{p}<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
SALA DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N.\u00b0 2<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
JOS\u00c9 JOAQU\u00cdN URBANO MART\u00cdNEZ<\/p>\n
Magistrado Ponente<\/p>\n
<\/p>\n
STP1673-2025<\/p>\n
Tutela de 2.a instancia N.o 142.702<\/p>\n
Acta 011<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de enero de dos mil veinticinco (2025).<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
I. MOTIVO DE LA DECISI\u00d3N<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0La Corte resuelve la impugnaci\u00f3n presentada por Juan Carlos Rodr\u00edguez Arias contra la sentencia de tutela proferida el 13 de noviembre de 2024 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, la cual ampar\u00f3 sus derechos fundamentales dentro de la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 M\u00d3NICA PORTELA ARAG\u00d3N, asesora jur\u00eddica del Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Ibagu\u00e9, contra el Juzgado 4\u00ba Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Tunja.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
II. ANTECEDENTES<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a01. La demanda. El 14 de julio de 2021, el Juzgado 4\u00ba Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Tunja conden\u00f3 a Juan Carlos Rodr\u00edguez Arias a la pena de 155 meses de prisi\u00f3n, tras hallarlo penalmente responsable de los delitos de estafa agravada en la modalidad masa, concierto para delinquir, emisi\u00f3n y transferencia ilegal de cheques y simulaci\u00f3n de investidura o cargo. Por tal raz\u00f3n, el condenado est\u00e1 recluido en el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Ibagu\u00e9.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0La defensa apel\u00f3 y el 2 de febrero de 2024, la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja modific\u00f3 la condena en 130 meses de prisi\u00f3n. El apoderado judicial de Juan Carlos Rodr\u00edguez Arias interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n1.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0El 16 de abril de 2024, Juan Carlos Rodr\u00edguez Arias solicit\u00f3 el beneficio administrativo de hasta 72 horas ante el Juzgado 4\u00ba Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Tunja. El 31 de julio de 2024, el despacho conceptu\u00f3 favorablemente la petici\u00f3n y dispuso que el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Ibagu\u00e9 analizar\u00e1 la viabilidad de conceder o no el permiso.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0M\u00d3NICA PORTELA ARAG\u00d3N expuso que, como asesora jur\u00eddica del Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Ibagu\u00e9, el 4 de septiembre de 2024, le solicit\u00f3 al Juzgado 4\u00ba Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Tunja que aclare si le concedi\u00f3 o no el beneficio. Sin embargo, a la fecha de interposici\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional, dicha autoridad no se ha pronunciado.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0As\u00ed las cosas, instaur\u00f3 acci\u00f3n de tutela en contra del juzgado por la posible vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales de petici\u00f3n y al debido proceso. Pidi\u00f3 a la Corte que le ordene al despacho resolver su requerimiento.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a02. Tr\u00e1mite de la acci\u00f3n. Mediante autos del 28 de octubre y 7 de noviembre de 2024, la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja admiti\u00f3 la acci\u00f3n, vincul\u00f3 al director del Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Ibagu\u00e9, Juan Carlos Rodr\u00edguez Arias y su defensor y corri\u00f3 traslado de la demanda.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a03. Las respuestas. Fueron las siguientes:<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0a. El Juzgado 4\u00ba Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Tunja inform\u00f3 que el 17 de octubre de 2024 contest\u00f3 la petici\u00f3n de manera clara, precisa, de fondo y congruente con lo solicitado, la cual remiti\u00f3 a los correos electr\u00f3nicos autorizados para tal fin juridica.epcpicalena@inpec.gov.co , direcci\u00f3n.epcpicalena@inpec.gov.co y notificaciones.epcpicalena@inpec.gov.co .<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Estim\u00f3 que la orden emitida el 31 de julio de ese a\u00f1o fue clara y que el centro carcelario debi\u00f3 analizar los requisitos previstos en el art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993 para determinar si el condenado tiene o no derecho.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Sostuvo que, debido a que el condenado solicit\u00f3 nuevamente el beneficio el 29 de octubre de ese a\u00f1o, conceptu\u00f3 de manera favorable su requerimiento y le orden\u00f3 a la c\u00e1rcel analizar los requisitos previstos en la norma enunciada.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0b. El Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Ibagu\u00e9 se\u00f1al\u00f3 que program\u00f3 la clasificaci\u00f3n de la fase de seguridad del accionante para el 13 de noviembre de 2024.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a04. La sentencia recurrida. En decisi\u00f3n del 13 de noviembre de 2024, la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja concedi\u00f3 el amparo solicitado.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Argument\u00f3 que, aunque el juzgado le respondi\u00f3 a la accionante el requerimiento, no fue as\u00ed frente a las pretensiones espec\u00edficas de M\u00d3NICA PORTELA ARAG\u00d3N; esto es, que resuelva si le concede o no el beneficio a Rodr\u00edguez Arias, mientras que el despacho insiste en emitir un concepto para que el centro de reclusi\u00f3n tome la decisi\u00f3n definitiva.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0El Tribunal consider\u00f3 que el Juzgado 4\u00ba Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Tunja incurri\u00f3 en el defecto denominado desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Se\u00f1al\u00f3 que, tras revisar los autos del 31 de julio y 29 de octubre de 2024, el juzgado \u00fanicamente analiz\u00f3 el requisito contemplado en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993, concerniente a que el condenado haya descontado una tercera parte de la pena impuesta.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Respecto de los dem\u00e1s presupuestos, dicha autoridad judicial indic\u00f3 que el director del Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Ibagu\u00e9 le correspond\u00eda analizar las otras exigencias.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Sobre este aspecto, adujo que la Corte Constitucional puntualiz\u00f3 que los beneficios administrativos son aspectos inherentes al proceso de individualizaci\u00f3n de la pena en su fase de ejecuci\u00f3n. El hecho de que se denominen as\u00ed no genera una competencia a las autoridades de ese orden para establecer las condiciones o los eventos en los cuales procede. Por ende, las decisiones acerca de los beneficios administrativos previstos en el r\u00e9gimen carcelario, son de competencia de las autoridades judiciales (CC T-972 de 2005).<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0As\u00ed las cosas, estableci\u00f3 que las solicitudes presentadas por el condenado no han sido resueltas de fondo pese a que se hayan proferido los autos del 31 de julio y 29 de octubre de 2024.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Por ello, orden\u00f3 al Juzgado 4\u00ba Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Tunja que, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas contados a partir de que reciba el informe sobre la clasificaci\u00f3n de la fase de seguridad en la que se encuentra el condenado, emita una nueva providencia para que resuelva la solicitud de permiso de hasta 72 horas presentada por Juan Carlos Rodr\u00edguez Arias.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a05. La impugnaci\u00f3n. Juan Carlos Rodr\u00edguez Arias impugn\u00f3 el fallo. Aleg\u00f3 que el 31 de julio de 2024, el Juzgado 4\u00ba Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Tunja emiti\u00f3 concepto favorable a su solicitud de permiso de hasta 72 horas, por tanto, la c\u00e1rcel debe cumplir esa orden judicial.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a01. Competencia. Seg\u00fan el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala es competente para resolver la segunda instancia respecto de la decisi\u00f3n adoptada por un tribunal superior de distrito judicial.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a02. La acci\u00f3n de tutela. El art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece que toda persona podr\u00e1 acudir a este mecanismo para demandar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales, cuando ellos sean vulnerados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades o de los particulares, en los casos que determine la ley. El amparo solo procede cuando el interesado no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que lo promueva transitoriamente para evitar un perjuicio irremediable.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a03. Caso concreto. El an\u00e1lisis en esta sede se limitar\u00e1 a los motivos de impugnaci\u00f3n expuestos por Juan Carlos Rodr\u00edguez Arias, por cuanto la autoridad judicial accionada en la presente tutela no cuestion\u00f3 el fallo de primera instancia en lo que result\u00f3 adverso a su postura.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a04. Como quedo rese\u00f1ado, en el fallo de primera instancia el Tribunal ampar\u00f3 la garant\u00eda constitucional al debido proceso de M\u00d3NICA PORTELA ARAG\u00d3N, tras advertir que el Juzgado 4\u00ba Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Tunja incurri\u00f3 en desconocimiento del precedente. Esto es as\u00ed porque, en lugar de decidir la solicitud formulada por el condenado, se limit\u00f3 a emitir un concepto y a dejar la decisi\u00f3n en manos de las autoridades penitenciarias.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a05. La decisi\u00f3n de primera instancia es acertada, no afecta los derechos fundamentales del actor; al contrario, garantiza que la autoridad competente resuelva de manera adecuada la postulaci\u00f3n de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993 y el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 232 de 1998.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a06. Por lo anterior, resulta que el presente recurso es producto de la indebida interpretaci\u00f3n del fallo constitucional por parte del impugnante, quien le brind\u00f3 un alcance equivocado: no es cierto que el juzgado accionado haya concedido el beneficio, sino que, contrariando la ley y la jurisprudencia, se limit\u00f3 a conceptuar y a relegar en la administraci\u00f3n penitenciaria la decisi\u00f3n que deb\u00eda tomar.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Es claro, entonces, que, ante una adecuada lectura de la sentencia impugnada, no le asiste inter\u00e9s para recurrir. Por ende, para la Corte no existe fundamento para realizar el an\u00e1lisis de fondo sobre la decisi\u00f3n de primera instancia.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a09. No siendo otro el motivo de la impugnaci\u00f3n, la Sala se abstendr\u00e1 de decidir el recurso, conforme lo esclarecido.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley,<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
RESUELVE:<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Primero. Abstenerse de decidir la impugnaci\u00f3n de Juan Carlos Rodr\u00edguez Arias contra el fallo del 13 de noviembre de 2024 emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja.\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Segundo. Notificar esta providencia de acuerdo con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Tercero. Contra esta decisi\u00f3n no proceden recursos.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Cuarto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE<\/p>\n
1 El asunto fue asignado a este despacho.<\/p>\n
—————<\/p>\n
<\/p>\n
————————————————————<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
—————<\/p>\n
<\/p>\n
————————————————————<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Tutela segunda instancia<\/p>\n
Radicado 142.702<\/p>\n
CUI 15001220400020240063301<\/p>\n
M\u00d3NICA PORTELA ARAG\u00d3N<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
1<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
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