00f3n que vulneren su intimidad, descartando as\u00ed la trasgresi\u00f3n expuesta y as\u00ed, la intervenci\u00f3n del juez de tutela en el presente asunto.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0En consecuencia, comoquiera que, la informaci\u00f3n registrada en el SPOA no resulta lesiva de los derechos fundamentales de J.A.M.P. , toda vez que, se itera, una vez verificado el sistema de consulta referido por el accionante, no se evidencia que se expongan sus datos personales, la Sala, confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n de primera instancia.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0De otra parte, en aras de proteger los derechos fundamentales del accionante, se ordenar\u00e1 a la Relator\u00eda y a la Oficina de Sistemas de la Corte Suprema de Justicia que procedan con la anonimizaci\u00f3n del nombre del actor en el presente tr\u00e1mite Constitucional, conforme al pronunciamiento CC T-020 de 2014, el cual establece que:<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Aun cuando se entiende que las sentencias son p\u00fablicas, y as\u00ed deben seguir si\u00e9ndolo, la informaci\u00f3n personal contenida en ellas est\u00e1 sometida a los principios de la administraci\u00f3n de datos, por lo que eventualmente pueden incluir datos sensibles o semiprivados, en cuya circulaci\u00f3n y acceso deben cumplirse los principios de finalidad, necesidad y circulaci\u00f3n restringida que rigen el derecho al habeas data. Esta \u00faltima circunstancia habilita la supresi\u00f3n relativa de informaci\u00f3n, con miras a proteger la intimidad, el derecho al trabajo o la reinserci\u00f3n de las personas en la sociedad, a trav\u00e9s de medidas que garanticen la imposibilidad de proceder a su identificaci\u00f3n, en concreto en las versiones que se publiquen en la Web de una providencia.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Deber\u00e1n limitar la consulta al p\u00fablico en general de todo aquel contenido que permita identificarla o individualizarla dentro de las bases de datos y los mecanismos de informaci\u00f3n de acceso p\u00fablico de la Corporaci\u00f3n, seg\u00fan lo establecido en las directrices dispuestas por la Sala de Casaci\u00f3n Penal a partir de la decisi\u00f3n CSJ AP, 19 Ago. 2015, Rad. 20889, y acorde con las excepciones all\u00ed dispuestas.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Lo anterior, por supuesto, no significa la eliminaci\u00f3n de los registros que a nombre del peticionario aparezcan en las bases de datos de esta entidad, sino simplemente que su nombre no sea visible en los sistemas p\u00fablicos de consulta de la Corte y, particularmente, en el proceso de tutela antes mencionado y en el presente auto.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas N\u00ba 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,<\/p>\n
<\/p>\n
RESUELVE<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Primero: Confirmar el fallo impugnado.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Segundo: Ordenar a Oficina de Sistemas y a la Relator\u00eda de Tutelas de la Corte, que adelanten las gestiones necesarias para modificar la versi\u00f3n virtual de la presente decisi\u00f3n, de tal manera que el nombre del peticionario no sea un descriptor v\u00e1lido de b\u00fasqueda.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0No obstante, se mantendr\u00e1 el documento \u00edntegro en los archivos de la Corporaci\u00f3n, “bajo los preceptos legales que rigen el derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica, podr\u00e1 consultarse directamente en las oficinas en las cuales reposa”.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Tercero: Para el cumplimiento de lo resuelto, rem\u00edtase copia de la misma a la Oficina de Sistemas y a la Relator\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Penal.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, conforme a lo establecido en art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Notif\u00edquese y c\u00famplase.<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTR\u00c1N<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
MYRIAM \u00c1VILA ROLD\u00c1N<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
GERSON CHAVERRA CASTRO<\/p>\n
<\/p>\n
1 Mediante el auto del 2 de diciembre de 2024, la Sala del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Antioquia concedi\u00f3 la impugnaci\u00f3n presentada por el accionante y orden\u00f3 su remisi\u00f3n a esta Sala, la cual se hizo efectiva el 9 de diciembre siguiente.<\/p>\n
—————<\/p>\n
<\/p>\n
————————————————————<\/p>\n
<\/p>\n
—————<\/p>\n
<\/p>\n
————————————————————<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0CUI: 05000220400020240066101<\/p>\n
Tutela de 2\u00aa instancia n\u00ba. 142231<\/p>\n
J.A.M.P.\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
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