{"id":83940,"date":"2025-04-08T19:21:59","date_gmt":"2025-04-08T19:21:59","guid":{"rendered":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/2025\/04\/08\/stp1573-2025\/"},"modified":"2025-04-08T19:21:59","modified_gmt":"2025-04-08T19:21:59","slug":"stp1573-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/2025\/04\/08\/stp1573-2025\/","title":{"rendered":"STP1573-2025"},"content":{"rendered":"\n<p style=\"text-align: center; text-indent: 0px; padding: 0px 0px 0px 0px; margin: 0px 0px 0px 0px;\">{p}<\/p>\n<p> <br clear=\"all\"\/> <\/p>\n<p><\/p>\n<p>GERARDO BARBOSA CASTILLO<\/p>\n<p>Magistrado ponente<\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p>STP1573-2025<\/p>\n<p>Tutela de 1.\u00aa instancia No. 142474<\/p>\n<p>Acta No. 11<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de enero de dos mil veinticinco (2025).<\/p>\n<p><\/p>\n<p>ASUNTO<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0La Sala resuelve la acci\u00f3n de tutela presentada por el apoderado judicial de ROMAN DAVID VARGAS PACHECO contra la Unidad de Recursos Humanos de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, por la presunta vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales.<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0Al tr\u00e1mite fue vinculada la presidenta y la vicepresidente del Consejo Superior de la Judicatura, y la directora ejecutiva de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial.<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>FUNDAMENTOS DE LA ACCI\u00d3N<\/p>\n<p><\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a01. Mediante la Resoluci\u00f3n n.\u00ba 6951 del 4 de septiembre de 2023, la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial efectu\u00f3 el nombramiento en provisionalidad de ROM\u00c1N DAVID VARGAS PACHECO en el cargo de Asistente Administrativo grado 6 de la planta global de la Unidad de Asistencia Legal &#8211; Divisi\u00f3n de Procesos.<\/p>\n<p><\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a02. Mediante la Resoluci\u00f3n n.\u00ba 6951, la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial estableci\u00f3 que el nombramiento se har\u00eda hasta por el t\u00e9rmino de la licencia otorgada al titular del cargo. Sin embargo, no se determin\u00f3 un plazo espec\u00edfico de duraci\u00f3n para dicha provisionalidad, limit\u00e1ndose a se\u00f1alar el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de dos a\u00f1os. La misma resoluci\u00f3n dispuso que el nombramiento de ROM\u00c1N DAVID VARGAS PACHECO tendr\u00eda una vigencia igual al t\u00e9rmino de la licencia no remunerada reconocida al titular del cargo.<\/p>\n<p><\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a03. El accionante afirma que desempe\u00f1\u00f3 en forma regular las actividades propias del cargo, como cumplir el horario establecido, asistir presencialmente al lugar de trabajo, utilizar el correo electr\u00f3nico institucional asignado y acceder a las instalaciones y recursos de la entidad. Durante este per\u00edodo, recibi\u00f3 \u00f3rdenes directas de sus superiores jer\u00e1rquicos.<\/p>\n<p><\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a04. El 9 de abril de 2024, ROM\u00c1N DAVID VARGAS PACHECO fue contactado telef\u00f3nicamente por una funcionaria del \u00e1rea de Recursos Humanos de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, quien le inform\u00f3 que su provisionalidad hab\u00eda finalizado el 31 de diciembre de 2023. Seg\u00fan lo manifestado, esta decisi\u00f3n se habr\u00eda notificado previamente, pero no fue enviada a la direcci\u00f3n f\u00edsica ni al correo electr\u00f3nico personal autorizado por el recurrente, sino solo al correo institucional del accionante.<\/p>\n<p><\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a05. El 7 de mayo de 2024, VARGAS PACHECO present\u00f3 un derecho de petici\u00f3n solicitando el pago inmediato de los salarios adeudados hasta el 9 de abril de 2024, fecha que considera la efectiva desvinculaci\u00f3n, as\u00ed como la liquidaci\u00f3n correspondiente a sus prestaciones sociales y la expedici\u00f3n del paz y salvo tras la entrega de su cargo a su superior inmediato.<\/p>\n<p><\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a06. El accionante sostiene que, hasta la fecha de la acci\u00f3n de tutela, la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial no hab\u00eda respondido la mencionada petici\u00f3n. En su lugar, el 26 de julio de 2024, expidi\u00f3 la Resoluci\u00f3n n.\u00ba 6931, mediante la cual se orden\u00f3 la liquidaci\u00f3n de prestaciones sociales y el reintegro de valores supuestamente pagados en exceso, sin tener en cuenta que el recurrente continu\u00f3 desempe\u00f1\u00e1ndose en su cargo hasta abril de 2024. De acuerdo con lo anterior, solicita que se ampare su derecho fundamental de petici\u00f3n y que se ordene a la entidad accionada resolver de fondo el recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, de apelaci\u00f3n, interpuesto contra la resoluci\u00f3n n.o 6931 del 26 de julio de 2024.<\/p>\n<p><\/p>\n<p>TR\u00c1MITE EN PRIMERA INSTANCIA<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a07. Mediante auto del 22 de enero de 2025, el magistrado ponente avoc\u00f3 conocimiento de la acci\u00f3n de tutela y vincul\u00f3 a la presidente y al vicepresidente del Consejo Superior de la Judicatura y a la directora ejecutiva de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial. Asimismo, requiri\u00f3 al abogado que promovi\u00f3 la demanda para que allegara, en el t\u00e9rmino de un (1) d\u00eda, el poder de representaci\u00f3n suscrito por ROM\u00c1N DAVID VARGAS PACHECO. Dicho auto fue notificado el 25 de enero de 2025.<\/p>\n<p><\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a08. El 28 de enero de 2025 la apoderada judicial de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial solicit\u00f3 pr\u00f3rroga de dos (2) d\u00edas para contestar la presente acci\u00f3n constitucional. A trav\u00e9s de auto del 29 de enero de 2025, el magistrado ponente neg\u00f3 dicha solicitud, en atenci\u00f3n al car\u00e1cter sumario de la acci\u00f3n de tutela.<\/p>\n<p><\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a09. Vencido el t\u00e9rmino de traslado, ninguna de las autoridades vinculadas contest\u00f3 la acci\u00f3n constitucional. De igual manera, el actor no alleg\u00f3 el poder de representaci\u00f3n requerido.<\/p>\n<p><\/p>\n<p>CONSIDERACIONES<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a010. De conformidad con el numeral 8.\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1.\u00ba del Decreto 333 de 2021, la Sala es competente para resolver este asunto en primera instancia, dado que el procedimiento involucra a la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial del Consejo Superior de la Judicatura.<\/p>\n<p><\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a011. En virtud de los art\u00edculos 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 5 del Decreto Ley 2591 de 1991, toda persona puede acudir a la acci\u00f3n de tutela para reclamar la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales cuando estos sean vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o, en circunstancias espec\u00edficas, por particulares.<\/p>\n<p><\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a012. La prosperidad del amparo constitucional est\u00e1 sujeta al cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad que implican una carga para la parte demandante tanto en su planteamiento como en su demostraci\u00f3n. Estos requisitos consisten en: (i). Que se acredite la legitimaci\u00f3n en la causa por activa y por pasiva. (ii) Que el asunto discutido resulte de relevancia constitucional. (iii) Que se cumpla con el presupuesto de subsidiariedad, es decir, que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se est\u00e9 ante un perjuicio irremediable. (iv). Que se cumpla con el requisito de inmediatez, esto es, que se interponga dentro de un t\u00e9rmino razonable y proporcionado. (v). Si se trata de una irregularidad procesal, que tenga efecto decisivo en la decisi\u00f3n que se impugna y que afecte los derechos fundamentales de la parte actora. (vi). Que se identifiquen de manera razonable los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n y los derechos afectados, y, adem\u00e1s, que esa violaci\u00f3n haya sido alegada dentro del proceso, siempre que hubiese sido posible; y (vii). Que no se trate de sentencias de tutela.<\/p>\n<p><\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a013. En el presente asunto, la Sala advierte que la acci\u00f3n incumple el requisito de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, debido a que el abogado que present\u00f3 la demanda en nombre de ROM\u00c1N DAVID VARGAS PACHECO no alleg\u00f3 el poder de representaci\u00f3n judicial correspondiente. Pese a que el magistrado ponente requiri\u00f3 este documento mediante auto del 22 de enero de 2025, notificado el 25 de enero de 2025, el promotor no atendi\u00f3 el requerimiento. Por tanto, incumpli\u00f3 el deber de acreditar una relaci\u00f3n leg\u00edtima con el derecho fundamental que solicita proteger. En consecuencia, la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa conlleva la improcedencia del amparo.<\/p>\n<p><\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a014. Adicionalmente, la Sala considera que la acci\u00f3n tambi\u00e9n incumple el requisito de inmediatez. La jurisprudencia constitucional tiene establecido que este requisito no implica un plazo de caducidad de la tutela, pero s\u00ed conlleva valorar que el accionante haya acudido a la jurisdicci\u00f3n constitucional en un plazo razonable, atendiendo a que la tutela est\u00e1 prevista para atender solo situaciones urgentes de vulneraciones actuales o inminentes de derechos fundamentales (cf. SU-037 de 2019).<\/p>\n<p><\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a015. En este caso, el accionante busca la protecci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n por una solicitud presentada el 7 de mayo de 2024 ante la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial. Sin embargo, dej\u00f3 transcurrir m\u00e1s de seis meses desde el supuesto vencimiento del t\u00e9rmino legal para contestar la petici\u00f3n, el 29 de mayo de 2024, hasta la radicaci\u00f3n de la tutela en enero de 2025. Este lapso excede el plazo razonable reconocido por la jurisprudencia, lo que indica que la situaci\u00f3n del accionante no reviste la urgencia o inmediatez que justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional, ni se evidencia un da\u00f1o o perjuicio irremediable. En consecuencia, la Sala declarar\u00e1 la improcedencia del amparo.<\/p>\n<p><\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisi\u00f3n de Tutelas de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Justicia y por autoridad de la Ley,<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>RESUELVE<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0Primero. DECLARAR IMPROCEDENTE la acci\u00f3n de tutela.<\/p>\n<p><\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0Segundo. NOTIFICAR este fallo a las partes, de conformidad con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991.<\/p>\n<p><\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0Tercero. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n de este fallo, en caso de no ser impugnado.<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p><\/p>\n<p>NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE,<\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p>CUI 11001023000020250000800<\/p>\n<p>TUTELA PRIMERA INSTANCIA 142474<\/p>\n<p>\u00a0ROMAN DAVID VARGAS PACHECO<\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p>2<\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>\n<p> <br clear=\"all\"\/> <\/p>\n<p style=\"text-align: center; text-indent: 0px; padding: 0px 0px 0px 0px; margin: 0px 0px 0px 0px;\">{p}<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>{p} GERARDO BARBOSA CASTILLO Magistrado ponente STP1573-2025 Tutela de 1.\u00aa instancia No. 142474 Acta No. 11 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de enero de dos mil veinticinco (2025). 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