{p}<\/p>\n
<\/p>\n
SALA DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS # 2<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
JOS\u00c9 JOAQU\u00cdN URBANO MART\u00cdNEZ<\/p>\n
Magistrado ponente<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
STP1466-2025<\/p>\n
Radicaci\u00f3n #142.001<\/p>\n
Acta No. 005<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de enero de dos mil veinticinco (2025).<\/p>\n
<\/p>\n
I. MOTIVO DE LA DECISI\u00d3N<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0La sala resuelve la impugnaci\u00f3n presentada por JHON ALBERTO QUINTERO CASTELLANOS, mediante apoderado judicial, en contra de la sentencia de tutela proferida el 12 de noviembre de 2024 por la Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
II. ANTECEDENTES<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a01. La demanda. JHON ALBERTO QUINTERO CASTELLANOS expuso que la Fiscal\u00eda lo judicializa, junto con otras cinco personas, por la posible comisi\u00f3n de los delitos de rebeli\u00f3n y de financiaci\u00f3n del terrorismo, en el radicado 540016100000202100042.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0El 10 de julio de 2024 le explic\u00f3 al Juzgado 5\u00b0 Penal Especializado de C\u00facuta que ha colaborado con la justicia, pues brind\u00f3 informaci\u00f3n relacionada con el frente “Efra\u00edn Pab\u00f3n” del ELN a la Polic\u00eda Nacional, situaci\u00f3n que puede poner en riesgo su vida. Por ello, le solicit\u00f3 que su juzgamiento se adelante en audiencias diferentes, sin la comparecencia de los dem\u00e1s procesados y sin que ello implique la ruptura de la unidad procesal.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0El Juzgado mencionado le indic\u00f3 que la oportunidad procesal para resolver tal requerimiento es la audiencia preparatoria, la program\u00f3 para el 7 y 8 de noviembre de 2024 y requiri\u00f3 a la Fiscal\u00eda 130 Especializada de la Estructura de Apoyo -EDA- de Catatumbo estudiar la necesidad de adoptar medidas de seguridad en su favor. Sin embargo, a la fecha no ha obtenido respuesta.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Por estos motivos, mediante apoderado, instaur\u00f3 acci\u00f3n de tutela en contra del Juzgado y la Fiscal\u00eda mencionadas, por la posible vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la integridad personal. Pidi\u00f3 a la Jurisdicci\u00f3n Constitucional ordenarles acceder a su juzgamiento en las condiciones descritas.\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a02. Tr\u00e1mite de la actuaci\u00f3n. El 30 de octubre de 2024 la Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta asumi\u00f3 el conocimiento de la demanda, vincul\u00f3 a la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas de Norte de Santander y corri\u00f3 el traslado a los accionados.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a03. Las respuestas. El Juzgado 5\u00b0 Penal Especializado de C\u00facuta indic\u00f3 que tomar\u00e1 las decisiones sobre la ruptura de la unidad procesal en la audiencia preparatoria. La Fiscal\u00eda 130 EDA de Catatumbo argument\u00f3 que el actor no es informante ni testigo en el proceso penal; la colaboraci\u00f3n a la que \u00e9l se refiere data de hace diez a\u00f1os y no est\u00e1 relacionada con esta investigaci\u00f3n. La Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas de Norte de Santander solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a04. La sentencia recurrida. El 12 de noviembre de 2024 la Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta explic\u00f3 que el accionante puede defender sus intereses en el proceso penal en curso. Por ello, declar\u00f3 improcedente el amparo por subsidiariedad.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a05. La impugnaci\u00f3n. El accionante manifest\u00f3 que s\u00ed agot\u00f3 los mecanismos ordinarios de defensa judicial, pues le solicit\u00f3 al Juzgado demandado tomar medidas para su seguridad desde el 10 de julio de 2024. Por tales razones, le solicit\u00f3 a la Corte revocar el fallo y, en su lugar, acceder a sus pretensiones.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a01. Competencia. De acuerdo con el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala es competente para resolver la segunda instancia respecto de la decisi\u00f3n adoptada por un tribunal superior de distrito judicial.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a02. La acci\u00f3n de tutela. El art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece que toda persona podr\u00e1 acudir a este mecanismo para demandar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales, cuando ellos sean vulnerados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades o de los particulares, en los casos que determine la ley. El amparo solo procede cuando el interesado no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que lo promueva transitoriamente para evitar un perjuicio irremediable.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a03. Requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencia judicial. En la sentencia CC SU-215\/22, la Corte Constitucional sistematiz\u00f3 los requisitos generales y las causales espec\u00edficas para la excepcional procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. Los primeros, habilitan la interposici\u00f3n de la demanda y, los segundos, la concesi\u00f3n del amparo.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a04. Caso concreto. JHON ALBERTO solicit\u00f3 ordenar al juzgado de conocimiento que su juzgamiento se adelante en audiencias separadas y sin la comparecencia de los dem\u00e1s procesados. Esto no comporta una solicitud de ruptura de la unidad procesal; en realidad, es la expresi\u00f3n de un sentimiento de temor por su vida y su seguridad e integridad personales.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a05. Puestas as\u00ed las cosas, la Corte advierte que, en principio, cuando hay una actuaci\u00f3n judicial en curso la acci\u00f3n de tutela es improcedente, pues el accionante debe ejercer sus facultades en el proceso al que atribuye la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales. Sin embargo, ello supone que en tal escenario exista un mecanismo id\u00f3neo y eficaz para la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas y, adem\u00e1s, que no est\u00e9 supeditado a la concreci\u00f3n de un perjuicio irremediable.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Como es evidente, el accionante no se enfrenta a la posible afectaci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, sino a la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable en contra de sus prerrogativas constitucionales a la vida y a la seguridad e integridad personales. En tal virtud, la acci\u00f3n de tutela es procedente.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a06. Los art\u00edculos 2\u00ba y 11 de la CP establecen el deber del Estado de proteger el derecho fundamental a la vida de todas las personas residentes en Colombia. La posibilidad de invocar su protecci\u00f3n con el fin de recibir atenci\u00f3n directa de las autoridades est\u00e1 enlazada a la presencia de situaciones reales que permitan visualizar una amenaza o un peligro cierto en contra de ella (CC T-367\/19).\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Seg\u00fan el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 114 de la Ley 906 de 2004, corresponde a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n velar por la protecci\u00f3n de las v\u00edctimas, los testigos y los peritos que pretenda presentar en el juicio. En espec\u00edfico, a partir de lo establecido en el art\u00edculo 67 de la Ley 418 de 1997 -modificado por el art\u00edculo 4 de la Ley 1106 de 2006- el ente acusador, mediante la Resoluci\u00f3n 205 del 15 de mayo de 2024, reglament\u00f3 el programa de protecci\u00f3n a testigos con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a07. El Juzgado 5\u00b0 Penal Especializado de C\u00facuta, con base en el art\u00edculo 342 del CPP, solicit\u00f3 a la Fiscal\u00eda 130 EDA de Catatumbo adoptar las medidas necesarias tendientes a ofrecer eficaz protecci\u00f3n al acusado para conjurar posibles reacciones contra \u00e9l o su familia. Aquella inici\u00f3 el estudio de viabilidad de dichas medidas y encontr\u00f3 que, en el radicado 540016100000202100042, este no ha bridado informaci\u00f3n ni ser\u00e1 testigo de cargos. Sin embargo, admiti\u00f3 que entre el 2011 y el 2018 s\u00ed colabor\u00f3 en indagaciones relacionadas con el frente “Efra\u00edn Pab\u00f3n” del ELN.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0En este orden, la Corporaci\u00f3n s\u00ed advierte un potencial riesgo para la vida y la seguridad e integridad personales del accionante. Si bien \u00e9l no es testigo en ese proceso, s\u00ed ha colaborado con las autoridades en contra de ese grupo armado. Por ello, correspond\u00eda a la Fiscal\u00eda demandada remitir la actuaci\u00f3n a su Direcci\u00f3n Seccional para que iniciara el estudio de seguridad en el contexto de otras actuaciones. Sin embargo, no lo hizo. Por lo que la Corte, en defensa de dichas prerrogativas, suplir\u00e1 tal omisi\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a08. En conclusi\u00f3n, la Corte revocar\u00e1 el fallo recurrido y, en su lugar, amparar\u00e1 los derechos fundamentales del demandante.\u00a0<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Por lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas #2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley,<\/p>\n
<\/p>\n
RESUELVE:<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Primero. Revocar la sentencia de tutela del 12 de noviembre de 2024 proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta. En su lugar, amparar los derechos fundamentales a la vida y a la seguridad e integridad personales de JHON ALBERTO QUINTERO CASTELLANOS. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Segundo. Ordenar al director seccional de fiscal\u00edas de Norte de Santander que, si a\u00fan no lo ha hecho y en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, solicite a la Unidad de Protecci\u00f3n y Asistencia de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n determinar la viabilidad de la inclusi\u00f3n de JHON ALBERTO QUINTERO CASTELLANOS en el programa de protecci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Tercero. Ordenar al director seccional de fiscal\u00edas de Norte de Santander que, si una vez finalizado el tr\u00e1mite regulado en la Resoluci\u00f3n 205 de 2024 de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el resultado es que JHON ALBERTO QUINTERO CASTELLANOS no es beneficiario del programa de protecci\u00f3n y asistencia, remita, de inmediato, el asunto a las autoridades listadas en el art\u00edculo 20 de esa sentencia.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Cuarto. Notificar esta providencia seg\u00fan el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Quinto. Contra esta decisi\u00f3n no proceden recursos.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Sexto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE.\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Tutela de segunda instancia\u00a0<\/p>\n
Radicado 142001<\/p>\n
\u00a0CUI 54001220400020240051501<\/p>\n
JHON ALBERTO QUINTERO CASTELLANOS<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
8<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
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<\/p>\n
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