{p}<\/p>\n
<\/p>\n
SALA DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N\u00b0 2<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
JOS\u00c9 JOAQU\u00cdN URBANO MART\u00cdNEZ<\/p>\n
Magistrado ponente<\/p>\n
<\/p>\n
STP1412-2025<\/p>\n
Tutela de 1\u00b0 instancia N\u00b0 142.350<\/p>\n
Acta 005<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de enero de dos mil veinticinco (2025)<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
I. MOTIVO DE LA DECISI\u00d3N<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0La Corte resuelve la acci\u00f3n de tutela instaurada por CARLOS MARIO TAMAYO ORTIZ, contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia.<\/p>\n
<\/p>\n
II. ANTECEDENTES<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a01. La demanda. CARLOS MARIO TAMAYO ORTIZ promovi\u00f3 proceso ordinario laboral contra Interconexi\u00f3n El\u00e9ctrica S.A. ESP (ISA S.A. ESP). Solicit\u00f3 declarar la existencia de un contrato laboral a t\u00e9rmino indefinido entre el 1\u00ba de febrero de 1983 y el 1\u00ba de mayo de 2003 y, en consecuencia, reconocer y pagar la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n extralegal prevista en la cl\u00e1usula del Pacto Colectivo de Trabajo 2001-2005, los intereses moratorios y la indexaci\u00f3n respectiva.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0El 14 de septiembre de 2021, el Juzgado 19 Laboral del Circuito de Medell\u00edn accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda. Orden\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda pagar la pensi\u00f3n extralegal a partir del 21 de septiembre de 2015 y el retroactivo.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0ISA S.A. ESP apel\u00f3 el fallo. El 18 de agosto de 2022, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn modific\u00f3 la liquidaci\u00f3n de la mesada pensional. En lo dem\u00e1s lo confirm\u00f3.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0La empresa interpuso recurso de casaci\u00f3n. El 8 de mayo de 2024, mediante providencia CSJ SL1802-2024, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia cas\u00f3 la sentencia de segunda instancia. Revoc\u00f3 las decisiones de instancia y, en su lugar, absolvi\u00f3 a ISA S.A. ESP de las pretensiones de la demanda. Un magistrado salv\u00f3 voto.\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0El accionante afirm\u00f3 que la sentencia de casaci\u00f3n incurri\u00f3 en defectos sustantivo, violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n y desconocimiento del precedente judicial. Enfatiz\u00f3 que las providencias CC SU-228 de 2021, CC SU-445 de 2019, CC SU-113 de 2018 y CC SU-241 de 2015 de la Corte Constitucional establecen que los acuerdos laborales deben interpretarse bajo el principio de favorabilidad. Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que desestim\u00f3 decisiones propias, como el fallo CSJ SL2903-2023, que reconoci\u00f3 la pensi\u00f3n extralegal en un caso similar, incluso contra ISA S.A. ESP.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Por estos hechos, TAMAYO ORTIZ interpuso acci\u00f3n de tutela contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, por la posible vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia. Pidi\u00f3 a esta Sala dejar sin efectos la sentencia de casaci\u00f3n y ordenar a la accionada que emita una decisi\u00f3n de reemplazo favorable a sus intereses.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02. Tr\u00e1mite de la acci\u00f3n. El 19 de diciembre de 2024, la Sala de Casaci\u00f3n Penal admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, corri\u00f3 traslado de ella y vincul\u00f3 a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso ordinario laboral referido.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a03. Las respuestas. Fueron las siguientes:<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0a. El Juzgado 19 Laboral del Circuito de Medell\u00edn y la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad remitieron el enlace de acceso al expediente laboral.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0b. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral solicit\u00f3 negar la demanda. Argument\u00f3 que su decisi\u00f3n se ajusta a la realidad procesal y la jurisprudencia aplicable.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0c. ISA S.A. ESP pidi\u00f3 declarar improcedente la tutela por incumplir el requisito de inmediatez, al presentarse m\u00e1s de seis meses despu\u00e9s de la sentencia de casaci\u00f3n. Aunado a ello, se\u00f1al\u00f3 que el accionante intenta reabrir un debate concluido en la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Tambi\u00e9n cit\u00f3 seis casos similares en los que se negaron pretensiones pensionales con los fundamentos que respaldaron la providencia censurada y, en consecuencia, destac\u00f3 su alineaci\u00f3n con el precedente judicial.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a01. Competencia. Seg\u00fan los art\u00edculos 2.2.3.1.2.1., numeral 7\u00b0, del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 del 6 de abril de 2021, y 44 del reglamento de la Corte, esta Sala es competente para tramitar la acci\u00f3n de tutela porque se dirige contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral.\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a02. Requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencia judicial.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0La Corte Constitucional, en la sentencia CC SU-215 de 2022, estableci\u00f3 los requisitos generales y las causales espec\u00edficas para admitir de forma excepcional la tutela contra providencias judiciales. Al cumplirse los primeros y configurarse al menos una de las segundas, el juez constitucional debe conceder el amparo.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0En este caso, la decisi\u00f3n analizada no corresponde a una sentencia de tutela. La controversia tiene relevancia constitucional por la posible vulneraci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso. El accionante agot\u00f3 todos los recursos legales en la jurisdicci\u00f3n ordinaria, sin contar con otro mecanismo para controvertir la decisi\u00f3n demandada, lo que satisface el requisito de subsidiariedad.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Aunque formalmente el requisito de inmediatez no se cumple, dado que la providencia de casaci\u00f3n fue emitida el 8 de mayo de 2024, esta Sala considera que debe flexibilizarse por dos razones: primero, porque el retraso de un mes respecto al plazo de seis meses resulta irrelevante y su exigencia estricta ser\u00eda formalista; segundo, toda vez que la presunta vulneraci\u00f3n al debido proceso es continua y actual, ya que el error judicial afecta al accionante de forma permanente hasta ser corregido.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0En consecuencia, corresponde al juez de tutela analizar la decisi\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema, que resolvi\u00f3 el debate en la jurisdicci\u00f3n ordinaria.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a03. Caso concreto. El prop\u00f3sito de la presente acci\u00f3n constitucional es determinar si la providencia CSJ SL1802-2024 vulner\u00f3 el derecho fundamental al debido proceso del actor al casar la sentencia del 18 de agosto de 2022 de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn y revocar el fallo emitido el 14 de septiembre de 2021 por el Juzgado 19 Laboral del Circuito de esa ciudad, absolviendo a Interconexi\u00f3n El\u00e9ctrica S.A. ISA S.A. E.S.P. de la pretensi\u00f3n pensional de CARLOS MARIO TAMAYO ORTIZ.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0La Sala concluye que la autoridad judicial desconoci\u00f3 el precedente constitucional y especializado, por las razones que se exponen a continuaci\u00f3n.<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a04. Providencia judicial que se analiza<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0En la sentencia CSJ SL1802-2024, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral concluy\u00f3 que la cl\u00e1usula 11 del Pacto Colectivo 2001-2005 exige cumplir los requisitos de edad y tiempo de servicio durante la vigencia de la relaci\u00f3n laboral para acceder a la pensi\u00f3n extralegal. Seg\u00fan el tribunal, el orden entre los requisitos no afecta el resultado, por lo que es irrelevante si se prioriza la edad o el tiempo de servicio. Tambi\u00e9n consider\u00f3 que la cl\u00e1usula era clara y no admit\u00eda otras interpretaciones.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0La Sala resalt\u00f3 que el tribunal aplic\u00f3 err\u00f3neamente el principio de favorabilidad al interpretar la cl\u00e1usula, ya que este principio opera cuando existen dudas razonables o interpretaciones v\u00e1lidas. Afirm\u00f3 que las convenciones colectivas tienen car\u00e1cter normativo, pero su interpretaci\u00f3n debe ser l\u00f3gica y razonable, sin distorsionar el contexto.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Determin\u00f3 que CARLOS MARIO TAMAYO ORTIZ, nacido el 30 de noviembre de 1954, trabaj\u00f3 para ISA S.A. ESP entre el 1\u00ba de febrero de 1983 y el 1\u00ba de mayo de 2003, cumpli\u00f3 55 a\u00f1os el 30 de noviembre de 2009 (tras el fin de su relaci\u00f3n laboral) y firm\u00f3 un acta de conciliaci\u00f3n al terminar el contrato. En 2018, solicit\u00f3 la pensi\u00f3n extralegal, que la empresa neg\u00f3, mientras AFP Protecci\u00f3n S.A. le reconoci\u00f3 una pensi\u00f3n de vejez a partir del 1\u00ba de octubre de 2018.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0La Sala concluy\u00f3 que los requisitos de edad y tiempo de servicio deb\u00edan cumplirse durante la vigencia del contrato. Por ello, consider\u00f3 que CARLOS MARIO TAMAYO ORTIZ no ten\u00eda derecho a la pensi\u00f3n, cas\u00f3 la sentencia de segunda instancia y neg\u00f3 la demanda. Sustent\u00f3 su decisi\u00f3n en sentencias previas, como las CSJ SL32835-2009, CSJ SL38750-2011, CSJ SL17030-2016, CSJ SL351-2018, CSJ SL1240-2019 CSJ SL98603-2019 y CSJ SL1036-2021.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a05. Desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Esta Sala de tutelas concluye que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral desatendi\u00f3 las reglas fijadas por la Corte Constitucional en las sentencias CC SU-241 de 2015 y CC SU-113 de 2018, por medio de las cuales ordena priorizar la interpretaci\u00f3n m\u00e1s favorable al trabajador cuando un texto convencional admite dos lecturas posibles.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0En la sentencia CC SU-267 de 2019, el tribunal constitucional reiter\u00f3 este criterio al conceder una pensi\u00f3n convencional bajo otra convenci\u00f3n colectiva, pero aplicable al caso de TAMAYO ORTIZ por coincidir en los requisitos de tiempo y edad del pacto colectivo que reclama. All\u00ed, reconoci\u00f3 los acuerdos como fuentes de derecho, sujetos a principios de favorabilidad e in dubio pro operario, y estableci\u00f3 que la pensi\u00f3n convencional se causa con el tiempo de servicio, mientras la edad es solo una condici\u00f3n para exigirla.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0La sentencia \u00a0CC SU-228 de 2021 reafirm\u00f3 esta jurisprudencia al analizar la cl\u00e1usula 54 de la Convenci\u00f3n Colectiva de 1999, aplicable a los trabajadores del Banco Santander. Reiter\u00f3 que, en pensiones convencionales, la edad no es un requisito de causaci\u00f3n sino de exigibilidad.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a06. Desconocimiento del precedente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Esta Sala advierte que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral se apart\u00f3 de su propia jurisprudencia, tanto de la sala permanente como de descongesti\u00f3n, sobre la interpretaci\u00f3n de convenciones colectivas. Dicha jurisprudencia ha aplicado el precedente constitucional que establece que el tiempo de servicio constituye un requisito de causaci\u00f3n y la edad, una condici\u00f3n de exigibilidad, seg\u00fan el principio de favorabilidad.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0En el fallo CSJ SL3139-2023, la accionada afirm\u00f3 que los pactos colectivos son fuentes formales de derecho y deben interpretarse bajo los principios de favorabilidad e in dubio pro operario, de acuerdo con el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n y el art\u00edculo 21 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo. Este principio exige optar por la interpretaci\u00f3n m\u00e1s favorable al trabajador cuando existen dos lecturas v\u00e1lidas.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0En la sentencia CSJ SL676-2024, reiter\u00f3 que la falta de claridad en las cl\u00e1usulas convencionales obliga a aplicar la favorabilidad, considerando la edad un requisito de exigibilidad, no de causaci\u00f3n, para facilitar el acceso del trabajador a la pensi\u00f3n si cumple el tiempo de servicio.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Tambi\u00e9n consider\u00f3 que normas similares fomentan la permanencia del trabajador en la empresa y que el tiempo de servicio es el \u00fanico requisito para la pensi\u00f3n. Este criterio se aplic\u00f3 en procesos contra ISA S.A. ESP. Por ejemplo, en la sentencia CSJ SL2903-2024, la Sala de Descongesti\u00f3n N\u00b0 3 concluy\u00f3 que la cl\u00e1usula 11 de los Pactos Colectivos 2005-2010 y 2011-2016 admite dos interpretaciones: una, que exige edad y tiempo de servicio como requisitos de causaci\u00f3n; y otra, que considera la edad solo como exigibilidad. Ambas son v\u00e1lidas, pero el conflicto hermen\u00e9utico debe resolverse seg\u00fan el principio de favorabilidad. Soport\u00f3 esto en las providencias CSJ SL16811-2017 y CSJ SL1886-2020.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0La Sala de Descongesti\u00f3n, apoyada en las sentencias CC SU-113 de 2018, CC SU-267 de 2019, CC SU-445 de 2019 y CC SU-027 de 2021, indic\u00f3 que las convenciones colectivas deben analizarse seg\u00fan los principios y valores constitucionales. Interpretaciones contrarias vulneran los derechos del trabajador. Por ello, concluy\u00f3 que cualquier ambig\u00fcedad en cl\u00e1usulas convencionales debe resolverse favoreciendo al trabajador, considerando la edad como requisito de exigibilidad, no de causaci\u00f3n.<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a07. Como se observa, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, en el caso de CARLOS MARIO TAMAYO ORTIZ, desatendi\u00f3 tanto el precedente jurisprudencial constitucional como su propia jurisprudencia especializada, que establecen lineamientos fundados en el principio de favorabilidad para resolver asuntos de esta naturaleza, incluso en procesos adelantados contra ISI S.A. ESP.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a08. En efecto, esta Sala de tutelas identifica dos interpretaciones sobre la cl\u00e1usula 11 del Pacto Colectivo de Trabajo 2001-2005: una sostiene que la edad constituye un requisito de exigibilidad, m\u00e1s no de causaci\u00f3n; la otra exige haber cumplido 55 a\u00f1os durante la relaci\u00f3n laboral y acreditar 20 a\u00f1os de servicio para acceder a la pensi\u00f3n. Seg\u00fan los art\u00edculos 53 de la Constituci\u00f3n y 21 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, prevalece la primera interpretaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a09. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral adopt\u00f3 la segunda postura, lo cual perjudic\u00f3 a CARLOS MARIO TAMAYO ORTIZ y contrari\u00f3 los precedentes judiciales pertinentes. Este desacierto ignor\u00f3 el car\u00e1cter protector del derecho laboral, concebido para garantizar condiciones dignas y justas. Adem\u00e1s, desestim\u00f3 que la normativa laboral y de seguridad social prioriza la protecci\u00f3n de los trabajadores, asegur\u00e1ndoles una vida con dignidad.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a010. Ante tal panorama, esta Sala amparar\u00e1 los derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social y al debido proceso de CARLOS MARIO TAMAYO. En consecuencia, ordenar\u00e1 a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral que, en el t\u00e9rmino de quince d\u00edas h\u00e1biles contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, emita una nueva providencia acorde con los precedentes mencionados o, en caso de apartase de aquellos, justifique las razones que sustenten su decisi\u00f3n.<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Por lo expuesto, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley,<\/p>\n
<\/p>\n
RESUELVE<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Primero. Amparar los derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social y al debido proceso de CARLOS MARIO TAMAYO. En consecuencia, ordenar a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n para que, en el t\u00e9rmino de quince d\u00edas h\u00e1biles contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, emita una nueva providencia acorde con los precedentes mencionados o, en caso de apartase de aquellos, justifique las razones que sustenten su decisi\u00f3n.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Segundo. Notificar esta providencia seg\u00fan lo regulado en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Tercero. Contra esta providencia procede el recurso de impugnaci\u00f3n, seg\u00fan el art\u00edculo 31 de la norma citada.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0Cuarto. En caso de no ser impugnada, remitir el expediente a la Corte Constitucional.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Tutela de Primera Instancia<\/p>\n
Radicado 142.350<\/p>\n
CUI 11001020400020240283000<\/p>\n
CARLOS MARIO TAMAYO ORTIZ\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
12<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
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{p} SALA DE DECISI\u00d3N DE TUTELAS N\u00b0 2 JOS\u00c9 JOAQU\u00cdN URBANO MART\u00cdNEZ Magistrado ponente STP1412-2025 Tutela de 1\u00b0 instancia N\u00b0 142.350 Acta 005 \u00a0 \u00a0 \u00a0Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de enero de dos mil veinticinco (2025) \u00a0 \u00a0 \u00a0 I. MOTIVO DE LA DECISI\u00d3N \u00a0 \u00a0 \u00a0La Corte resuelve la acci\u00f3n de tutela instaurada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[94],"tags":[],"class_list":["post-83916","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2025"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83916","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83916"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83916\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83916"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83916"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83916"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}